Pero en la Cámara de Diputados ocurrió algo profundamente argentino. Entre las normas que se pretendía derogar apareció una ley particularmente reveladora. Una pequeña joya del privilegio antirrepublicano. Un fósil jurídico que cualquier persona sensata habría supuesto destinado inmediatamente al museo de las extravagancias institucionales. No obstante, la Cámara baja decidió conservarla cuidadosamente. Toca ahora al Senado acompañar esa lamentable decisión o, en un rapto de sano, oportuno y conveniente republicanismo, dar de baja una norma aberrante.

Esta ley, sancionada en junio de 1975, había dispuesto textualmente que “los senadores y diputados de la Nación y los secretarios y prosecretarios de ambas cámaras del Congreso de la Nación, tendrán derecho al uso de una credencial personal e intransferible que los habilitará para la libre circulación y el libre estacionamiento de los automotores que utilicen en todo el territorio de la República”. La frase posee una obscenidad antirrepublicana casi perfecta.

No estamos hablando aquí de inmunidades parlamentarias destinadas a proteger la libertad de expresión legislativa, ni de garantías institucionales vinculadas a la división de poderes o de mecanismos para evitar persecuciones políticas. Estamos hablando de estacionamiento, de libre circulación automovilística, de evitar multas y restricciones que sí rigen para el resto de los ciudadanos. Y, además, “en todo el territorio de la República”.

La ley parece redactada por una monarquía menor del siglo XVIII que otorga una especie de salvoconducto nobiliario a la aristocracia vial argentina.

Lo verdaderamente notable no es siquiera la existencia original del privilegio. La Argentina ha producido durante décadas incontables anomalías corporativas. Lo verdaderamente revelador es otra cosa: cuando llegó el momento de eliminar normas inútiles, los legisladores decidieron que justamente esta sobreviva. La “hojarasca” siempre parece ser la del otro. Nunca la propia. Y aquí aparece un fenómeno mucho más profundo que una simple cuestión de tránsito.

Las repúblicas no se degradan únicamente mediante grandes escándalos de corrupción como los que tenemos, golpes institucionales como los que supimos tener o catástrofes económicas monumentales en las que nos hemos especializado. También se erosionan lentamente cuando sus élites comienzan a considerarse exentas de las pequeñas incomodidades ordinarias de la vida común.

Compartir embotellamientos, multas, restricciones, estacionamiento, grúas y molestias urbanas forma parte de la igualdad democrática. Ningún diputado necesita estacionar gratis para legislar correctamente.

Los grandes privilegios suelen esconderse detrás de sofisticadas teorías jurídicas o constitucionales. Los pequeños privilegios, en cambio, sinceran crudamente la mentalidad de casta.

El razonamiento implícito parece ser el siguiente: “las leyes deben simplificarles la vida a los ciudadanos; pero a nosotros un poco más”. Y eso confirma inevitablemente otra insoportable distancia moral entre dirigentes y sociedad. Mientras cualquier ciudadano argentino paga estacionamiento, recibe multas, pierde tiempo buscando dónde dejar el auto, soporta restricciones o discute con una grúa, los representantes del pueblo poseen una credencial cuasi aristocrática que los libera de esas incomodidades. Simplemente porque pertenecen a una categoría superior.

La escena resulta todavía más incómoda cuando se recuerda el clima general de austeridad discursiva que domina actualmente la política argentina. Se nos habla constantemente de sacrificios, esfuerzo, eficiencia, modernización, racionalización del gasto y de igualdad ante la ley. Todo muy razonable, Excepto, aparentemente, para el estacionamiento parlamentario.

Hay algo involuntariamente cómico en todo esto: la Cámara de Diputados elimina solemnemente normas inútiles mientras preserva cuidadosamente el derecho corporativo de sus miembros, supuestos servidores públicos, a estacionar gratis en cualquier lugar del país.

Discépolo probablemente habría considerado el episodio demasiado exagerado para resultar verosímil.

Pero quizá lo más preocupante sea otra cosa. Las democracias modernas no suelen morir solo por grandes tragedias institucionales. A veces comienzan a deteriorarse cuando sus dirigentes dejan gradualmente de sentirse ciudadanos comunes. Y una dirigencia patética que no es capaz de renunciar ni siquiera a sus privilegios de estacionamiento difícilmente logrará convencer a la sociedad de la necesidad de sacrificios colectivos.

Sería saludable que el Senado decidiera demostrar al pueblo de la Nación que la llamada “ley hojarasca” no fue concebida simplemente para eliminar privilegios ajenos preservando los propios.

La Cámara alta tiene ahora la oportunidad de evitar que la “ley hojarasca” termine convertida en una extraordinaria metáfora de la cultura política argentina: reformar todo, salvo a uno mismo. Esperemos que se ponga a la altura de las circunstancias y deje de lado la triste mezquindad acomodaticia de la mayoría de los diputados.

En ese proceso, el acceso al financiamiento a través del mercado de capitales se convierte en un instrumento central para acelerar obras, e invertir en infraestructura y servicios que transforman realidades.

Porque cuentas públicas ordenadas, disciplina fiscal y una sólida reputación crediticia no constituyen únicamente indicadores económicos: son la condición indispensable para acceder a financiamiento sostenible y de bajo costo, multiplicando la capacidad de inversión.

Eso se pudo apreciar el pasado miércoles 6 de mayo, cuando la Ciudad de Buenos Aires licitó deuda en los mercados internacionales. La respuesta de los inversores superó cualquier expectativa: se solicitaron USD 500 millones y se recibieron ofertas por más de USD 3.000 millones.

Este ratio de cobertura multiplicado por 6 no es un dato financiero menor; se trata de un contundente aval a una gestión que demostró previsibilidad y sostenibilidad de sus cuentas públicas. Es sabido que los mercados operan con memoria institucional: incorporan el historial de cumplimiento en sus modelos de asignación de activos y premian la gobernabilidad, disminuyendo la prima de riesgo.

La reputación crediticia no es un activo que se construye de un día para otro ni se improvisa con un buen prospecto. Se trata de un activo estratégico que exige disciplina intertemporal y que se construye honrando compromisos y sosteniendo el equilibrio de las cuentas públicas, incluso frente a shocks externos severos.

La singularidad de esta colocación realizada por la administración que encabeza Jorge Macri radica en que la Ciudad obtuvo la tasa de interés más baja de su historia crediticia. Y no es casualidad. La Ciudad nunca defaulteó en toda su historia. Ni en 2001, cuando el país caía en el mayor incumplimiento soberano del que se tenga registro, ni tampoco durante la pandemia, cuando la economía global se paralizó y casi todas las provincias argentinas reestructuraron sus deudas.

De la reputación crediticia a la economía real

Pero esta historia no es sólo financiera. La posibilidad de acceder al crédito en condiciones razonables es la condición necesaria para que los proyectos de inversión existan y se transformen en una realidad que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Un proyecto de infraestructura que requiere financiamiento no puede materializarse si las tasas lo hacen inviable o si el mercado directamente no está disponible.

Durante los años de exclusión del mercado internacional, las restricciones obligaron a la Ciudad a hacer frente al pago de deuda con recursos propios, en lugar de canalizarlos, por ejemplo, al desarrollo de inversiones en materia de obra pública. El círculo vicioso de la deuda cara es la trampa del subdesarrollo. Es justamente el costo de no crecer.

Queda claro que el apalancamiento no es un lujo: es lo que permite que un proyecto encuentre viabilidad en lugar de ser descartado por falta de capital. Cuando el crédito se encarece o desaparece, no sólo se postergan inversiones, también se cancela el crecimiento potencial.

El riesgo Argentina y el círculo virtuoso

Desde hace décadas, Argentina presenta una elevada volatilidad histórica en su perfil de deuda, caracterizada por incumplimientos reiterados, populismos financieros, reestructuraciones recurrentes y perfiles insostenibles. Este factor genera externalidades negativas sobre todos los emisores locales. Y si bien el impacto del riesgo país puede mitigarse mediante una correcta política de sostenibilidad fiscal a nivel provincial, el componente de la macroeconomía nacional no se elimina por completo.

Bajo este marco, el proceso de consolidación fiscal e institucional iniciado en el país en 2024 resulta significativo. La estabilización macroeconómica, el cumplimiento en el pago de la deuda y el descenso del riesgo país no son logros abstractos: se traducen en acceso al crédito. Y así el modelo se retroalimenta de forma virtuosa: un menor costo de capital estimula la inversión, la mayor inversión expande el nivel de actividad y mejora la recaudación, optimizando la capacidad de repago y reforzando la solvencia del emisor para futuras colocaciones en condiciones aún más competitivas.

En síntesis, debe quedar en claro que defaultear nunca es gratis. Se trata de un fracaso político con consecuencias sociales graves. Su costo de oportunidad más elevado no se agota en las penalizaciones legales, sino en el crecimiento que no ocurre cuando el mercado cierra las puertas.

Por culpa de políticas económicas populistas e ideologizadas, la Ciudad de Buenos Aires requirió casi de una década para restablecer sus canales financieros externos. En ese sentido, la magnitud de la demanda registrada en esta última licitación y el éxito alcanzado en la emisión -con una tasa de 7,375 y un cupón de 7,05, los registros más bajos en la historia de la Ciudad- demuestran que la restricción crediticia se ha disipado, dejando en claro que el único camino hacia el desarrollo es la defensa irrestricta de la sostenibilidad fiscal. Y también que, definitivamente, no debemos volver atrás.

(*) El autor es ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En efecto, el Banco Nación anunció líneas de crédito para ayudar a las familias e individuos que no pueden cumplir con sus deudas por préstamos personales y tarjetas, acumuladas en los últimos tiempos por la fuerte suba de tasas de interés, derivada de la corrida cambiaria del año pasado. La recomendación de los defensores a ultranza del libre mercado debería ser que esos tomadores de crédito y las instituciones financieras que prestaron asuman su responsabilidad y se enfrenten a una catarata de quiebras, con el consecuente impacto en sus balances. No sería el caso del Gobierno, que descubrió que el Banco Nación debe permanecer en el organigrama estatal, contra lo que vociferaba Milei cuando era un simple panelista televisivo.

Tal vez gracias a este eclecticismo anticíclico y con componentes dirigistas –aunque también por las buenas nuevas que con cuentagotas aparecen en el frente económico, macro y hasta cierto punto micro– se aprecian rostros más distendidos en el oficialismo y un clima bastante menos tóxico que el que predominaba hace dos semanas. Esto, a pesar de que el intento del Gobierno de mostrarse unido y resiliente en el tedeum del 25 de Mayo, en medio de las reyertas internas y de los presuntos escándalos de corrupción para nada despejados, haya tenido resultados parciales. “Lo peor ya pasó”, afirmó un ministro que puede argumentar su optimismo durante largos minutos.

¿Certezas? ¿Ilusiones? La inercial dinámica autodestructiva en la que cayó el Gobierno entre comienzos de marzo y mediados de este mes se rompió. Hoy apuesta a que un conjunto de iniciativas parlamentarias contribuya a llevar la conversación pública hacia áreas que enfaticen los atributos positivos que los libertarios consideran característicos de su gestión: simplificarle la vida al ciudadano, romper con esa mixtura de privilegios, exageraciones y sinsentido típicas del “antiguo régimen” y, sobre todo, mostrar capacidad de innovación y valentía para tratar cuestiones muy postergadas, como la inflación y los excesos regulatorios.

Esto no implica que la administración Milei haya sido capaz de recuperar aún la iniciativa política en un sentido amplio, como ocurrió, por ejemplo, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. La esfera parlamentaria es un componente fundamental, pero no agota las múltiples dimensiones de lo político, que incluye el capital simbólico (la confianza), la influencia de los principales líderes (su imagen y prestigio) y el potencial electoral (la probabilidad de reelección). Sin embargo, no deja de tener una influencia relevante, en especial considerando que, gracias al sorprendente resultado de las elecciones de mitad de término de octubre pasado, el Gobierno puede ahora hacer valer un mayor peso relativo en materia de legisladores. Y, como con los votos que obtuvo Carlos Mahiques en el Senado, puede demostrar su capacidad para obtener apoyos de otros bloques y hasta de fragmentar a UP.

Este caleidoscopio singular que es el Gobierno, en el que las cuotas de realismo y especulación electoral justifican estos manotazos para acelerar la recuperación del humor social y un eventual apoyo electoral, que acostumbró a sus votantes y a la sociedad a una retórica saturada y maximalista, deberá demostrar que puede renovar sus anclas discursivas sin que eso implique pérdida de entusiasmo, compromiso ni dramatismo, ese sentido casi de epopeya refundacional que Milei imprime a su discurso. Cuenta para ello con la colaboración de sus adversarios, que, impotentes y estériles, se empeñan a diario en exponer su incapacidad para articular ideas diferenciales creíbles y alineadas con las prioridades de la ciudadanía. La ansiada “batalla cultural” parece ganada: vastos sectores del peronismo reconocen que debe priorizarse “el equilibrio fiscal”. “No cambiaría nada de lo que hizo (Milei)”, aseguró el mismísimo Aníbal Fernández. Si las fuerzas de oposición carecen de propuestas alternativas seductoras y además validan los objetivos e instrumentos del severo ajuste implementado durante esta experiencia libertaria, Milei y su entorno parten con ventaja de cara a las elecciones del año próximo.

El peronismo sufre semejante crisis de credibilidad (y de identidad) que el mercado no parece tomar muy en serio su aparente giro ortodoxo. ¿Tal vez porque Axel Kicillof se afirma como su candidato más firme? Los intentos de “pepemujicar” al gobernador bonaerense, mate mediante, no estarían dando muchos resultados. “Le falta un (Danilo) Astori”, afirmó un dirigente radical norteño que reconoció que Gildo Insfrán, entre otros, arriman potenciales referentes locales al MDF (Movimiento Derecho al Futuro), utilizando al pragmático y confiable dirigente socialista uruguayo, un economista serio que ocupó varios cargos de relevancia: fue ministro de Economía (2005-2008, 2010-2015) y vicepresidente de la república (2015-2020), y que falleció poco antes de que asumiera Milei, en diciembre de 2023.

En efecto, los inversores (financieros y de la economía real) plantean dudas ya no solo respecto de qué sucederá luego de octubre de 2027 ante una eventual derrota oficialista, sino en torno a por qué el Gobierno no hace lo prometido, en particular las reformas estructurales, que brillan por su ausencia, con la parcial excepción de la laboral. Nótese que el FMI avivó el debate sobre los imprescindibles cambios en materia tributaria. El Gobierno anunció una baja de las retenciones para el campo (Sergio Iraeta obtendrá el aplauso que añora cuando el sector recupere rentabilidad) y algunas industrias, pero se niega a dar el debate central.

El FMI también apuntó en su reporte de la semana pasada que es aún más importante impulsar una reforma previsional integral: el sistema actual está quebrado y la falta de solidez intertemporal en materia fiscal requiere una solución definitiva, que deberá contemplar el cambio en la edad jubilatoria. A una relación explosiva entre trabajadores activos y pasivos debe agregarse el hecho de que en los últimos 30 meses se perdieron más de 200.000 puestos laborales formales. Traducido: hay menos aportantes para más jubilados.

Puede argumentarse que la ley de lobby, la ley de etiquetado y la ley de ludopatía apuntan a cuestiones importantes y que, a diferencia de la reforma política, lograrían más apoyo en el Congreso. Pero la pregunta es por qué el Gobierno arrastra los pies con las cuestiones de fondo. “Si avanzara con todo durante el primer mandato, se quedaría sin nada para prometer durante la próxima campaña”, sugiere un exministro de Carlos Menem. ¿La política se impone a la economía?

Casi como una ratificación de la rusticidad que se le atribuye, Karina intentó aventar ese potencial riesgo con la exclusión de la vicepresidente Victoria Villarruel del tedeum y con el confinamiento de Bullrich a un lugar secundario en la Catedral. Un dispositivo completado con la omisión de la senadora y de Santiago Caputo de las imágenes difundidas de la tradicional ceremonia. Eso representó la intromisión más relevante de la Secretaría General en la comunicación oficial, el área pertinente del asesor presidencial que rivaliza con Karina.

Hay quienes piensan que estas disputas internas no existirían sin los sobresaltos que transitó el programa económico en los últimos diez meses. Y que la tregua ofrecida en mayo por los indicadores no bastará para detenerla. Intuitiva como pocos dirigentes para captar el malestar de la sociedad con el gobierno, la jefa del bloque libertario en el Senado adoptó rápidamente el rol de objetora de conciencia de Milei.

Aprovechó el caso de Adorni para reprocharle al Presidente no haber cumplido con la utopía de terminar con la casta. Una clase a la que pertenece y a la que bien podría representar. Según el informe realizado en mayo por la Universidad de San Andrés (UdeSA), la imagen de Bullrich (37%) supera por un punto a la de Milei. Incluso quienes piensan en ella como alternativa electoral, se preguntan si ese tipo de gestos le bastarán para diferenciarse y hacer olvidar que se afilió a La Libertad Avanza tras romper con el PRO.

Pero la novedad revelada por el trabajo de la UDESA es que Cristina Kirchner (32%) comparte con Villarruel y Miryam Bregman el podio de quienes siguen a Bullrich y a Milei. Lo que relega por debajo de ellas tres a Axel Kicillof (31%). Aunque desde una posición inversa a la de Bullrich, el gobernador es también un disidente en apuros. Por consejo de Julio Pereyra, Kicillof recibió con un almuerzo en La Plata a Julio Alak, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza y Gabriel Katopodis con un almuerzo gestado por el propio Pereyra.

El ex intendente de Florencio Varela le reclama al Gobernador que ordene y atienda las aspiraciones a sucederlo de sus viejos colegas de La Plata, La Matanza, Avellaneda y del ministro de Infraestructura. La única forma en la que podría hacerlo es impulsar la reelección indefinida de los intendentes y cubrir las cuatro vacantes libres en la Corte. Dos promesas efectuadas al oficialismo y la posición a cambio de que sus bloques le garanticen gobernabilidad en la Legislatura.

La reelección indefinida de los intendentes reduciría de inmediato el número de precandidatos a gobernador. Por la sencilla razón de que varios de ellos intentarían ir por su reelección si contasen con esa opción. El kirchnerismo, el PRO y la UCR reclaman las vacantes en la Corte por haber colaborado con la sanción del Presupuesto y el endeudamiento externo.

La sesión ordinaria de ayer pretendió disimular que la resistencia de Kicillof a cumplir con la parte que le toca del acuerdo mantiene paralizado a ese cuerpo. La Cámpora controla el funcionamiento de la Legislatura y se propone mantener ese statu quo a menos que el Gobernador se reúna con Cristina para convenir cómo se ejecutan esos dos pasos claves para retener el poder en la Provincia y determinar cómo se elegirá al candidato a sucederlo.

Kicillof parece literalmente condenado a visitar a la ex presidente. No solo por el estricto régimen de detención domiciliaria que limita sus movimientos. También porque La Cámpora solo reconoce su liderazgo. El temor del Gobernador es que su visita a San José 1111 sea interpretada como una capitulación. La opinión de algunos intendentes cercanos al Gobernador es que le será imposible ser candidato a presidente sin el aval de Cristina.

Es lo que espera que suceda, tarde o temprano, el peronismo federal. El espacio del que Juan Manuel Olmos es, por ahora, el rostro más visible y en el que se especula que cualquier pacto entre Cristina y Kicillof está condenado a fracasar por la mutua desconfianza que se prodigan. No solo entre ellos si no en Unión por la Patria en general.

La conformación en el Senado de la comisión de Participación Ciudadana que presidirá Juan Rico Zini, del PRO, dejó expuesta esa fragilidad. Malena Galmarini mató el tiempo en la reunión inicial concentrándose en un tejido de crochet, bajo la impávida mirada de quien estaba sentado enfrente suyo: Sergio Berni. Los dos integran la comisión que conduce Rico Zini. La esposa de Sergio Massa sigue acusando a Berni del robo que sufrieron en su domicilio días antes de los comicios del 2013.

Ninguno de quienes almorzaron el miércoles con Kicillof quiso confirmar si, en efecto, lo hallaron abrumado, el adjetivo al que apelan para describirlo los que aseguran frecuentarlo. Si fuese cierto, ese estado de ánimo no sería inducido por la tensión con Cristina o el bono con el que cubrirá la deuda acumulada con proveedores desde febrero.

Mucho más probable es que sea sometido a ese agobio por la disyuntiva que enfrenta: cómo mantener la expectativa de su candidatura presidencial sin conceder porciones de poder que debiliten el final de su mandato como gobernador, en un escenario económico adverso. Quienes observan este cuadro, recomiendan prestar atención a la licitación convocada anteayer por el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca para profundizar el dragado del canal de acceso a esa terminal.

Kicillof rechazó financiar esta obra exigida por la Cámara de Empresas Petroleras (CEP) durante la reunión que mantuvieron en La Plata el 5 de mayo. El dragado de ese canal es una condición para que buques petroleros de gran calado ingresen al puerto y puedan transportar la producción de Vaca Muerta por la ampliación del oleoducto de OldelVal y las piletas de almacenamiento construidas por la Oiltanking Ebytem (OTE).

YPF es una de las firmas líderes que integran la CEP. Su presidente, Horacio Marín, fue uno de los promotores del puerto de aguas naturalmente profundas que Río Negro construye en Punta Colorada para facilitar la misma exportación que el de Bahía Blanca. La OTE le recordó a Kicillof la multiplicidad de tasas que se abonan al consorcio del puerto por las actividades de embarque de combustibles.

Al menos dos empresas, una de capitales nacionales y otra extranjera, expresaron en la OTE sus reservas con Kicillof. Las que asistieron a la reunión en La Plata se hicieron representar por una línea gerencial sin nivel de decisión. Augusto Costa y Juan Cuatromo son los encargados de relacionar al Gobernador con empresarios. Costa es el ministro de la Producción y Cuatromo preside el BAPRO. Hay quienes opinan que el supuesto prejuicio de Costa sobre esta actividad lo privaría de estar en contacto con representantes apropiados de ese sector.

Al respecto, comenzaría por señalar que estudios como el de Margalit llamaron la atención, desde un principio, por el modo en que subrayaron la importancia de las cuestiones morales frente a otras de carácter material (i.e., la igualdad o justicia distributiva) que habitualmente habían sido entendidas como prioritarias. Desde ya, trabajos como el de Margalit no pretendían afirmar que esa otra dimensión –la material– no resultara fundamental o decisiva a la hora de evaluar el desempeño de un gobierno. La que él se propuso fue, en cambio, destacar la particular relevancia del trato dispensado por las autoridades e instituciones públicas a la ciudadanía, a la hora de realizar tal balance. Margalit, en particular, vinculó la “decencia” o moralidad de ciertas políticas de gobierno con el carácter “no humillante” de dichas iniciativas; este fue el punto principal que desarrolló en su obra. Un gobierno decente, para él, no era (simplemente) aquel que cumplía con la ley o se mostraba eficiente (i.e., en la gestión económica). Lo esencial era que la administración en cuestión no degradara a sus miembros, no los humillara y trabajara fundamentalmente para impedir o evitar dicha humillación.

Margalit proponía prestar especial atención al compromiso manifestado por un determinado gobierno o gobernante con la dignidad humana. Para indagar acerca de la fortaleza de ese compromiso gubernamental, él se preguntaba: ¿es que el gobierno discrimina o maltrata sistemáticamente a ciertos individuos o grupos sociales? (i.e., ¿los insulta o relega en la distribución de beneficios?). ¿Cómo es que se relaciona con los más viejos, con los más jóvenes, con los más vulnerables? ¿Y cómo se desempeñan las burocracias frente al público? ¿Existen grupos que deben suplicar por el reconocimiento de sus derechos? ¿Cómo se vincula el gobierno con los desvalidos y los enfermos?

la dignidad, el respeto, el buen trato, la igual consideración, el reconocimiento, el cuidado de los otros, etcétera, aparecen como componentes esenciales de un buen gobierno

El libro de Margalit se destacó por el fuerte impacto e influencia que alcanzara, pero –debe notarse– finalmente fue uno más dentro de una larga lista de trabajos que vinieron a resaltar cuestiones similares: la filosofía política y la filosofía jurídica contemporáneas ofrecen abundantes escritos abordando una temática semejante. Piénsese, si no, en la obra de Ronald Dworkin (seguramente el jurista más influyente del último siglo), que entendió a la “igual consideración y respeto” como el principio rector con el que debe interpretarse toda la Constitución; recuérdese el gran libro de Thomas Scanlon –What We Owe to Each Other– sobre el trato que “nos debemos unos a otros”; o tómese en cuenta la fundamental línea de trabajos recientes sobre las “políticas de reconocimiento”.

Lo que quiero señalar es que, desde hace tiempo, la dignidad, el respeto, el buen trato, la igual consideración, el reconocimiento, el cuidado de los otros, etcétera, aparecen como componentes esenciales de un buen gobierno. De mi parte, entiendo a este tipo de rasgos –finalmente, la moralidad de las prácticas que se auspician cotidianamente desde el poder– como cruciales para valorar positiva o negativamente a una determinada gestión. Diría más: la indecencia o inmoralidad de un gobierno (sus prácticas de “humillación” sistemática) debería ser condición suficiente para considerarlo un mal gobierno, con independencia de su mejor desempeño en otras cuestiones “materiales”.

Lo que aquí señalo (acerca del valor especial que debe asignarse a las cuestiones morales, antes que materiales, en la evaluación de ciertas políticas) no debería resultar sorpresivo. Aludo así a un tipo de razonamiento que, de un modo u otro, todos llevamos a cabo, cotidianamente, en las más diversas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una mayoría de nosotros consideraría razón suficiente para pedir un divorcio al hecho de que el marido golpeara e insultara diariamente a su mujer. Si, frente a dicha situación, alguien nos dijera que estamos equivocados, porque el marido paga regularmente los gastos del hogar o la escuela de los hijos, lo miraríamos sorprendidos: nos resulta simplemente obvio que los golpes y humillaciones descalifican a ese marido, de manera suficiente y definitiva. De manera similar, si el maestro de música de nuestros hijos los maltratara u ofendiera cotidianamente, tendríamos una razón suficiente para pedir su renuncia, o para retirar de la escuela a nuestros chicos, con independencia de la capacidad del maestro como enseñante, o de su calidad como músico. Asimismo, el solo intento de abuso que pudiera insinuar un entrenador con alguno/a de sus alumnos/as, en el gimnasio, debería bastar para cortar todo vínculo con él, y sus “habilidades deportivas” en nada compensarían la gravedad de sus faltas.

Concluyo retornando al caso de la Argentina, y trazando algunos paralelos entre lo dicho hasta aquí, y el desempeño de la actual presidencia. Según entiendo, el gobierno argentino muestra una performance muy pobre en materia económica, en donde se advierten todos los rasgos distintivos de una economía no integrada, desigual y en recesión prolongada. Sin embargo, aun si el caso fuera diferente del actual, y el gobierno pudiera mostrar “números positivos” en materia económica, la evaluación debería ser igualmente negativa (algo similar puede decirse, desde ya, sobre otras administraciones anteriores, que ahora no viene al caso analizar).

Los niveles de maltrato que cotidianamente dispensa el Presidente hacia los más débiles (niños autistas, discapacitados); los insultos recurrentes a quienes, desde el periodismo o la oposición, lo critican; sus malas palabras; sus groserías; la violencia verbal; el trato degradante a los que piensan diferente; el desprecio que muestra hacia mujeres y homosexuales; el uso sistemático y cotidiano de su posición de poder para humillar a los disidentes, lo descalifican (y conste que no sopeso aquí, en absoluto, ni “mentiras” ni “robos”). Esos agravios constantes como “política de Estado” no solo ofrecen razones para habilitar el enjuiciamiento político del Presidente (tema sobre el que tampoco trato en este texto), sino que nos dan motivo suficiente para impugnar sus prácticas, en tanto marcadas por la indecencia. No hay baja de inflación que pueda compensar una performance moral de ese tipo: ninguno de nosotros merece niveles de desprecio y destrato semejantes, de parte de nadie y, mucho menos, de nuestro principal empleado en el gobierno.

Una de sus ramas es la exportación de servicios del conocimiento, el conjunto de los que brindan profesionales como contadores, administrativos, diseñadores e ingenieros, entre otros, y los destinados a tecnología, que cientos de miles de argentinos prestan desde empresas de todo tamaño y procedencia -o aun como freelancers- desde cualquier punto del país.

Estos servicios contribuyeron a la balanza comercial con casi 10.000 millones de dólares en 2025, lo que implicó un incremento interanual de 8,1%, el valor más alto registrado hasta la fecha, según datos Indec.

Conforme información de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento de la cartera económica, ese indicador “refleja que la Economía del Conocimiento representa más de la mitad de los servicios que la Argentina exporta al mundo, con una participación del 53% sobre el total de ventas externas” y que “con este desempeño, el sector se consolida como el tercer complejo exportador del país, detrás del oleaginoso-cerealero y del petrolero-petroquímico, y como una fuente clave de generación de divisas. Tal fue el nivel de desarrollo y ocupación alcanzado que superó los 285.000 puestos formales, lo que representó la creación de 9000 empleos respecto de 2024 y 17.000 con relación a 2023.

Es dable destacar, además, que la remuneración promedio del sector se ubicó por encima de las del resto de la economía, lo cual importa un diferencial asociado a la alta demanda de talento y al grado de especialización requerido. En este sentido, las fuentes oficiales resaltan que el 80% de la fuerza laboral posee estudios universitarios, lo que posiciona al sector entre las actividades con mayor calificación y como un motor clave de empleo de calidad.

Por su parte, Argencon, la primera entidad del país que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento, realizó entre el 5 de enero y el 20 de febrero pasados su Encuesta de Perspectivas 2026. Entre los principales datos obtenidos figuran que de 52 empresas referentes de la Economía del Conocimiento consultadas, el 40% pertenece al sector de Tecnología de la Información, el 33,3% a Servicios Profesionales, el 7,4% a Audiovisuales, 4,4% EdTech, 2,2% Biotecnología y el 10% restante a otras tecnologías. El 50% de las empresas encuestadas cuenta con más de 500 empleados y el 42% exporta más del 50% de su facturación total.

El informe también revela que el 82,5% de las empresas coincidieron en que la gestión del Gobierno promovió mejoras para la resolución de los problemas del sector, al tiempo que evaluaron como buena la previsibilidad para el desarrollo de sus negocios en nuestro país. Como sus mayores preocupaciones, señalaron las condiciones de competitividad, tomando en cuenta el costo salarial argentino comparado con el de otros países, el comportamiento de la inflación, el tipo de cambio y la inestabilidad normativa y regulatoria.

Cabe destacar que, si bien este desempeño del sector del conocimiento confirma una tendencia de crecimiento sostenido, se da en un contexto internacional menos favorable, en el cual las importaciones de estos servicios por parte de algunos de los principales mercados se desaceleraron en 2025 respecto de 2024 y crecieron por debajo del promedio mundial. En este contexto, el intercambio con los Estados Unidos (principal destino de las exportaciones) continuó en aumento cuando, hacia el cierre del año pasado, se registraron caídas en el comercio con otros socios relevantes, especialmente de América Latina y Europa.

El sector proyecta para este año una mayor expansión, aunque bajo una creciente presión competitiva marcada, además, por la Inteligencia Artificial (IA).

El mundo está rearmando sus cadenas de valor buscando proveedores confiables y la adopción de la IA está generando saltos de productividad inéditos.

La macroeconomía ordenada es condición necesaria, pero no suficiente. La agenda debe poner el foco en posicionarse en la implementación y el desarrollo de la IA, generando talento argentino en este campo para ofrecer al mundo y mejorar las condiciones de costos para poder competir de igual a igual.

La relación del presidente Javier Milei con la Iglesia católica, y sobre todo con el Papa Francisco, tuvo un giro de 180 grados. Milei pasó de llamarlo “el representante del maligno en la tierra” a decir que “fue el argentino más importante de la historia”. Sin ninguna declaración o reflexión autocrítica que justifique tremendo salto de valoración. Nadie se sorprende: Milei suele exteriorizar brutalmente sus puntos de vista. Lo supo Patricia Bullrich en plena campaña cuando pasó de ser “pone bombas en jardines de infantes” a, ni más ni menos, ministra de Seguridad. Así lo hizo también con otros dirigentes políticos, periodistas y empresarios, donde sus opiniones personales están más ligadas a la inmediatez de su humor que a la historia de los protagonistas.

Es imposible que, durante el Tedeum, el Presidente no se haya sentido aludido por las palabras del arzobispo García Cuerva cuando señaló a aquellos que utilizan el “discurso de odio en redes”. Milei pasa horas en su cuenta de X posteando y reposteando insultos a quienes piensan distinto o lo critican. Milei tuvo que escuchar uno de los discursos más fuertes contra el “modelo social y económico” que aspira a construir, con críticas que hacen más ruido porque provienen de la iglesia católica hacia un presidente que sostiene públicamente que los Diez Mandamientos contienen la base estructural del capitalismo de libre empresa y los valores judeocristianos. Milei afirmó, más de una vez, que respetar estos principios es el único camino hacia la prosperidad y la “abundancia radical” en la Tierra, además, como suele hacer, sobredimensiona la existencia de comunistas y socialistas en el espectro político local y culmina equiparando al socialismo con el satanismo. Salvando las enormes distancias, cualquier líder islámico radicalizado diría lo mismo de aquellos “infieles” que son satanizados por no seguir los “cinco pilares” del Corán para construir una sociedad regida también por una suerte de capitalismo “religioso”. En ellos no sorprende, suelen ser parte de violentas dictaduras teocráticas. Milei, como presidente dentro de una democracia republicana, debe representar otra cosa, bastante distinta.

A los libertarios les hubiese gustado una iglesia más conservadora, muchos menos identificada con lo social y les cuesta aceptar que Francisco cambió a la iglesia argentina y su relación con la gente cuando la puso de cara a la sociedad y sus demandas. “Con esta Iglesia sí”, dicen muchos jóvenes y militantes políticos alejados de ella durante décadas por prejuicios sobre su comportamiento. Así lo sintieron quienes revisaron la prédica pastoral del último líder de la Iglesia católica que supo convocar a quienes estaban fuera de ella y no predican su fe, porque su mensaje tenía un costado de reparación social tan o más fuerte que el espiritual.

¿Cómo actuaría el gobierno a la hora de contrarrestar las críticas en boca de hombres de fe? Probablemente no le alcance con insistir con la absurda calificación denostadora de que se trata de la “iglesia del pobrismo”

Esto abre un interrogante en el debate político local, porque la plática del arzobispo porteño, en el tradicional Tedeum del lunes pasado, dejó abiertas varias preguntas: ¿qué pasaría si quien interpreta las demandas sociales y se comporta como un canal institucional entre la gente y la política pasa a ser la Iglesia? ¿Cómo actuaría el gobierno a la hora de contrarrestar las críticas en boca de hombres de fe? Probablemente no le alcance con insistir con la absurda calificación denostadora de que se trata de la “iglesia del pobrismo”. Sería tramposo, porque el mensaje de hoy habla de sacar a los pobres de la pobreza y no solo atenderlos en ella. Algo a lo que se dedicó gran parte de la dirigencia política durante mucho tiempo.

Las palabras de Jorge García Cuerva del lunes pasado en la Catedral no significaron una bajada de línea de las autoridades clericales a sus miembros, sino una interpretación de sus demandas para llevarlas a los oídos del poder. Está claro que los curas que trabajan en sectores vulnerables intentan, desde hace un tiempo, darle a la Iglesia católica un papel más protagónico que aquel de cumplir con su labor de contenedora espiritual y convertirla en un actor clave en el diálogo político argentino. Un papel que perdieron hace mucho tiempo, también por errores propios. Pero, a diferencia de muchos sindicalistas o dirigentes sociales identificados con determinado partido político, que utilizaron el poder para “clientelizar” la pobreza, la iglesia “posbergogliana”-así la identifican muchos especialistas- tiene la chance de salir al ruedo con cierto plafón de credibilidad que otros no tienen. Estaríamos frente a un escenario novedoso, porque quien pide y exige cambios no estaría demandando compensaciones personales o sectoriales.

La otra pregunta que se impone en este momento de tirantez con la iglesia, luego de las palabras de García Cuerva, es ¿por qué el Papa llegaría al país con la intención de brindar un discurso distinto al del arzobispo porteño? Nada parece indicar que vaya a cambiar el foco de su contendido, muy centrado en subrayar las demandas sociales y en cuestionar la negación de derechos, el fomento del odio como estrategia de acumulación de poder y la ausencia de diálogo político para conseguir soluciones. Hay que tener en cuenta que el presidente argentino es observado en el mundo como un acérrimo seguidor de Donald Trump, a quien no solo defiende sino también imita -ambos califican como portadores del discurso de odio- y que fue el mismo presidente estadounidense quien calificó días a tras a León XIV como “un Papa débil”, poniendo bajo sospecha a El Vaticano por no hacer nada contra la tenencia de armamento nuclear de Irán. Trump dijo algo más: “No quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente aquello para lo cual me eligieron con mayoría aplastante”.

Si se llega a dar la visita del Papa al país, seguramente no escuchemos de su parte un discurso agraviante con palabras que ataquen la figura de Milei. No actúa así la Iglesia que aún vive impregnada por el legado de Francisco, una Iglesia que estratégicamente no busca confrontar, pero tampoco agradar, a los distintos gobiernos y líderes políticos. Pero está claro que los reclamos sobres políticas y formas de administrar el poder, como dijo al arzobispo -descuidando a los más necesitados, generando odio en las redes sociales como estrategia de construcción de poder y la ostentación pública ante las necesidades de la mayoría de la población- no van a estar ausentes en su prédica pastoral. Conceptos rigurosos que, en boca del líder mundial de la Iglesia Católica, fácilmente tendrán tanto otro relieve como impacto político.

De la homilía del día patrio, a pesar de que muchos se quedaron con la frase “nadie se salva solo” -que pertenece al Papa Francisco y que fue recreada como metáfora inspiradora en la serie El Eternauta- que intenta contrarrestar el “sálvese quien pueda” donde parece identificarse ideológicamente el oficialismo, el momento más duro ocurrió cuando García Cuerva advirtió que: “La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte”. Pocos recordaron que fue también Jorge Bergoglio el que presagió el mismo escenario social, utilizando las mismas palabras, en el Tedeum del 25 de mayo de 2002, meses después que se desatara la mayor crisis social y económica de estos tiempos.

Los habitantes de las grandes ciudades jamás piensan en esa perspectiva cuando abren la ducha por la mañana. Tampoco imaginan la dramática realidad que los rodea: 2100 millones de personas -más de 25% de la población mundial- no tiene acceso directo al agua en sus viviendas y otros 3400 millones (40%) carece de servicios de saneamiento, según un informe de 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, actualizado en 2025. Unicef estima, además, que actualmente mueren 1000 niños por día por falta de acceso al agua.

Esas cifras coinciden, en términos generales, con las últimas conclusiones de Sarah Nedolast del Programa del Agua del Banco Mundial. “Si continuamos a ese ritmo en la gestión del agua agrícola, en 2050 no podremos alimentar al mundo”, advirtió. En ese momento, la penuria hídrica podría amenazar más de la mitad de la producción mundial de alimentos.

El stress hídrico que afecta a la mitad del mundo no solo representa un riesgo para la salud mundial, en particular para la población infantil. En los últimos años, ese cuadro no refleja la totalidad de la situación: después de constatar el peligro que acecha a los lagos y fuentes de agua dulce en zonas como la Ciudad de México y los pueblos cercanos al río Colorado -incluyendo parte del territorio de Estados Unidos-, la ONU se resignó a admitir en un informe de enero pasado que esa región, poblada por 55 a 60 millones de personas, se encontraba en “bancarrota hídrica”. Esa situación crítica no es una excepción: al igual que la capital mexicana en 2024, Estambul y Johannesburgo también estuvieron al borde de una sequía total. Los intensos calores pronosticados para el hemisferio norte a partir de junio prevén un stress hídrico total en Teherán -situación agravada por los recientes bombardeos de depósitos y canalizaciones de agua-, así como en Kabul, que está al borde de un colapso total de su sistema que podría durar varios años. Esa perspectiva no solo amenaza a las metrópolis más congestionadas del Tercer Mundo. Desde 2002, también acecha progresivamente a ciudades prósperas que parecían inmunes a ese tipo de riesgo, como Denver, Hong Kong, Londres, Los Ángeles y Miami, que -desde ese punto de vista- están en el mismo nivel que Islamabad, Yakarta, la ciudad de Kuwait, Lahore, Bangalore, Pekín, Beirut, Bogotá, El Cairo, Ciudad del Cabo, Mascate, Nueva Delhi, Shanghai y Tianjin.

A partir de 2030, la escasez afectará progresivamente la producción de alimentos, impactará la actividad económica y amenazará 1700 millones de empleos que dependen del agua, principalmente en la agricultura y la industria

Los especialistas admiten que solo un milagro podría evitar la catástrofe económica que se perfila en el horizonte.

A partir de 2030 -es decir mañana-, la escasez afectará progresivamente la producción de alimentos, impactará la actividad económica y amenazará 1700 millones de empleos que dependen del agua, principalmente en la agricultura y la industria. Esa perspectiva agravará la competencia que representa ahora la inteligencia artificial y la robotización de sectores enteros de la producción. A menos que los gobiernos asuman el inmenso riesgo social de crear una “policía del agua” para impedir la dilapidación, se calcula que la escasez de agua provocará una caída del Producto Interior Bruto (PBI) de 8 % en los países de altos ingresos y entre 10 y 15 % en los de ingresos bajos, un cuadro general que prefigura un panorama de profunda crisis económica, desocupación y hambrunas.

A menos que las naciones supervisen cuidadosamente el suministro de agua a sus poblaciones, las amenazas a la seguridad nacional serán casi una certeza. Una caída de bienestar de semejantes dimensiones penalizará la alimentación, provocará un deterioro en cadena sobre la salud y se convertirá en una potencial bomba de tiempo de epidemias y nuevas patologías. A partir de las próximas décadas, el hombre recurrirá a la violencia extrema para llegar a la fuente primaria de subsistencia: el agua.

Para numerosas sociedades, esa conjunción diabólica se transformará en una auténtica bomba de tiempo. Sin recursos para sobrevivir, columnas enteras de inmigrantes famélicos se lanzarán a las rutas para tratar de llegar hasta algún oasis de prosperidad.

Los primeros indicios claros de esa tendencia aparecerán hacia 2030, cuando la demanda de agua dulce superará la oferta en 40 %. Hasta los sectores más opulentos deberán comenzar a contar las gotas que salen de la canilla. En 2050 ese fenómeno se concentrará en las grandes ciudades y sus periferias, por el simple hecho de que 68 % de la población mundial residirá en zonas urbanas.

En su libro Planeta agua, publicado en 2024, el ensayista Jeremy Rifkin -famoso por sus libros El fin del trabajo y La tercera revolución industrial- fue uno de los primeros en mostrar un leve optimismo al enunciar las esperanzas que podrían aportar las plantas desalinizadoras de agua de mar, que comenzaron a proliferar en todo el mundo. En la actualidad, operan unas 22.000 centrales implantadas sobre todo en las monarquías del Golfo, donde producen entre 70% y 90% del consumo nacional. Los últimos años registraron una fuerte expansión en España -primer productor europeo de agua desalinizada-, Estados Unidos (en particular California, Texas y Florida), China, India y Australia. La actual batería de usinas, sin embargo, apenas satisface el consumo de 660 millones de personas, que representan 8% de la población. Para responder a la demanda global habría que construir 250.000 a 300.000 nuevas plantas, que permitirían multiplicar por 12 o 13 la producción actual. Alcanzar ese nivel requiere un monto colosal de inversiones, teniendo en cuenta los costos de construcción: la inversión prevista para la futura planta jordana Aqaba-Amman, que deberá producir unos 851.000 m³ diarios, es de 4600 millones de dólares.

¿Para qué sirven esos esfuerzos inusitados destinados a saciar la sed humana si la primera idea que tienen algunos dirigentes políticos consiste en pulverizar las plantas desalinizadoras, como acaba de ocurrir en el Golfo? Durante un mes del conflicto Israel-Estados Unidos-Irán fueron bombardeadas cuatro usinas (en Irán, Bahrein, Kuwait y Qatar).

El problema más agudo es que el agua –junto con el hambre– es uno de los principales detonadores de tensiones sociales extremas. La experiencia histórica demostró que, cada vez más, representa un factor de fragilidad internacional, como demuestra la cadena de focos de conflicto que se acumulan entre los 11 países que comparten los recursos del Nilo en los 6.671 km de su recorrido: desde 1840 se construyeron 90 represas de diversas dimensiones y hay otros 60 a 80 proyectos. Todos son polvorines que pueden estallar en cualquier momento. El caso más significativo fue la guerra entre Egipto y Etiopía en 1875-1876. Ese riesgo reaparece cíclicamente desde los años 1970, cuando Egipto inauguró la represa de Assuan y Etiopía replicó anunciando la construcción del grandioso dique Renacimiento, cuyas obras solo pudieron comenzar en 2011.

Esos precedentes confirman que la suma de cinco factores (cambio climático, sumado al abuso de los recursos hídricos, la demanda de consumo de las poblaciones y de la actividad económica, las desigualdades sociales y la incapacidad de gobernanza) serán los principales motores de conflicto e inestabilidad mundial durante el resto del siglo.

Cuando estalle ese incendio, no habrá agua que alcance para sofocar esas llamas.

Especialista en inteligencia económica y periodista

El Chaco condensa los fracasos estructurales de un país. No solo por la velocidad con que desaparecen sus bosques, sino por lo que esa desaparición revela: un modelo económico que destruye riqueza natural sin generar desarrollo humano.

La deforestación no es un accidente ni una consecuencia inevitable del crecimiento. Es el resultado previsible de un sistema que premia la destrucción sobre la conservación. En el Chaco de hoy, el bosque en pie vale menos que el bosque desmontado. La hectárea de monte nativo se subvalúa de manera crónica frente a la tierra agrícola habilitada, cuyo precio puede multiplicarse en meses tras el desmonte. Las multas existen, pero rara vez disuaden: se incorporan como un costo operativo tolerable.

Mientras ese diferencial persista, ninguna norma logrará contener el avance de las topadoras.

Pero hay algo aún más incómodo: este modelo tampoco mejora la vida de la gente. El Impenetrable sigue siendo una de las regiones con mayores niveles de pobreza estructural del país. La riqueza generada por la transformación del territorio no queda en el territorio. Se concentra, se fuga y deja atrás un paisaje degradado y una sociedad más vulnerable. La región chaqueña es un ejemplo elocuente de que la deforestación no es garantía de mejora en la calidad de vida.

Sería ingenuo ignorar la realidad desesperante del norte argentino. El diseño fiscal del federalismo empuja a provincias pobres a financiar su supervivencia consumiendo su propio capital natural, no por irresponsabilidad ambiental, sino porque el sistema las coloca ante una disyuntiva insoluble: conservar los bosques o pagar los sueldos.

En este contexto, los cambios que se discuten sobre la Ley de Bosques Nativos resultan especialmente preocupantes

Esa trampa no se resuelve con más controles si no se resuelve antes con más equidad fiscal y con mecanismos reales de compensación. El bosque chaqueño regula el agua, captura el carbono que todos emitimos y alberga la biodiversidad que el mundo valora. Esos servicios tienen un precio. Hasta ahora, quienes los proveen no lo cobran.

En este contexto, los cambios que se discuten sobre la Ley de Bosques Nativos resultan especialmente preocupantes. No buscan corregir las deficiencias de su aplicación, sino flexibilizar sus mecanismos centrales y reducir las exigencias de control ambiental. Es una decisión política con consecuencias generacionales.

Los mecanismos de diligencia debida que implementa la Unión Europea para cadenas de valor asociadas a deforestación no son una amenaza abstracta: son reglas concretas que condicionarán el acceso de productos argentinos a mercados clave. Ignorar esa realidad no es soberanía; es negligencia comercial.

Lo que hay que hacer

Revertir esta trayectoria exige intervenir sobre tres variables. En materia de incentivos, crear condiciones para que el bosque en pie tenga un valor de mercado real: mercados de carbono, pagos por servicios ambientales, instrumentos fiscales efectivos. En materia de gobernanza, construir sistemas de control con capacidad sancionatoria real. Y en materia de desarrollo, reconocer que las comunidades que habitan el Chaco son los guardianes más eficaces del bosque cuando el Estado les reconoce derechos y los integra como protagonistas.

El verdadero dilema no es entre producción y conservación. Es entre un modelo que agota el capital natural y perpetúa la pobreza, y otro que construye riqueza real y duradera.

La Argentina tiene la posibilidad y la responsabilidad de demostrar que ese segundo camino es posible. Proteger el Chaco no es un gesto altruista. Es una obligación moral.

En los últimos días circuló una explicación apresurada sobre un problema complejo. Se sugirió que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo habría provocado la caída de la natalidad, que esa caída aceleraría el envejecimiento demográfico y que, como consecuencia, el sistema previsional argentino quedaría comprometido. La secuencia parece ordenada y ofrece una respuesta simple para una preocupación real. Sin embargo, mezcla procesos distintos, los ubica en una relación causal que no está demostrada y deja fuera dimensiones decisivas de la cuestión previsional. La demografía importa, desde luego, pero cuando se la usa sola para explicar fenómenos económicos e institucionales complejos, el análisis queda incompleto y las conclusiones pueden ser engañosas.

El primer problema de ese argumento es temporal. La Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo entró en vigencia el 24 de enero de 2021. La fuerte caída reciente de la fecundidad argentina comenzó bastante antes. El punto de inflexión se ubica alrededor de 2014, cuando la tasa global de fecundidad rondaba los 2,4 hijos por mujer. En 2021, cuando la ley comenzó a regir, ese valor ya se había reducido a aproximadamente 1,6. En 2024 llegó a cerca de 1,3. Dicho de manera directa, la mayor parte del descenso ya estaba en marcha varios años antes de la entrada en vigencia de la norma. Para sostener que la ley provocó la caída de la natalidad harían falta estudios causales específicos, capaces de aislar su efecto de otros cambios sociales, económicos, culturales y reproductivos. Esa evidencia, para la Argentina, no existe con la solidez que exigiría una afirmación tan categórica.

El segundo problema es conceptual. La natalidad y la fecundidad no cambian por una sola causa. Cambian por la expansión educativa de las mujeres, la participación laboral, la edad a la primera unión, el acceso a métodos anticonceptivos, las expectativas sobre el futuro, la estabilidad de los ingresos, el costo de la vivienda, la disponibilidad de servicios de cuidado y la manera en que se distribuyen las responsabilidades familiares. Los estudios que buscaron identificar efectos de las normas sobre interrupción voluntaria del embarazo encuentran impactos más claros sobre la fecundidad adolescente que sobre la descendencia final de las mujeres. Puede reducirse la maternidad temprana sin que necesariamente se reduzca, en la misma magnitud, el número total de hijas e hijos que una mujer tendrá a lo largo de su vida. En la Argentina, la fecundidad adolescente cayó de manera muy pronunciada entre 2014 y 2024, pero esa reducción no fue compensada por un aumento equivalente de nacimientos en edades posteriores. Allí aparece una pregunta más relevante que la asociación automática con la ley. La cuestión central es por qué las mujeres adultas están teniendo menos hijas e hijos que generaciones anteriores.

Esa pregunta desplaza el debate hacia un terreno más incómodo, pero también más productivo. La maternidad y la paternidad no ocurren en el vacío, sino dentro de una organización social determinada. Tener hijas e hijos supone tiempo, ingresos, organización cotidiana y redes de apoyo. En una sociedad donde criar implica altos costos económicos, jornadas laborales extensas, escasez de servicios de cuidado, viviendas caras, ingresos inestables y una distribución desigual del trabajo doméstico, la fecundidad tiende a reducirse. Esto no significa que las personas hayan dejado de valorar la familia. Significa que las condiciones para formar y sostener hogares con hijas e hijos se han vuelto más exigentes. La discusión pública debería preguntarse menos por la supuesta responsabilidad de una ley y más por las condiciones concretas que hacen posible, o dificultan, tener las hijas y los hijos que se desean tener.

El vínculo con el sistema previsional también requiere mayor precisión. Es cierto que una fecundidad baja modifica, en el largo plazo, la estructura por edades de la población. También es cierto que una sociedad envejecida enfrenta mayores desafíos para financiar jubilaciones, salud y cuidados. Pero el sistema previsional no depende solamente de cuántas personas nacen. Depende de cuántas trabajan, de cuántas consiguen empleos registrados, de cuántas aportan de manera continua, de la productividad de la economía, del nivel de salarios, de la estructura tributaria, de los procesos migratorios y de la capacidad del Estado para financiar derechos sociales. Reducir la discusión previsional al número futuro de nacimientos implica mirar una sola pieza de un engranaje mucho más amplio.

En América Latina, y la Argentina no es una excepción, una parte decisiva del problema previsional está en el mercado de trabajo. La informalidad laboral, la intermitencia contributiva y la expansión de ocupaciones sin protección social erosionan la base de aportantes mucho antes de que los efectos de la baja fecundidad se manifiesten plenamente. A esto se suma la expansión de formas de trabajo mediadas por plataformas, contratos débiles, y arreglos laborales que trasladan riesgos hacia las personas trabajadoras. Este proceso puede tener efectos previsionales mucho más rápidos que el cambio demográfico, porque afecta hoy la capacidad de aportar de quienes ya están en edad activa. Las moratorias y las jubilaciones no contributivas fueron, en parte, respuestas a trayectorias marcadas por informalidad, desempleo, trabajo doméstico no remunerado y discontinuidad contributiva. La diferencia actual es que la precarización se extiende también sobre sectores que deberían constituir la base regular de aportes.

La caída de la natalidad es un fenómeno global y debe tomarse en serio. Pero tomarla en serio exige evitar explicaciones fáciles. Países con interrupción voluntaria del embarazo legal desde hace décadas, con políticas familiares más desarrolladas y con sistemas de cuidado más amplios también enfrentan fecundidades bajas. La diferencia está en que esas sociedades discuten cómo distribuir mejor los cuidados, cómo reducir los costos de la crianza, cómo compatibilizar empleo y familia y cómo sostener sistemas previsionales en economías de mayor productividad.

La demografía importa, pero no alcanza. La sostenibilidad previsional no se resolverá culpando a las mujeres o las parejas por tener menos hijas e hijos ni atribuyendo a una ley reciente un proceso que empezó antes. Se resolverá con una economía capaz de generar empleos protegidos, con políticas de cuidado que distribuyan responsabilidades, con ingresos suficientes para sostener proyectos familiares y con un Estado que piense el envejecimiento como parte de una estrategia integral de desarrollo. El problema no está sólo en cuántas personas nacerán mañana, sino en qué condiciones de vida estamos construyendo hoy.

¿Está mal darse el gusto de cantar o comprarse un auto de lujo? Por supuesto que no. El desafío es reconocer las distancias -que a veces suelen ser cortas- entre la tenencia y la ostentación, entre la espontaneidad y el exhibicionismo. Cuando ya se convierte en estilo, la provocación empieza a esconder algo de fondo: la incapacidad de autolimitarse; la idea de que se puede ejercer el poder sin frenos inhibitorios.

El exhibicionismo se presenta como un rasgo de autenticidad: “Soy como soy; yo no disimulo, no ´la careteo´”. El alarde y la desmesura son reivindicados como actitudes genuinas. La contención, entonces, es siempre sospechosa de falsedad; el recato se asimila a la hipocresía y la sobriedad es despreciada como una antigüedad propia de “la casta”. Detrás de esa retórica demagógica, que tal vez sea efectiva y redituable en el corto plazo, anida, sin embargo, una confusión peligrosa: la idea de que el poder no implica límites ni supone responsabilidades: todo está permitido y “yo digo y hago lo que quiero”.

Hace unos meses, cuando le consultaron sobre el revuelo que había generado al decir que jamás compra su ropa en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio esta explicación: “Lo que pasa es que yo no soy político; entonces digo las cosas como me salen”. La espontaneidad y la franqueza son, por supuesto, dos virtudes. Pero cuando el funcionario público no mide el costo de sus palabras, no calibra el impacto de lo que dice y reivindica la osadía de hacer declaraciones sin filtro, ¿es espontaneidad o irresponsabilidad? ¿es franqueza o imprudencia? Las fronteras entre unos y otros conceptos pueden parecer difusas, pero reconocerlas es una parte esencial de la función pública.

Detrás de la sobriedad, es cierto, puede esconderse cierta dosis de hipocresía. Eso no le quita, sin embargo, la condición de virtud republicana. En la discreción y el pudor hay una especie de institución informal: un mecanismo que regula nuestras conductas y limita los excesos sin necesidad de una ley. La austeridad, además, es una señal de que el funcionario pone el cargo por encima de su ego. La mesura en los gestos y el lenguaje es parte de un ejercicio responsable del poder. Del funcionario cabe esperar una actitud franca y espontánea, pero también cuidadosa, reflexiva y cauta. Entre la frescura y el acartonamiento hay un trecho largo: se puede ser sobrio sin ser pacato; se puede ser descontracturado sin ser burdo.

El avance del exhibicionismo por encima del decoro es algo que trasciende, por supuesto, el territorio de la política y también la dimensión local. Es parte de una mutación cultural mucho más amplia, que atraviesa los códigos de convivencia, la comunicación en las redes, el lenguaje público y hasta la vida social. Hay una audiencia que celebra la desmesura y premia el exceso. Percibe al insulto y la violencia verbal como actitudes de sinceridad y coraje. Y encuentra en la ostentación y el exhibicionismo un atajo para alcanzar notoriedad. En esa atmósfera, el lenguaje cuidadoso y la prudencia discursiva son rechazados como una forma de deshonestidad de la elite, como si reprimir el impulso no fuera un rasgo de madurez y de responsabilidad.

La sobriedad retórica no es, sin embargo, una cuestión estilística y formal. En el equilibrio y la precisión del lenguaje hay un reconocimiento de la complejidad de las cosas, de la sensibilidad que involucran determinados temas y del cuidado con el que deben ser abordados. Cuando el poder exalta la estética del insulto, la hipérbole y la simplificación brutal, el debate público se deteriora inevitablemente, la posibilidad de diálogo desaparece y se exacerba una lógica de agravios y antagonismos que incuba odios y resentimientos en el tejido social, de los cuales es difícil volver. El rigor y la verdad también caen en el combate. La vara ética se subordina a las simpatías y las conveniencias propias.

Cuando el poder exalta la estética del insulto, la hipérbole y la simplificación brutal, el debate público se deteriora inevitablemente

La política se torna, así, cada vez más burda, más tosca, más estridente. Al encuadrar la exhibición de un Tesla como “batalla cultural”, lo que se hace es fijar un estándar: no discutimos ideas ni valores, sino imágenes y eslóganes. Es una forma de empobrecer el debate público que hasta resulta injusta con el propio oficialismo. Se caería en la simplificación, la arbitrariedad y el trazo grueso si se redujera el mileísmo al Tesla, la cascada y el insulto, como también es arbitrario reducir la década menemista a la imagen simbólica de la pizza y el champagne. El actual es un proceso político, económico y cultural mucho más complejo, en el que el balance todavía es provisorio e incierto, pero en el que ya pueden anotarse algunos logros significativos: el saneamiento macroeconómico, la recuperación del orden en las calles, la boleta única y la reforma laboral, por citar algunos hitos fundamentales de una gestión que fue respaldada en la elección de medio término. Sin embargo, la beligerancia, la desmesura y la prepotencia tienden a escribir la melodía de la época, con el riesgo de imprimirle un sello de identidad a un gobierno que desprecia el recato y la moderación.

Tal vez sea necesario recordar que la austeridad republicana -que ya había muerto con el kirchnerismo y es enterrada ahora por el mileísmo- era, al fin y al cabo, el reconocimiento de que el poder necesita límites y formas para no convertirse en pura fuerza. Implicaba una manera de respetar al otro, además de una noción de responsabilidad institucional. Hacía que el hombre público se contuviera (en el gasto, en el gesto, en la palabra) porque reconocía que debía rendir cuentas a toda la sociedad.

Ese concepto hoy está resquebrajado. En un tejido social y cultural más fragmentado, se actúa para la propia tribu. Se han debilitado los valores compartidos y se ha diluido cierto consenso sobre el valor de las formas republicanas. Cada uno corteja a su “núcleo duro”, siempre dispuesto a aplaudir lo que otros considerarían vergonzoso.

Se han debilitado los valores compartidos y se ha diluido cierto consenso sobre el valor de las formas republicanas.

Sin embargo, hay algo que enseña la historia política de los últimos años: la “tribu propia” no alcanza. Un gobierno que se repliega en el fanatismo se expone a encoger su base de sustentación. La ausencia de frenos inhibitorios puede ser muy rendidora ante la militancia, pero deteriora la confianza, transmite imprevisibilidad y devalúa la palabra del poder.

La homilía del arzobispo de Buenos Aires, en el tedeum del 25 de mayo, reinstaló en debate público algunas palabras olvidadas: diálogo, empatía, sensibilidad, cordialidad y respeto. Lo dijo desde el púlpito, pero también desde la calle. La última aparición estelar de Jorge García Cuerva había sido el 18 de abril de este año, ante una impactante multitud de jóvenes que se reunió frente a la Catedral porteña para escuchar a un cura DJ que combina música electrónica con mensajes ecuménicos. Si conectamos ambas escenas, asoma una pregunta: las palabras de García Cuerva, ¿son tan viejas y anacrónicas como algunos suponen? ¿O interpretan a gran parte de la sociedad y de los jóvenes que creen en esos valores? Quizá, en contra de algunos prejuicios dominantes, hay una generación que todavía reconoce esas instituciones informales que regulan la atmósfera social en la que vivimos todos, los unos y los otros, sin importar la facción a la que pertenezca cada cual.

Y hay algo profundamente educativo en ese momento. La expectativa, la sorpresa, la alegría, la frustración, el intercambio con otros. El álbum de figuritas puede parecer apenas un fenómeno de consumo, y en parte lo es. Pero también puede ser una oportunidad de aprendizaje muy valiosa si los adultos sabemos mirarla y acompañarla.

No se trata de idealizar las figuritas ni de negar que alrededor del Mundial se mueve una industria enorme. Tampoco de desconocer que, como todo consumo, puede volverse problemático si genera ansiedad, presión o gasto desmedido. Pero justamente por eso vale la pena detenerse. Porque en esa escena cotidiana -comprar sobres, abrirlos, ordenar, repetir, cambiar, esperar- aparecen muchas de las habilidades que hoy necesitamos enseñar.

La primera es la espera. En un tiempo atravesado por la inmediatez, donde casi todo parece disponible al instante, las figuritas proponen otra lógica. Uno puede desear mucho una figurita y aun así no obtenerla. Puede abrir un paquete, dos, diez, y que no aparezca. Puede incluso no aparecer nunca. Y eso, aunque parezca pequeño, es un aprendizaje enorme. No todo deseo se satisface de inmediato. No todo lo que quiero llega cuando yo quiero. No siempre alcanza con insistir o con pedir más. A veces hay que esperar, buscar, intercambiar, aceptar, frustrarse y seguir.

En un tiempo atravesado por la inmediatez, donde casi todo parece disponible al instante, las figuritas proponen otra lógica. Uno puede desear mucho una figurita y aun así no obtenerla. Puede abrir un paquete, dos, diez, y que no aparezca. Puede incluso no aparecer nunca

La segunda es la administración del deseo. Los adultos tenemos ahí un rol central. No importa solamente cuántos paquetes puede comprar una familia, sino qué aprendizaje se construye alrededor de esa compra. Incluso si un padre o una madre pudiera comprarle 300 paquetes a su hijo, eso no significa que deba hacerlo. Dar todo de golpe no necesariamente genera más disfrute. Muchas veces genera más ansiedad.

Porque si un chico abre dos paquetes esperando que salga Messi y no sale, puede frustrarse. Pero si abre 300 y tampoco aparece, la frustración puede ser todavía más grande. La abundancia no siempre calma el deseo; a veces lo acelera.

Por eso las figuritas también son una oportunidad para hablar de educación financiera. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuántos paquetes puedo comprar? ¿Qué decido hacer con lo que tengo? ¿Qué significa ahorrar para algo que deseo? ¿Cómo manejo la ansiedad de querer completar el álbum? Hay chicos que juntan plata, ayudan en su casa, lavan autos, cortan el pasto o hacen pequeños acuerdos familiares para poder comprar figuritas. Ahí también hay aprendizaje: esfuerzo, planificación, decisión y responsabilidad.

La tercera dimensión es el encuentro con otros. En un contexto donde buena parte de la vida social de los chicos pasa por pantallas, el intercambio de figuritas recupera algo simple y poderoso: mirarse a la cara. Preguntar. Negociar. Escuchar. Acordar. Decir “esta la tengo”, “esta me falta”, “esta vale más”, “te cambio dos por una”. Aprender que un intercambio implica reglas, confianza y también consecuencias.

Por supuesto, pueden aparecer conflictos. Puede haber peleas, arrepentimientos, discusiones sobre cuánto vale una figurita o qué pasa si alguien se siente engañado. Pero esos conflictos no son necesariamente un problema a evitar; también pueden ser parte del aprendizaje. La escuela y la familia pueden ayudar a construir acuerdos: cómo se llevan las figuritas al colegio, en qué momentos se cambian, qué cuidados hay que tener, qué pasa si alguien se arrepiente, cómo se resuelven las diferencias.

Educar no es eliminar toda dificultad, también es acompañar a los chicos para que aprendan a atravesarla.

El Mundial como llave de la curiosidad

Un chico que busca una bandera, que pregunta dónde queda un país, que quiere saber qué idioma se habla, qué moneda se usa o cuánto tarda un avión en llegar hasta allí, está aprendiendo desde un interés genuino. Y cuando aparece la curiosidad, la escuela tiene una puerta de entrada extraordinaria.

El Mundial permite trabajar geografía, historia, culturas, idiomas, estadísticas, reglas, convivencia y fair play. Los países dejan de ser nombres abstractos en un mapa y se convierten en camisetas, himnos, jugadores, relatos y comunidades. Detrás de cada selección hay una historia. Detrás de cada bandera, una identidad. Detrás de cada partido, una forma de mirar el mundo.

Pero para que eso suceda, la escuela no tiene que “disfrazar” cualquier contenido de Mundial. No se trata de hacer una cuenta de matemática simplemente diciendo que un jugador metió dos goles. Trabajar por proyectos no es cambiarle el nombre a los ejercicios de siempre. Es tomar el interés real de los alumnos y convertirlo en una experiencia desafiante, curiosa, significativa.

El Mundial puede ser una gran excusa para investigar, comparar, debatir, leer, escribir, calcular, ubicar, analizar y comprender. Puede ser un proyecto que reúna distintas áreas y distintos caminos de acceso para alumnos con intereses y habilidades diversas. Pero para eso hay que hacer algo más que decorar el aula con pelotas y banderas. Hay que animarse a abrir preguntas.

¿Qué sabemos de los países que participan? ¿Cómo se preparan los jugadores para llegar hasta ahí? ¿Qué reglas ordenan el juego? ¿Qué significa competir? ¿Cómo se gana sin humillar? ¿Cómo se pierde sin destruirse? ¿Qué lugar ocupa el respeto por el rival? ¿Qué emociones aparecen cuando alentamos? ¿Qué hacemos con la frustración?

A veces, los mejores aprendizajes no aparecen cuando imponemos un tema, sino cuando sabemos leer aquello que ya está movilizando a los chicos

El deporte permite hablar de convivencia de una manera muy concreta. En la cancha hay pasión, competencia, deseo de ganar. Pero también hay límites, reglas, árbitros, sanciones y acuerdos. En tiempos donde muchas veces nos cuesta convivir con quien piensa distinto, el fútbol ofrece una escena clara: se puede competir sin dejar de reconocer al otro.

En la Argentina, además, el Mundial tiene una dimensión comunitaria muy particular. Reúne familias, amigos, escuelas, barrios, bares, oficinas. Por unas semanas, algo común parece ordenar la conversación pública. No elimina las diferencias ni resuelve las tensiones sociales, pero nos recuerda que todavía existen experiencias capaces de reunirnos alrededor de una emoción compartida.

Por eso el Mundial no es solo fútbol. Y las figuritas no son solo figuritas. Son una oportunidad.

A veces, los mejores aprendizajes no aparecen cuando imponemos un tema, sino cuando sabemos leer aquello que ya está movilizando a los chicos. El Mundial va a entrar a la escuela, a las casas y a las conversaciones. La pregunta es qué hacemos los adultos con eso.

Podemos dejar que pase como un simple furor de temporada. O podemos tomarlo como lo que también es: una ventana para educar.