La detención del ICE del migrante que tenía green card

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto de Marian Charitun, ciudadano de Eslovaquia y residente en EE.UU. con green card.

El hombre de 62 años vivía en el condado de Middlesex, y en 2018 se registró para votar en los comicios. Según la ley estadounidense, para inscribirse y emitir el sufragio en las elecciones federales es necesario ser ciudadano estadounidense. En su formulario de registro, Charitun certificó falsamente estar naturalizado.

Tras la aprobación de su solicitud de registro, aún sin ser ciudadano, votó en los comicios de medio término del 8 de noviembre de 2022, celebrados en parte para elegir a un miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Tras votar, Charitun solicitó la ciudadanía a través de una petición de naturalización (formulario N-400). El proceso exige que el migrante jure, bajo pena de perjurio, que la información proporcionada es completa, veraz y correcta.

Al entregarlo, el migrante afirmó falsamente que nunca se había registrado para votar ni había participado en ninguna elección federal.

“Votó ilegalmente en las elecciones estadounidenses y luego mintió al respecto cuando intentó solicitar la ciudadanía”, declaró sin embargo la subsecretaria interina Lauren Bis. “Nuestro mensaje a los extranjeros que votan en las elecciones estadounidenses es claro: los encontraremos, los arrestaremos y enfrentarán las consecuencias, incluyendo cargos penales y la deportación”, sentenció.

Qué penas puede enfrentar el migrante que votó en una elección federal

Tras la labor de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Charitun enfrenta cargos por votar ilegalmente en una elección federal y por hacer declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía estadounidense.

Si lo encuentran culpable, el cargo de votar conlleva una pena máxima de un año de prisión. En tanto, el cargo de obtención ilegal de la ciudadanía o naturalización conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, señaló el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

El objetivo del ICE de encontrar a migrantes que votan ilegalmente

El 9 de junio, la Oficina de Prensa del DHS compartió un comunicado en el que anunció que el asesor jurídico general, James Percival, pidió al ICE que aplique sanciones más estrictas contra quienes voten sin cumplir los requisitos.

“Estas disposiciones incluso permiten la deportación de extranjeros que se encuentran legalmente en Estados Unidos si participan ilegalmente en nuestras elecciones”, remarcó el DHS. Luego, sostuvo que no se requiere una condena penal para invocar estas disposiciones.

“La importancia de unas elecciones libres, justas y honestas es indiscutible. Haciendo eco de las palabras del presidente Trump, ‘el derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean debidamente contados y tabulados, sin dilución ilegal, es vital para determinar al legítimo ganador de una elección’”, declaró Percival.

La orden surge en medio del intento de la administración federal para reforzar la seguridad en el proceso de elecciones. Previo a la detención de Charitun, el DHS informó sobre el caso de Denise Nataly Migliore, residente permanente legal en Louisiana y nacida en Australia.

La mujer está acusada de falsificar su ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar en una elección federal. Posteriormente, presuntamente emitió su sufragio en las elecciones de 2022 y 2024.

Por estas acciones, enfrenta cargos de votación ilegal en una elección y por hacer declaraciones falsas para registrarse como votante.

Pese a las protestas y la demanda, el DHS reactiva el plan en Nueva Jersey

El mes pasado el gobierno federal anunció que vendería el almacén en Roxbury, Nueva Jersey, que planeaba convertir en un centro de detención del ICE con capacidad para 1.500 migrantes. No obstante, los abogados de la administración Trump, de acuerdo con Gothamist, confirmaron un cambio de planes.

En un escrito presentado ante el tribunal el 10 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que pretende continuar con la evaluación de la remodelación del almacén para utilizarlo como centro de detención. El documento aclara que las deliberaciones siguen en curso. Ambas partes deberán presentar un nuevo informe de situación el 17 de julio.

El 29 de junio, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció en redes sociales que el centro de detención no se construiría. Sin embargo, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, respondió: “El DHS nunca retrocederá. Mantendremos este sitio para un centro de detención”.

Tras el anuncio, el alcalde de Roxbury, Shawn Potillo, dijo a Gothamist que la ciudad mantiene su postura en contra. “Esta es, evidentemente, una noticia muy decepcionante para los residentes del municipio de Roxbury, quienes han demostrado una paciencia y una resiliencia extraordinarias durante este proceso”, afirmó.

Potillo añadió que desconocen el motivo por el cual el DHS retomó el proyecto. “Confiamos en que esta decisión no fue resultado de ninguna acción, solicitud o cambio en la posición del municipio de Roxbury”, sumó.

La demanda conjunta presentada por Nueva Jersey y Roxbury llevó a suspender las obras en mayo mientras se realizan evaluaciones ambientales. Steve Sigmund, portavoz de Sherrill, afirmó que la pausa seguirá vigente “sin importar cuántos escritos judiciales contradictorios presente la administración Trump”.

La razón por la cual Nueva Jersey se opone al centro de detención del ICE

En el condado de Morris, ubicado junto a la ruta 46, el almacén de Roxbury fue adquirido por el DHS por alrededor de 130 millones de dólares, más del doble del valor fiscal registrado de la propiedad, de acuerdo con NJ Spotlight. No obstante, el proyecto enfrentó oposición desde el inicio.

El Estado y Roxbury sostienen que conocieron los planes federales mediante una publicación periodística y que el DHS no informó al municipio sobre la compra y la conversión hasta después de completar la operación. La demanda acusa a las agencias federales de omitir consultas intergubernamentales y evaluaciones ambientales exigidas por la ley.

Qué cambia con el paquete legislativo en Nueva Jersey

El conjunto de nuevas normativas, junto con otras acciones de la administración durante el semestre, generará un ahorro total anual superior a los mil millones de dólares para los usuarios. Según un comunicado del estado, las leyes eliminan incentivos innecesarios para las compañías eléctricas y establecen mecanismos para que las grandes infraestructuras tecnológicas asuman sus costos operativos reales.

Adicionalmente, el gobierno anunció créditos inmediatos en las facturas de servicios públicos para apoyar a los hogares ante el incremento de la demanda estacional. Los usuarios residenciales recibirán un beneficio de 25 dólares, mientras que las familias de ingresos bajos a moderados contarán con una ayuda extra de US$150.

Qué leyes incluye el paquete firmado por Sherrill en Nueva Jersey

De acuerdo con lo que detalla el comunicado oficial, la nueva estructura normativa incluye las siguientes leyes:

• Derogación del ROE Adder (S1673/A2757): elimina un incentivo financiero que permitía a las empresas eléctricas recibir ganancias adicionales por pertenecer a organizaciones regionales. Dado que la afiliación ahora será obligatoria, los beneficios extraordinarios trasladados a los clientes en forma de tarifas más altas quedan anulados.
• Ley de tecnologías avanzadas de la red eléctrica (S4411/A5188): exige a las empresas obtener un certificado de necesidad pública antes de ejecutar proyectos complementarios para evitar gastos “innecesarios”. Esta norma fomenta el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la red y garantiza una supervisión estatal rigurosa sobre las inversiones.
• Participación equitativa en los centros de datos (S731/A796): crea una estructura tarifaria específica para que estos centros financien su propio consumo e infraestructura. La normativa obliga a estas instalaciones a reducir su demanda durante periodos de sobrecarga y las incentiva a aportar energía limpia al sistema.

Visiones legislativas sobre la transformación energética en Nueva Jersey

Los impulsores de estas iniciativas destacaron la necesidad de priorizar la estabilidad financiera de los residentes frente a intereses corporativos. “Durante demasiado tiempo, las familias de Nueva Jersey han pagado el precio de una supervisión deficiente, políticas obsoletas y una creciente demanda en nuestra red eléctrica por parte de actores sin control”, señaló la gobernadora Sherrill al formalizar las leyes.

El presidente de la Asamblea, Craig J. Coughlin, respaldó este enfoque orientado a soluciones de corto y largo plazo. Por su parte, el asambleísta Bailey enfatizó la justicia del nuevo esquema: “Queremos asegurarnos de que los centros de datos paguen por la energía que consumen y la infraestructura que necesitan, no nuestros electores”.

Otros legisladores enfocaron sus declaraciones en la modernización necesaria para afrontar los retos del futuro. El asambleísta Avi Schnall afirmó que “satisfacer las demandas energéticas del futuro solo se puede lograr realizando inversiones con visión de futuro hoy”.

Finalmente, el senador Andrew Zwicker subrayó la importancia de la supervisión eficiente de proveedores: “Acelerar el proceso de revisión de proyectos que utilizan tecnologías de transmisión avanzadas y mejorar la coordinación regional ayudará a liberar capacidad adicional en la red existente”.