Con un Parlamento dominado y un sistema judicial y electoral que responde a sus intereses, han acabado con todas las trabas a sus consecutivas reelecciones, eliminado a aquellos candidatos que pudieran representar competencia, decretado la eliminación de la separación de poderes y puesto en la cárcel a sus opositores.

Tras la captura estadounidense del mandatario venezolano Nicolás Maduro, uno de sus principales aliados en la región, la pareja presidencial nicaragüense parece enfrentar uno de los momentos de mayor incertidumbre e intranquilidad ante la posibilidad de que alguno de sus colaboradores acepte cooperar con autoridades de Estados Unidos para terminar con su mandato.

Sus temores tienen sustento a partir de que el secretario de Estado, Marco Rubio, colocó a Nicaragua en la mira de Washington al señalarla como una de las bases de operaciones rusas en el hemisferio occidental, en un momento en que Estados Unidos redefine su estrategia de seguridad regional y evalúa cómo responder a la presencia de potencias foráneas en la región.

Desde que Ortega regresó a la presidencia en 2007, los vínculos entre Managua y Moscú se han estrechado en ámbitos políticos, militares y de seguridad que hoy generan preocupación en Washington. La cooperación militar actual entre Rusia y Nicaragua se ha consolidado mediante acuerdos intergubernamentales, visitas de delegaciones y pactos de cooperación estratégica que incluyen intercambio de entrenamiento, experiencias y coordinación en seguridad.

Ortega y Murillo tardaron casi 14 horas en pronunciarse oficialmente tras la captura de Maduro, una reacción inusualmente cautelosa y poco incisiva si se compara con la retórica explosiva que el gobierno nicaragüense suele usar contra el país norteamericano, evitando mencionarlo o calificar la operación de agresión, a diferencia de otros aliados de Maduro como China y Rusia, que condenaron enérgicamente la captura, exigieron la liberación del gobernante venezolano y calificaron el hecho de violación grave al derecho internacional. Tras la tardía reacción, el régimen activó un estado de paranoia en todo el país, que se ha traducido en el arresto de al menos 60 ciudadanos y el recrudecimiento de la vigilancia policial.

The Economist señala que Nicaragua es el país con mayor deterioro democrático acumulado desde 2011, y el informe V-Dem lo ubica entre los cinco países más autocráticos del mundo. Juan Papier, de Human Rights Watch, describió al régimen como la Corea del Norte del hemisferio, el país más represivo en esta parte del mundo.

Para Trump, el cogobierno de Ortega y Murillo es un mal ejemplo en Latinoamérica y buscará resolverlo antes de que culmine su mandato, en enero de 2029. La captura de Maduro en Caracas estremeció a la cúpula del poder político, militar y económico en Nicaragua. ¿Será Daniel Ortega el próximo?

La educación cívica consiste, entre otras cosas, en entender la organización política del país y en asimilar el concepto de Estado de Derecho, que es aquel en función del cual los gobernantes no pueden hacer lo que quieren, sino lo que deben en el marco de las normas constitucionales.

Un pueblo cívicamente culto no ama ni idolatra a los gobernantes; por el contrario, siempre desconfía de ellos, aplaude poco, critica mucho y, por sobre todas las cosas, pone el foco en los límites al ejercicio del poder y en su eficaz cumplimiento por parte de nuestros representantes. Ello no significa otra cosa que poner el foco en la Constitución nacional como ley suprema, que es precisamente, por esencia, un límite a la gestión gubernativa. Pero en la Argentina, en la que la ausencia de educación cívica es alarmante, esto es muy difícil de internalizar. Antes bien, políticamente solemos “sentir” más que “pensar”, y por eso somos campo fértil para los personalismos, los mesianismos y para la proliferación de las tremendas grietas que suelen dividirnos.

Desde hace más de un siglo hemos comenzado a fanatizarnos con los presidentes de turno, a favor o en contra, en el odio o en el amor: entre 1916 y 1930, con Yrigoyen; entre 1945 y 1975, con Perón; en la década de los noventa, con Menem; a comienzos de este siglo, con los Kirchner, y ahora, con Milei. Pues nada bueno puede surgir de este cruce de pasiones, por supuesto alimentadas permanentemente por los mismos gobernantes, quienes sin pudor alguno, y autocráticamente, se autoproclaman como los mejores, únicos e irreemplazables.

En este contexto, lo que queda siempre al margen de la consideración popular es la Constitución y el debido funcionamiento institucional, y a aquellos que puntualizamos este problema se nos califica de “formalistas” o “ñoños” (insustanciales, mediocres). En efecto, si a las autoridades no les preocupa esta situación, es porque resolverla no devuelve beneficios políticos. Muy lejos de dedicarse a instalar la seguridad jurídica por medio del mejoramiento institucional, para los gobernantes mesiánicos no hay nada mejor que fomentar la pobreza, o la ignorancia, o el fanatismo, o todo junto, porque en ese caldo de cultivo obtienen ventajas.

En los últimos años hemos debido soportar el perverso populismo instaurado por los Kirchner, quienes con sus políticas no solamente multiplicaron la pobreza y el fanatismo, sino que además asolaron al erario y utilizaron los recursos públicos en beneficio personal. Cristina presa por administración fraudulenta es fiel reflejo de ello. Y fue tal el hastío generado en la sociedad que hasta pudo ser posible que Milei accediera a la primera magistratura.

Después de esos oscuros años populistas, la sociedad necesitaba nuevos aires, y quien prometía una lucha severa contra aquellos vicios capitalizó el hartazgo. Sin embargo, se siguen usando los mismos métodos que instalaron los Kirchner desde 2003 y que tanto daño hicieron al país: gobernar a los gritos, descalificar al que critica, omitir el mérito como parámetro para elegir candidatos y fustigar al periodismo crítico. Como si ello fuera poco, y en una suerte de “peor de lo mismo”, aparecen cada día hechos de corrupción que vuelven a interpelar a la Justicia para investigar a los funcionarios de este gobierno.

No habrá jamás una política diferente a la que denostamos si a la sociedad le sigue siendo indiferente el apego de sus representantes a la institucionalidad, a la moderación y a la ética como forma de ejercer la función pública. La Argentina continuará siendo una “lágrima de sangre” mientras este déficit cívico-educativo, y la indiferencia a su recomposición, siga siendo el sello característico de nuestra sociedad.

Profesor de derecho constitucional

Tal como ha sido recurrentemente señalado, quienes redactaron la Constitución nacional de 1853 se inspiraron, fundamentalmente, en la Constitución de Filadelfia de 1787. Tomaron de allí su régimen político e instauraron, en consecuencia, un sistema presidencialista, republicano y federal. Tanto en los Estados Unidos como en la Argentina se siguió la célebre teoría de Montesquieu acerca de la división de poderes, entendida como un sistema de frenos y contrapesos en el marco del cual se encargó al Poder Judicial el control de constitucionalidad de las leyes dictadas por el Congreso Federal, así como de los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo.

De este modo, desde los albores de nuestra organización nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores han asumido como tarea propia el ejercicio del control de constitucionalidad de leyes y actos administrativos, operando como un contrapeso de los poderes políticos y asegurando a la ciudadanía el acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos y garantías constitucionales.

Antes de la reforma constitucional de 1994, los magistrados de los tribunales inferiores eran designados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Nuevamente nuestros constituyentes habían optado por el mecanismo de selección previsto en la Constitución norteamericana. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que el derecho constitucional es una práctica compleja cuyo funcionamiento se explica no solamente en adaptaciones normativas, sino, fundamentalmente, en tradiciones jurídicas e institucionales. Precisamente por ello, lo que funcionó en Estados Unidos no lo hizo del mismo modo aquí en la Argentina. En este sentido, la notoria gravitación de los órganos políticos en la designación de magistrados federales impidió, en los hechos, que ocuparan dichos cargos candidatos con credenciales de idoneidad e imparcialidad suficientes, lo que infligió un daño no menor al sistema de frenos y contrapesos.

Alertados de este fenómeno, los convencionales constituyentes de 1994 buscaron reformar el proceso de designación de magistrados federales, con el objetivo de matizar la gravitación político-discrecional en el nombramiento de aquellos y así fortalecer la idoneidad e independencia del Poder Judicial en su conjunto.

Buscando respuestas en el derecho comparado, nuestros convencionales constituyentes se detuvieron precisamente en el llamado Consejo de la Magistratura, órgano que resultaba ajeno a nuestra tradición constitucional, encontrando recepción en el ámbito del derecho continental europeo, tal como surge de las constituciones de Francia, Italia y España, entre otras.

El proyecto de creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento presentado ante el seno de la Convención señalaba entre sus objetivos el de “vigorizar la independencia del Poder Judicial”, proponiendo al efecto “mecanismos de despolitización de los procedimientos de nombramiento y remoción de los magistrados que garantizarán no solo idoneidad, sino también independencia de los jueces frente a las posibles presiones políticas”. En este sentido, el miembro informante de la Comisión del Núcleo de Coincidencias Básicas, Enrique Paixao, destacó la crisis técnica, institucional y política en la que se encontraba el Poder Judicial, originada en la pérdida de confianza pública en quienes ejercen la magistratura. “La sociedad argentina apetece mayor transparencia en el nombramiento de los jueces”, afirmó, para añadir que “a estos objetivos apunta la importante reforma judicial que contiene el proyecto”. En consecuencia, a partir de la reforma constitucional de 1994, en los arts. 114 y 115 de la Constitución nacional se incorpora al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, órganos con facultades trascendentes en materia de selección y remoción de magistrados, así como de administración y reglamentación del funcionamiento del Poder Judicial.

El funcionamiento del Consejo de la Magistratura fue reglamentado por las leyes N° 24.937/24.939, oportunidad en la que se lo concibió como un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, con competencias para intervenir en la selección de los jueces de los tribunales inferiores mediante concursos públicos de antecedentes y oposición.

Dicha reglamentación pretendió ser alterada a través de la modificación efectuada por la ley N° 26.080 de 2006, la cual quebró, de forma manifiesta, el equilibrio en la integración del Consejo de la Magistratura a favor del estamento político. Por dicho motivo fue declarada inconstitucional, en este aspecto, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, de 2021. Del mismo modo, a partir de la modificación introducida por la ley N° 26.855 de 2013, se pretendió establecer la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura con el objeto de minar su independencia, distorsionando el proceso electoral y obligando a los jueces a participar en políticas de carácter partidario. Por tales razones, la modificación fue objeto de una nueva declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Rizzo”, de 2013.

En este contexto, el reglamento presentado por la Corte Suprema debe ser celebrado, en tanto implica la materialización de una de las “ideas fuerza” contempladas por la reforma constitucional de 1994, a saber: la limitación de la injerencia de facultades políticas discrecionales en el nombramiento de magistrados federales como instrumento para asegurar la independencia, imparcialidad e idoneidad de quienes tendrán a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional.

Precisamente, el reglamento establece que los procesos de selección de magistrados deberán sustanciarse de conformidad con los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, idoneidad, transparencia y publicidad, imparcialidad, eficiencia y celeridad, debido proceso y no discrecionalidad. Establece, asimismo, concursos y procedimientos de selección anticipados como instrumento idóneo a los efectos de desvincular las vacantes de las coyunturas políticas. A su vez, se reglamenta un legajo digital único y un sistema de calificación de antecedentes de carácter reglado.

En cuanto a la evaluación técnica de los candidatos, el reglamento instaura una doble instancia: en primer lugar, una etapa general que busca identificar la posesión por parte de los concursantes de conocimientos jurídicos fundamentales para el desempeño de la magistratura, y una etapa especial de resolución de casos y redacción de sentencias a partir de casos prácticos sorteados el mismo día del examen. Es trascendente la rebaja de puntos de la entrevista final del pleno del Consejo. Ojalá que el reglamento sea sancionado por el Consejo de la Magistratura.

Sabsay, profesor titular y director de la carrera de Posgrado de Derecho Constitucional (UBA); Marcucci, abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo (UNL)

El punto de partida es un diagnóstico contundente en el que se sostiene que el ciberespacio ha dejado de ser simplemente un ámbito de innovación o desarrollo económico para convertirse en un terreno donde actores estatales hostiles y organizaciones criminales intentan debilitar la seguridad nacional y la estabilidad institucional. Redes digitales, sistemas financieros, hospitales, cadenas logísticas o infraestructuras energéticas se han transformado en objetivos de ataque cada vez más sofisticados. Según el documento oficial, estas amenazas generan costos económicos crecientes y afectan la confianza pública en servicios esenciales, lo que obliga a adoptar una respuesta más decidida y coordinada desde el Estado.

En ese contexto, Washington propone un enfoque integral que combina defensa, disuasión, innovación tecnológica y cooperación con el sector privado. El objetivo consiste en utilizar el conjunto de los instrumentos del poder nacional -diplomáticos, económicos, tecnológicos y militares- para elevar el costo de las agresiones digitales. La idea central es que los adversarios que utilicen el ciberespacio para atacar intereses estadounidenses deban enfrentar consecuencias concretas, incluso fuera del propio ámbito digital.

Otra prioridad reside en la modernización de las redes federales y en la protección de las infraestructuras críticas. Sectores como la energía, las telecomunicaciones, el sistema financiero, los centros de datos, el abastecimiento de agua o los hospitales aparecen como áreas particularmente sensibles para la seguridad nacional. Para reforzar su protección, el gobierno estadounidense plantea acelerar la adopción de tecnologías avanzadas de seguridad informática, incluyendo arquitecturas de zero trust, criptografía poscuántica y herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de detectar intrusiones en tiempo real.

A la par, el documento hace hincapié en que la competencia tecnológica global constituye uno de los principales desafíos estratégicos del siglo XXI. La seguridad nacional depende cada vez más de la capacidad de un país para liderar el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación cuántica o las infraestructuras digitales avanzadas. Por esta razón, Washington busca proteger su ventaja tecnológica, asegurar las cadenas de suministro y resguardar la propiedad intelectual vinculada a estos sectores.

Dentro de esa lógica, también se propone reducir determinadas cargas regulatorias que, según la administración estadounidense, pueden obstaculizar la innovación y la capacidad de respuesta frente a amenazas emergentes. La premisa es que un ecosistema tecnológico dinámico y competitivo constituye una condición esencial para sostener el liderazgo digital del país. En otras palabras, la fortaleza del sector privado aparece como un componente clave de la seguridad nacional.

El documento dedica además un espacio relevante al desarrollo del talento especializado en ciberseguridad. Para las autoridades estadounidenses, la formación de profesionales en este campo representa un activo estratégico comparable al desarrollo de nuevas tecnologías. En consecuencia, se plantea fortalecer los programas educativos, ampliar la cooperación entre universidades, empresas y gobierno, y facilitar el acceso de nuevas generaciones a carreras vinculadas con la seguridad digital.

Para comprender plenamente el alcance de esta orientación resulta útil compararla con el documento publicado en 2023 bajo la presidencia de Joe Biden. En aquel momento, Washington también había reconocido la centralidad del ciberespacio en la seguridad nacional, aunque el enfoque se concentraba principalmente en fortalecer la resiliencia de las redes y en distribuir responsabilidades entre el Estado y las grandes empresas tecnológicas.

La orientación presentada en 2026 introduce, en cambio, un tono más marcado de competencia estratégica. Sin abandonar la preocupación por la resiliencia de los sistemas, el nuevo enfoque busca aumentar el costo de las acciones hostiles y moldear el comportamiento de los adversarios mediante una combinación de presión diplomática, sanciones económicas y operaciones cibernéticas. Dicho de otro modo, si la visión anterior priorizaba la gestión del riesgo, la actual apuesta por una lógica más cercana a la disuasión activa.

Aun con esas diferencias, ambos enfoques comparten la conclusión fundamental que el ciberespacio se ha convertido en uno de los escenarios centrales de la política internacional contemporánea. La competencia tecnológica entre potencias, especialmente en áreas como la inteligencia artificial o las infraestructuras digitales, configura un nuevo tablero geopolítico donde la seguridad nacional, la economía y la innovación tecnológica aparecen profundamente entrelazadas.

En definitiva, el documento publicado en marzo de 2026 refleja la convicción de que la seguridad digital será uno de los factores determinantes del poder en el siglo XXI. En un mundo donde la rivalidad internacional también se libra en redes, algoritmos y datos, la capacidad de proteger infraestructuras críticas, sostener el liderazgo tecnológico y responder a amenazas cibernéticas se convierte en un elemento central para preservar la estabilidad y la influencia global de los Estados Unidos.

Analista Internacional, director de la Cátedra Unión Europea (UCES)

Hoy, la propuesta del Gobierno para modificar la normativa vigente nos sitúa ante un debate necesario y postergado. No se trata de “volver al pasado”, sino de aplicar el sentido común médico para salvar vidas.

Uno de los cambios más trascendentales que impulsa esta reforma es la sustitución del criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física”. Esta no es una distinción semántica menor. En la práctica actual, ¿es sensato que las familias y los médicos tengamos que esperar a que la tragedia sea inminente para poder intervenir?

Como hemos sostenido innumerables veces desde la AAP y los hospitales especializados, no debemos confundir peligrosidad con enfermedad mental. Sin embargo, negar la intervención en crisis bajo un garantismo mal entendido es, en última instancia, una forma de abandono. La sociedad necesita un enfoque que permita intervenciones oportunas, actuando como actúa un cardiólogo ante un dolor en el pecho , haciendo la evaluación e intervención pertinente antes de que el daño sea mayor o incluso irreversible.

La reforma propone que al menos uno de los profesionales que determine una internación involuntaria sea, obligatoriamente, un médico psiquiatra. Esto devuelve la racionalidad clínica al proceso. Si bien el abordaje debe ser interdisciplinario (con psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros), la evaluación de un médico es fundamental para distinguir cuadros orgánicos con síntomas psíquicos (vg.meningitis , tumores infecciones, enfermedad tiroidea, etc.) de crisis de enfermedades de psiquiátricas propiamente dichas y así garantizar el mejor tratamiento posible .

La ley vigente planteaba el cierre de los hospitales especializados (monovalentes) y pasar todo a los hospitales generales para el año 2020, un objetivo que resultó absurdo, impracticable y carente de sentido de planificación sanitaria . Es una falsa dicotomía, ya que cada una de estas instituciones tienen funciones diferentes y son necesarios en la “red de hospitales y servicios de salud”. Cerrar centros de referencia como el Hospital Borda es como pretender cerrar una unidad coronaria en medio de una crisis sanitaria.

La propuesta actual es más simple si lo hacemos con conocimiento de la clínica, la práctica y pensando en lo que la sociedad necesita: hospitales generales y centros de atención primaria para la atención de las personas con casos leves y consultas ambulatorias e instituciones especializadas reservadas para cuadros graves que requieren recursos.

También es importante agilizar las “ altas de las internaciones “, evitando la judicialización que hoy empantana los tratamientos y en definitiva a las familias, que son quienes cargan con el peso cotidiano de la enfermedad. Ellas necesitan un sistema que les brinde respuestas, no obstáculos burocráticos.

Modificar la ley no es vulnerar derechos; es garantizarlos. El derecho a la salud incluye el derecho a recibir un tratamiento eficaz y a tiempo. Es hora de que la legislación argentina deje de mirar la teoría desde la comodidad del sillón y de los escritorios y empiece a mirar la realidad de las guardias y de los hogares de las familias argentinas .

Médico Psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos

Francis Bacon ya había difundido en la comunidad científica que interactuaba en la Europa del siglo XVIII la idea que las ciencias físicas y naturales observaban e identificaban regularidades que la experimentación se encargaba de reproducir, y que, a partir de la prueba se expresaban en proposiciones que, en forma de ley, traducían el descubrimiento científico. La ciencia investigaba el universo y la naturaleza para descubrir leyes que permitieran explicar la mecánica de su funcionamiento. Malthus todavía no tenía la perspectiva de la “singularidad” que se estaba dando en el mundo económico de sus días, e investigaba una ciencia social con la información que le proporcionaba la historia y el dato estadístico disponible. Hacia atrás observaba una economía que por milenios había tenido un comportamiento cuasi estacionario con una correlación entre el crecimiento de la población y la producción de alimentos que permitía inferir cierta regularidad.

Durante la mayor parte de la historia humana la economía operó con un comportamiento ajustado a la visión malthusiana: los avances técnicos y productivos temporales tendían a traducirse en un crecimiento de la población, pero no en mayores ingresos por persona. En la práctica eso significa que el producto mundial total podía crecer (porque crecía el número de habitantes), pero el producto por habitante permanecía aproximadamente constante a lo largo de siglos. La regularidad observada era simple: una mejora tecnológica elevaba la producción disponible, había más alimentos/recursos y la mortalidad bajaba y/o la fecundidad subía, entonces la población crecía hasta que la renta per cápita volvía a acercarse a los niveles de subsistencia. El crecimiento “se comía a sí mismo” demográficamente en lugar de acumularse en mayor riqueza per cápita. A su vez, las guerras, las hambrunas y las pestes, acompañaban el proceso de convergencia y nivelación milenaria a esa regularidad de la subsistencia. Todo esto llevó al clérigo inglés a postular su ley de interpretación del fenómeno que se estilizó como la relación entre una población que crece a tasas geométricas, mientras los alimentos lo hacen a tasas aritméticas, con las consecuentes crisis y las consiguientes recomendaciones de control demográfico, todavía vigentes en muchos foros de pensamiento. El espejo retrovisor que le permitió a Malthus postular su ley, no le permitió, sin embargo, advertir que en su presente el “palo de hockey” que relevaba la regularidad pasada en su mango, empezaba a exhibir el tramo de crecimiento disruptivo a tasas aceleradas y acumuladas del producto y de la población (cabeza o pala de hockey) como consecuencia del proceso de industrialización que tenía epicentro en Europa y en su propia Inglaterra.

Joel Mokyr, Premio Nobel de Economía del año pasado, en su libro A Culture of Growth. The Origen of Modern Economy, se propone analizar y dar a luz las razones que llevaron a una economía mundial de subsistencia milenaria a romper esa trayectoria y a empezar a crecer a tasas acumuladas y sostenidas que han permitido en los últimos 200 años aumentar el ingreso per cápita por 10 y la población mundial por 6. Para Mokyr, tanto la historia como la teoría económica siguen en deuda con ese interrogante crucial que marca la mayor “singularidad” en la disciplina económica. La revolución industrial fue precedida, según este investigador, por una revolución en el mundo de las ideas que abrevó en un cambio cultural que a su vez cristalizó en instituciones que permitieron la multiplicación de las transacciones, la división del trabajo y el proceso de acumulación capitalista. El origen, según Mokyr, lo generó una fertilización cruzada de ideas que se fue gestando en los siglos XVI y XVII y que dio lugar, como nunca había sucedido antes, al establecimiento de vasos comunicantes entre los descubrimientos científicos (multiplicados por el nuevo método de investigación científica), los desarrollos tecnológicos asociados, y su difusión comercial. El circuito ciencia, tecnología e innovación potenciado por la operación de una economía de mercado en contextos institucionales respetuosos de la propiedad privada y del cumplimiento de los contratos. La interacción y difusión de las nuevas ideas tuvo el protagonismo de una organización transnacional e informal conocida como República Literaria, “el gran mercado de ideas” que interrelacionó el pensamiento europeo en las distintas disciplinas científicas en una Europa todavía marcada por las divisiones políticas. La institución “ha recibido mucha atención por parte de los historiadores, pero su relevancia en la generación y difusión de conocimiento útil no ha sido suficientemente apreciada”. Fue una universidad “invisible” de académicos e intelectuales conectados internacionalmente, basados en el entendimiento común que el conocimiento es un bien público a ser distribuido y compartido en la sociedad. Esto condujo, según Mokyr, a promover la creación sostenida del conocimiento.

Mutatis mutandi, la decadencia cuasi secular de la Argentina también ofrece regularidades que condicionan el análisis y los pronósticos futuros, sobre todo cuando los datos estadísticos que alimentan los modelos económicos se combinan con la propensión determinista que domina nuestra idiosincrasia (o “condenados” al éxito, o fatales fracasados). En nuestro pasado, hay una secuencia casi monótona y repetitiva de déficit fiscales, políticas monetarias laxas y crisis cambiarias con explosiones cíclicas de las cuentas públicas y de las cuentas externas. Hay procesos de stop and go (años de expansión seguidos de años de contracción) retroalimentados por condiciones que se repiten, y hay políticas procíclicas que profundizan los auges y las caídas. El bajo crecimiento promedio que arrastra décadas se ha transformado casi que en un augurio de futuros nuevos estancamientos o caídas. Para colmo, la demografía empieza a agotar el bono demográfico (envejecimiento poblacional), con consecuencias más serias en un contexto de baja tasa de inversión y baja productividad. La tasa de crecimiento promedio de los últimos 50 años ha estado por debajo del 2%, y la de crecimiento poblacional alrededor del 1%. La trayectoria nos condena a duplicar el ingreso per cápita en unos 72 años (el mango del palo de hockey metafórico de la Argentina declinante). ¿Habrá un punto de inflexión que nos proyecte a la trayectoria de la cabeza del palo de hockey para crecer a tasas sostenidas mucho más altas de manera de mejorar el ingreso per cápita y converger a los niveles de riqueza de los países desarrollados? Para duplicar el producto en diez años debemos crecer a tasas de 7,2% anual acumulado. Esto permitiría a su vez duplicar el ingreso per cápita en los próximos doce años, pero aun así no alcanzaríamos el actual ingreso per cápita que tienen los españoles. Para crecer a esas tasas hay que incorporar más horas de trabajo y reducir la informalidad laboral a un 15/20% (tenemos pendiente una mayor inserción de la mujer en la fuerza laboral ampliando la base de la población económicamente activa); necesitamos mucha más inversión a partir de un aumento de la tasa de ahorro interno (que el ahorro argentino deje de huir al “colchón” o al exterior) y es imprescindible un salto en la productividad. Por prueba y error muchos fracasos del pasado han dejado algunas lecciones prácticas: no más déficit en las cuentas públicas, no más emisión para financiar desequilibrios fiscales, no más deuda pública, no más monetización con capitales golondrinas (carry trade), no más atraso cambiario para frenar la inflación, no más inflación (erradicarla).

Pero al catálogo de “no” hay que sumarle ideas conducentes a transformar la estructura productiva generando nuevos empleos formales: ideas sobre desregulación, apertura económica, eliminación de barreras a la competencia, reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional. En este “mercado de ideas” hay propuestas que insisten en la dolarización y otras que defienden un régimen bimonetario; ideas que buscan fortalecer la autonomía del banco central e ideas que derivan en su eliminación. Ideas que descansan en la función empresarial y en la coordinación espontánea del mercado para alcanzar el crecimiento sostenido en un marco institucional de respeto a la propiedad y a los contratos, e ideas que integran la función empresarial a una estrategia de desarrollo, con mercados competitivos, bienes públicos de calidad, infraestructura que vertebre el país con la región y el mundo, y previsibilidad institucional. Ideas sobre la inserción de la Argentina en el nuevo orden mundial, replanteando el Mercosur o transformándolo en acuerdo de libre comercio. Hay que enriquecer todos estos debates para superar las ideas perimidas y fracasadas estableciendo puentes de diálogo y fertilización cruzada de ideas con la consigna de afianzar el nuevo rumbo y consolidar consensos mayoritarios, a sabiendas que el éxito del cambio económico se evaluará en las tasas de crecimiento sostenido de la Argentina de los próximos años.

Doctor en Economía y doctor en Derecho

Ese es el riesgo que plantean las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (o SLAPPs, por sus siglas en inglés): que operan como mecanismos de presión y hostigamiento. Mientras que a la luz se presentan como disputas judiciales, en las sombras persiguen un objetivo que no es el de reparar a un individuo de un agravio sino desgastar, intimidar y desalentar el debate público. De esta forma, el proceso judicial deja de ser un instrumento de justicia y pasa a funcionar como una advertencia disciplinadora. Incluso una pseudo sanción anticipada en algunos casos, con la carga psíquica y física de una sentencia. No hace falta que haya condena para que el mecanismo cumpla su función. El mero proceso basta para producir el efecto buscado: consume tiempo, recursos y energía. Doblega a quien se atreve a preguntar, indagar y echar luz sobre los aspectos más controversiales de un gobierno. Obliga al demandado a concentrarse en su defensa en lugar de continuar con su trabajo, poniendo a prueba su resiliencia en una batalla asimétrica.

Así envía un mensaje claro a quienes observan desde afuera: hablar puede tener consecuencias. En otras palabras, bajo la apariencia de un litigio privado se esconde un mensaje que golpea al conjunto de la sociedad. Aunque no siempre resulte tan evidente.

De ahí que las SLAPPs no pueden analizarse como litigios ordinarios porque su misma naturaleza las define como un proceso marcado por la desigualdad de poder entre las partes, el abuso del sistema judicial, las demandas desproporcionadas, la multiplicación de acciones y todo ello acompañado generalmente por campañas de descrédito.

En la Argentina, esta discusión se volvió especialmente relevante desde el inicio del gobierno de Javier Milei porque de su mano se consolidó un clima de confrontación marcado por discursos agresivos contra el periodismo y la utilización de acciones judiciales como mecanismos de disciplinamiento. Ningún presidente argentino recurrió a la vía penal para acallar la expresión de críticas, información u opiniones referidas a su persona con la recurrencia y liviandad con la que lo está haciendo Milei. Y esto es peligroso. Desde Amnistía Internacional registramos al menos ocho posibles SLAPP iniciadas por el presidente contra los siguientes periodistas: Ari Lijalad, Carlos Pagni, Viviana Canosa, Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos.

En el pasado, Argentina fue condenada en dos oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso abusivo de la justicia (penal y civil) contra periodistas. Sin dejar de reconocer el deber del periodismo de informar y verificar razonablemente las fuentes, en Kimel (2008) ordenó adecuar la normativa interna, lo que derivó en 2009 en la reforma del Código Penal eliminando las penas de prisión para injurias y calumnias cuando se refieran a asuntos de interés público; y en Fontevecchia y D’Amico (2011) determinó la responsabilidad del Estado por la violación a la libertad de expresión, sentando estándares clave sobre la protección del debate público y los límites a las sanciones civiles desproporcionadas.

Pese a contradecir estos precedentes, lo que distingue la dinámica del presente es la reiteración de denuncias en un contexto de hostilidad política hacia el periodismo crítico, donde la judicialización aparece acompañada por discursos de estigmatización pública. Cuando esas dos dimensiones se combinan —descalificación pública y persecución judicial—, el efecto amedrentador se vuelve mucho más poderoso y multiplica su capacidad destructiva.

El silenciamiento como política

Las SLAPP no son un fenómeno argentino ni reciente. El término comenzó a utilizarse a fines de los años ochenta para describir demandas destinadas a frenar la participación ciudadana en debates públicos. En las últimas décadas, su expansión se convirtió en una preocupación global. Organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre el uso del sistema judicial como mecanismo para intimidar a periodistas, activistas y voces críticas.

Los efectos de estas prácticas están bien documentadas. Incluso cuando las demandas fracasan, generan lo que el derecho internacional se denomina “efecto inhibidor”: el temor a enfrentar procesos judiciales largos y costosos lleva a periodistas y medios a moderar sus investigaciones o evitar determinados temas. La autocensura no aparece como una orden directa. Surge como consecuencia del miedo.

En la Argentina actual, Milei ha utilizado de forma reiterada sus redes sociales y entrevistas para descalificar a periodistas críticos con expresiones como “mentirosos”, “ensobrados” o “mandriles”, entre otros insultos. “No odiamos lo suficiente a los periodistas” se vuelve un mantra que algunos apóstoles del poder hoy repiten como estrategia de cuestionamiento pero que otros abrazan como un credo. Por estas razones ese tipo de discursos dista de ser inocuo. Cuando el poder político identifica públicamente enemigos, crea un terreno fértil para la intimidación. Incluso para la descarga física y la violencia psicológica.

Los datos disponibles reflejan ese retroceso. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH registró un “deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina”, vinculado a la baja tolerancia del Poder Ejecutivo frente a las críticas. Fopea, por su parte, reportó 278 casos de violencia contra periodistas en 2025, de los cuales 119 tuvieron al presidente como principal agresor. En 2024 habían sido 179, con una mayoría de agresiones provenientes del Estado o de actores vinculados al poder.

En ese contexto se inscriben los ocho casos mencionados. Algunos ya tuvieron movimientos en la Justicia: el juez Daniel Rafecas desestimó las denuncias contra Carlos Pagni y Ari Lijalad, aunque en este último caso Milei apeló y la causa sigue abierta, trabada en una instancia de conciliación que fracasó porque el propio abogado del presidente tenía la instrucción de no acordar sin una retractación. También Julia Mengolini fue denunciada por injurias a partir de sus expresiones sobre el vínculo entre Javier y Karina Milei y los perros del mandatario. Y, como en el caso de Lijalad, los tribunales no pusieron un freno temprano al proceso, sino que lo dejaron avanzar. La pregunta es inevitable: ¿cómo es el día a día de un periodista que, mientras intenta informar y aportar al debate público, debe defenderse en causas penales y civiles impulsadas nada menos que por el presidente de la Nación?

El patrón es evidente más allá de las particularidades de cada causa. Se trata de periodistas que cuestionaron al poder y en consecuencia enfrentan procesos criminales iniciados por el blanco de sus críticas. Argentina no es ajena a un escenario global de retroceso para la libertad de prensa: judicialización abusiva, criminalización del disenso, encarcelamiento de periodistas y expansión de la autocensura. Informes recientes señalan tendencias preocupantes en países como China, Turquía, Paraguay o Estados Unidos.

Las SLAPP prosperan con mayor facilidad en contextos donde las instituciones democráticas se mantienen formalmente en pie, pero el espacio de deliberación pública se reduce. En esos contextos, donde las reglas republicanas existen, pero se debilitan en la práctica, el rol del Poder Judicial se vuelve clave como último resguardo de los derechos constitucionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue categórica al respecto: cuando funcionarios públicos utilizan demandas penales para silenciar críticas sobre su actuación, se viola la libertad de expresión. Por eso los jueces tienen la obligación de desactivar rápidamente estos procesos y evitar su efecto intimidatorio. La lógica es clara: quienes ejercen funciones públicas deben tolerar un nivel más alto de escrutinio y crítica. El honor de los funcionarios puede protegerse, pero no mediante el derecho penal cuando lo que está en discusión es el debate democrático.

Si estas prácticas se consolidan, el problema ya no será sólo la denuncia. Será la validación institucional de un mecanismo que debilita el debate en las sociedades modernas. Porque en definitiva las SLAPP no buscan necesariamente ganar una puja en los tribunales sino subyugar a quien se anima a alzar la voz frente al poder. Por eso su impacto trasciende al periodista demandado.

Defender la libertad de expresión frente a las SLAPP no es proteger un privilegio corporativo. Es garantizar el derecho de la sociedad a recibir información, debatir ideas y demandar la rendición de cuentas a quienes gobiernan. Porque cuando el poder acciona para callar al otro, lo que se pone en riesgo no es sólo la libertad de quien habla. Lo que se afecta es la libertad de todos los argentinos, a quienes se les priva del derecho a conocer el pensamiento ajeno para formar el propio.

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

Este novedoso producto se presenta en pequeños sobres orales sin tabaco, compuestos de nicotina, saborizantes y otros aditivos, que se colocan entre la encía y el labio superior para una rápida absorción, liberando nicotina durante 30 a 45 minutos. Aunque comercializadas como alternativas menos nocivas, expertos alertan sobre su alto potencial adictivo y riesgos tóxicos.

Su diseño con forma de pequeña almohadilla se asemeja a un chicle o a una bolsita de té o de cualquier otra infusión, por lo que no parece dañino. Sin embargo, son adictivas y tóxicas para las personas. Pueden producir aumento de la frecuencia cardiaca o hiperglucemia, posibilidad de arritmias, así como lesiones en la cavidad bucal como sequedad, ampollas, gingivitis o destrucción ósea.

Los fabricantes a menudo promueven las bolsitas de nicotina como alternativas más seguras a los productos de tabaco tradicionales, utilizando términos como “sin tabaco” o “sin hojas de tabaco” para dar a entender que plantean menos riesgos para la salud. Esta comercialización puede engañar a los adolescentes y usuarios novatos sobre la seguridad de estos productos.

Algunos especialistas señalan que estas bolistas contienen productos cancerígenos, que por la forma de consumirlas, puede producir cáncer en la boca, la lengua o la laringe. Sobre el particular, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine señaló que los productos de tabaco sin combustión, como las bolsitas de nicotina, constituyen una de las principales causas de cáncer oral y mortalidad asociada en todo el mundo.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ha alertado a la población y equipos sanitarios respecto del crecimiento de la circulación, promoción y consumo de bolsas de nicotina que se empezaron a comercializar durante el año 2025 y han sido promocionadas con el lema “Sin humo ni vapor, cuando quieras, donde quieras”, junto con la advertencia: “Este producto no es libre de riesgos y contiene nicotina, que es adictiva. Venta exclusiva para adultos”.

Si bien en nuestro país no existe hasta ahora una normativa específica que las regule, ni habilitaciones o autorizaciones sanitarias vigentes para su comercialización, desde las organizaciones que trabajan por la reducción de los daños asociados al consumo de productos de tabaco y nicotina sostienen que el producto queda alcanzado por la ley 26.687, la norma nacional antitabaco que regula la publicidad, promoción y consumo de productos de tabaco para proteger la salud pública.

La industria del tabaco está buscando -y encontrando- nuevos formatos para crear adictos a la nicotina. El discurso engañoso orientado a presentar productos con nicotina como supuestamente menos nocivos, pero sin evidencia suficiente de seguridad, busca dificultar el abandono del tabaquismo y captar nuevas generaciones de consumidores.

Desde su triunfo en Torrey Pines el 16 de junio de 2008 hasta este domingo de ensueño en Augusta pasaron 10 años, nueve meses y 27 días; nada menos que 3954 jornadas sin la caricia de un gran campeonato. Un collar de frustraciones para quien ocupó la cima del ranking mundial durante 683 semanas, más que los cinco siguientes juntos (Greg Norman, Nick Faldo, Rory McIlroy , Dustin Johnson y Severiano Ballesteros). La última vez que Woods vio a todos desde lo más alto fue el 11 de mayo de 2014: llegó a este Masters en el 12º lugar del listado y ahora quedará 6º.

Pero más allá de lo que indica el ranking, la grandeza en el golf se mide en títulos de Grand Slam. En un principio, Tiger tomó la delantera respecto de Jack Nicklaus, una pulseada imaginaria con diferencia en el tiempo y atendiendo que se trata de un deporte mucho más competitivo hoy que cuando el Oso Dorado brilló, entre las décadas del ’60 y ’80. A saber: Woods ya se había llevado su primer Major a los 21 años (Masters ’97), mientras que Nicklaus tuvo que esperar hasta los 22 (el US Open de 1962). Cuando ambos tenían 26 años empezó a descubrirse una brecha: Tiger ya acumulaba 8 certámenes grandes y se adelantaba ante los seis del oriundo de Ohio. A los 31 años de las dos estrellas, el ritmo ganador de Woods no se detenía, y la diferencia entre uno y otro se había ampliado: 13 contra 9. Y ya los dos con 35 años, quedaron empatados en 14 Majors.

Lo que vino después fue el estancamiento del californiano, que se plantó en aquellos catorce hasta 2008. En cambio, Nicklaus siguió disfrutando de años de muy alto rendimiento en plena madurez. Aprovechando la competencia ante menos adversarios de nivel con chances de opacarlo en el PGA Tour, supo recolectar 17 hasta los 43 años, la misma edad que tiene Tiger hoy, que este domingo agregó una nueva joya. Sin embargo, el Oso Dorado se dio un enorme gusto al consagrarse a los 46 en el Masters de Augusta de 1986, ya cuando un golfista empieza a pensar en la gira de veteranos. Así, disfrutó de los máximos trofeos durante 24 años y llegó hasta la imbatible cifra de 18 majors, que le proponen todo un desafío al último campeón de Augusta.

15 Green Jackets between them. pic.twitter.com/Nl0taZRc1h&— Masters Tournament (@TheMasters) April 14, 2019

“Me tiene temblando en mis botas”, bromeó ayer Nicklaus, y reconoce que Tiger está jugando hoy mejor que cualquier otro golfista. ¿Qué puede pasar en los próximos años? Lógicamente, la salud física será la base fundamental para que Woods finalmente pueda igualar o superar ese mojón. Resultará clave que, temporada tras temporada, elija qué torneos jugar del calendario, una selección que ya viene haciendo para no recargar su castigada espalda con la acumulación de swings, además de esa tensión competitiva generadora de estrés. En el descanso, la recuperación y la oxigenación de la cabeza estará la llave.

Si su organismo no le juega una mala pasada, Tiger puede apoyarse en dos pilares con total confianza que ya atesora: su perseverancia a la hora del mantenimiento físico –es un fanático del entrenamiento, al estilo Cristiano Ronaldo– y su motivación, que está en el punto más alto después de semejante gesta en Augusta National. Pero no es solo un incentivo personal, sino que también abarca a sus hijos: quiere que Charlie y Sam vean a un padre rozagante deportivamente y apto para levantar trofeos por muchos años más. Desea que las imágenes que se sucedieron ayer, esos abrazos con los chicos luego del green del 18, se repitan con frecuencia.

Tiger sabe lo que es triunfar en todos los Majors, y en muchos escenarios: suma 5 Masters, 3 US Open, 3 Abiertos Británicos y 4 PGA Championships. Cuenta con un margen de tres temporadas –hasta sus 46– para empardar a Nicklaus, aunque lógicamente los años pasan para todos y cada vez hay más figuras emergentes en el PGA Tour para dificultar esta búsqueda. Además, nombres como Rory McIroy, Dustin Johson, Brooks Koepka, Jason Day y Rickie Fowler, entre muchos otros, estarán al acecho para ponerle vallas a su último gran objetivo: ser el más ganador en títulos grandes. No dependerá solo de él, pero tiene con qué.