¿Qué fechas del Boletín de Visas de octubre de 2026 corresponden a los colombianos?

• De acuerdo con el Boletín de Visas de octubre de 2026, publicado por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), Colombia está incluida en la columna All Chargeability Areas Except Those Listed, que agrupa a los países sin fechas de corte diferenciadas.
• Por regla general, esta clasificación se determina según el país de nacimiento del solicitante.

El documento corresponde al inicio del año fiscal 2027 y establece las fechas de acción final y de presentación para las diferentes categorías de inmigrantes. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) contempla un mínimo anual de 226 mil visas para las categorías de preferencia familiar, además de un límite por país equivalente al 7% del total sujeto a restricciones para las preferencias familiares y laborales. Para octubre, las fechas correspondientes a Colombia son las siguientes:

La principal diferencia aparece en la categoría F2A, que figura como Current (C), es decir, al día, para la presentación de solicitudes. Sin embargo, mantiene una fecha de corte para la aprobación definitiva de la residencia permanente.

El Uscis establece qué tabla debe utilizarse para el ajuste de estatus

Para octubre, el Uscis autorizó el uso de la tabla Dates for Filing tanto para las solicitudes de preferencia familiar como para las basadas en empleo. La decisión determina qué fechas deben consultar los inmigrantes que buscan presentar el formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente sin salir de Estados Unidos.

Según la información oficial sobre disponibilidad de visas de Uscis, el Boletín de Visas contiene dos tablas con funciones diferentes:

• Fechas para presentación: indica cuándo los solicitantes pueden presentar documentación o iniciar la solicitud correspondiente, si cumplen los demás requisitos migratorios.
• Final Action Dates: establece las fechas de prioridad para las que existen números de visa disponibles a efectos de una aprobación final.

Para presentar el I-485, los interesados deben comparar su fecha de prioridad con la fecha correspondiente a su categoría y país de asignación. Cuando se establece un corte, la fecha de prioridad debe ser anterior a la publicada.

La autorización para presentar el formulario no implica que la green card sea aprobada automáticamente.

La decisión final depende de la disponibilidad de una visa de inmigrante y del cumplimiento de las condiciones exigidas por Uscis.

¿Qué cambia para los familiares de residentes permanentes colombianos?

La categoría F2A incluye a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de titulares de una green card. En octubre, su fecha de acción final es el 22 de septiembre de ese año.

Sin embargo, la marca “C” en Dates for Filing permite presentar solicitudes sin una restricción basada en la fecha de prioridad, siempre que se cumplan los demás requisitos aplicables.

Esto significa que determinados familiares de residentes permanentes pueden solicitar el ajuste de estatus durante octubre, aunque todavía deban esperar a que exista una visa disponible para obtener la aprobación final.

En la categoría F2B, destinada a hijos e hijas solteros de 21 años o más de residentes permanentes, la fecha de acción final es el 22 de agosto de 2019, mientras que la de presentación corresponde al 1° de septiembre de 2019.

Por lo tanto, los solicitantes de F2B con una fecha de prioridad anterior al 1° de septiembre de 2019 cumplen la condición temporal para presentar su ajuste de estatus en octubre, siempre que también reúnan los requisitos migratorios correspondientes.

Las fechas para obtener la residencia permanente por empleo en octubre

El Boletín de Visas también establece los plazos correspondientes a los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente mediante categorías basadas en empleo. Para Colombia, las fechas de acción final y de presentación son:

La regla sobre el ajuste de estatus para familiares y su alcance para los cubanos

La agencia exige la aplicación de la tabla de Fechas de Acción Final, salvo en los períodos donde autoriza de manera explícita el uso de la tabla de Fechas de Presentación.

De acuerdo con el documento oficial, esta disposición aplica para los ciudadanos de origen cubano que solicitan la green card mediante peticiones de preferencia familiar bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Las leyes migratorias no incluyen a Cuba dentro de la lista de países con límites de asignación geográfica especial, por lo cual sus ciudadanos pertenecen a la categoría general de todas las áreas de imputabilidad.

Los inmigrantes cubanos con una petición familiar aprobada o en trámite deben comparar su fecha de prioridad con los límites generales que publicó el DOS. La norma procura regular la tramitación ordenada de los formularios conforme a la disponibilidad anual de cupos de visados asignados por el Congreso.

Las categorías familiares incluidas dentro de la normativa de preferencia para migrantes cubanos

La normativa federal abarca diferentes categorías de preferencia familiar establecidas en la sección 203(a) de la legislación de inmigración nacional:

• Categoría F1: hijos e hijas solteros, mayores de 21 años de edad, de ciudadanos estadounidenses.
• Categoría F2A: cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de edad de residentes permanentes legales.
• Categoría F2B: hijos e hijas solteros, de 21 años de edad o más, de residentes permanentes legales.
• Categoría F3: hijos e hijas casados de ciudadanos de los Estados Unidos.
• Categoría F4: hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos de al menos 21 años de edad.

Cada una de estas preferencias dispone de un cupo anual de visados distribuido a escala global según los porcentajes fijados por el texto estatutario federal.

Las fechas de acción final para los migrantes cubanos

El Boletín de Visas emitido para octubre de 2026 fija las siguientes fechas de acción final para la categoría general que rige sobre los migrantes cubanos:

• Categoría F1: 22 de enero de 2020.
• Categoría F2A: 22 de septiembre de 2026 para peticiones sujetas al límite por país, y 22 de marzo de 2026 para los casos exentos.
• Categoría F2B: 22 de agosto de 2019.
• Categoría F3: 22 de octubre de 2014.
• Categoría F4: 22 de octubre de 2011.

Los solicitantes cubanos cuya fecha de prioridad sea anterior a los límites fijados en el boletín pueden completar el trámite de ajuste de estatus ante las autoridades de inmigración. Esto certifica la reserva inmediata de un número de visa para la entrega de la residencia legal permanente.

Por su parte, los beneficiarios con fechas posteriores deben aguardar el avance de los plazos en las publicaciones oficiales de los meses subsiguientes. El organismo federal actualiza estos calendarios de forma mensual para ajustar la recepción de expedientes a la capacidad del sistema.

¿Qué analiza Uscis para determinar la inadmisibilidad por carga pública en octubre de 2026?

• De acuerdo con el Uscis, la guía vigente entró en vigor el 18 de septiembre y se aplica a los formularios I-485 enviados por correo o presentados de manera electrónica desde esa fecha.
• La evaluación se realiza caso por caso y considera la totalidad de las circunstancias de cada solicitante.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece una serie de factores que los oficiales deben tener en cuenta para determinar si una persona podría convertirse en carga pública en algún momento. Entre los principales aspectos se encuentran:

• La edad
• El estado de salud
• La situación familiar
• Los activos, recursos y situación financiera
• La educación y las habilidades

Cuando corresponde, la agencia también considera el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA, mediante el cual un patrocinador acepta utilizar sus recursos financieros para respaldar al extranjero.

La agencia puede evaluar además otra evidencia relevante del expediente, incluida la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, es decir, programas cuya elegibilidad depende de los ingresos o activos de la persona.

El organismo no estableció una lista exhaustiva de prestaciones que deban considerarse automáticamente. El análisis puede incluir asistencia económica para el mantenimiento de ingresos y otros beneficios sujetos a requisitos financieros, según las características de cada programa.

Para las prestaciones recibidas antes del 18 de septiembre, se aplica el criterio vigente con anterioridad a la nueva normativa. Desde esa fecha, el Uscis cuenta con mayor discreción para considerar beneficios sujetos a comprobación de recursos dentro de la evaluación general.

La recepción de una prestación no determina por sí sola que una persona sea inadmisible. La decisión depende del conjunto de antecedentes y circunstancias particulares del caso.

¿Qué inmigrantes están sujetos a la inadmisibilidad por carga pública?

La causal alcanza a numerosos extranjeros que buscan ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes legales, salvo aquellos protegidos por una exención prevista en la legislación migratoria.

Entre las categorías que pueden quedar alcanzadas se encuentran determinados solicitantes por vínculos familiares, empleo y otras vías de inmigración, como:

• Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses
• Hijos e hijas solteros de ciudadanos y algunos de sus descendientes
• Cónyuges e hijos de residentes permanentes legales
• Hijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidenses
• Prometidos de ciudadanos y determinados viudos o viudas

• Trabajadores prioritarios
• Profesionales con títulos avanzados o capacidad excepcional
• Trabajadores calificados y otros empleados
• Inversionistas
• Trabajadores religiosos
• Determinados empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero
• Algunos inmigrantes seleccionados mediante visas de diversidad
• Determinados testigos, informantes y otras categorías previstas por la legislación migratoria

¿Quiénes están exentos de la inadmisibilidad por carga pública?

La legislación contempla excepciones para distintos grupos humanitarios y otras categorías especiales. Estas personas pueden quedar fuera de la causal cuando reúnen los requisitos correspondientes a su clasificación migratoria. Entre los principales grupos protegidos se encuentran:

• Asilados y refugiados
• Determinados inmigrantes amerasiáticos
• Algunos intérpretes y nacionales de Afganistán e Irak que trabajaron para el gobierno de EE.UU. o en su nombre
• Determinados cubanos y haitianos
• Solicitantes amparados por la Ley de Ajuste Cubano
• Ciertos nicaragüenses, centroamericanos y haitianos comprendidos por leyes especiales
• Jóvenes inmigrantes especiales
• Víctimas de trata con estatus T
• Víctimas de actividades delictivas calificadas con estatus U
• Autopeticionarios amparados por la Ley de Violencia contra la Mujer
• Determinados extranjeros maltratados protegidos por la legislación migratoria
• Algunos familiares de miembros de las Fuerzas Armadas
• Determinados indígenas estadounidenses nacidos en Canadá
• Integrantes de categorías especiales creadas para ciertos nacionales o grupos protegidos por leyes específicas

También existen otras excepciones previstas por estatutos particulares. Por ese motivo, el Uscis analiza la categoría migratoria correspondiente antes de aplicar la causal de carga pública.

El boletín de visas habilita la tabla de fechas para la presentación de solicitudes

La tabla Dates for Filing alcanza tanto a las solicitudes basadas en vínculos familiares como a las categorías de inmigración por empleo. El procedimiento permite que una persona que ya se encuentra en territorio estadounidense solicite la green card sin completar el proceso consular fuera del país norteamericano, siempre que reúna las condiciones establecidas para su categoría.

De acuerdo con el Uscis, el solicitante debe identificar su fecha de prioridad y compararla con la correspondiente en el boletín de visas. Cuando una categoría figura como “C”, es decir, vigente, la presentación puede realizarse sin esperar una data de corte. Cuando aparece un periodo concreto, la fecha de prioridad debe ser anterior al indicado.

Cuáles son las fechas para iniciar un trámite bajo las categorías familiares

Para este grupo, las fechas límite para presentar el formulario I-485 en octubre son:

F1 (hijos e hijas solteros de ciudadanos de EE. UU.):

• Todas las áreas excepto las indicadas, China e India: 1° de febrero de 2020.
• México: 1° de diciembre de 2008.
• Filipinas: 22 de abril de 2015.

F2A (cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes):

• Todas las áreas (incluyendo China, India, México y Filipinas): aparecen como vigente (“C”).

F2B (hijos e hijas solteros de 21 años o más de residentes permanentes):

• Todas las áreas, China e India: 1° de septiembre de 2019.
• México: 22 de marzo de 2011.
• Filipinas: 1° de octubre de 2014.

F3 (hijos e hijas casados de ciudadanos de EE. UU.):

• Todas las áreas, China e India: 1° de noviembre de 2014.
• México: 1° de diciembre de 2002.
• Filipinas: 22 de octubre de 2006.

F4 (hermanos y hermanas de ciudadanos de EE. UU. adultos):

• Todas las áreas y China: 1° de noviembre de 2011.
• India: 1° de febrero de 2007.
• México: 30 de abril de 2001.
• Filipinas: 22 de marzo de 2009.

Qué fechas corresponden a los trabajadores

Para las categorías de preferencia laboral el período indicado es:

EB-1 (trabajadores prioritarios):

• Todas las áreas, México y Filipinas: aparece como vigente (“C”).
• China e India: 1° de julio de 2024.

EB-2 (profesionales con títulos avanzados o capacidad excepcional):

• Todas las áreas, México y Filipinas: 15 de marzo de 2026.
• China: 1° de enero de 2023.
• India: 15 de enero de 2015.

EB-3 (trabajadores calificados y profesionales):

• Todas las áreas y México: 1° de agosto de 2024.
• China: 1° de abril de 2024.
• India: 15 de enero de 2015.
• Filipinas: 1° de enero de 2024.

Otros trabajadores:

• Todas las áreas, México y Filipinas: 1° de junio de 2022.
• China: 1° de octubre de 2020.
• India: 15 de enero de 2015.

EB-4 (ciertos inmigrantes especiales) y ciertos trabajadores religiosos:

• Todas las áreas (incluidos China, India, México y Filipinas): 1° de enero de 2025.

EB-5 (inversionistas - clase sin reserva):

• Todas las áreas, México y Filipinas: aparecen como vigente (“C”).
• China: 1° de marzo de 2021.
• India: 1° de mayo de 2024.

EB-5 (reservas: rural, alto desempleo e infraestructura):

• Todas las áreas (incluidos China, India, México y Filipinas): aparecen como vigente (“C”).

Cambios que deben tener en cuenta quienes presentan el I-485

Además de revisar el boletín de visas, los solicitantes deben utilizar la edición correcta del formulario I-485. Para octubre, el Uscis exige la versión fechada el 18 de septiembre de 2026.

La edición anterior, correspondientes al 20 de enero de 2025, será rechazada si se presentan o tienen matasellos posteriores al 18 de septiembre. Por otra parte, el formulario I-693, correspondiente al examen médico y registro de vacunación, debe acompañar la solicitud inicial del I-485.

Quiénes pueden solicitar el ajuste de estatus

El I-485 está destinado a personas que se encuentran físicamente en EE.UU. y pertenecen a una categoría migratoria que permite solicitar la residencia permanente mediante este procedimiento. En numerosos casos es necesario contar con una petición de inmigración, como una I-130 presentada por un familiar o una I-140 vinculada a un empleo.

También existen otras vías, entre ellas determinadas solicitudes mediante los formularios I-360, I-526, I-589 e I-918. Algunas categorías, como la Ley de Ajuste Cubano, tienen reglas particulares y no requieren una petición de inmigración de la misma manera que otras vías.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran:

• Familiares de ciudadanos estadounidenses
• Familiares de residentes permanentes
• Trabajadores de distintas categorías
• Inversionistas
• Asilados y refugiados
• Determinadas víctimas de delitos con estatus U
• Inmigrantes especiales
• Personas comprendidas por la sección 245(i) de la INA

Qué multas establece el proyecto de ley sobre las visas H-1B para las empresas

La propuesta contempla aumentos tanto en las multas económicas como en los períodos durante los cuales una compañía podría quedar excluida del programa. Su objetivo declarado es sancionar las infracciones y el fraude documental relacionado con la contratación de trabajadores extranjeros mediante visas H-1B.

Uno de los cambios centrales se aplicaría a las violaciones consideradas graves. La sanción máxima vigente de US$35.000 pasaría a ser de hasta US$250 mil. Al mismo tiempo, el período mínimo de prohibición para que una empresa participe nuevamente del programa aumentaría de tres a diez años.

Para las infracciones e incumplimientos intencionados o sustanciales, la multa pasaría de US$5000 a un máximo de US$100 mil. En estos casos, la inhabilitación mínima para utilizar el programa también aumentaría: de dos años bajo las reglas actuales a cinco años, según la propuesta.

El proyecto modificaría las penalizaciones vinculadas con documentos falsificados. Las infracciones de primer nivel, actualmente sancionadas con montos de entre US$250 y US$2000, pasarían a tener multas de US$1000 a US$10.000. Para el segundo nivel, el rango aumentaría de US$2000 y US$5000 hasta US$20.000 y US$50.000.

“Si una empresa decide que le conviene más económicamente infringir la ley y dejar a los trabajadores estadounidenses en la calle, debería sufrir graves consecuencias por perjudicar nuestra economía y a nuestros esforzados empleados”, señaló Van Duyne en un comunicado.

Qué es la visa H-1B y quiénes pueden utilizarla

La clasificación H-1B permite a compañías estadounidenses contratar temporalmente a determinados trabajadores extranjeros. Su aplicación principal corresponde a las llamadas ocupaciones especializadas, que requieren conocimientos específicos y, por lo general, una licenciatura o equivalente relacionada con el puesto.

También existen categorías destinadas a profesionales que participan en proyectos de investigación y desarrollo cooperativo o coproducción vinculados con el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), así como para determinados modelos de moda que reúnen condiciones de mérito y reconocimiento.

En el caso de las ocupaciones especializadas, el trabajador puede cumplir los requisitos mediante un título universitario estadounidense o extranjero equivalente, una licencia profesional cuando corresponda o una combinación de formación y experiencia considerada equivalente a una licenciatura.

Cuántas visas H-1B se otorgan y cuánto duran

El programa tiene un límite general de 65.000 visas por año fiscal. A ese número se suman otras 20.000 disponibles para determinados trabajadores que obtuvieron una maestría o un doctorado en una institución de educación superior de EE.UU.

Algunas entidades quedan fuera de ese límite anual. Entre ellas se encuentran determinadas instituciones de educación superior, organizaciones sin fines de lucro vinculadas y entidades de investigación gubernamentales o sin fines de lucro.

La permanencia inicial suele concederse por hasta tres años y puede extenderse generalmente hasta un máximo de seis. Existen, sin embargo, situaciones en las que un trabajador puede permanecer más allá de ese período cuando se encuentra en el proceso para obtener la residencia permanente.

Van Duyne, impulsora de la ley sobre las visas H-1B: “El Congreso debe detener el abuso”

Al presentar la iniciativa, Van Duyne cuestionó el funcionamiento actual del sistema y sostuvo que determinadas empresas utilizan el programa de manera contraria a su propósito. Según su posición, el Congreso debe establecer mayores consecuencias para los empleadores que incumplen las normas migratorias.

“El Congreso debe promulgar reformas para detener el abuso de las visas H-1B, razón por la cual presenté el proyecto de ley, para imponer severas sanciones económicas a las empresas que opten por infringir nuestras leyes y aprovecharse de la fuerza laboral estadounidense como parte habitual de sus prácticas comerciales”, indicó la congresista a Newsweek.

La legisladora también planteó que el programa fue creado para permitir que compañías estadounidenses pudieran incorporar profesionales especializados que no estuvieran disponibles en el mercado laboral nacional. En su opinión, las prácticas que considera abusivas terminaron por afectar las oportunidades de trabajadores estadounidenses.

En qué etapa se encuentra la iniciativa

El proyecto de ley H.R. 10643 fue enviado al Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes después de su presentación.

En esta etapa, la iniciativa todavía no modifica las reglas vigentes ni establece las nuevas multas. Para avanzar, primero debería ser analizada y aprobada por el comité correspondiente y posteriormente recibir el respaldo de la Cámara de Representantes. Si supera esa instancia, tendría que ser considerada por el Senado.

La propuesta solo podría convertirse en ley después de que ambas cámaras aprobaran el texto y este fuera firmado por el presidente Donald Trump.

Cuánto costará el TPS y el permiso de trabajo desde octubre

De acuerdo con la información oficial, la tarifa del formulario I-821 para el registro inicial al TPS será de US$520, lo que representa un aumento de US$10 frente a los US$510 que se abonaban anteriormente.

Para quienes soliciten al mismo tiempo un permiso de trabajo mediante el formulario I-765, el componente tarifario establecido por H.R. 1 para un EAD inicial basado en TPS será de US$570, mientras que para una renovación o extensión seguirá en US$280.

Los nuevos valores deberán ser respetados por las solicitudes que tengan matasellos a partir del 16 de octubre. El Uscis informó que los trámites enviados con una tarifa inferior a la correspondiente serán rechazados.

El cambio no modifica los requisitos para acceder al TPS. El programa continúa destinado a nacionales de países que cuentan con una designación vigente, así como a personas apátridas cuya última residencia habitual se encuentre en uno de esos lugares.

Por qué el Uscis modifica las tarifas migratorias

La actualización responde a las disposiciones de la ley H.R.1, conocida como One Big Beautiful Bill Act, promulgada el 4 de julio de 2025. La normativa establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Uscis deben efectuar ajustes anuales de determinadas tarifas conforme a la inflación.

Para el año fiscal 2027 se utilizó la variación del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) registrada entre julio de 2025 y julio de 2026. El incremento considerado fue de 3,36%.

La legislación también establece un mecanismo específico para calcular los nuevos importes. Una vez aplicado el ajuste, las tarifas deben redondearse hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano, salvo determinados trámites para los que se contempla otro criterio.

Quién puede presentar el formulario I-821

El I-821 puede ser presentado por personas que cumplan los requisitos establecidos para el TPS de un país designado. También pueden solicitarlo quienes no tengan nacionalidad y cuya última residencia habitual haya sido en un país incluido en el programa.

Existen dos vías principales de presentación:

1. Una corresponde al registro inicial, destinado a quienes solicitan el TPS por primera vez dentro del período establecido en la notificación publicada en el Federal Register.
2. La otra es la reinscripción, destinada a quienes ya tienen el estatus y buscan conservarlo durante una extensión de la designación.

Los períodos para presentar cada solicitud dependen del país correspondiente. Por ello, los solicitantes deben respetar las fechas fijadas en la notificación oficial que anuncia la designación, redesignación o extensión del programa.

Qué documentos se deben presentar con el I-821

El Uscis solicita evidencia que permita acreditar la identidad y nacionalidad del solicitante. También pueden requerirse documentos que demuestren la fecha de ingreso a EE.UU. y la permanencia continua en ese país.

Cuando una persona fue arrestada, acusada o condenada por un delito, también pueden ser necesarios registros relacionados con sus antecedentes judiciales. La documentación debe acompañar el trámite conforme a los requisitos establecidos para cada caso.

La versión vigente del formulario I-821 corresponde a la edición “01/20/25″. El organismo migratorio exige que todas las páginas pertenezcan a la misma edición y que la fecha y los números de página puedan verse en la parte inferior de cada hoja. La falta de estos criterios puede provocar el rechazo.

Un formulario incompleto también puede ser rechazado. Entre los datos que deben estar correctamente consignados figuran el tipo de solicitud, el apellido, la dirección postal en EE.UU. y la fecha de nacimiento. Para las reinscripciones, además, se requiere el número de registro de extranjero o A-Number.

Por qué el gobierno de EE.UU. busca revocar estas naturalizaciones

• De acuerdo con un comunicado del DOJ, las demandas fueron presentadas en tribunales federales de distintos estados.
• Entre los motivos mencionados, figuran actuar como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario, delitos sexuales, fraude migratorio, uso de identidades falsas y ocultamiento de información relevante durante el proceso de naturalización.

El organismo sostiene que las personas incluidas en las demandas obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal o mediante el ocultamiento de hechos materiales o tergiversaciones deliberadas.

Las acusaciones, sin embargo, son alegaciones y todavía no existe una determinación judicial de responsabilidad en estos casos.

Uno de los expedientes corresponde a Jinchao Wei, un exmarinero de la Armada estadounidense nacido en China. El Departamento de Justicia sostiene que ocultó su actividad de espionaje durante el proceso mediante el cual obtuvo la ciudadanía en mayo de 2022.

Wei fue condenado en agosto de 2025 por delitos que incluyeron conspiración para cometer espionaje, espionaje y exportación ilegal de información técnica relacionada con artículos de defensa.

En enero de 2026 recibió una pena de 200 meses de prisión, equivalentes a 16 años y ocho meses.

Otro de los casos corresponde a Norma Patricia Esparza, de origen mexicano. El gobierno presentó una demanda en California y sostiene que cometió homicidio voluntario antes de naturalizarse y que ocultó esa información durante su proceso de ciudadanía.

Qué dice la ley sobre la desnaturalización en Estados Unidos

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) permite revocar una naturalización cuando fue obtenida ilegalmente o mediante el ocultamiento de un hecho material o una tergiversación deliberada durante el proceso. La legislación establece un procedimiento judicial para estos casos.

Por eso, una condena penal no implica por sí sola la pérdida automática de la ciudadanía. En estas acciones civiles, el gobierno debe acudir a un tribunal federal, que debe determinar si existen fundamentos legales para revocar la naturalización.

El procedimiento puede aplicarse cuando una persona utilizó una identidad falsa, ocultó antecedentes o proporcionó información incorrecta que resultaba relevante para determinar si cumplía los requisitos para convertirse en ciudadano estadounidense.

El gobierno de Trump amplió las demandas de desnaturalización

Las nuevas acciones forman parte de un aumento de las demandas de desnaturalización impulsadas por el Departamento de Justicia durante la segunda administración de Donald Trump.

En agosto, el DOJ informó que había presentado 123 demandas civiles de desnaturalización desde el 20 de enero de 2025, una cifra que la propia dependencia calificó como la mayor registrada hasta ese momento.

En los meses anteriores también había anunciado otros grupos de demandas contra personas naturalizadas acusadas de delitos o de haber ocultado información durante sus procesos migratorios.

En el comunicado de octubre, el fiscal general Todd Blanche afirmó que el Departamento de Justicia continuará utilizando el proceso de desnaturalización para proteger la seguridad nacional y a la población estadounidense.

Las 40 personas incluidas en las nuevas acciones son originarias de distintos países, entre ellos México, China, Irán, Pakistán y Filipinas. Las demandas fueron presentadas en tribunales federales de varios estados y del Distrito de Columbia.

Qué cambios H-1B están vigentes en EE.UU.

• Una orden ejecutiva del 18 de septiembre ya instruyó a las agencias a considerar determinados despidos al evaluar solicitudes H-1B y al Departamento de Trabajo a iniciar una revisión de datos de solicitudes laborales anteriores.
• La orden ejecutiva dispone que las autoridades tengan en cuenta si una empresa patrocinadora despidió, directa o indirectamente, a trabajadores estadounidenses en puestos comparables durante el año anterior, o si prevé hacerlo.

Ese análisis se incorpora a la evaluación de solicitudes laborales, peticiones, visas e ingresos al país vinculados con empleos H-1B. El texto no establece que todo despido produzca automáticamente una denegación.

También ordena al Departamento de Trabajo comenzar, dentro de los 30 días posteriores al 18 de septiembre, a revisar datos de solicitudes de condición laboral presentadas previamente.

El objetivo expresado en la orden es determinar si corresponde tomar medidas adicionales contra empleadores patrocinadores. Ese plazo marca el inicio de la revisión: no fija una fecha de cambio para todas las visas de trabajo.

Otra medida, contenida en una proclamación presidencial distinta, prorrogó hasta septiembre de 2027 la restricción de entrada para ciertos trabajadores H-1B cuyas peticiones no estén acompañadas de un pago de US$100.000, con las excepciones previstas en el texto.

Su alcance depende de las condiciones de entrada y de la petición; no equivale a un cargo general para toda persona que ya trabaja en Estados Unidos con una H-1B.

Cómo avanza la investigación por fraude laboral en EE.UU.

La Oficina del Inspector General informó el 18 de septiembre que sus investigadores habían emitido decenas de citaciones y ejecutado órdenes de registro.

Según el organismo, las pesquisas abarcan presuntos esquemas de fraude con mano de obra extranjera, explotación de trabajadores y posible trata de personas. Son investigaciones en curso: el comunicado no presenta esos señalamientos como condenas.

• El mismo comunicado afirmó que el Departamento de Trabajo suspendió solicitudes de visa de Cognizant y Cloudera mientras se desarrolla la investigación penal.
• La dependencia no precisó allí cuántas solicitudes están afectadas ni publicó una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las compañías.

Qué implica para trabajadores y empleadores

• Por ahora, el efecto comprobable para nuevas gestiones H-1B es un escrutinio de las decisiones de contratación y despido del patrocinador conforme a la orden ejecutiva.
• Para los trabajadores que ya tienen esa condición migratoria, las fuentes consultadas no anuncian una revocación general ni un trámite nuevo derivado de la entrevista del inspector general.

Como antecedente adicional, la proclamación de septiembre indica que el pago de US$100.000 establecido para ciertas peticiones se había realizado en más de 700 casos desde la entrada en vigor de la restricción original en 2025.

La cifra procede de la Casa Blanca; no describe el número de personas investigadas ni permite estimar cuántas visas podrían verse afectadas por futuras medidas.

El próximo paso definido en los documentos oficiales es el inicio de la revisión de datos laborales ordenada al Departamento de Trabajo. Cualquier modificación adicional que se desprenda de la investigación requerirá una decisión o instrucción concreta de las autoridades; D’Esposito no anunció una fecha para ello.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Visas H-1B: las ocho empresas que EE.UU. suspendió del PERM

Según informó Reuters, el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión de ocho compañías del Programa de Certificación Laboral Permanente (PERM, por sus siglas en inglés).

El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, aseguró que las autoridades no aceptarán nuevas solicitudes ni procesarán los expedientes pendientes de las siguientes empresas:

• Microsoft
• Adobe
• Cognizant
• Infosys
• Tata Consultancy Services (TCS)
• Wipro
• HCL Technologies
• Capgemini

De acuerdo con Associated Press, el vicepresidente JD Vance encabezó el anuncio y acusó a las empresas de utilizar mecanismos de contratación que perjudican a los trabajadores estadounidenses.

El funcionario sostuvo que algunas compañías publican ofertas de empleo con escasa visibilidad y después argumentan que no encontraron candidatos locales para justificar la incorporación de extranjeros.

El gobierno federal atribuyó la decisión a presuntos abusos del sistema. Sin embargo, la suspensión no implica que las compañías tengan prohibido contratar extranjeros ni que las visas H-1B de sus empleados pierdan automáticamente su validez.

Qué cambia para los trabajadores con visas H-1B y solicitudes de residencia

La medida se concentra en un procedimiento que facilita el acceso a la green card por empleo. Según explicó el DOL, las empresas deben obtener una certificación laboral antes de presentar determinadas peticiones de inmigración para trabajadores extranjeros.

Para conseguir esa autorización, los empleadores deben demostrar que no existen suficientes trabajadores estadounidenses disponibles, calificados y dispuestos a ocupar el puesto. También deben acreditar que la contratación no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de quienes realizan tareas similares.

Una vez aprobada la certificación, la empresa puede presentar el formulario I-140 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El documento tiene una validez de 180 días para su presentación ante la agencia migratoria.

La suspensión modifica esa etapa del procedimiento para las ocho compañías señaladas. Como explicó Axios, el programa PERM es diferente del sistema de visas H-1B, destinado a trabajadores extranjeros especializados que acceden a empleos temporales.

Por ese motivo, la decisión no revoca los permisos H-1B existentes ni las green cards ya concedidas. Sin embargo, representa un obstáculo para los empleados que dependen del patrocinio de estas empresas para avanzar hacia la residencia permanente.

Las acusaciones de JD Vance contra Microsoft

Microsoft quedó en el centro de los cuestionamientos de Vance. El vicepresidente afirmó que la empresa despidió a 6000 trabajadores estadounidenses durante el año anterior, mientras obtuvo 6300 visas H-1B y casi 3000 green cards.

A partir de esas cifras, el funcionario acusó a la compañía de sustituir empleados estadounidenses por extranjeros con condiciones laborales menos favorables.

Microsoft rechazó esa interpretación. La compañía explicó que aproximadamente el 80% de las solicitudes H-1B presentadas durante el último año fiscal correspondieron a extensiones o modificaciones del estatus de empleados existentes, según Associated Press.

Además, señaló que las peticiones restantes correspondieron a personas que ya residían legalmente en Estados Unidos y decidieron incorporarse a la empresa. Ese grupo equivalía a apenas el 1% de su fuerza laboral estadounidense.

La compañía también aseguró que paga a sus empleados H-1B lo mismo que a otros trabajadores con funciones comparables.

El conflicto se suma a otras medidas contra el programa migratorio. Trump intentó imponer una tarifa de 100.000 dólares a determinadas solicitudes, aunque la medida enfrentó un revés judicial por el cobro de la visa H-1B.

Visas J-1: las nueve universidades que investigará EE.UU.

La segunda parte de las medidas anunciadas por Vance alcanza a instituciones académicas estadounidenses. El gobierno inició investigaciones sobre el presunto uso indebido de las visas J-1 para programas de intercambio, que permiten la entrada temporal de extranjeros para actividades educativas, laborales y de investigación.

Las nueve instituciones señaladas son:

• Universidad de Harvard
• Universidad de Yale
• Universidad de Stanford
• Universidad de Brown
• Universidad de Pittsburgh
• Universidad de California en Davis
• Instituto Tecnológico de California (Caltech)
• Universidad Estatal de Arizona
• Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

Vance sostuvo que estas universidades recurren al programa en proporciones superiores a las de otras instituciones y consideró que esas prácticas merecen una investigación.

El inspector general del DOL, Anthony D’Esposito, indicó que las autoridades ya emitieron citaciones. Las pesquisas buscarán establecer si existen abusos migratorios, relaciones financieras indebidas o influencia extranjera sobre investigaciones financiadas con fondos federales.

Stanford aseguró que cooperará con las investigaciones, mientras que la Universidad de California en Davis manifestó su disposición a trabajar con el gobierno para confirmar el cumplimiento de las normas.

Por su parte, MIT, Brown y Pittsburgh informaron que recibieron citaciones y comenzaron a revisarlas. Yale señaló que analizará los documentos cuando los reciba.