Una de las lecciones del último siglo es que una moneda estable requiere de un banco central independiente. Su carta orgánica es el “santo grial” de la estabilidad monetaria. Según cómo se escriba, se puede construir una moneda estable o una hiperinflación. El debate “reglas versus discrecionalidad” ha conducido a conclusiones muy intuitivas. Cuanto más baja es la credibilidad de un banco central, mayor es el valor de seguir una regla de política monetaria. A lo largo de la historia, nuestro país administró 5 signos monetarios y le quitó 13 ceros a la moneda.

Parece evidente la necesidad de construir credibilidad sobre la base de reglas. Y esto conduce a dos preguntas esenciales: ¿qué reglas deberían fijarse y cómo lograr que perduren en el tiempo? En los períodos en que la Argentina respetó reglas básicas para su moneda, la inflación dejó de ser un problema. Las reglas que fueron comunes a todos esos períodos de estabilidad no fueron instrumentales a la política monetaria, como fijar o flotar el tipo de cambio o fijar la cantidad de dinero o la tasa de interés, sino reglas profundas relativas al funcionamiento institucional del BCRA.

El Banco Central tenía como únicos objetivos la estabilidad de precios y la estabilidad financiera

Esas reglas, comunes a los períodos de estabilidad, fueron las siguientes: el Banco Central tenía como únicos objetivos la estabilidad de precios y la estabilidad financiera; enfrentaba límites severos o, lisa y llanamente, una prohibición de emitir dinero para financiar al fisco; contaba con independencia y autonomía funcional, y la moneda era libremente convertible.

La segunda pregunta es más difícil de responder. La gran mayoría de los países que sufrieron procesos de alta inflación a lo largo de su historia resolvieron este problema de manera contundente: consagraron la independencia de sus bancos centrales y fijaron reglas fiscales en la propia Constitución nacional. Chile, Colombia, Perú y Uruguay son ejemplos cercanos, pero hay muchos. Por varias razones, la Argentina no lo hizo en su reforma de 1994. Y ese camino, por el momento, luce inconveniente y azaroso.

Una parte del problema ha sido el uso y abuso de los DNU para vulnerar la independencia del Banco Central, el presupuesto e, incluso, el crédito público

Sin embargo, hay mucho por hacer dentro de la Constitución para fortalecer la independencia del Banco Central. Una parte del problema ha sido el uso y abuso de los DNU para vulnerar la independencia del Banco Central, el presupuesto e, incluso, el crédito público. Dotar de autonomía al Banco Central exigirá, paradójicamente, devolverle soberanía al Congreso. Con Horacio Liendo hemos propuesto incorporar la figura penal de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en caso de violación de la Carta Orgánica del BCRA o de alguno de sus artículos.

No se trata de una simple formalidad o de establecer castigos más severos. Se trata de limitar el uso de DNU, que nuestra Constitución prohíbe en materia penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos políticos. El riesgo de reversibilidad de las leyes existe. Pero eso no puede inhibirnos de diseñar las normas correctas. Porque el diseño de las instituciones influye en los resultados. Y los buenos resultados influyen en la continuidad de las instituciones. Henry Ford decía que “el fracaso es una oportunidad para empezar otra vez, pero con más inteligencia”. Eso debemos hacer los argentinos si pretendemos recuperar la moneda nacional.

Esto debería resultar una obviedad -en particular para aquellos que son abogados o que integran el Poder Judicial o, incluso, el Ministerio Público-, pero parece que no es tan obvio cuando vemos lo que ocurre en algunas investigaciones a lo largo y a lo ancho del país. En particular, aquellas en las que algún poderoso personaje aparece como acusado.

Basta con observar el devenir de la investigación que tiene a Martín Insaurralde y a su exesposa Jésica Cirio entre los protagonistas. La pesquisa no avanza, el juez federal Luis Armella muestra escaso o nulo interés por impartir justicia y el fiscal federal Sergio Mola acumula reproches porque intenta hacer su trabajo. Es decir, la función por la que todos nosotros les pagamos un salario con nuestros impuestos.

Mientras el fiscal Mola insiste, correctamente, desde hace meses en promover medidas de prueba, ampliar la investigación y avanzar sobre aspectos patrimoniales del expediente, el juez Armella ha rechazado o demorado varias de esas iniciativas

La división de funciones entre jueces y fiscales no es un tecnicismo jurídico: constituye uno de los pilares sobre los que descansa el funcionamiento del sistema penal y, en última instancia, la confianza de la sociedad en la administración de justicia. Cuando alguno de esos engranajes deja de cumplir el papel que le asigna la Constitución nacional, no solo se resiente una causa judicial. Se debilita el Estado de Derecho.

Vale la pena recordar ese principio porque, con demasiada frecuencia, las investigaciones sobre corrupción terminan naufragando entre demoras, expedientes que pierden impulso y decisiones que postergan indefinidamente la búsqueda de la verdad. En ese contexto, el rol de los fiscales adquiere una relevancia decisiva. Son ellos quienes tienen la obligación legal de investigar los delitos, reunir pruebas, promover la acción penal y actuar en representación del interés general de la sociedad, con objetividad, independencia y lealtad procesal.

No siempre esa tarea resulta sencilla. Investigar a funcionarios o exfuncionarios con poder político, económico o capacidad de influencia suele implicar resistencias de distinta naturaleza. Precisamente por eso el Ministerio Público Fiscal fue concebido como un órgano con autonomía funcional, para impulsar las investigaciones sin depender de los intereses circunstanciales del poder político ni de las conveniencias de los propios investigados.

La causa que tiene entre sus principales protagonistas a Insaurralde y a Cirio ofrece un ejemplo elocuente de esa tensión. Mientras el fiscal Mola insiste, correctamente, desde hace meses en promover medidas de prueba, ampliar la investigación y avanzar sobre distintos aspectos patrimoniales del expediente, el juez Armella ha rechazado o demorado varias de esas iniciativas, generando una diferencia de criterios que ya resulta inocultable.

El episodio más reciente ocurrió hace unos días, cuando Mola solicitó la detención de ambos ante el riesgo procesal que, según sostuvo, representaban las nuevas evidencias incorporadas al expediente, entre ellas, los videos en los que se observa a la modelo rodeada de fajos de dólares guardados en bolsas dentro de un vestidor, un hallazgo que los investigadores estiman en millones de dólares. Pero el magistrado, inexplicablemente, no compartió ese criterio. Mola, por su parte, considera que los dólares en bolsas de plástico que se vieron en los videos grabados por Cirio en un vestidor son de la pareja y se los imputará a la hora de tener que justificar sus bienes y pedir nuevamente su declaración indagatoria.

No se trata de una discrepancia aislada. Desde el año pasado, ese fiscal sostiene -junto con Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)- el pedido de indagatoria a Insaurralde, apoyado en un informe patrimonial que detectó decenas de millones de pesos en gastos sin justificar, solo por viajes al exterior. Esa solicitud tampoco prosperó. Más tarde, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) impulsó profundizar la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el respaldo institucional a esa estrategia también se debilitó tras el desplazamiento de uno de sus principales funcionarios.

El transcurso de los días, los meses y los años deteriora las pruebas, facilita maniobras defensivas, dificulta reconstruir los hechos y termina afectando la confianza ciudadana en la capacidad del sistema judicial para llegar a la verdad

A esa serie de diferencias se suma ahora la decisión de excluir a Carolina Álvarez, segunda esposa de Insaurralde, del peritaje contable destinado a determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir el terreno sobre el que luego se construyó la casa de San Vicente. Mientras el juez entiende que Álvarez no se encuentra imputada, Mola y la asociación Poder Ciudadano sostienen con buen criterio que la investigación la considera una presunta testaferro y que su exclusión compromete el alcance del peritaje. Y otro buen fiscal involucrado en el expediente, Diego Iglesias, fue todavía más explícito al señalar que resulta difícil comprender esa decisión después de que el propio juzgado hubiera dispuesto medidas cautelares sobre su patrimonio. Así las cosas, será la Cámara Federal de La Plata la que deba resolver esa controversia.

Mientras tanto, pasa el tiempo y medidas básicas de investigación llegan con una demora difícil de explicar cuando las investigaciones por corrupción exigen rapidez. El transcurso de los días, los meses y los años deteriora las pruebas, facilita maniobras defensivas, dificulta reconstruir los hechos y termina afectando la confianza ciudadana en la capacidad del sistema judicial para llegar a la verdad. Por eso el impulso de los fiscales no constituye un detalle procesal, sino una condición indispensable para que las causas avancen. Que luego los jueces compartan o no sus planteos forma parte del funcionamiento normal del sistema acusatorio. Lo preocupante aparece cuando las diferencias terminan traduciéndose en expedientes que pierden dinamismo y generan impunidad.

La Argentina asumió, además, compromisos internacionales para investigar con eficacia los delitos de corrupción y el lavado de activos. No se trata únicamente de satisfacer estándares exigidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino de cumplir una obligación elemental frente a los ciudadanos: demostrar que las sospechas de corrupción serán investigadas con la misma intensidad, cualquiera sean sus protagonistas.

Los fiscales no están llamados a garantizar condenas, sino a investigar, impulsar las causas y procurar que los jueces cuenten con todos los elementos necesarios para decidir. Cuando cumplen esa función con independencia, merecen respaldo institucional, aun cuando sus planteos sean finalmente rechazados. Porque una democracia necesita jueces imparciales, y fiscales activos. Sin investigaciones diligentes no hay decisiones judiciales fundadas. Y, sin ambas cosas, la certeza de que todos somos iguales ante la ley se convierte en una mera declaración de principios.

Quizá debamos recordar que el fin último de los fiscales, cuando ejercen bien su función, es actuar en defensa de los intereses generales de la sociedad. Cuando perdemos de vista esa premisa, retrocedemos como comunidad y la corrupción gana la batalla.

En aquellos tiempos de monarcas absolutos que interferían groseramente en los asuntos de otros países, antes de los triunfos y derrotas de Napoleón y del Congreso de Viena que consolidó los principios de no injerencia y de equilibrio de poder para preservar la paz, algunos americanos del norte y del Sur, Jefferson, Franklin, Washington, Belgrano, San Martín, Bolívar o Saavedra, iniciaron el experimento republicano, ingresando en un territorio desconocido. El noble francés Alexis de Tocqueville viajó al norte para entender que estaba pasando y volvió a su país escribiendo Democracia en América, donde anunciaba el fin de las monarquías absolutistas y el comienzo de un experimento inusitado, el de los hombres considerados iguales ante la ley, actuando en libertad. Si juzgamos por los resultados del experimento, se trató de la revolución más grande de la humanidad, que había mantenido su pobreza por decenas de miles de años y desde fines del siglo XVIII multiplicó sus riquezas de todo tipo por miles. Mi abuela nació antes del auto y vio al hombre en la luna y a Internet.

Es un lugar común decir que compartimos con los demócratas del norte los valores idénticos de nuestras constituciones y eso es verdad en los papeles, aunque hay una diferencia relevante. Nuestros dos tratados políticos de paz interna y de guía externa, que eso son las constituciones, reconocen que fuimos creados iguales y que tenemos derechos y libertades que ningún gobierno nos puede quitar y, si lo hicieran, ello nos autorizaría a reemplazarlos. La diferencia es que los colonos del norte creyeron religiosamente en su derecho al autogobierno y defendieron otro derecho y deber, que es el de ser responsables de su propia vida. Una palabra moderna define eso: agencia. El que toma las decisiones, se dice últimamente que tiene “agencia”. La prosperidad y fortaleza de los Estados Unidos se basa en el estado de derecho -que limita cualquier poder y garantiza justicia igual para todos bajo la misma ley-, y en la agencia personal. Cada persona decide y es responsable por su vida, tiene libertad para elegir entre el bien y el mal y asumir las consecuencias de su decisión y puede y debe ganar el pan con el sudor de su frente. El gobierno y la solidaridad de sus conciudadanos y los principios morales deben ayudar a igualar oportunidades y asistir en los altibajos de la existencia, para fortalecer y no para reemplazar la agencia personal. Nuestra historia colonial, en cambio, viene de la eterna tradición de la agencia estatal. Washington decía que no se podían pedir ni conceder privilegios; en nuestro virreinato el rey vendía los cargos de recaudador de impuestos y mucho después dicen que se vendía la jefatura de ciertas comisarías. “Hacéte amigo del juez”.

Los argentinos estamos haciendo nuevamente el experimento de la agencia personal y de la libertad para contratar desde la propia propiedad, pero un requisito esencial de la libertad personal es el respeto de las reglas de convivencia, la seguridad jurídica de toda persona, que no es otra cosa que la limitación de la decisión arbitraria del poderoso, del mafioso o del gobernante. El juez Holmes decía que el derecho consiste en saber qué es lo que se va a decidir en una controversia judicial, suponiendo que los jueces sean de la ley y no del poder. Eso generaría -como generó por breves años en nuestro pasado- progreso, prosperidad y poder nacional. Es un experimento de valor histórico, que vale la pena.

Este momento musical que viví tiempo atrás en las calles del barrio volvió a mi memoria cuando me topé hace poco con un par de relatos sobre cómo se dio la llegada al Río de la Plata del bandoneón, instrumento que es prácticamente un sinónimo del tango. Lo que me fascinó fue que hay más de una versión sobre su arribo. Y me dan unas ganas enormes de que todas sean ciertas.

En esta difusa llegada del instrumento al país hay algo que es innegable: el bandoneón nació en Alemania. Y otra cosa en la que las versiones coinciden es que, la primera vez que se escuchó ese fuelle en estas tierras fue en los momentos de descanso de las tropas en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Autores como Felipe Bosch señalan que un moreno llamado José Santa Cruz, soldado del ejército de Mitre, habría sido el primero que ejecutó para sus colegas uniformados este aerófono pariente de la concertina y el acordeón.

El conflicto bélico sudamericano se desarrolló entre 1865 y 1870, tiempos en los que el tango estaba en su génesis. Sin embargo, se dice que el negro Santa Cruz tocaba vidalitas y estilos en los campamentos militares. Y cuando le preguntaban el nombre de ese novedoso instrumento, él respondía que se llamaba “mandonion”, porque eso le había entendido a la persona que se lo entregó. Es que el músico había obtenido ese artefacto en el puerto del Riachuelo. Se lo había cambiado por ropas y vituallas a un marinero rubio, tripulante de un carguero alemán amarrado allí.

El instrumento tenía –hablamos siempre de versiones- una chapita en la que decía: “Band-union”, o “Band-onion” en referencia al luthier germano Heinrich Band que lo había desarrollado como variante de la concertina, y a la sociedad que creó para comercializarlo. Todo ello, en la ciudad de Krefeld, al oeste de Alemania, a mediados del siglo XIX.

Es difícil pensar que un hombre que trajo del otro lado del mundo un instrumento singular se lo cambiara por chucherías a un moreno porteño agazapado entre las cargas y descargas del Riachuelo. Quizás por ello es que surge otro relato. Acá también suena la ronca voz del bandoneón en los tiempos de sosiego de los campamentos de la guerra del Paraguay. Pero esta vez, el improvisado concertista sería un herrero suizo de nombre Juan Schumacher.

Se sabe de este hombre que llegó a las costas del Río de la Plata en 1862, junto a otros compatriotas en un viaje de El Havre, Francia, a Montevideo. El diario de uno de los pasajeros de esa embarcación, el mayor Federico Bien, señala a su coterráneo Schumacher como “nuestro bandoneonista”.

Pero resta decir que no hay registros firmes de que este músico helvético, que se instaló en Entre Ríos, haya tenido una participación en la mencionada guerra. De modo que esta versión también tiene sus flancos flojos.

Lo concreto es que este instrumento nació en Alemania por la necesidad de crear un aerófono portátil que pudiera reproducir la sonoridad de los órganos de las iglesias, para acompañar los oficios luteranos. Y, por caminos que aún no se dilucidan –¿un inmigrante suizo? ¿un soldado afroargentino?- llegó al Río de la Plata donde, a la vez que fue evolucionando, se convirtió en el corazón de un nuevo ritmo, nacido en las márgenes porteñas y marcado por la nostalgia, conocido como tango. Esa queja musical que me alcanza por sorpresa, una tarde cualquiera, en una calle de Boedo.

Inspirado por el sistema educativo estadounidense y por las ideas de Horace Mann, impulsó una transformación que cambiaría el destino de la Argentina. El desafío era inmenso. No existían suficientes docentes para sostener una expansión masiva de la escolarización. La respuesta fue tan simple como audaz: traer maestras norteamericanas para formar a las futuras generaciones de educadores argentinos. Más de 60 mujeres llegaron al país para organizar las Escuelas Normales, enseñar métodos pedagógicos modernos y multiplicar la capacidad del sistema educativo.

La iniciativa no fue improvisada. Era el resultado de una visión estratégica que Sarmiento había madurado durante años. Lo notable no fue sólo la decisión de incorporar maestras extranjeras, sino la comprensión de que el desarrollo de una nación dependía de la construcción deliberada de capacidades humanas. Los resultados fueron extraordinarios. En apenas medio siglo, la Argentina pasó de ser una sociedad mayoritariamente analfabeta a ubicarse entre los países con mayores niveles de alfabetización fuera del mundo anglosajón. La educación se convirtió en uno de los pilares del crecimiento económico, de la movilidad social y de la consolidación de una amplia clase media que distinguiría al país durante gran parte del siglo XX.

La experiencia sarmientina constituye una de las demostraciones más contundentes de la importancia del liderazgo político. Un dirigente identificó un problema estratégico, construyó una visión de futuro y movilizó recursos e instituciones para resolverlo. Supo convertir una cuestión importante en una cuestión urgente. Más de 150 años después, la Argentina enfrenta un desafío de naturaleza diferente pero de magnitud comparable.

Vivimos en una época en la que el conocimiento se ha convertido en el principal factor de creación de riqueza. Nunca antes en la historia la capacidad de una sociedad para generar talento, innovación y adaptación tecnológica había sido tan determinante para su prosperidad. La revolución digital primero, y la inteligencia artificial después, han modificado profundamente la forma en que producimos, aprendemos, trabajamos y nos relacionamos.

Sin embargo, una parte significativa de nuestra población carece de las competencias necesarias para desenvolverse plenamente en este nuevo entorno. Del mismo modo que el analfabetismo tradicional limitaba las oportunidades de millones de personas en el siglo XIX, la falta de capacidades digitales y cognitivas se ha transformado en una nueva forma de exclusión social. Existe una nueva marginalidad: la marginalidad digital.

Cuanto más rápido avanza la tecnología, mayor es la distancia que separa a quienes pueden comprenderla y aprovecharla de quienes permanecen al margen de ella. La inteligencia artificial amplifica esta dinámica. Las personas, las organizaciones y los países capaces de incorporarla productivamente multiplicarán sus posibilidades de crecimiento. Quienes no lo hagan verán reducirse progresivamente sus oportunidades. La preocupación se vuelve aún más relevante cuando se observa la situación del sistema educativo argentino.

Numerosos indicadores muestran un deterioro persistente en los niveles de aprendizaje

Durante gran parte del siglo XX, la escuela fue una de las instituciones más exitosas de la sociedad argentina. Constituyó un mecanismo de integración cultural, movilidad social y formación de capital humano. Hoy, sin embargo, numerosos indicadores muestran un deterioro persistente en los niveles de aprendizaje. A ello se suma la creciente dificultad para adaptar los contenidos, las metodologías y las estructuras educativas a las demandas de una economía basada en el conocimiento.

La realidad es además profundamente heterogénea. Resulta cada vez más difícil hablar de un único sistema educativo nacional. Las diferencias entre regiones, niveles socioeconómicos, infraestructura disponible y contextos institucionales generan experiencias educativas muy distintas y oportunidades profundamente desiguales. Lo más preocupante es que esta problemática parece haber perdido centralidad en la agenda pública.

La economía domina la conversación política. La inflación, el déficit fiscal, el tipo de cambio o la deuda ocupan diariamente titulares, debates parlamentarios y discursos de campaña. Son cuestiones importantes y urgentes. Pero mientras discutimos cómo administrar la riqueza existente, prestamos escasa atención a la formación de las capacidades que permitirán crear la riqueza futura.

La educación parece relegada a un segundo plano

La paradoja es evidente. Justo cuando el conocimiento se convierte en el principal activo económico del mundo, la educación parece relegada a un segundo plano. Justo cuando la inteligencia artificial multiplica el valor de las capacidades cognitivas, la formación de esas capacidades pierde protagonismo político. La ausencia de una visión estratégica compartida constituye uno de los mayores riesgos para el futuro del país.

Sin embargo, sería un error concluir que estamos condenados al fracaso. La historia demuestra que las transformaciones profundas no siempre comienzan en el Estado. La sociedad civil posee hoy capacidades que generaciones anteriores no tuvieron. Empresas, universidades, organizaciones sociales, fundaciones, comunidades profesionales y ciudadanos individuales pueden desempeñar un papel decisivo en la construcción de nuevas competencias.

Las empresas pueden capacitar a sus colaboradores. Las universidades pueden acelerar la actualización de sus programas. Las organizaciones sociales pueden acercar herramientas digitales a sectores vulnerables. Los medios pueden contribuir a instalar el debate. Y cada persona puede asumir la responsabilidad de aprender y adaptarse en un entorno de cambio permanente.

La acción de la sociedad civil es indispensable, pero no sustituye la necesidad de liderazgo político

Pero también es cierto que ninguna sociedad ha logrado universalizar oportunidades educativas únicamente mediante esfuerzos dispersos. La acción de la sociedad civil es indispensable, pero no sustituye la necesidad de liderazgo político. Solo el Estado posee la escala necesaria para garantizar que las oportunidades lleguen a todos los sectores sociales y a todas las regiones del país. Por eso la enseñanza más valiosa de Sarmiento no reside en las soluciones concretas que aplicó en el siglo XIX, sino en su capacidad para reconocer una prioridad histórica antes que los demás.

Nuestra generación enfrenta un desafío equivalente. Necesitamos comprender que la alfabetización digital, la formación científica y el dominio de la inteligencia artificial no son cuestiones sectoriales ni tecnológicas. Son condiciones fundamentales para el desarrollo económico, la inclusión social y la competitividad nacional. La Argentina no necesita nostalgia. Necesita recuperar la capacidad de identificar los desafíos estratégicos de su tiempo y actuar en consecuencia.

La tarea de la sociedad civil es mantener viva esa convicción, innovar, experimentar y demostrar que el cambio es posible. La tarea del liderazgo político es más exigente: convertir esa convicción en una prioridad nacional. Sarmiento entendió que el analfabetismo era un problema urgente porque comprometía el futuro del país. Hoy necesitamos dirigentes capaces de comprender que la brecha cognitiva y digital representa un desafío de la misma magnitud. La política suele ocuparse de lo urgente. El liderazgo consiste en comprender que, a veces, lo más importante también debe volverse urgente.

El Pontífice no ingresa en los detalles de las guerras, sino que se empeña en afirmar la necesidad de la paz en los esfuerzos del mundo civilizado para poner fin a todas las querellas bélicas. También destaca la necesidad de que la inteligencia artificial se armonice con la doctrina social de la Iglesia, para que pueda servir a los fines de la paz. Asimismo, llama al mundo científico a buscar los caminos de la concordia y el rechazo a los auges bélicos.

Se notará una armonía entre la encíclica de León XIV y la del papa León XIII. Esta es un pilar fundamental de la doctrina social de la iglesia, y León XIV sigue de cerca sus huellas. El Papa destacó en la Universidad de La Sapienza la necesidad de que los jóvenes se comprometan en los empeños por la paz. Destacó también la necesidad de que las élites se comprometan con los valores de la paz en el uso de la nueva tecnología. Su encíclica señala la necesidad de humanizar las realidades actuales de los conflictos armados a fin de hacer prevalecer los principios de la paz y que de este modo pueda utilizarse la inteligencia artificial con fines pacíficos eliminando su uso bélico. La inteligencia artificial deberá subordinarse a los principios de la justicia social y la paz mundial, incluyendo la pacificación de las guerras regionales.

En su visión, la inteligencia artificial deberá estar regida por convenios internacionales a fin de sujetarla a los principios de justicia universales. Así como antes se buscaba una regulación sobre los derechos del trabajador, hoy se persigue una protección del trabajador ante los fenómenos de la inteligencia artificial. La encíclica también procura iluminar las nuevas realidades sociales y económicas a fin de darles una orientación de acuerdo a la equidad.

Otra realidad contemplada es la de las relaciones entre los estudiosos y las materias de la inteligencia artificial, en un llamado a enfocar críticamente las novedades tecnológicas. De este modo también se advierte la continuidad entre León XIII y el actual pontífice en la búsqueda de la justicia de las cosas nuevas que se presentan en el campo de las ciencias sociales y de los conflictos bélicos. Y se destaca el llamado a revisar los estudios sobre la inteligencia artificial desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia. Esta novedad se desprende de los principios fundamentales aplicables a las nuevas realidades de la ciencia y de la doctrina en materia de inteligencia artificial.

El Papa, al hacer hincapié en erradicar toda finalidad bélica de la inteligencia artificial, convoca a la juventud universitaria a colaborar con ese fin. También apela a la conciencia de los jóvenes para que estos se afiancen en los fines de la justicia y el derecho internacional. León XIV insiste en adoptar los criterios más idóneos del derecho internacional de la paz y erradicar toda agresión armada entre los pueblos, llamando a participar a la juventud en el acto de fortalecer la unión entre los pueblos y contribuir a conjurar la naturaleza de los conflictos en Ucrania, en el Medio Oriente, y en todo lugar en que se abran disputas bélicas.

El Papa insiste en erradicar todo elemento bélico de la ciencia actual y dirige su mirada a la mediación pacifica de los conflictos. Lo que ocurre en Ucrania y en Medio Oriente ilustra la involución de la relación entre la guerra y la nueva tecnología, en un auge bélico. Y pone de relieve que el avance de la inteligencia artificial no debe apartarse de los principios esenciales del derecho internacional humanitario.

El empleo de mecanismos autónomos en los conflictos bélicos puede generar una progresiva disminución de la responsabilidad humana en decisiones relacionadas con la vida de las personas. Desde esta concepción, la doctrina social de la Iglesia promoverá una reflexión de alcance universal sobre la importancia de mantener la intervención humana en toda tecnología utilizada con fines bélicos y de reafirmar los principios de humanidad, proporcionalidad y tutela de la población civil.

De igual modo, la encíclica exhorta a los Estados y a los organismos internacionales para alcanzar acuerdos orientados a evitar que la inteligencia artificial sea empleada como medio de agresión o sometimiento bélico. La comunidad internacional se encuentra ante el reto de elaborar un orden jurídico que permita compatibilizar el desarrollo científico con la dignidad de la persona humana. Bajo esta concepción, la paz mundial no dependerá exclusivamente de los acuerdos militares, sino también de la formación moral de las nuevas generaciones y de una orientación de la tecnología inspirada en el bien común y la justicia universal.

Se trata de un retroceso institucional que debilita un derecho esencial y empobrece la calidad republicana. Participar es un derecho, no una concesión del gobernante.

El decreto 467/2026 del gobierno de Javier Milei eliminó el plazo de 15 días durante el cual ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil podían formular observaciones o impugnaciones sobre los candidatos antes de que el Poder Ejecutivo adoptara su decisión definitiva elevando los pliegos al Senado de la Nación. También dejó sin efecto la posibilidad de que el Ministerio de Justicia solicitara opiniones especializadas. El Gobierno sostiene, equivocadamente, que la participación subsiste cuando los pliegos llegan a la Cámara alta. Sin embargo, allí el postulante ya cuenta con el respaldo político del Poder Ejecutivo. La instancia previa permitía aportar información relevante, advertir incompatibilidades o señalar antecedentes controvertidos antes de que la decisión quedara políticamente consolidada.

Paralelamente, se derogaron artículos que establecían criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional para ocupar esos cargos.

La participación ciudadana no reemplaza a las autoridades elegidas por el voto. Su función es mejorar la calidad de las decisiones públicas mediante el escrutinio social y el control del poder. La Argentina cuenta con diversos mecanismos para hacerlo: la iniciativa popular, la consulta popular, las audiencias públicas, el acceso a la información pública, la elaboración participativa de normas y, en numerosos municipios, los presupuestos participativos, las consultas vecinales y los consejos asesores. Ninguno sustituye a la democracia representativa; la fortalece.

La transparencia, la lucha contra la corrupción y la protección de derechos son, en gran medida, el resultado de ciudadanos y organizaciones que investigan, denuncian y exigen respuestas cuando el Estado las demora o, en el peor de los casos, las retacea.

En ese sentido, resultan oportunas las palabras de Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano: “La participación ciudadana no es un complemento de la democracia: es parte constitutiva de ella. Y, en democracia, a nadie hay que pedirle permiso para ejercerla”.

La transparencia y la rendición de cuentas no consiste solo en publicar información cuando las decisiones ya fueron adoptadas. También exige abrir canales para que la sociedad pueda intervenir en esos procesos. Sin embargo, con frecuencia los gobiernos, invocando falazmente la eficiencia administrativa o la simplificación de procedimientos, reducen los mecanismos de control ciudadano. La historia demuestra que cambian las administraciones, pero persiste esa nefasta tentación de limitar el escrutinio público cuando resulta incómodo.

Nuestro país necesita más ciudadanos involucrados, más instituciones abiertas, más deliberación pública y mayores controles sobre quienes ejercen el poder. Reducir esos espacios no constituye un avance institucional. Muy por el contrario, se pierden oportunidades únicas para construir una democracia más transparente, responsable y sólida.

Cerrar la puerta a la ciudadanía genera un costo que no se mide económicamente, sino en pérdida de calidad de las instituciones, de derechos y de libertades.

Los rankings constituyen un tipo de clasificación que ordena elementos de mayor a menor con el propósito de establecer una jerarquía de valor

El intento de ordenar la realidad, que tanto interesó a Borges y a Eco, llegó a las universidades a través de los rankings globales. Los rankings constituyen un tipo de clasificación que ordena elementos de mayor a menor con el propósito de establecer una jerarquía de valor. Existen en el mundo más de 20.000 universidades, pero los principales rankings evalúan sólo unas 2000. Entre sus usuarios se encuentran: gobiernos, estudiantes, potenciales empleadores, patrocinadores, inversores privados y medios de comunicación. Los indicadores usados para elaborar los rankings suelen concentrarse en: el prestigio de la universidad entre académicos, empleadores y estudiantes; el número de citas recibidas por los trabajos de investigación de sus profesores o, por los artículos publicados en revistas de alto impacto; la proporción entre profesores y estudiantes; la presencia de docentes y de alumnos extranjeros y la interacción con instituciones de otros países.

En los rankings más influyentes, cerca del 50 % de la puntuación total de una universidad depende de indicadores vinculados al prestigio medido a través de encuestas o -en uno solo de los rankings - la cantidad de profesores y exalumnos que han obtenido el premio Nobel o la medalla Fields (matemáticas). El uso del indicador “prestigio” genera lo que se conoce como el “efecto San Mateo”. El Evangelio según San Mateo dice: “Porque al que tiene, le será dado y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”. Los rankings, con el uso del prestigio, tienden a favorecer a las universidades más conocidas o de élite, generalmente ubicadas en los países centrales. A su vez, se produce un mecanismo de retroalimentación positiva: las universidades mejor posicionadas aumentan su prestigio, lo que contribuye a mejorar su puntuación en las siguientes ediciones del ranking.

Al ser globales, los rankings no valoran las prioridades y necesidades nacionales y regionales

Por otra parte, los rankings globales no miden: la calidad de la enseñanza, la influencia de la investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, el impacto social y los beneficios concretos de las investigaciones realizadas y la experiencia de los estudiantes. Al ser globales, los rankings no valoran las prioridades y necesidades nacionales y regionales. Hace unos días, la consultora internacional QS publicó su ranking mundial de universidades correspondiente a 2025. En esta edición, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) obtuvo el primer lugar a nivel global. Supongamos que trasladamos el MIT a cualquier ciudad de América Latina y lo instalamos allí tal como es hoy. ¿Obtendría los mismos resultados? José Ortega y Gasset ofreció en 1930 una posible respuesta a esta pregunta: “La escuela, como institución normal de un país, depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire pedagógico artificialmente producido dentro de sus muros... aunque fuesen perfectas la segunda enseñanza inglesa y la universidad alemana, serían intransferibles, porque ellas son sólo una porción de sí mismas. Su realidad íntegra es el país que las creó y mantiene”. Borges, en “El idioma analítico de John Wilkins”, reflexiona sobre las dificultades que aparecen al tratar de ordenar la realidad. No obstante, rescata el esfuerzo de quienes lo intentan: “La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios”.

La premisa que expresa Milei asume que su éxito electoral depende únicamente de ejecutar el programa de reformas en curso. Es una manera de resaltar la ausencia de alternativas a la reformulación de la economía argentina que él plantea. Pero esconde también una duda íntima que carcome a los habitantes de la cúpula libertaria: ¿alcanza la estabilidad macro para ganar elecciones?

La maquinaria reeleccionista actúa en dos planos. En la superficie presiona para cambiar el régimen electoral del país de modo de facilitar los pactos con aliados posibles y obstaculizar una tregua en la disputa destructiva del peronismo de raíz kirchnerista. Debajo del radar enfrenta el desafío de la reactivación económica. Milei sabe por su propia experiencia que, si el clima social es adverso, el descontento puede encontrar el cauce electoral menos pensado.

Milei y el ministro Luis Caputo se aferran a su promesa emblemática de que vienen los “mejores 18 meses de la historia argentina” sobre la base de indicadores que no se traducen en optimismo masivo. Celebran que en el primer trimestre de 2026 hubo un “récord de PBI” en términos netos, obtenido gracias a un crecimiento fenomenal de la refinación de petróleo (19%, respecto a la era pre libertaria) y la intermediación financiera (18%). Esas cifras conviven con una baja pronunciada de la industria, la construcción y el comercio, sectores clave para el empleo. En el análisis mes a mes siguen la lógica del serrucho. La inversión bajó 10,4% de enero a marzo y la recuperación del salario después de siete meses de caída es aún tenue.

La última edición del sondeo de Atlas Intel para Bloomberg, uno de los estudios más consultados por el mercado, detecta un pesimismo dominante respecto de la economía del país para el segundo semestre: el 49% cree que va a empeorar, contra un 41% que espera una mejora. La brecha es aún más amplia cuando se pregunta por el mercado laboral (49% vs. 34%) y sobre la situación familiar (43% vs. 32%). El manejo de las expectativas es un termómetro vital para un gobierno que todavía no tuvo una “fiesta” que ofrecer al electorado, sino que vive de la ilusión de atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida.

La distracción que ofreció el Mundial de Fútbol le sirvió al Gobierno para pensar mecanismos de reactivación. Caputo trabaja en un programa para impulsar el crédito hipotecario con ayuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que maneja el dinero de los jubilados. La paulatina suba del dólar en el último mes también puede ayudar a mover la perilla de la actividad, aunque demore el “derrumbe” de la inflación con el que se obsesiona Milei.

En la reunión de Gabinete posterior al Tedeum del 9 de Julio, Milei exudó confianza frente a sus ministros. Hizo hincapié en la necesidad de cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, una medida que hace juego con el plan financiero que había presentado Caputo días antes. Quiere regar la confianza de los mercados en que no habrá riesgos de impago durante el año electoral y en que la emisión monetaria para asistir al Tesoro es historia antigua. El riesgo país en el umbral de los 400 puntos genera euforia en el área presidencial.

Milei consumió la mayor parte del tiempo que pasó con los ministros describiendo el proyecto de paper que escribió con Demian Reidel en el que sostiene con un modelo matemático el camino de crecimiento que traerá el proyecto de reformas que promueve. Presume de tener ideas revolucionarias. Volvió a fantasear con ganar el Nobel de Economía, aunque el documento quedó envuelto en una discusión sobre cuánta inteligencia artificial usaron para redactarlo.

El dato que sorprendió a algunos de los presentes es que Reidel mantiene su acceso privilegiado al Presidente después de haber sido desplazado de la dirección de la empresa pública Nucleoeléctrica Argentina en medio de una investigación de sobreprecios en la contratación de servicios. “Es muy fiel a sus amigos”, resumió un asistente. Recordó lo que le costó emocionalmente a Milei desprenderse de Manuel Adorni, a pesar del daño que le produjo a la imagen del Gobierno el trimestre de revelaciones sobre su patrimonio no declarado.

La trampa electoral

La salida de Adorni fue una bisagra. Funcionó como la señal de que Milei había aceptado al fin rendirse a una gestión política profesional para ganar con los manuales tradicionales aquello que en 2023 obtuvo a golpe de instinto y errores ajenos.

Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete con la prioridad de negociar con los gobernadores afines un pacto de conveniencia mutua. Podría titularse “sigamos todos”. Es una construcción aún declarativa, a la que le falta desarrollar el costo económico. Hay voluntad de un buen número de provincias de no enfrentar en las urnas a los libertarios, pero la urgencia de fondos en medio del ajuste condiciona la evolución de las conversaciones.

El cambio de las reglas electorales se asume como un eje central de ese gran acuerdo, aunque todavía nadie sabe muy bien cuánto piensa invertir el Gobierno en esa empresa.

La reforma que incluía la eliminación de las PASO fue ideada en noviembre, después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas nacionales. En ese momento bullía la fantasía del fin del peronismo –derrotado una vez más– y parecía impensado que pudieran surgir desafíos a Milei desde el centroderecha. La lógica consistía en darle la lapicera a Karina Milei para que hiciera y deshiciera las listas de un nuevo oficialismo, mientras se les quitaba a los rivales una herramienta institucional para saldar sus diferencias.

Siete meses después no está tan claro que a Milei le convenga esa jugada. Crece la duda de si no será pagar un costo (medido en asistencia financiera a los gobernadores que apoyen) a cambio de un beneficio incierto.

El peronismo nunca necesitó las primarias para ordenar su oferta. Aun en los peores momentos supo encontrar formas de disciplinamiento. En septiembre pasado, necesitó un apagón en media ciudad de La Plata para ganar el tiempo que requería terminar la lista de unidad entre el sector de Axel Kicillof y La Cámpora en Buenos Aires. Las PASO han servido mucho más a los sectores que se enfrentaron al peronismo, como ocurrió en 2015 en las elecciones que llevaron a Mauricio Macri a la Presidencia. ¿Y si ahora fuera Milei quien necesitara contener rebeldías, desde el PRO a la díscola por naturaleza Patricia Bullrich?

El remedio de las listas colectoras que desde antes de asumir viene conversando Santilli con los gobernadores también genera dudas en el propio gobierno. Se trata de un sistema que les permite a los aliados presentar listas propias de legisladores, atadas de alguna forma a una única boleta presidencial (que en el oficialismo sería la de Milei). La historia indica que los modelos de sumas de votos siempre fueron impulsados por el peronismo, experto en sacarles provecho a esas transgresiones institucionales.

“No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, dijo Bullrich esta semana cuando le preguntaron por las colectoras. Sonó a confesión. ¿No era Milei el presidente que se atribuía el “avance histórico” que implicó la boleta única? ¿Cómo encaja ese alarde de transparencia con la vocación de “encontrar” un sistema que pueda ajustarse a las necesidades coyunturales del oficialismo?

El miedo a la unidad peronista

La ansiedad por los cambios en el código electoral refleja una inquietud instalada en el corazón del Gobierno. Todas las encuestas que llegan a la Casa Rosada muestran a Milei con niveles de aprobación cercanos al 40% y un rechazo firme por encima del 50%. No hay rivales con una validación mucho mejor, pero cifras como esa ponen la reelección en el terreno de la incertidumbre.

Si hubiera un candidato de unidad del peronismo, capaz de captar el descontento con el programa de Milei, la Argentina podría encaminarse al cara o ceca que están viviendo casi todos los países de la región. Elecciones polarizadas que se definen en balotaje por uno o dos puntos de diferencia (en las que ganan a menudo los que desafían a quien está en el poder).

Lo que necesita el Gobierno es blindar un 40% propio y garantizarse la dispersión opositora, suficiente para ser reelegido sin segunda vuelta (si supera al segundo por 10 puntos). La estabilidad cambiaria que haría viable ese escenario es muy sensible a la probabilidad de que una opción estatista y heterodoxa regrese al poder.

La guerra abierta que Cristina y Máximo Kirchner le plantean a Kicillof facilita por el momento los planes del mileísmo.

Es una disputa de liderazgo que por ahora no incluye una discusión programática. Los Kirchner han convertido a Kicillof en el traidor más extraño del mundo: lo acusan de pensar igual. Son los mismos que eligieron para competir en su nombre a figuras que parecían ajenas a ellos, desde Daniel Scioli a Alberto Fernández, pasando por Martín Insaurralde y Sergio Massa.

El jefe de La Cámpora se coloca en un extremo antes de negociar. Sus banderas son “Cristina libre” y la renegociación de la deuda privada.

Kicillof hace silencio sobre los dos puntos. Entiende que la ofensiva en su contra es porque no se deja ser elegido por Cristina.

Las encuestas lo ubican como el opositor mejor posicionado para enfrentar a Milei, pero con una paradoja: Cristina tiene números muy similares, a pesar de que está presa e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. ¿Máximo propone postularla para tensar al sistema o para forzar a Kicillof a negociar?

El gobernador de Buenos Aires esquiva la trampa. Construye su camino con la única premisa de combatir a Milei. Se niega a escuchar a los que le piden dar señales de racionalidad económica. Suele decir que no tiene que sobreactuar, que gobernó sin déficit la mayor parte de su mandato provincial y que tiene acordados los pagos de deuda con los bonistas.

La interna pierde densidad en esa batalla de familia. A diferencia de otras épocas, este peronismo no pelea por incorporar nuevos votantes sino por repartirse los escombros de una estructura que estalló. Hay gobernadores que se acercan a Milei y dirigentes sin tierra que ansían una renovación, pero les falta quien la lidere fuera de algún outsider de laboratorio.

Es una ventaja competitiva para Milei. Las alternativas de sus rivales no incorporan a su prédica los signos de época, como el orden fiscal y el valor de la estabilidad. Nadie le da, en su diálogo con la sociedad, un sentido al esfuerzo social que significó el ajuste libertario. Tampoco ofrecen una figura avasallante, audaz, que reclame la confianza para probar algo nuevo en lugar de un viaje nostálgico.

Esa foto no está tallada en piedra. Milei dice que compite solo contra sí mismo, pero gobierna condicionado por dos variables que no controla: una oposición que un día podría dejar de pelearse y una economía que todavía no derrama prosperidad. Para ganar precisa de toda la ayuda que pueda darle la política tradicional que tanto despreciaba. Todo sea por cumplir su sueño de ponerle un punto final a la Argentina peronista.

Ya sé querido lector que lo agota la novela de Martincito y Jesi en procura de saber quién era el dueño del vestidor donde millones de dólares se guardaban en bolsas para freezer cual milanesas prolijamente ordenadas, aunque en dudosa convivencia con remeras y calzoncillos.

Vayamos a lo verdaderamente profundo de este culebrón, a las honduras psicológicas de la atracción que un armario de lujo provoca en la psiquis de los nuevos ricos que no tienen forma de justificar su riqueza. ¿Será la madera?, ¿acaso las figuras que dibuja el aserrín que se desprende al lijarla?, ¿los encandilará el laberinto de espejos ubicados para verse desde cualquier ángulo? ¿por qué usar el vestidor como caja fuerte? ¿de chicos les faltó un ropero?

Este tema debería ser tomado muy seriamente por psicólogos y psiquiatras. Sinceramente, no recuerdo si Freud, Lacan o Jung dedicaron alguna vez algún capítulo a la dependencia emocional con un mueble. Si es así, habría que retomar la investigación sobre esa toxicidad que viene de lejos, por cierto.

Hubo un caso en los 90 que ya entonces debió haber disparado esos ateneos científicos. Fue el del juez Francisco Trovato. Terminó destituido y mandado a la cárcel por dádivas. Lo condenaron a seis años de prisión que luego la Cámara de Casación redujo a cuatro y medio por haber sido hallado culpable de cohecho calificado. Visto a la distancia y comparado con los montos que ahora se investigan, uno se pregunta si no fueron muy duros con don Pancho. La condena fue por haber recibido un placard de 19.000 dólares de parte de un cliente al que le levantó una clausura.

Es cierto que Trovato ya era conocido por investigar el asesinato del rey de la noche Poli Armentano, noche que él mismo disfrutaba yendo de boliche en boliche, tomándose fotos como un bon vivant, una de ellas con Silvia Süller. ¿Qué diferencia crucial se percibe entre aquel juez e Insaurralde navegando con Sofía Clerici por el Mediterráneo en el yate Bandido? Que Trovato tenía mucho pelo y un bigote tupido y Martincito es lampiño.

A Trovato también le allanaron el placard. No solo no pudo explicar cómo logró pagarlo con su sueldo de juez, sino que además era feíto. Tenía un corbatero tipo árbol. Y lo peor es que parece que ni siquiera llegó a usarlo, ya que estuvo prófugo de la Justicia hasta que lo arrestaron en Brasil.

En ese punto, querido lector, hay una diferencia con Martincito. Noticias de los últimos días dieron cuenta de que sigue manteniendo reuniones políticas y de negocios en una oficina “secreta” que le prestaron, ubicada en un edificio del que ingresa y sale siempre por el garaje, acompañado de custodios.

En cambio, cuando el juez del tribunal le preguntó a Trovato por su dirección, no hubo secretismo. “Como es sabido –le dijo- estoy alojado en dependencias de la Gendarmería Nacional”.

Y aquí cobra especial relevancia destacar la importancia que el Poder Judicial tiene en un Estado de Derecho, ya que es el poder contramayoritario que está llamado por la Constitución nacional para ser el contrapeso de los otros poderes del Estado. Tiene la función de controlar a los poderes políticos y eso genera una lógica e inevitable tensión, pero ese diseño constitucional garantiza justamente que la Justicia pueda ejercer esa función de contrapeso y control en un sistema republicano.

En este sentido, corresponde traer a colación un postulado que es inmanente para un eficiente y adecuado servicio de administración de justicia y es la necesidad de garantizar la independencia judicial. Debe dejarse de lado toda invocación de la independencia judicial como una consigna vacía o abstracta.

En primer lugar, una Justicia independiente es aquella capaz de decidir con autonomía, que asegure a las personas que tendrán la garantía de contar con magistrados capaces de resolver sus reclamos, al margen de toda injerencia o presión de los poderes políticos o fácticos. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y, en especial, en la Justicia.

Y, en segundo lugar, cabe destacar una cuestión estrechamente vinculada con la independencia judicial: la necesidad de una real autonomía financiera del Poder Judicial, ya que no es posible un modelo serio de independencia cuando la Justicia debe someterse a la dependencia económica del poder administrador para obtener los recursos que requiere su normal funcionamiento.

Pero resulta necesario reflexionar sobre las causales de la crisis de credibilidad que están atravesando las instituciones republicanas en su conjunto. En el caso del sistema judicial, las causas son múltiples, algunas propias y otras exógenas, y por eso es imperioso, en primer término, actuar con madurez institucional y responsabilidad para resolver nuestros propios problemas.

Esta discusión es crucial y es una deuda frente a la sociedad, con la que se debe recuperar el vínculo, para mostrar una Justicia más cercana, en palabras de nuestro papa Francisco, porque ello es esencial para la convivencia democrática.

También es necesario alertar que, aprovechando esa crisis de credibilidad, existe una muy preocupante tendencia en numerosos países de la región a cuestionar y esmerilar la función esencial que el Poder Judicial y los ministerios públicos cumplen en un Estado de Derecho. Se trata de una propensión creciente que busca impugnar el sistema de garantías que rodea el ejercicio de la función judicial y que, permeando en diferentes ámbitos, va instalándose mediáticamente como un discurso que crea sentido y propone alternativas presentadas como democratizadoras, pero que, en realidad, solo buscan limitar la independencia judicial.

Se trata de un sutil proceso de erosión institucional, que busca debilitar las bases mismas de nuestro sistema de Justicia. Y aquí cabe pensar -hacia adentro y hacia afuera- a quienes beneficia un Poder Judicial y ministerios públicos débiles.

Por eso, en los tiempos actuales, profundamente alterados por la revolución que inexorablemente provoca la IA, con sus innegables beneficios, pero también con el riesgo que significa que los datos sensibles de las personas se concentren en pocas corporaciones privadas, en las que reina un ámbito de opacidad en todo lo atinente a los sesgos de sus algoritmos; en tiempos en los cuales las redes sociales nos imponen sus reglas y patrones para la convivencia ciudadana, implantándose la “cultura de lo efímero” y del “descarte”; allí es cuando más debemos bregar y luchar por tener instituciones fuertes, con plena vigencia de la división de poderes, y especialmente que se resguarde la independencia judicial.

Porque debemos tener muy presente que el fracaso de los países siempre proviene del fracaso de sus instituciones.

El autor es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y juez federal de Cámara.