“Según Javier Milei y Luis Caputo, que se dicen expertos en economía, la inflación en 2026 iba a ser cero y resulta que no para de aumentar”, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

A través de un comunicado, el dirigente sindical sostuvo que en el Gobierno “tienen que aceptar que fracasaron, que generaron una crisis económica sin precedentes y además que no existen perspectivas de mejora mientras esté este Gobierno”.

En tanto el jefe de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, expresó que “sin emisión monetaria, con salarios y jubilaciones miserables, con las provincias destruidas por la caída de la recaudación y de la obra pública, igual sigue creciendo la inflación por décimo mes consecutivo”.

“Milei lleva al país al peor de los mundos, inflación en un país parado”, advirtió.

En tanto, el secretario general de UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, apeló a la ironía y señaló que “la inflación ya superó el índice Karina Milei y llegó al 3,4%“, en referencia a la causa por presuntos pedidos de coimas en la ANDIS.

“El fracaso del modelo de Milei ya no se puede disimular aunque traten de responsabilizar a otros. El único dato duro es que fracasaron y la gente todos los días está peor. Es la única explicación real”, completó el dirigente desde sus redes.

Qué resolvió ATE

El gremio de estatales convocó a un “paro nacional con movilización” para el 21 de abril en reclamo de la “inmediata reapertura de la negociación salarial y en rechazo al ajuste y desguace de todos los organismos del sector público”.

Además, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que ATE integra junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, hará este miércoles en Mar del Plata su segunda presentación del informe mensual de “Canasta Básica del Trabajador”.

Críticas de la política

Entre los dirigentes políticos, el intendente del municipio bonaerense de Castelli, el peronista Francisco Echarren, afirmó que “solo en 3 meses Milei ya casi supera la inflación que él mismo presupuestó para todo el año”.

SOLO EN 3 MESES Milei ya casi supera la inflación que ÉL MISMO presupuestó para TODO EL AÑO.

10 meses de aceleración consecutiva.

Las familias no aguantan más la pérdida de poder adquisitivo frente a precios que suben todos los días en alimentos, transporte y servicios.

Menos… pic.twitter.com/kaHi90hRtK

— Francisco Echarren (@EcharrenF) April 14, 2026

“Diez meses de aceleración consecutiva. Las familias no aguantan más la pérdida de poder adquisitivo frente a precios que suben todos los días en alimentos, transporte y servicios”, reprochó Echarren.

“Vamos 10 meses consecutivos de suba de la inflación con salarios congelados. Ya que son tan ‘liberales’, liberen las paritarias porque la gente no puede más!”, pidió el legislador porteño de Unión por la Patria Leandro Santoro.

3,4% y vamos 10 meses consecutivos de suba de la inflación con salarios congelados.

Ya que son tan "liberales", liberen las paritarias porque la gente no puede más!

— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) April 14, 2026

La exintendenta de Quilmes y actual diputada bonaerense Mayra Mendoza sostuvo que las familias solo “sobreviven” y que la situación “no se aguanta más”.

Milei, admití que, como presidente, lo ÚNICO que te importa son los negocios de tu hermana y sus amigos. No podés explicar otra cosa.
Vivís en una realidad PARALELA: hoy las familias SOBREVIVEN y no se aguanta más. https://t.co/0zwKc3SAkK

— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) April 14, 2026

A su vez, el ex ministro de Educación del kirchnerismo Daniel Filmus planteó desde sus redes sociales que la inflación fue del 3,4% cuando “docentes universitarios y científicos en el nivel salarial más bajo de las últimas décadas”.

“El salario Conicet cayó 40% y 33,7% universitarios. Milei sigue destruyendo la universidad y la ciencia argentina” expresó.

También hubo críticas de sectores ligados al PRO. “3.4%: estamos mal pero vamos peor”, publicó el ex ministro de Cultura de Cambiemos Pablo Avelluto.

3.4%: estamos mal pero vamos peor.

— Pablo Avelluto (@pabloavelluto) April 14, 2026

El histórico dirigente radical y ex embajador en España Ricardo Alfonsín se hizo eco del dato y señaló que “si al menos fueran menos soberbios, menos arrogantes, más humildes y menos agresivos...”.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado bonaerense Christian Castillo puntualizó que en un trimestre se registró “la inflación que proyectaron para un año en el Presupuesto”.

“Dijimos que estaba dibujada. Mientras los precios no paran de subir los salarios están por el piso. La estafa libertaria queda cada vez más clara, no venían a combatir la casta sino a integrarse a ella”, añadió.

En un trimestre la inflación que proyectaron para un año en el Presupuesto. Dijimos que estaba dibujada. Mientras los precios no paran de subir los salarios están por el piso. La estafa libertaria queda cada vez más clara, no venían a combatir la casta sino a integrarse a ella https://t.co/oFWe1fD57b

— Christian Castillo (@chipicastillo) April 14, 2026

Qué dijo Milei

Por su parte, Milei sostuvo desde sus redes sociales que el dato es “malo” y “repugna” pero sostuvo que ”hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado”, y que explicará este martes por la tarde en AmCham.

Javier Milei tiene este martes un encuentro cara a cara en el summit de AmCham con el círculo rojo político y empresarial de la Argentina. Arribó con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la polémica por su falta de explicaciones respecto de su patrimonio y sus viajes desde hace semanas. Los murmullos sobre la figura del ministro coordinador corrieron como agua en los pasillos del Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se hace el evento.

El Presidente llegó en un día particular al encuentro porque hoy se cumple justo un año de que su administración decidió salir del cepo al dólar, uno de los hitos más importantes de su gestión en materia económica -Milei lo celebró esta mañana-, pero también a solo unas horas de que se conociera un número de inflación de marzo de 3,4%, que lleva el acumulado de 2026 a 9,4%. Esto cuando el Gobierno había estipulado 10,1% para todo el año en el Presupuesto.

En el público, además de Adorni, acompañan al Presidente los ministros Diego Santilli, Mario Lugones y el canciller Pablo Quirno; diputados nacionales libertarios, con Gabriel Bornoroni a la cabeza; y también el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

“Tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna voy a hablar de inflación”, arrancó Milei y recibió los primeros aplausos de su discurso.

Antes del evento, Milei ya había anticipado que iba a justificar por qué la inflación retornaría a su “sendero decreciente” a futuro, en el mismo mensaje en el que admitió que el número de marzo era “muy malo” y que el Gobierno no estaba conforme.

“Una de las cosas importantes es explicar y tener claro lo que está pasando. Cuando uno lo entiende y tiene un diagnóstico, implica que es el primer paso para una solución. Lo que tenemos que entender es por qué 3,4%, por qué desde mediados del año pasado de a poco viene subiendo. No tenemos ningún problema en explicarlo, es bastante claro lo que está pasando. Al margen de que voy a explicar por qué nos encontramos con este dato, también les voy a explicar por qué estamos convencidos de por qué la inflación para adelante va a bajar, porque lo más importante es no discutir dos décimas más o menos, es saber por qué hacia adelante va a bajar”, comentó.

Para justificar el 3,4%, Milei dijo que hubo un ataque especulativo contra su gobierno el año pasado, y que en marzo hubo factores estacionales como la educación, el impacto de la guerra y la carne.

“No fue gratis el intento de la política de generar un golpe de Estado, hay que tener en cuenta a qué estuvimos sujetos en el segundo semestre del año pasado, y muy en especial desde la elección en la Provincia de septiembre”, sostuvo.

“Por esa caída de la demanda de dinero, la consecuencia es que el nivel de precios les va a saltar. Y eso se manifiesta como una aceleración en la tasa de inflación”, marcó, en el tramo en que vinculó la suba a los efectos de que La Libertad Avanza perdiera la elección bonaerense.

Después ahondó sobre los factores particulares que le endilgó a marzo. “Es un mes con estacionalidad. En el dato puntual de este mes impactó educación, todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo eso afectó al transporte. Y también el impacto en la carne”, enumeró.

Entonces, fue ahí que dijo -en línea con su mensaje de la semana pasada-: “Hay que tener paciencia, no hay que desesperarse. Si uno se desespera, toma malas decisiones. Y nosotros no vamos a ir en contra ni de la teoría económica, ni de la evidencia empírica, ni tampoco vamos a vulnerar los valores morales a la hora de diseñar la política económica”.

En resumen, dijo que lo que “explica” el salto en la tasa de inflación es la caída en la demanda de dinero por los efectos políticos, además de los efectos estacionales de marzo.

“La política monetaria no cambió. El equilibrio de largo plazo al que vamos no cambió; cambió la dinámica en el tiempo. Si tomamos la inflación núcleo y le sacamos el efecto de la carne, está igual que el mes pasado, en 2,5%. Y, lo más importante: si tomamos la canasta básica que impacta sobre la indigencia está en 2,2%”, sostuvo Milei.

La previa

Antes de su discurso en AmCham, Milei dijo en X: “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

INFLACIÓN
El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.
VLLC!

PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX

— Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

El oficialismo sabe que el establishment económico sonríe ante su plan, por eso los personajes de la Casa Rosada que pasaron por acá pidieron respaldo ahora, en un momento de tensiones para la administración libertaria. La contracara, avisan a este sector, es el kirchnerismo.

En la previa, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya advertido del número de inflación que se podía venir, buscó imprimirle también esperanza al futuro. “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, arengó el funcionario, que por estas horas ve cómo cae la recaudación y cómo se suman reclamos de distintos sectores aquejados por el ajuste: los gobernadores acá en el foro, que pidieron baja de impuestos; los intendentes (sobre todo los peronistas), que reclaman obras públicas; los pacientes con discapacidad, que se fueron a quejar afuera del Palacio de Hacienda por el retraso en los pagos de las prestaciones; los choferes de colectivos...

El tono de esperanza hacia adelante Milei lo acarrea desde la semana pasada, cuando pidió “paciencia” a quienes todavía no sienten las bondades de su plan económico, pero insistió con que el rumbo es el correcto y con que cambiarlo implicaría “dinamitar lo logrado”.

En la Casa Rosada se multiplican los dardos a los medios y se convencen de que el plan trazado tiene que funcionar. En estos últimos días, en Balcarce 50 dijeron saber que el primer trimestre del año iba a ser difícil, pero se mostraron seguros que desde abril comenzará un respiro.

El gobierno de Milei, dicen los analistas, tiene también un desafío en materia de empleo. Uno de los grandes ausentes de esta jornada fue el secretario de Trabajo, Julio Codero, que canceló su participación. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION alegaron que Cordero no pudo participar de AmCham porque se quedó trabajando en temas procesales de la reforma laboral, que en parte quedó suspendida tras un amparo que presentó la CGT y que consiguió aval de la Justicia.

Antes de Milei, también hablaron el ministro del Interior, Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno, que no pudieron esquivar responder por Adorni, pero volvieron a darle su apoyo, cuando los hermanos Milei siguen abroquelados en el respaldo al jefe de Gabinete.

Se sumó a otro panel el ministro de Salud, Mario Lugones; y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. “La modernización laboral está hoy en manos de las empresas. Anímense a contratar, a invertir, a generar empleo. La Argentina está ofreciendo estabilidad y reglas claras. Es el momento de dar el paso”, les pidió Bullrich a los empresarios.

La frase quedó resonando en los pasillos del Centro de Convenciones y Exposiciones (CEC), donde los asistentes empezaron a debatir entre ellos si realmente se vienen tiempos mejores. La respuesta no es una sola y depende del sector que represente la fuente consultada.

La realidad es heterogénea, como admitió el propio Caputo por la mañana. “Algunos logran reconvertirse”, señaló, al comparar los casos de Fate, que cerró su planta de producción de neumáticos, y Lumilagro, que reemplazó la producción local por un plan de importaciones de termos y hoy registra récords de ventas, según dijo el ministro.

El CEO de AmCham,Alejandro Díaz, advirtió que el nuevo esquema económico implica una transición exigente para buena parte del entramado productivo.“Probablemente, de los 27 clusters que representamos, cerca de 20 van a tener complicaciones en los próximos años”, señaló, al describir el impacto desigual del cambio de modelo. Según planteó, el proceso que atraviesa la Argentina“va a ser complejo en el corto plazo”y requerirá una reconversión profunda de sectores vinculados alconsumo y la industria.

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El Gobierno hizo tres promesas. Que la inflación comenzaría con cero en agosto, que ese flagelo apenas superaría el 10% a fin de este año y que 2027 -el año de las elecciones presidenciales- sería “un paseo por el parque”. El ministro de Economía, Luis Caputo, sumó una cuarta en las últimas horas: como aquellos “brotes verdes” de fines del gobierno de Mauricio Macri, anticipó que se vienen “los mejores 18 meses de las últimas décadas”.

En los primeros meses de su gestión, marcados por una crisis extrema que heredó del kirchnerismo y ante el abismo de la hiperinflación, Caputo logró un hito: crear un track-record (un historial). Prometió y cumplió. No es menor para las expectativas en economía y menos con el prontuario que arrastra la Argentina. El ministro de Economía sobreactuó orden y logró ser, por lo menos, un alumno creíble. Su diagnóstico convenció: la crisis argentina no se debía a la deuda, al dólar o la inflación. El problema era fiscal -y monetario-.

Con un ajuste feroz del gasto público, terminó con el rojo de la caja casi todos los meses, saneó el Banco Central (BCRA) y minimizó las expectativas de inflación con un trabajo sobre los precios relativos. Se desreguló y abrió la economía para presionar sobre los precios. Vaticinó resultados que se cumplieron y cosechó elogios. Con un perfil que se le desconocía, incluso se dio el lujo de ufanarse de los “pifies” de colegas y se sumó a streamings oficialistas en los que se rieron de “econochantas” y “mandriles”.

En ese camino, algo se perdió. Porque pese esa credibilidad que había ganado el equipo económico y a la baja del riesgo país (sigue siendo todavía uno de los más elevados de la región), la confianza de los inversores no terminó de restablecerse, lo que complicó la acumulación de reservas internacionales por la incapacidad de volver al mercado de capitales; la actividad crece, heterogénea, pero también el desempleo; los ingresos -no en todas las medidas- van por detrás de los precios. Cruje -algo admitió el Presidente estos días cuando pidió “paciencia”- la economía del hogar.

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Distintos sectores políticos cuestionaron este martes el índice de inflación de marzo de 3,4%, al calificar a la gestión económica del Gobierno de un “fracaso rotundo”.

“Según Javier Milei y Luis Caputo, que se dicen expertos en economía, la inflación en 2026 iba a ser cero y resulta que no para de aumentar”, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

A través de un comunicado, el dirigente sindical sostuvo que en el Gobierno “tienen que aceptar que fracasaron, que generaron una crisis económica sin precedentes y además que no existen perspectivas de mejora mientras esté este Gobierno”.

En tanto el jefe de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, expresó que “sin emisión monetaria, con salarios y jubilaciones miserables, con las provincias destruidas por la caída de la recaudación y de la obra pública, igual sigue creciendo la inflación por décimo mes consecutivo”.

“Milei lleva al país al peor de los mundos, inflación en un país parado”, advirtió.

Entre los dirigentes políticos, el intendente del municipio bonaerense de Castelli, el peronista Francisco Echarren, afirmó que “solo en 3 meses Milei ya casi supera la inflación que él mismo presupuestó para todo el año”.

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El canciller Pablo Quirno habló este martes por la tarde en el encuentro de AmCham, dijo que la guerra en Medio Oriente benefició económicamente al país y defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Estoy extremadamente ocupado en Cancillería. No pasaron seis meses desde que llegué. Tenemos un excelente jefe de Gabinete”, se limitó a decir Quirno.

A lo largo de la breve charla, el ministro de Relaciones Exteriores navegó entre diversos temas, la mayoría de ellos vinculados al escenario económico e internacional de nuestro país. En primer lugar, se refirió al estado de situación de la alianza entre la Argentina y EE.UU. “Es muy importante, algo que ha venido armando el Presidente desde que es candidato. Llegamos, pusimos la casa en orden y proyectamos internacionalmente”.

“En esa proyección, era clave la alianza con los Estados Unidos. Se cumple un año de la salida del cepo, de la visita de Bessent. Más importante que este apoyo simbólico, el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos [Bessent] dijo algo que pasó desapercibido poco después: “Si la Argentina sigue haciendo las cosas como las viene haciendo y se enfrenta con alguna dificultad, nosotros vamos a estar”, recordó a continuación.

Y completó: “El acuerdo comercial con Estados Unidos también tuvo a Milei como un presidente pionero al momento de aplicarlo. Fue firmado en noviembre y homologado hace un par de meses. No solo es un acuerdo comercial, también hay inversiones. Nos abre un camino para la llegada de capitales, con factores que son muy importantes. Permite generar condiciones para el crecimiento de sectores estratégicos”.

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El presidente Javier Milei afirmó este martes que el dato de la inflación de marzo “es malo”. El nuevo valor mensual del índice de precios fue de 3,4%, lo que significa que lleva diez meses sin bajar. El mandatario aseguró que brindará explicaciones al respecto esta tarde en su exposición en Ancham.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, publicó en su cuenta de la red social X.

Debajo, dejó una posdata: “Hoy explicaré en AmCham”. La inflación de marzo volvió a acelerarse y el 3,4% es el valor más alto de lo que va en 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto.

Además, el incremento interanual llegó a 32,6% y la suba de precios fue la más alta en un año, desde marzo de 2025, que fue de 3,7%. El dato fue mayor al esperado por el mercado (3%), pero además se aceleró una décima la inflación núcleo (3,2%).

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, parte de su gabinete, e intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), se concentraron este martes al mediodía frente al Ministerio de Economía, para reclamarle al titular de esa cartera, Luis Caputo, un mayor caudal de fondos de coparticipación, el restablecimiento de transferencias nacionales, compensaciones para el transporte público por el precio del gasoil y la entrega de alimentos, entre otros puntos.

Los dirigente políticos tuvieron al frente al gobernador Kicillof, que se sumó a la protesta frente a la Plaza de Mayo, donde se encuentra el Ministerio de Economía, ubicado sobre la calle Yrigoyen. Presentaron una carta para Caputo y un documento con su análisis de la situación social y económica.

“La realidad que vivimos en los municipios refleja con claridad el impacto de las actuales condiciones macroeconómicas sobre la vida cotidiana de nuestras comunidades.

La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiere una mirada federal y articulada”, le plantearon los jefes comunales que integran la FAM (son más de 500, según indican desde la federación) a Caputo, en una carta que le presentaron junto al documento que contenía sus demandas.

En el documento que llevaron al ministerio de Caputo, los intendentes y los funcionarios provinciales liderados por Kicillof plantearon diez pedidos: “revisión y fortalecimiento del esquema de coparticipación federal; normalización en el envío de recursos nacionales; garantizar la entrega de alimentos a quienes más los necesitan; restitución o compensación de subsidios eliminados; implementación de medidas de compensación por el impacto del gasoil en el transporte público; reactivación de políticas de apoyo a la industria, pymes y economías regionales; garantía de acceso a medicamentos para jubilados; fortalecimiento de políticas para personas con discapacidad; transparencia y equidad en la distribución de recursos estratégicos, y creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y la FAM”.

Entre los intendentes que se acercaron a la protesta política estaban Fernando Espinoza (La Matanza, presidente de la FAM), Eva Mieri (Quilmes), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Damián Selci (Hurlingham), Fernando Moreira (San Martín), Mariel Fernández (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Marisa Fassi (Cañuelas), Ricardo Moccero (Coronel Suárez) y Cecilio Salazar (San Pedro). También, funcionarios bonaerenses como Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, y uno de los principales impulsores de la protesta de este martes), Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad), o Cristina Álvarez Rodríguez (jefe de asesores).

Según informó el Ministerio de Infraestructura bonaerense, participaron 120 intendentes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego.

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Anunciado como uno de los representantes del gobierno de Javier Milei en el evento, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, avisó anoche a la organización que no concurriría a la cita. Sin funcionarios nacionales a la vista, uno de los miembros del triunvirato cegetista, Jorge Sola, aprovechó su soledad en el ring del encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para criticar en duros términos la ley de reforma laboral y la “falta de inversión productiva” de la gestión libertaria.

“La ley fue una gran oportunidad perdida (…) No va a generar más trabajo ni formalización, el cambio de relaciones laborales no genera trabajo por sí mismo, hace falta inversión productiva que no vemos”, dijo Sola, en una extensa charla con el periodista Sergio Suppo.

No se recibieron, desde la organización del encuentro, explicaciones de la ausencia de Cordero, que en principio figuraba hasta ayer en el programa de expositores. Fuentes de la Secretaría de Trabajo excusaron al funcionario por asuntos de la gestión.

“Tenía toda la intención de ir, pero estuvo trabajando en temas procesales de la reforma laboral”, dijeron en la cartera laboral a LA NACION. Se trataría de audiencias relacionadas con la apelación oficialista de la suspensión de algunos artículos de la reforma. La suspensión parcial fue efectivizada por el juez Raúl Ojeda a pedido, precisamente, de la CGT, aunque días atrás perdió la causa, que pasó al fuero contencioso administrativo.

“No estuvimos en el inicio de la discusión ni en el final. En el proyecto no se habla de robótica, de nuevas tecnologías, de modernización para la nueva etapa”, dijo Sola. La CGT, sin embargo, tuvo a Gerardo Martínez como representante en las discusiones del Consejo de Mayo, realizadas en la Casa Rosada y que derivaron en la presentación del proyecto de “modernización laboral” en el Congreso.

“La formalización no tiene que ver con abaratar costos del trabajo. Antes que una reforma laboral debe haber una reforma tributaria y fiscal para generar trabajo genuino”, dijo el sindicalista del seguro, de traje gris sin corbata y escarapela argentina en la solapa.

Sola también criticó el modelo “extractivista”, por el cual según afirmó “se genera el 10 por ciento de los empleos que se perdieron”, en otras ramas de la economía.

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El dólar prolonga su estabilidad y se mantiene lejos de los $1400. Mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas rueda tras rueda, el mercado avanza hacia su época de mayor oferta estacional de divisas, en un contexto de fortalecimiento de las monedas regionales, que se replica en el caso argentino.

Hoy, el tipo de cambio oficial mayorista llegó a profundizar su baja y operar en $1349, con una caída de 0,4% con respecto al cierre de ayer. Luego revirtió ese movimiento y escaló a $1360 (0,4%).

Ese movimiento se replicó en el dólar minorista. En el Banco Nación, que habitualmente tiene una de las cotizaciones más bajas del mercado, se ofrece a $1380, valor que refleja una baja de $5 (0,3%) frente al cierre previo.

En el promedio de bancos y entidades financiera que releva diariamente el BCRA, el dólar minorista se ubica en $1382.

La el vaivén del dólar oficial también se da en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP, que se obtiene a partir de la compra y venta de bonos u otros activos financieros, retrocedió casi $7 (0,5%) para perforar los $1400 y llegó a tocar $1397, valores nominales mínimos desde mediados desde febrero. Luego rebotó y opera en $1406, valor similar al de ayer.

El dólar contado con liquidación (CCL), que permite girar fondos desde el país al exterior, también retrocedió $5 (0,32%) y luego volvió a $1466. De esta manera, mantiene la brecha con el MEP que se abrió tras las últimas restricciones cruzadas que estableció el BCRA. Actualmente, la distancia entre ambos del 4,5%.

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El paro por 72 horas que activaron los médicos de cabecera en reclamo de mejoras salariales puso de relieve la crisis del PAMI, el organismo nacional que presta asistencia médica y social a más de 5 millones de jubilados y pensionados y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones.

El PAMI tiene hoy una deuda con sus prestadoras que alancaza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales a LA NACION. El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía para explorar un auxilio financiero. Hubo hace ocho días un encuentro mano a mano con su par de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo y desde la cartera de Salud sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.

Desde la Casa Rosada, en tanto, relativizaron el conflicto y se mostraron confiados a una pronta resolución. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales.

Ante un auditorio compuesto por empresarios, políticos y diplomáticos, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó la necesidad de seguridad jurídica como “requisito” para el crecimiento de las inversiones. Y sin hacer menciones al gobierno de Javier Milei, dejó en claro la necesidad del “acatamiento obligatorio de las decisiones” del máximo tribunal, un punto establecido en la ley de modernización laboral, recientemente aprobado por el Congreso pero suspendida en la aplicación de varios de sus artículos.

“La seguridad jurídica deber ser para todos”, dijo el presidente de la Corte, en el inicio de sus ocho minutos de discurso en las jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el Centro de Convenciones. Calificó de “muy bueno que en estos ámbitos se hable de derecho, del derecho vinculado a la economía”. “Los aspectos jurídicos son tan relevantes como los económicos para el desarrollo”, destacó.

El bloque Unión y Libertad volvió a poner en agenda la discusión sobre la coparticipación municipal en la provincia de Buenos Aires al presentar un proyecto en el Senado para modificar el régimen vigente desde 1987. La iniciativa fue destacada luego de que el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, señalara que cualquier cambio en el sistema debe debatirse en la Legislatura.

El proyecto, impulsado por los senadores Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Paola Ventura, propone actualizar la Ley 10.559 con el objetivo de adecuarla a la realidad actual de los municipios y fortalecer su autonomía financiera, en un contexto donde sus funciones se ampliaron en áreas clave.

Entre los puntos centrales, se plantea que las municipalidades reciban el 21% del total de los ingresos provinciales y que la distribución se realice con criterios objetivos vinculados a la población, la superficie y los servicios que prestan, especialmente en salud, seguridad y educación.

Además, la iniciativa establece que todo recurso sin asignación específica que ingrese a la Provincia sea automáticamente coparticipable, con el fin de reducir la discrecionalidad y dar mayor previsibilidad a los gobiernos locales. Desde el ámbito legislativo remarcaron que se trata de una discusión de fondo para avanzar hacia un esquema más equitativo y moderno.

“Quiero felicitarlos. El FMI estuvo dispuesto a decir que esta vez es diferente con Argentina. Y Argentina ha tenido un éxito fantástico. Está acumulando reservas todos los días mientras hablamos. Las decenas de millones de personas que viven allí están saliendo de la pobreza”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Intendentes vinculados a La Cámpora —Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Waldemar Giordano (Colón) y Eva Mieri (Quilmes)— participarán hoy de un reclamo dirigido al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para exigir una baja en el precio de los combustibles y que se retrotraiga al valor vigente al 1 de marzo.

Además, solicitarán que se ejecuten las obras públicas financiadas con lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, al señalar que esos fondos no se están utilizando ni para mejorar las rutas ni para contener el precio de la nafta.

La Universidad de Buenos Aires llevará adelante el próximo miércoles 15 de abril una jornada de visibilización de 24 horas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial, en línea con lo ordenado por la Justicia. La iniciativa se enmarca en una protesta nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional.

Bajo el lema “El presupuesto baja, nuestro compromiso sube”, las actividades se desarrollarán desde las 8 en Plaza Houssay y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Durante toda la jornada habrá clases públicas, muestras científicas, talleres y espacios de asesoramiento legal y económico abiertos a la comunidad.

Además, se ofrecerán servicios gratuitos de salud en distintas especialidades, como odontología, oftalmología, clínica y atención veterinaria. Desde la UBA señalaron que la iniciativa busca visibilizar el compromiso de docentes, no docentes, investigadores y estudiantes frente al atraso salarial y el desfinanciamiento que atraviesa el sistema universitario.

Organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, este martes comenzó la nueva edición del AmCham Summit, el evento económico que reúne a empresarios y personajes del arco político nacional e internacional. Durante su discurso, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, respaldó al Gobierno en su rumbo económico y convocó a los empresarios a invertir en el país.

Entre otras figuras, en esta oportunidad también se encuentran en la lista de oradores el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca).

Asimismo, a lo largo de la jornada se les sumarán Horacio Rosatti —presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)— y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina. El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, decidió postergar la entrada en funcionamiento del sistema acusatorio en Comodoro Py, según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales.

El nuevo modelo, que empodera a los fiscales y los pone al frente de las investigaciones, debía llegar a los tribunales federales el 27 de abril próximo, de acuerdo a lo que había estipulado el exministro mileísta Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques definió que se implementará más adelante.

Organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, este martes comenzó la nueva edición del AmCham Summit, el evento económico que reúne a empresarios y personajes del arco político nacional e internacional.

Entre otras figuras, en esta oportunidad hablarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca).

Asimismo, a lo largo de la jornada se les sumarán Horacio Rosatti —presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)— y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina. El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei.

El fiscal Gerardo Pollicita les tomó declaración este lunes a las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron 100.000 dólares, en 2024, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Graciela Molina es comisaria retirada de la Policía; Victoria María José Cancio, su hija, es contadora en la misma fuerza. En la audiencia con el fiscal, dijeron que era la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, y que el funcionario les pagó 30.000 dólares. Todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación. Las mujeres relataron que tiene siete meses para pagarles, según informaron saber LA NACION de fuentes de la causa.

Los datos que aportaron de la operación coinciden con lo que había declarado Nechevenko la semana pasada.

La reforma constitucional de 1994 fue, entre otras cosas, un proyecto de desconcentración del poder. Quienes la diseñaron entendían que el hiperpresidencialismo argentino era una patología estructural, no un accidente de personas. El problema no era quién ocupaba la presidencia, sino cuánto poder concentraba quien la ocupara. Y propusieron una arquitectura institucional que lo corrigiera: frenos y contrapesos entre poderes, nuevos órganos de control independientes, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, mecanismos de democracia semidirecta, mayor acceso a la justicia para ciudadanos y organizaciones. La idea central era que la justicia controlara a la política, que el mérito fuera un límite real a la discrecionalidad del poder, que los ciudadanos tuvieran herramientas concretas para exigir rendición de cuentas.

Dentro de ese diseño, el Consejo de la Magistratura ocupaba un lugar estratégico. Su función no era meramente administrativa: era la pieza que debía resolver uno de los problemas más difíciles del constitucionalismo contemporáneo, que es cómo seleccionar jueces que sean a la vez técnicamente excelentes y democráticamente legítimos. Jueces que fallen bien porque saben derecho, y que fallen con autoridad porque fueron seleccionados de manera que la sociedad puede reconocer como justa.

En medio de una fuerte pulseada con la industria farmacéutica local, el oficialismo de la Cámara de Diputados suspendió el inicio del debate del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT en su sigla en inglés) que estaba previsto para este martes. La aprobación de esta iniciativa forma parte de los compromisos que asumió el gobierno de Javier Milei en el Acuerdo Reciproco de Comercio firmado con Estados Unidos.

Si bien desde la bancada oficialista enfatizan que la suspensión del debate en las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General obedece a “cuestiones de agenda”, lo cierto es que la postergación avivó las suspicacias sobre la presión que ejercen las farmacéuticas locales para que el tratado, de ser aprobado, sea con reservas, en particular sobre su capítulo II.

El Consejo de la Magistratura quedó sentido. La mayoría de los consejeros considera que la propuesta de los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para implementar un nuevo reglamento para elegir jueces es un avance sobre las facultades propias del cuerpo y una especie de desautorización a los procesos de selección de magistrados realizados en los últimos años.

Por eso es que decidieron rechazar la posibilidad de aprobar este proyecto a libro cerrado, sin cambios, como pidieron Rosenkrantz y Lorenzetti. Como contrapartida, definieron armar un texto que condense las iniciativas de los jueces de la Corte con las que ya existen en otros 14 proyectos que descansan en el Consejo.

En medio de un panorama económico con dificultades, con la inflación en ascenso por ejemplo y la gestión eclipsada por el efecto Manuel Adorni, Javier Milei y Luis Caputo buscarán este martes blindaje empresario en un evento clave.

Será en la AmCham Summit 2026, la actividad anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, donde intentarán ratificar ante el círculo rojo norteamericano que el programa económico mantiene su consistencia a pesar de las turbulencias.

Por Orlando Ferreres

Hoy, los nacimientos vivos están en el mundo en 145 millones de almas. Las muertes se ubican, creciendo, en los 70 millones de personas. Se nota una tendencia muy importante al envejecimiento, primero, y después al aumento de las muertes. Por otro lado, los nacimientos tienden a crecer lentamente.

En torno a 2090, según las proyecciones de la ONU, las muertes ya superan a los nacimientos en el mundo entero. Pero aún antes, quiza hacia 2050 ya se verá la estabilización de la población mundial, según los mismos funcionarios.

Esto se nota perfectamente en China donde, hasta hace poco, una pareja solo podía tener un hijo y se cumplió férreamente. Ahora se pueden tener eventualmente hasta dos hijos; esto significa que se requiere una economía muy productiva, que se pudo obtener de Occidente, donde ocurrió la revolución industrial a partir de 1820. Ahora ya China está superando a muchos aspectos de la productividad de EE.UU., Europa y Japón, para mencionar algunos de los desarrollos occidentales más destacados.

El 2026 comenzó con un mercado hipotecario más competitivo que la segunda mitad del año anterior. Luego de meses en los que los bancos subieron sus tasas de interés a porcentajes muy restrictivos para los usuarios, las entidades volvieron a competir entre ellas con intereses por debajo del 10%.

A pesar de que los créditos hipotecarios UVA volvieron al mercado en 2024, luego de un parate de casi cinco años, desde mediados de 2025 las tasas de interés de los préstamos bancarios subieron fuertemente—por encima del 10%—, impactando directamente en el bolsillo de los posibles tomadores.

Cuando los bancos prestan, el mercado se activa. Cuando se retraen o endurecen condiciones, las operaciones quedan limitadas a quienes pueden pagar en efectivo.

La informalidad sigue en alza en la Argentina. Según confirmó el Indec, el porcentaje de personas que trabajan “en negro” alcanzó el 43% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025, mientras que en igual período de 2024 ese número era de 42%. Cuando asumió Javier Milei se ubicaba en 41,4%.

Hay que tener en cuenta que la medición del organismo estadístico se realizó en 31 aglomerados que comprende la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que tiene en consideración a 13,5 millones de personas ocupados –equivalente a una tasa de empleo de 45%–. En esos 31 aglomerados la informalidad abarca a 5,8 millones de ocupados informales, pero proyectado al total de la población alcanzaría a 9 millones de personas.

En un contexto de mercado de trabajo en el que el desempleo no se dispara, pero tampoco baja de manera considerable, comenzó a cobrar cada vez más protagonismo el empleo informal, tanto entre los asalariados como entre los cuentapropistas.

Javier Milei - “¿Qué es lo que está pasando? Es como que aumentó la evasión. Y hay que entenderlo eso, porque también explica por qué se desaceleró la actividad, por qué la gente sufre con lo que pasó. Hay que entender también por qué la gente se siente mal".

Antonio Aracre - “Eso es importante que lo diga, porque hay gente que cree que usted no tiene esa mirada de que hay gente que la pasa mal”.

Javier Milei - “No, pero hay que tratar de entender a la gente”.

Esto es muy novedoso. Este intercambio forma parte de la entrevista que le hicieron Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en la TV Pública al Presidente. El propio Aracre le señala a Milei qué novedoso es que diga que hay gente que la está pasando mal. Esto es significativo porque es la primera vez que Milei admite lo que muchos señalaban durante el primer trimestre de este año respecto del clima económico, el nivel de actividad económica, el dinamismo de la economía: que todos esos fenómenos estaban como apagados, que hay un aumento del malestar, de la percepción de la gente respecto de las posibilidades que tiene el Gobierno de mejorar su vida cotidiana. Por primera vez, Milei dice “eso es verdad, hay gente que sufre, hay gente que está mal y hay que reconocerlo”. Dice algo que el propio Luis Caputo, el ministro de Economía, se niega a decir. Es como si Caputo viviera en un país distinto de este país que, muy brevemente en su entrevista, reconoce el Presidente.

Es cierto que hay un problema, después, de interpretación. ¿Por qué eso sucede? Muchos profesionales de la economía creen que sucede porque el programa económico está pensado de una manera que no contempla el nivel de recesión que puede provocar. Milei no. Milei dice: este es un programa que funciona perfectamente, es un programa que en teoría es correcto; lo que sucede es que hay fuerzas malignas que conspiran contra él. Lo explica en esa misma entrevista: un complot mediático que ni siquiera está llevado adelante por los periodistas críticos, sino que detrás de esos periodistas hay fuerzas ocultas que él no se anima a mencionar, pero que son las que producen un ataque sobre su política económica, que es la correcta.

POSADAS.– La Libertad Avanza (LLA) de Misiones presentó un proyecto de ley para eliminar el polémico sistema por el cual el fisco provincial le cobra anticipo de Ingresos Brutos a cualquier camión que ingresa al territorio provincial.

Estos puestos de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) se asemejan a controles fronterizos y están en los tres límites que la provincia tiene con Corrientes: Ruta Nacional 2, Ruta Nacional 12 y Ruta Nacional 14.

“Queda terminantemente prohibido exigir cualquier pago como condición para ingresar mercadería a la provincia”, indicó el comunicado de LLA-Misiones, sobre el poryecto de Ley presentado por Adrián Nuñez.

“Parece que los únicos que tenemos que rendir cuentas somos los que pensamos como Perón”, afirmó el expresidente Alberto Fernández en los tribunales de Comodoro Py ante los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal para pedir que se revoque su procesamiento en la causa seguros y se lo absuelva.

Fernández está procesado en esta causa por el juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal (con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah), que también falló en su contra, en febrero pasado.

Esto a pesar de que el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe había pedido dictarle la falta de mérito, pero los camaristas federales desestimaron su opinión y siguieron adelante con la acusación.

Un fuerte alineamiento con el mensaje y la figura de León XIV muestra la Iglesia argentina frente al contrapunto que en las últimas horas enfrentó al Papa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al pontífice norteamericano de ser “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

Ante una consulta de LA NACION, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, revalorizó la misión del Papa como promotor y defensor de la paz.

Un nuevo espaldarazo en tiempos políticos y judiciales difíciles. Fue ese el objetivo primordial de la actividad compartida este lunes en el Instituto Malbrán por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, complicado por distintas denuncias sobre su crecimiento patrimonial, que se investigan a paso acelerado en la Justicia.

Sin transmisión oficial en vivo, y rodeado de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó a agentes de Policía Federal y la Casa Militar e impidió el acceso de la prensa, la secretaria general y el ministro coordinador ingresaron minutos antes de las 11 al instituto de microbiología, ubicado en el barrio de Barracas. Una hora después, ambos regresaron a la Casa Rosada y se encontraron con la fanfarria del Alto Perú, que en el Patio de las Palmeras interpretaba la marcha de las Islas Malvinas.

La Fundación Pensar, el think tank de Pro, reunía esta noche a su dirigencia en la cena anual de la entidad. El encuentro convocaba a la primera plana del partido, con la participación de su presidente, Mauricio Macri, además de referentes provinciales y dirigentes nacionales.

“Lo peor que hay en el mundo es improvisar. La Argentina tiene que superarse porque ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones. Estamos acá mirando el futuro”, dijo Macri en su discurso.

Por su parte María Eugenia Vidal, titular de la fundación, inauguró el escenario. “El Pro está lleno de presente”, comenzó. Pero siguió: “Queremos ser mucho más que presente. Siempre apostamos al futuro. Queremos ser anfitriones del futuro y estamos formando futuros líderes públicos”.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de un nuevo sospechoso por el atentado a la AMIA. Se trata de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, muerto en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi “es el poder en las sombras”, el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní, dijeron las fuentes judiciales consultadas por LA NACION.

El juez pidió a la Interpol publicar una alerta roja para que sea detenido apenas pise un aeropuerto y envió un pedido de cooperación internacional a Irán para que colabore con su detención. Una formalidad.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dio un nuevo paso en la consolidación de su fallo favorable a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF: dejó en suspenso todas las apelaciones pendientes vinculadas al caso y canceló la audiencia que había programado para este jueves, en la que iban a tratarse esos recursos.

La decisión es la consecuencia del fallo de fines de marzo, que revocó la condena de US$16.100 millones impuesta por la jueza de primera instancia Loretta Preska, y apunta a ordenar el proceso mientras ese pronunciamiento no adquiera firmeza.

Luego de que la semana pasada el presidente Javier Milei pidiera “paciencia” para normalizar la economía y no “dinamitar lo logrado”, ayer señaló por la misma red social que “es falso que estemos mal” y se preguntó: “En la Argentina, cuando al país le iba ‘tan mal’ como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?”.

En las últimas semanas, tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, dieron varias entrevistas para negar que la economía esté mal con el objetivo de contradecir la percepción de “mal humor social” que detectan los encuestadores de opinión pública con el Gobierno.

En medio de una tranquilidad cambiaria, expresada en la tendencia bajista del dólar oficial y en la capacidad de compra de reservas del Banco Central (BCRA)—aun con una tasa de interés en retroceso—, hay un dato que empieza a llamar la atención de los analistas financieros: la lenta, pero persistente ampliación de la brecha con sus pares, los dólares financieros y la del canje entre ellos.

El fiscal Gerardo Pollicita les tomó declaración este lunes a las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron 100.000 dólares, en 2024, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Graciela Molina es comisaria retirada de la Policía; Victoria María José Cancio, su hija, es contadora en la misma fuerza. En la audiencia con el fiscal, dijeron que era la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, y que el funcionario les pagó 30.000 dólares. Todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación. Las mujeres relataron que tiene siete meses para pagarles, según informaron saber LA NACION de fuentes de la causa.

Hay una pregunta central que domina la coyuntura argentina:¿Javier Milei se consolida o se debilita? El interrogante tiene en cuenta el frente local y también, el horizonte global. Hay datos que disparan la duda; hay datos que la disipan: en ese equilibrio inestable de interpretaciones contrapuestas se juega el día a día y el futuro del gobierno libertario. Pero hay una conclusión que, por el momento, le juega a favor al Gobierno: precisamente, que la duda permanece y todavía no hay manera de despejar la incógnita. La Argentina está lejos de una crisis generalizada e indiscutida que acorrale al Gobierno exhausto contra las cuerdas, a pesar del oleaje diario.

Pese a las recomendaciones en contrario de sus propios aliados, el oficialismo está decidido a recibir en el recinto el próximo miércoles 29 al jefe de Gabinete Manuel Adorni –investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito- para que ofrezca su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Incluso el oficialismo de la Cámara baja no descarta que el propio Javier Milei esté presente en la sesión, toda una señal de que los libertarios no le van a soltar la mano a Adorni y estarían dispuestos a pasar a la contraofensiva.

“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante un almuerzo que se celebró en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y que estuvo encabezado por su presidenta Rosalía Silvestre. El riojano confirmó allí no solo que la sesión informativa se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó este lunes por la tarde que la inflación de marzo -que difundirá el Indec este martes a las 16- estará “seguramente” por encima del 3%, por lo que sería la mayor suba en lo que va del año.

Además, en la presentación del libro del consultor Salvador Di Stefano en Rosario justificó ese avance de la inflación por el shock del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente y a la estacionalidad característica del mes.

“Los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Nosotros tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar del día de hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, comenzó su discurso.

“Cuando uno entiende lo que está pasando y tiene un diagnóstico, ese es el primer paso para encontrar una solución”, sumó. Luego, se preguntó por qué el valor mensual de marzo fue de 3,4%, representando ya diez meses sin bajar. “Para nosotros es muy claro lo que está pasando”, afirmó.

Milei sostuvo que la Argentina enfrentó “dos shocks de características descomunales” desde fines del año pasado. Apuntó contra la oposición y, en particular, los legisladores del Congreso tras las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires.

“A partir de ese momento comenzó un ataque feroz, destituyente y al corazón del modelo por parte de la política. El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”, señaló. Sostuvo que, en “esa situación híper turbulenta”, el país experimentó “una corrida por el equivalente al 50% de M2”.

Señaló que en la segunda mitad de 2025 ocurrió una “monstruosa caída de la demanda de dinero”, por “el equivalente de 41.000 millones de dólares”. “En cualquier momento de la historia que hubiera pasado algo así, la Argentina habría volado por los aires”, expresó.

Noticia en desarrollo

En el encuentro, el expresidente reivindicó la experiencia en gestión de Pro y respaldó la conducción de Ritondo y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, reelectos como autoridades en febrero pasado como parte de una lista de unidad. A ellos, se suma el senador provincial Pablo Petrecca, que asumió como vicepresidente segundo del espacio este mediodía.

Con más de 50 dirigentes bonaerenses presentes, también se formalizó la designación de la diputada nacional Florencia De Sensi como secretaria general de la asamblea partidaria.

Más allá de esta instancia de reorganización interna, la cumbre también permitió volver a discutir en un ámbito institucional el rumbo que deberá adoptar el sello amarillo camino a las elecciones de 2027. “Hablamos de nuestra identidad”, resumió a LA NACION un dirigente que participó de la cumbre, aunque evitó hacer definiciones sobre el futuro del espacio en la Provincia.

Lo cierto es que, en Pro, no descartan la posibilidad de reeditar un acuerdo con el partido de Javier Milei para intentar desplazar al peronismo de su tradicional bastión.

En las últimas semanas, dirigentes como el senador provincial Alex Campbell se mostraron a favor de confluir otra vez con LLA, pese a que la última incursión conjunta dejó a Pro relegado en el armado de las listas. No es, sin embargo, un rumbo sobre el que haya un sólido consenso.

Fuentes al tanto de la reunión de este martes explicaron a LA NACION que hay una “voluntad general de acordar porque es la única forma de ganar la provincia”, pero que la posibilidad de volver a cerrar una alianza todavía encuentra reparos entre algunos dirigentes por la “ingratitud de LLA” en los distritos bajo conducción amarilla.

“Hoy los concejales que entraron por las listas de nuestros intendentes son más opositores que los peronistas”, explicaron. Hay reclamos por la falta de reciprocidad entre el oficialismo nacional y Pro. “No nos dan gobernabilidad [en los municipios] y nosotros le damos gobernabilidad en el Congreso”, agregaron.

A eso se suman las asperezas que dejó la experiencia compartida entre LLA y el partido macrista durante las últimas elecciones de medio término, cuando el sello amarillo terminó relegado en el armado de las listas. Para los comicios bonaerenses, dirigentes del espacio que preside Ritondo como Petrecca y María José Gentile (jefa comunal de 9 de Julio) habían llegado a romper con la estrategia de su partido y se escindieron de la alianza con los libertarios por la postergación de Pro en las nóminas.

En este contexto, y con un debate interno todavía por resolver, Pro bonaerense evita confrontar con el oficialismo nacional y focaliza sus críticas en la gestión de Axel Kicillof. El partido definió compartir, al término de la reunión, un duro informe contra el gobernador peronista por el “estado de abandono” de la Provincia. Cuestionan la supuesta falta de gestión tanto en áreas sociales como salud y educación, como en lo que refiere a seguridad e inversión pública en infraestructura.

“Nuestra provincia es el corazón productivo del país, pero hoy se encuentra atrapada en el abandono, convertida en el último aguantadero militante de un proyecto agotado. Con más de 17 millones de habitantes, Buenos Aires tiene todo el potencial para liderar el desarrollo nacional, pero hace años que funciona bajo un modelo que la frena y deteriora”, dice Ritondo en el informe.

El partido macrista apuntan contra Kicillof, entre otras cuestiones, por las falencias en las prestaciones que ofrece el IOMA, la obra social de la Provincia, a sus afiliados y la deuda que mantiene con distintos hospitales, farmacias y hospitales. El pasivo -señalan- asciende a $8.500 millones.

Denuncian también el incremento en los índices de delitos -advierten que, entre 2023 y 2024, aumentaron 37% los robos violentos y se agravaron los problemas por producción y comercialización de estupefacientes- y la suba impositiva que -reclaman- se destina a cubrir gastos asociados al empleo público antes que a obras e inversión.

En este sentido, ponen especial énfasis en el deterioro de las rutas provinciales, que dependen del gobierno de Kicillof, y los caminos rurales -en su mayoría, de tierra- a cargo de los municipios. No hacen alusión, en cambio, al estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y cuyo mantenimiento es competencia de Milei. Es un reclamo que suele elevar el gobernador y titular del PJ bonaerense, que denunció “desvío de fondos” de impuestos que deberían destinarse a obras de infraestructura.

En línea con sus reclamos por mayores fondos, este martes, Kicillof acompañó a los intendentes que se acercaron al Ministerio de Economía para pedirle a Luis Caputo compensaciones para el transporte público y el fortalecimiento de la coparticipación.

“No se trata de falta de recursos; es falta de gestión del gobierno de Kicillof que prefiere financiar la militancia y su fantasía presidencial antes que garantizar el bienestar de los vecinos”, continúa el informe elaborado por Pro. Así, el macrismo ratifica su rechazo al argumento oficial de la administración provincial y deja la puerta abierta para un eventual acuerdo con LLA para enfrentar al gobernador.

A lo largo de la breve charla, el ministro de Relaciones Exteriores navegó entre diversos temas, la mayoría de ellos vinculados al escenario económico e internacional de nuestro país. En primer lugar, se refirió al estado de situación de la alianza entre la Argentina y EE.UU. “Es muy importante, algo que ha venido armando el Presidente desde que es candidato. Llegamos, pusimos la casa en orden y proyectamos internacionalmente”.

“En esa proyección, era clave la alianza con los Estados Unidos. Se cumple un año de la salida del cepo, de la visita de Bessent. Más importante que este apoyo simbólico, el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos [Bessent] dijo algo que pasó desapercibido poco después: “Si la Argentina sigue haciendo las cosas como las viene haciendo y se enfrenta con alguna dificultad, nosotros vamos a estar”, recordó a continuación.

Y completó: “El acuerdo comercial con Estados Unidos también tuvo a Milei como un presidente pionero al momento de aplicarlo. Fue firmado en noviembre y homologado hace un par de meses. No solo es un acuerdo comercial, también hay inversiones. Nos abre un camino para la llegada de capitales, con factores que son muy importantes. Permite generar condiciones para el crecimiento de sectores estratégicos”.

En segundo lugar, hizo una pequeña mención al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y se prestó a explicar por qué el conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán favorece a la Argentina en materia comercial.

“Durante estos meses, además de tener una excelente relación con EE.UU., aceleramos acuerdos pendientes. Por ejemplo, el acuerdo Unión Europea y Mercosur. Estamos a días de su ejecución provisional. Es una cuestión importante ya que, dado lo que está ocurriendo a nivel mundial, tanto la Argentina como el resto de los integrantes del Mercosur se transforman en un lugar seguro de inversiones y suministros energéticos. Se han hecho muchos acuerdos de inversión con empresas europeas y de Emiratos Árabes en ese sentido”, destacó.

Quirno dijo que si bien “la guerra genera un mayor grado de incertidumbre”, esta escalada bélica “encuentra a la Argentina bien posicionada”: “El orden en el que hemos invertido durante todo este tiempo hoy rinde sus frutos. Hace tres años teníamos déficit energético. Si nos encontráramos hace tres años con un conflicto de esta naturaleza, hubiéramos tenido problemas macroeconómicos muy fuertes. Hoy nos encontramos bien parados económicamente. El equipo económico ha podido comprar reservas, se mantuvo el tipo de cambio”.

En tercer lugar, el canciller se refirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y anticipó que el Gobierno busca a futuro establecer también un sistema de estímulos para la inversión local: “En esta cuestión de generar condiciones y credibilidad con un horizonte de tiempo importante, hemos pasado la Ley Bases y el RIGI, esquema novedoso que ha podido atraer proyectos por decenas de miles de millones de dólares en energía, acero, minería. Para nosotros el RIGI no es un fin en sí mismo. No queremos encapsular inversiones. Queremos seguir trabajando en paralelo en la competitividad de la economía argentina, para que aquellos beneficios que hoy vienen por el RIGI también se puedan ofrecer en la Argentina”.

Durante los últimos tramos de la charla, consultado sobre la posibilidad de que nuestro país avance en negociaciones con aliados para que actúen como prestamistas, sostuvo: “No voy a comentar sobre la estrategia. No me compete. Nosotros trabajamos como Gobierno para tener las mejores alternativas posibles, consolidar el proceso de crecimiento que está ocurriendo en la Argentina y que se va a acelerar a partir de este trimestre”.

Y concluyó al responder si le gustaría ocupar la Jefatura de Gabinete. “Estoy extremadamente ocupado. No pasaron seis meses desde que estoy en Cancillería. Tenemos un excelente jefe de Gabinete”, sentenció.

Adorni tiene previsto presentarse el próximo 29 en el recinto la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión; al menos ésa es la decisión que adoptó la cúpula libertaria. La oposición se prepara para convertir la sesión informativa en una virtual interpelación al jefe de Gabinete –quien podría concurrir acompañado del presidente Javier Milei- y, consciente de ello, el oficialismo también alista su contraataque.

“Puede haber sorpresas”, señalan, enigmáticos, los libertarios de la Cámara baja. Por de pronto, los oficialistas comenzaron a indagar en las declaraciones juradas de sus pares. En un primer relevamiento se encontraron con que 55 diputados (21% del total) no cumplieron con la obligación que exige la ley de ética pública de presentar, en el plazo correspondiente, la declaración jurada anual correspondiente a 2024.

Asimismo, detectaron que 51 diputados que finalizaron sus mandatos el 10 de diciembre pasado todavía adeudan la presentación de sus respectivas declaraciones juradas; se trata del 46% de los 111 legisladores que debían cumplir con esta obligación antes de fines de febrero pasado.

El régimen de presentación de las declaraciones juradas de las personas que se encuentran en el ejercicio de la función pública está regido por dos leyes: la ley de ética pública, sancionada en 1999, y la que establece el carácter público de las declaraciones juradas, aprobada en 2013.

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, la ley de ética pública establece que los legisladores tienen la obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en tres instancias:

-Inicial: dentro de los treinta días hábiles al iniciar su mandato.

-Anual: hasta el día 30 de mayo del año siguiente al período que se informa, salvo que esta fecha sea prorrogada. El año pasado, por caso, se prorrogó al 31 de julio. Debe realizarse anualmente en cada año de gestión mientras dure en sus funciones.

-Baja: dentro de los treinta días hábiles al finalizar su mandato.

Quienes incumplan con los plazos establecidos, la ley establece que la autoridad responsable deberá intimarlos en forma fehaciente, considerándose una falta grave e incluso pasible de una sanción disciplinaria.

En el caso de la Cámara de Diputados, Menem emitió la resolución 545/2025 para optimizar los mecanismos de seguimiento y cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas. Según los registros oficiales, a partir de esa resolución el nivel de cumplimiento mejoró; por caso, el 93% de los diputados que asumieron el 10 de diciembre pasado ya cumplieron con su obligación de presentar su declaración jurada inicial, señala el oficialismo.

En cuanto a las declaraciones juradas que debieron presentar aquéllos cuyos mandatos concluyeron el 10 de diciembre pasado, 60 legisladores cumplieron su obligación en tiempo y forma (54%). Un porcentaje mayor que hace dos años, cuando solo el 36% de los diputados salientes presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma.

Por un lado, un grupo se ocupa estrictamente con temas de gestión y, por otro, se armó una mesa que está abocada a las causas judiciales que involucran al gobierno, y al que apuntaron en sus preguntas desde diferentes espacios de la oposición.

Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al funcionario, su presentación ante la Cámara de Diputados constará de dos partes. Primero, la que está vinculada con su informe -estiman que se podría tener una extensión de media hora o cuarenta y cinco minutos-, que apuntará estrictamente a las cuestiones de gestión.

Luego será el turno de responder las preguntas que mandaron los legisladores. Llegaron más de 4800, pero en la Casa Rosada explican que ese número ya se redujo a 2100 por la cantidad de preguntas similares.

En lo que será la respuesta a buena parte de ellas ya trabaja el equipo de jefatura de Gabinete orientado a lo legal. Allí están englobados los casos por supuestos hechos de corrupción que acechan a la administración libertaria: el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la causa por la difusión de la criptomoneda $LIBRA y la investigación penal por enriquecimiento ilícito que involucra al propio jefe de ministros tras las revelaciones sobre su patrimonio y viajes.

En los despachos oficiales afirman que intentarán “abordar las inquietudes” de los opositores, pero no dan mayores precisiones. De hecho, respecto de la situación de Adorni, aventuran que analizarán cerca de la fecha de la convocatoria en Diputados “en qué punto está la causa” y a partir de eso se decidirá qué dirá el funcionario en el recinto. “Sobre la fecha se verá”, apuntan.

El ministro coordinador había eludido hablar o dar detalles sobre su patrimonio en la conferencia de prensa del 25 de marzo pasado -su última alocución pública-. En la Casa Rosada se muestran confiados en que la causa se terminará cayendo, pese al avance de la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, que recogió testimonios, y pidió el levantamiento del secreto bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, para el entrecruzamiento de datos.

Hoy, LA NACION reveló que Adorni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) la compra que hizo Angeletti, su mujer, de la vivienda en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. Ese dato debía figurar en el anexo reservado de su presentación del año pasado. El funcionario recién lo agregó la semana pasada.

En Balcarce 50 insisten en que lo judicial formará parte de las respuestas a las preguntas y no del eje central del discurso de Adorni ante la Cámara de Diputados.

Pese a versiones que indicaron lo contrario, en la cúpula del poder dan por hecho que el presidente Javier Milei acompañará a Adorni al Congreso para presenciar su exposición en el recinto.

“No salimos a desmentir nada, porque no vale la pena, pero Javier va a estar ese día con Manuel”, subrayaron por estas horas en el palacio de Gobierno en referencia a versiones que dieron cuenta de que el mandatario no asistiría.

De concretarse la presencia del mandatario sería un nuevo respaldo a su jefe de ministros, en línea con lo que vino haciendo desde que comenzaron las revelaciones que dejaron a Adorni en el centro de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.

El apoyo del jefe del Estado y de su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se materializó a lo largo de los últimos casi cuarenta días en gestos públicos y mensajes en redes sociales. “Ni Karina, ni Javier le van a soltar la mano a Manuel”, repiten en Casa Rosada.

Para preparar su exposición, Adorni se valdrá, al menos de momento, de su propio equipo. La parte vinculada a la gestión estaría en manos de Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, y la de legales, en un equipo liderado entre otros por Federico Sicilia, secretario de Coordinación Legal y Administrativa, según consignó un estrecho colaborador de Adorni.

Para la primera parte se trabaja en coordinación con información que se les requiere a los distintos ministerios. Por lo pronto, en Balcarce 50 descuentan que las 4800 preguntas enviadas por los legisladores serán reducidas a menos la mitad, ya que consideraron que muchas estaban “repetidas”.

“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fue este lunes durante un almuerzo que se celebró en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El titular de la Cámara Baja confirmó allí no solo que la sesión informativa se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni.

Respecto de la situación de Adorni, Menem envió un mensaje claro. “Ahí vamos a estar los 94 legisladores más quien les habla acompañando al jefe de Gabinete en la sesión informativa, cumpliendo lo que ordena la Constitución”, enfatizó el titular de la Cámara baja, quien aludió a que los distintos bloques ya elevaron más de 4800 preguntas a ser respondidas por el funcionario. Todo un récord que, manifestó Menem, solo exhibe un intento de la oposición de desgastar al Gobierno.

Frentes de tormenta

El de $LIBRA fue el primer caso de presunta corrupción que sacudió al gobierno nacional, en febrero de 2025. Seis meses después estalló el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en marzo de este año comenzaron las revelaciones que dejaron a Adorni en el centro de la atención mediática y como objeto de una investigación judicial.

Por los tres hay investigaciones penales en los tribunales federales de Comodoro Py. De todas ellas, la más avanzada es la de Andis, en la que ya hay una serie de procesamientos, entre ellos a su extitular y examigo personal del Presidente, Diego Spagnuolo.

La semana pasada, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron citar nuevamente a indagatoria a Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete yDaniel Garbellini, en el marco de una ampliación de la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la agencia.

La causa nació al calor de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que el exdirector de la Agencia hablaba con cierto nivel de detalle acerca de un esquema de recaudación ilegal en la Andis.

Como parte de ese sistema mencionaba a la hermana y secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Desde que estalló el caso, el Gobierno intentó despegar a la hermana del Presidente o su mano derecha. De hecho, en la Casa Rosada consideraron que Spagnuolo era un “cuentapropista”.

La de $LIBRA es la causa que en febrero de 2025 dejó al propio presidente en el centro de la tormenta.

El 14 de febrero de 2025, el mandatario publicó un mensaje en X que difundía $LIBRA como un proyecto de inversión que suministraría fondos a emprendimientos en la Argentina. Poco después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado”.

En el medio, $LIBRA, que había experimentado un alza en su valor de 1300% y una caída similar, dejó millones de dólares en el bolsillo a quienes vendieron cuando subía y enormes pérdidas a quienes no saltaron a tiempo. El caso fue denunciado por la oposición y es objeto de una de las causas que hay contra el Gobierno en los tribunales de Retiro.

En tanto el caso de Adorni comenzó el 8 de marzo pasado, luego de que se conociera que su esposa había viajado a Nueva York en el avión presidencial. Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Punta del Este, mientras que LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito.

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado”.

El máximo tribunal bonaerense rechazó los recursos de la empresa y dejó firme la sanción económica de más de 16 millones de pesos.

Esta decisión judicial puede ser recurrida por razones constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario o un recurso de queja, eventualmente.

La Suprema Corte bonaerense no se pronunció sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazó los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada, con lo que dejó firme el fallo anterior de un tribunal laboral platense donde se reconoció la relación laboral.

La sentencia definitiva, que contó con el voto unánime de los jueces Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria y Sergio Torres, de la Suprema Corte provincial, y con el voto de la jueza ad hoc María Florencia Budiño, de la Casación bonaerense, para completar la integración.

En el caso intervino el Ministerio de Trabajo provincial, que determinó que la compañía tecnológica evadía obligaciones laborales al no registrar a las personas que operan como repartidores a través de su aplicación.

La nueva ley de modernización laboral considera que los trabajadores de plataformas no tienen una relación de dependencia con las empresas. Pero la aplicación de esta ley fue suspendida por fallos judiciales.

De todos modos, este caso de Rappi que resolvió la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires es anterior a la vigencia de la nueva ley de modernización laboral.

El origen del conflicto se remonta al momento en que la autoridad administrativa del trabajo provincial llevó a cabo inspecciones para verificar las condiciones de los repartidores.

Tras estos relevamientos en la vía pública, el Estado intimó a Rappi a presentar la documentación laboral exigida legalmente en la sede de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo ubicada en la ciudad de La Plata.

A pesar de haberse presentado en el expediente y constituir un domicilio inicial en esa ciudad, la empresa no puso a disposición de los funcionarios esos documentos, lo que derivó en que el Ministerio de Trabajo bonaerense le labrara un acta de infracción y ordenara el auto de apertura de un sumario.

Durante el transcurso de ese sumario, Rappi realizó un nuevo descargo y constituyó un domicilio legal distinto en San Isidro, pero terminó con los plazos probatorios vencidos sin haber producido las pruebas.

Ante la preclusión del período probatorio y el cierre de la investigación, el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la resolución 1858/21.

A través de esta medida, “se le impuso a la compañía multinacional una severa multa de $16.426.800 pesos, amparada en infracciones a los artículos 52, 128 y 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, y normativas relativas a riesgos del trabajo y registro de empleo.

Ese monto corresponde al año 2021, cuando se impuso la multa.

Frente a la sanción, Rappi acudió a los estrados judiciales e interpuso un recurso de apelación, al argumentar que se habían violado sus garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio y el de propiedad.

La firma cuestionó el accionar de los inspectores, consideró que las actas administrativas debían declararse nulas por la forma en que fueron redactadas, al dar por asumida de antemano la existencia de una relación laboral.

Uno de los ejes de la defensa empresaria radicó en negar el vínculo de dependencia. La compañía sostuvo reiteradamente que los repartidores en su tarea no presentaban las notas características de una relación de trabajo, y que el Ministerio de Trabajo carecía de facultades para determinar si eran o no dependientes de la firma, pues dijo la empresa, esa es una “tarea exclusiva de los jueces”.

A su vez, Rappi tachó a la resolución administrativa de arbitraria e infundada, y exigió una morigeración o reducción de la multa al considerar que superaba los parámetros del Pacto Federal del Trabajo.

Sin embargo, el Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la apelación y confirmó lo decidido por la autoridad administrativa.

Los magistrados del tribunal argumentaron que el “Estado provincial tiene una potestad indelegable para ejercer la función de policía del trabajo”.

En respuesta a las quejas sobre los controles callejeros, el tribunal validó estas prácticas al esgrimir el convenio 81 de la OIT, y dijo que “la modalidad de inspección fue totalmente adecuada puesto que los repartidores no prestan sus servicios en ningún lugar físico propiedad de la empresa, sino directamente en la vía pública".

Los jueces laborales advirtieron que privar al ministerio de la facultad de interpretar las leyes laborales para fiscalizar o imponer infracciones generaría la “parálisis y esterilidad” absoluta de sus funciones estatales.

Ante el revés, Rappi elevó la causa mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia provincial.

Respecto a la nulidad, el máximo tribunal determinó que los argumentos de la compañía solo evidenciaban una disconformidad por supuestos errores de juzgamiento, lo cual es ajeno a un recurso extraordinario de nulidad.

El juez Soria habló de una falencia técnica de los abogados de Rappi. Indicó que en lugar de desarrollar una crítica razonada de la sentencia del tribunal de La Plata, la firma se limitó a transcribir extensamente y reiterar los mismos planteos que ya había presentado en etapas previas.

Esta técnica de transcripción fue insuficiente para revertir los argumentos del tribunal del trabajo platense, dijeron los magistrados, que no se pronunciaron sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazaon los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada.

No obstante, quedó firme el fallo anterior que señalaba que la prestación de los servicios de reparto estaba probada y que para el Tribunal Laboral N°2 de La Plata revisten una relación laboral.

Finalmente, la Corte descartó cualquier posibilidad de reducir la multa de 16,4 millones de pesos. Avaló el cálculo administrativo basado en el Pacto Federal del Trabajo, el cual ponderó cinco incumplimientos de carácter “muy grave” sobre un total de 75 trabajadores afectados, y ató los valores a porcentajes del salario mínimo, vital y móvil.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, publicó en su cuenta de la red social X. Debajo, dejó una posdata: “Hoy explicaré en AmCham”.

Esta tarde Milei se presentó en el summit con el nuevo dato de inflación y en medio de la fuerte polémica alrededor de los viajes y propiedades de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien lo acompañó en la jornada.

Además, se cumple justo un año desde que la gestión libertaria decidió salir del cepo al dólar, uno de los hitos más importantes de su administración en términos económicos. Sin embargo, la celebración de la medida duró poco luego de que se conociera el nuevo valor inflacionario.

El índice de precios de marzo volvió a acelerarse y el 3,4% es el valor más alto de lo que va en 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto.

Además, el incremento interanual llegó a 32,6% y la suba de precios fue la más alta en un año, desde marzo de 2025, que fue de 3,7%. El dato fue mayor al esperado por el mercado (3%), pero además se aceleró una décima la inflación núcleo (3,2%).

El pasado 24 de marzo, Milei había admitido que experimentó “contratiempos” para bajar la inflación. Fue luego de que un usuario de X le consultara por los valores a esperar los próximos meses. “Presiii, la inflación 0 para agosto y la proyección anual 2026 sigue siendo 15-17%?”, cuestionó.

El titular del Ejecutivo no tardó en contestar. “Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad...”, expresó.

La explicación de Caputo

El ministro de Economía usó su cuenta de X para brindar explicaciones sobre el número elevado de marzo y el hecho de que el IPC no baje hace diez meses. Para comenzar, señaló que hubo una “fuerte desaceleración” de la Canasta Básica Alimentaria. “Pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo”, describió.

Luego, mencionó la guerra en Medio Oriente, que causó un “impacto significativo” tanto en la Argentina como en otros países. “Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”, sumó.

El conflicto bélico causó una crisis en los mercados occidentales, además de un encarecimiento de la energía debido al bloqueo de Irán al estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para la exportación de petróleo.

Caputo continuó sobre la inflación núcleo que, excluyendo carnes, se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero. “Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable”, detalló.

Y agregó: “Entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano”. En paralelo, dijo que el capítulo de Educación registró una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos ocho años para marzo.

“La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, concluyó.

Antes de que se conociera el nuevo valor, Caputo había advertido que podía haber una suba, pero había intentado dar un mensaje esperanzador para el futuro. “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, había señalado.

Kicillof se sumó a la movida de protesta en la FAM, cuando se mostró con Fernando Espinoza (que preside esa entidad) y otros jefes comunales que se acercaron al Ministerio de Economía para presentarle una carta a Caputo y un documento con su análisis de la situación social y económica.

“La realidad que vivimos en los municipios refleja con claridad el impacto de las actuales condiciones macroeconómicas sobre la vida cotidiana de nuestras comunidades. La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiere una mirada federal y articulada”, le plantearon los jefes comunales que integran la FAM (son más de 500, según indican desde la federación) a Caputo, en una carta que le presentaron junto al documento que contenía sus demandas.

En el documento que llevaron al ministerio de Caputo, los intendentes y los funcionarios provinciales liderados por Kicillof plantearon diez pedidos: “revisión y fortalecimiento del esquema de coparticipación federal; normalización en el envío de recursos nacionales; garantizar la entrega de alimentos a quienes más los necesitan; restitución o compensación de subsidios eliminados; implementación de medidas de compensación por el impacto del gasoil en el transporte público; reactivación de políticas de apoyo a la industria, pymes y economías regionales; garantía de acceso a medicamentos para jubilados; fortalecimiento de políticas para personas con discapacidad; transparencia y equidad en la distribución de recursos estratégicos, y creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y la FAM”.

Entre los intendentes que se acercaron a la protesta política estaban Eva Mieri (Quilmes), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Damián Selci (Hurlingham), Fernando Moreira (San Martín), Mariel Fernández (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Marisa Fassi (Cañuelas), Ricardo Moccero (Coronel Suárez) y Cecilio Salazar (San Pedro). También, funcionarios bonaerenses como Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, y uno de los principales impulsores de la protesta de este martes), Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad), o Cristina Álvarez Rodríguez (jefe de asesores).

Según informó el Ministerio de Infraestructura bonaerense, participaron 120 intendentes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego.

“Con intendentes e intendentas de todo el país vinimos a exigirle al ministro Caputo que retrotraiga el precio de la nafta al 1° de marzo, haga las obras que están obligados por ley y frene el recorte de fondos nacionales. La nafta aumentó 542,7% desde que asumió este gobierno, lo que impacta en el transporte, la logística, la producción, los alimentos, y vuelve a golpear el bolsillo de la gente”, afirmó Katopodis.

“El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos del impuesto a los combustibles y del eximpuesto PAIS, que debía invertirse en el arreglo de rutas y caminos. Te cobran y se quedan con la plata, es un fraude”, remarcó el ministro de Infraestructura bonaerense.

En cinco páginas, el documento que llevó la FAM a las puertas del Palacio de Hacienda sintetizó la situación de los municipios, según la mirada de los jefes comunales. Se indicó que la coparticipación federal, “en los primeros tres meses del año, cayó un 11%”, que el Gobierno usa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) “con absoluta discrecionalidad”, que “aumentaron fuertemente las tarifas de luz y gas, haciendo que muchas familias no puedan pagar los servicios básicos”, y que “la quita del subsidio al transporte público generó aumento de tarifas, deterioro en los servicios y hasta el cierre de empresas de transportes”.

En el documento de la FAM, también se recalcó que “el gobierno nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles y no lo está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para hacer obras en rutas”, que existe una “falta de transferencia efectiva de fondos vinculados al impuesto al transporte” y que hay un “impacto del aumento del gasoil en el sostenimiento del transporte público”.

Los intendentes, apoyados por el gobierno bonaerense, aseguraron que “la apertura indiscriminada de importaciones generó pérdida de empleo y, al momento, ya han cerrado más de 22 mil empresas en todo el país”. Enumeraron, además, una “afectación directa a las economías regionales”, un “aumento de tarifas que encarecen la producción y reducen el consumo”, una “fuerte crisis” en turismo, con “una de las peores temporadas de los últimos 20 años”, y la “desaparición de herramientas que sostenían a pequeños emprendedores y pymes”.

En la nota que los dirigentes (en su mayoría, peronistas) dejaron en el Ministerio de Economía, se puntualizó el impacto social de los problemas que se indicaron. Se aseguró que “aumentó un 100% la demanda de alimentos y de ayuda social” y que, “a más de dos años de gobierno, no llegó a los municipios ni un paquete de arroz, como todos los gobiernos nacionales lo hicieron”, que “los jubilados ya no logran acceder a medicamentos básicos”, que existen “dificultades en el acceso y continuidad de derechos de personas con discapacidad”, que hay un “deterioro general de las condiciones de vida de trabajadores y familias” y que “la presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente”.

“La ley fue una gran oportunidad perdida (…) No va a generar más trabajo ni formalización, el cambio de relaciones laborales no genera trabajo por sí mismo, hace falta inversión productiva que no vemos”, dijo Sola, en una extensa charla con el periodista Sergio Suppo.

No se recibieron, desde la organización del encuentro, explicaciones de la ausencia de Cordero, que en principio figuraba hasta ayer en el programa de expositores. Fuentes de la Secretaría de Trabajo excusaron al funcionario por asuntos de la gestión. “Tenía toda la intención de ir, pero estuvo trabajando en temas procesales de la reforma laboral”, dijeron en la cartera laboral a LA NACION. Se trataría de audiencias relacionadas con la apelación oficialista de la suspensión de algunos artículos de la reforma. La suspensión parcial fue efectivizada por el juez Raúl Ojeda a pedido, precisamente, de la CGT, aunque días atrás perdió la causa, que pasó al fuero contencioso administrativo.

“No estuvimos en el inicio de la discusión ni en el final. En el proyecto no se habla de robótica, de nuevas tecnologías, de modernización para la nueva etapa”, dijo Sola. La CGT, sin embargo, tuvo a Gerardo Martínez como representante en las discusiones del Consejo de Mayo, realizadas en la Casa Rosada y que derivaron en la presentación del proyecto de “modernización laboral” en el Congreso.

“La formalización no tiene que ver con abaratar costos del trabajo. Antes que una reforma laboral debe haber una reforma tributaria y fiscal para generar trabajo genuino”, dijo el sindicalista del seguro, de traje gris sin corbata y escarapela argentina en la solapa.

Sola también criticó el modelo “extractivista”, por el cual según afirmó “se genera el 10 por ciento de los empleos que se perdieron”, en otras ramas de la economía.

“El Gobierno está perdiendo la posibilidad de convocar a todos los sectores a un proyecto nacional (…) Los despedidos de Fate no pueden irse todos a trabajar a Vaca Muerta, ahí tiene que ser el poder político el que intervenga”, fustigó. Y pidió “más inversión en salud y educación”. Para el gremialista, “hay un conflicto, y hay que transitarlo. Representamos intereses, pero creemos en una inversión productiva que dé como resultado el crecimiento del país”. Ya con conocimiento de la ausencia de Cordero, pidió la conformación de “una mesa de diálogo, donde esté el Estado, inteligente y eficaz, no un Estado solamente al servicio del capital”. También destacó que hay “malhumor social”, y que se retome “un sendero de crecimiento que hoy no se está viendo”. Describió la actual situación con tres términos: “Desempleo”, “caída de las pymes” y una “gran conflictividad social”.

“Creemos en el sistema capitalista y la propiedad privada”, dijo Sola para tranquilizar al auditorio, con mayoría de representantes de empresas norteamericanas en el país. El auditorio, mientras se producía la charla, estaba semi-vacío.

Luego de reclamar una “industrialización que genere trabajo genuino”, Sola reconoció que “el mundo del trabajo ha cambiado” y que “hay muchos gremios donde vemos de qué manera se modifica la actividad del trabajador”.

Reclamó la conformación de un “nuevo contrato social y seguridad jurídica, que hoy con esta ley de reforma laboral no tenemos”. “Queremos ser parte de ese nuevo contrato social para una apertura al mundo, siempre con la representación de los intereses que tenemos, para repartición equitativa. El objetivo final es el ser humano”, dijo Sola a modo de despedida.

Fuentes oficiales informaron a LA NACION que Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto pasado.

Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA este mes, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y después de que la Justicia le pidió al organismo anticorrupción, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, la totalidad de lo presentado por Adorni.

Tras recibir la nueva documentación aportada por el jefe de Gabinete, la OA la remitió, la semana pasada, al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita, según informó a LA NACION un funcionario al tanto de estos movimientos.

LA NACION dio cuenta, el mes pasado, de la adquisición de la casa de Indio Cua a nombre exclusivo de Angeletti. Obtuvo la información con un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense. Según estos datos públicos, la mujer del jefe de Gabinete se convirtió en titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. La documentación catastral deja constancia de la fecha de nacimiento de Angeletti, su nacionalidad y de que, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni.

La escribana del matrimonio Adorni-Angeletti, Adriana Nechevenko, declaró el miércoles pasado ante el fiscal Pollicita y dio detalles sobre diferentes operaciones inmobiliarias de ellos en las que intervino. Una fue la compra de la casa de Indio Cua. Otra, un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres les hicieron a Adorni y Angeletti, que pusieron como garantía de esa operación el departamento de la avenida Asamblea en el que entonces vivían. Ese préstamo con hipoteca se formalizó, según documentación a la que accedió LA NACION, el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa del country de Exaltación de la Cruz.

Nechevenko declaró que el préstamo de 100.000 dólares se destinó a afrontar parte del precio de la compra del inmueble de Indio Cua. Dijo también que ella le presentó las prestamistas a Adorni porque él le había pedido que le consiguiera el crédito.

El jefe de Gabinete y su esposa se comprometieron a devolver el dinero en 24 meses, con un interés del 11% anual, declaró la escribana y ratificaron en Comodoro Py las prestamistas, Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y Victoria María José Cancio, su hija. Según fuentes con acceso a lo declarado por las testigos, ellas dijeron que era la primera vez que hacían una operación así con Nechevenko, con quien tienen una relación escribana-clientas desde hace muchos años. Tanto Nechevenko como las acreedoras de Adorni y Angeletti informaron que hasta ahora les pagaron 30.000 dólares.

Sanciones

La ley de Ética Pública impone la obligación de declarar, además de sus bienes, los de su cónyuge, incluso los propios (no gananciales), los del conviviente y los de los hijos menores.

Por eso, el hecho de que un funcionario omita bienes de su cónyuge en su presentación ante la Oficina Anticorrupción puede tener consecuencias administrativas y penales.

La regla es que si la OA advierte que alguien presentó una declaración incompleta, debe intimarlo a que la rectifique y, si no lo hace, puede abrir un expediente o incluso denunciarlo ante la Justicia.

El Código Penal establece, en el artículo 268 (3) que “será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”. Que “el delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda”. Y que “en la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

Según la ley, no basta entonces la omisión, sino que esta debe ser “maliciosa” para que se constituya un delito.

En este caso, Adorni podría alegar que él rectificó su declaración original y que agregó lo que no había informado. LA NACION se comunicó con el estudio jurídico que lo defiende, donde declinaron hacer declaraciones sobre la causa.

En cualquier caso esta omisión será un elemento a tener en cuenta en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se investiga si el jefe de Gabinete tuvo un crecimiento apreciable de su patrimonio que no puede justificar.

Los investigadores tienen en su poder pruebas de que, desde que es funcionario, Adorni y su mujer sumaron a sus bienes la casa del country en Indio Cua, un nuevo departamento en el que viven, en Caballito, y una camioneta. Los ingresos declarados de él son los de funcionario y ella, hasta el año pasado, era monotributista.

“La seguridad jurídica deber ser para todos”, dijo el presidente de la Corte, en el inicio de sus ocho minutos de discurso en las jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el Centro de Convenciones. Calificó de “muy bueno que en estos ámbitos se hable de derecho, del derecho vinculado a la economía”. “Los aspectos jurídicos son tan relevantes como los económicos para el desarrollo”, destacó.

De inmediato se centró en el concepto de seguridad jurídica, “que todos defienden, pero que no todos entienden de la misma manera”. El juez afirmó que esa seguridad jurídica “debe ser para el inversor y para quien recibe la inversión”. “Si no es para todos, no es segura, y termina repercutiendo en cualquier proyecto de inversión. Por eso es importante que se incorporen estos temas a los debates económicos”, dijo el magistrado.

De inmediato, distinguió dos componentes de las decisiones: el normativo, ligado “las regulaciones, tarifas, tipo de cambio, la política impositiva”; y el institucional, “que es muy importante, y que se vincula con el sistema republicano, la división de poderes”. Puntualizó que “la Justicia está en los dos componentes, y en el vértice del sistema judicial está la Corte”. Una Corte que “si bien fue inspirada en la constitución norteamericana de 1787, su práctica ha hecho que tengan funcionamientos diferentes”.

Allí criticó la cantidad de causas que la Corte debe analizar. “La Corte argentina analiza las garantías y derechos fundamentales, sino muchísimas veces cuestiones de competencia, nuestro país federal es mucho más intervencionista a la hora de conflictos entre provincias, municipios y el Estado nacional”. Ejemplificó que la Corte norteamericana “resuelve 80, 90, 100 causas por año”, mientras que el máximo tribunal en la Argentina atiende 15 mil casos. “Hay un requerimiento y necesidad de respuesta muy superior”, dijo el presidente de la Corte.

Allí enfatizó en la importancia de “las herramientas con las que pueda contar la Corte para tomar decisiones”. Y subrayó que “una de las herramientas es el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte”, que figura en el artículo 89 de la nueva ley laboral.

“Es importante para darle previsibilidad a una inversión. Una inversión se puede malograr por una cláusula provincial o municipal. Pero con el acatamiento obligatorio todos sabemos a qué atenernos”. Fuentes judiciales explicaron que, hoy por hoy, “la Corte no tiene ese alcance, ya que dicta una sentencia y a las pocas horas una cámara dicta la sentencia contraria, y la norma debe recorrer un camino hasta volver a la Corte”. La mayoría de esos casos, sostienen en el alto tribunal, tienen que ver con diferendos jubilatorios vinculados con la Anses o causas del fuero laboral.

“La seguridad jurídica deber ser para todos”, reiteró Rosatti hacia el final de su alocución. “Hace muchos años Naciones Unidas comenzó a entender y medir la fortaleza de las naciones no sólo por crecimiento económico, sino por educación y salud”. “Agregaría la calidad institucional, la certeza en las decisiones, la independencia del Poder Judicial y el acatamiento obligatorio en las decisiones de la Corte. Es un factor muy importante”, cerró Rosatti, antes de dejar el estrado.

El PAMI tiene hoy una deuda con sus prestadoras que alancaza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales a LA NACION. El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía para explorar un auxilio financiero. Hubo hace ocho días un encuentro mano a mano con su par de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo y desde la cartera de Salud sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.

Desde la Casa Rosada, en tanto, relativizaron el conflicto y se mostraron confiados a una pronta resolución. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales.

La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”,especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos en el Gabinete.

El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero hoy no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Legúizamo, cuya gestión quedó recientemente en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de de lentes intraoculares.

La Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba) le envió el 1° de abril una carta a Leguízamo advirtiéndole que era necesario para mantener la atención “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” y pidió establecer un cronograma de pagos. Además, exigió actualizar los valores de las prestaciones, “adecuándolos a la realidad de los costos actuales, incorporando mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que eviten nuevos desfasajes”. La carta de los empresarios, firmada por Jorge Soria y Néstor Porras, cerró con otra alerta: “La magnitud del escenario descripto impone la necesidad de avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los servicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional”.

El paro es impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), pero cuenta con el respaldo de los gremios del sector público, como ATE y UPCN, que pretenden extender la protesta. La medida de fuerza surge tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos y fue aplicada, según los profesionales, sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril.

Desde el organismo, en tanto, sostienen que no se trata de un ajuste sino de una reconfiguración del sistema que incrementa el ingreso fijo de los médicos y que permite ordenar el gasto.

Con la nueva normativa, ese esquema fue reemplazado por un sistema exclusivamente capitado: PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extra.

Desde el Instituto defienden la medida. Fuentes de PAMI señalaron que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que busca “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”.

Según explicaron, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”. Además, sostienen que la unificación del nomenclador responde a un reclamo histórico del sector para simplificar la carga administrativa y que permitirá mejorar los controles sobre las prestaciones efectivamente realizadas.

“Hay una crisis generalizada en el PAMI. El reclamo de los médicos de cabecera es entendible porque les sacaron los adicionales. Además, les pidieron que limiten la atención a los pacientes diabéticos porque son tratamientos de alto costo. También hay demoras en la entrega de pañales. Es parecido a lo que sucedió en los 90″, dijo a LA NACION Ramón Farías, coordinador nacional de ATE en el organismo.

En el PAMI hay 10.500 empleados. Hubo un recorte de 1500 desde que llegó Milei, entre despidos y jubilaciones. Hay versiones que podría activarse en el corto plazo un plan de retiros voluntarios como el que el Gobierno abrió en los medios públicos.

Durante más de media hora de debate, coordinado por la periodista Sofía Terrile, los gobernadores mostraron coincidencias y apoyo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Pero hicieron suyas críticas hacia la falta de obras públicas financiadas por Nación, y pidieron un nuevo pacto fiscal, con baja o eliminación de impuestos productivos. También se oyeron, fuera del salón principal, críticas de Weretilneck al freno al consumo y el torniquete fiscal a las provincias.

“Necesitamos un gobierno nacional al que le vaya bien, y hoy la política se divide entre quienes queremos eso y quienes ponen palos en la rueda”, dijo Frigerio, de Pro. “No hay que cambiar el rumbo nacional de la macro”, coincidió el radical Cornejo, aunque pidió “una reforma fiscal más profunda” y una “mejor ley de coparticipación”. “El país productivo es el de las provincias. Comparto la propuesta de la agenda legislativa del Gobierno, la ley de Glaciares y bosques, es un buen camino”, dijo Weretilneck, quizá el más crítico de los tres mandatarios.

El inicio de las exposiciones se centró en la inserción internacional de cada una de las provincias. Weretilneck habló de la “decisión” de adherir al RIGI impulsado por la Casa Rosada, con un gran monto de inversiones, unos USS 18.000 millones. Habló de “previsibilidad económica”, la necesidad de que los acuerdos con Nación “se mantengan en el tiempo”.

Cornejo, algo “nervioso” por el formato, similar al de los debates electorales, con atril incluido, prefirió centrarse en que “Mendoza ha hecho su tarea en el Estado, ha reducido sustantivamente la planta pública, y un gasto público “controlado y en descenso”, y siendo “la única provincia que no entró en default”. Frigerio destacó el “acuerdo Mercosur-Unión Europea y la alianza con Estados Unidos”, y pidió “eficientizar” el desarrollo de la provincia, con “alivios fiscales” internos y externos, y aprovechar la coyuntura favorable para “aprovechar las nuevas condiciones”.

Quien también se refirió al tema de la relación entre la Nación y las provincias fue la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, quien en otro panel destacó: “Somos un país federal, pero no pueden existir 24 sistemas impositivos distintos ni aduanas internas. El federalismo tiene que ser de cooperación, porque quien invierte lo hace en una Nación, más allá de la provincia”.

Y después agregó que la competitividad del país depende de la articulación entre los distintos niveles de gobierno: “El riesgo país no es solo nacional, también depende de las provincias y los municipios. Si bajamos impuestos a nivel nacional, ese esfuerzo debe replicarse en todos los niveles”.

Ya ingresando en las condiciones económicas de cada provincia, Weretilneck afirmó que “asistimos a una incipiente competencia entre las provincias para asegurar fuentes de empleo, y competir hacia el futuro”. Destacó las exenciones y beneficios impositivos para empresas y particulares. “Mendoza está muy enfocada en ampliar su matriz productiva”, sostuvo Cornejo, habló de “reconvertir áreas”, y se entusiasmó con la lengua norte de Vaca Muerta y la minería, en especial de cobre y potasio, en el turismo y la ganadería. Frigerio dijo que “Entre Ríos tiene el norte de generar empleo en el sector privado”, y polos como el de la economía del conocimiento.

En tren de destacar como se trabaja en medio de las restricciones fiscales que impone Nación, Weretilneck detalló que los proyectos de inversión que “tiene una ley específica” que da seguridad jurídica a las inversiones. “De nada vale una buena administración provincial sin estabilidad macro, y la verdad es que el Gobierno está trabajando bien y muy fuerte para esa estabilidad macro”, elogió el gobernador mendocino, en guiño a la Casa Rosada. “Estamos construyendo confianza en estos dos años”, terció Frigerio y afirmó que “hacemos lo que podemos en relación al crédito”, dejando en claro que es uno de los puntos complicados de la actual coyuntura.

Pacto en debate

¿Habrá un nuevo pacto fiscal para bajar impuestos? Allí hubo disenso. “No la veo en términos reales, cada uno está buscando sus propias inversiones, sí veo acuerdos regionales”, dijo Weretilneck. “Es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal”, dijo Frigerio, y pidió “eliminar el impuesto al cheque”, antes de recoger aplausos. “Ratifico en un cien por ciento”, bromeó Cornejo, y pidió “eliminar muchos impuestos distorsivos”.

Weretilneck pidió poner en agenda “las obras de infraestructura esenciales para el crecimiento”. Cornejo dijo que “no es fácil lograr el equilibrio entre las provincias”, y pidió combatir el “chauvinismo” de la oposición en distintas provincias. “Formosa no tiene hoy incentivos para desarrollar el sector privado”, dijo el gobernador de Mendoza, en referencia al amplio sector público que tiene la provincia gobernada por el peronista Gildo Insfrán desde 1995. Frigerio también pidió inversiones en infraestructura en rutas, puertos, hospitales, escuelas “de manera coordinada” con Nación, “no importa quien pone la plata”.

El primero en llegar, antes de las 9, fue el gobernador rionegrino, quien anticipó a los periodistas que lo aguardaban una visión crítica de la coyuntura, un día después de estar durante largo rato junto al ministro del Interior, Diego Santilli, en su despacho de Casa Rosada. “Hace falta reactivar el consumo, y lo conversamos con Diego que es un gran interlocutor”, dijo Weretilneck en diálogo con la prensa. También reconoció que “la caída del consumo” y afirmó que en la distribución de fondos “las provincias somos los más perjudicados”.

El contexto del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores no es el mejor, aun en los casos de los mandatarios más cercanos al Gobierno. Según un informe del Iaraf, publicado por LA NACION, entre enero de 2024 y febrero pasado, dejaron de percibir por la caída de las transferencias nacionales el equivalente a US$18.000 millones.

De todos modos, la relación con Cornejo y Frigerio, con quienes el Gobierno acuerdo electoral provincial el año pasado, es relativamente mejor que el de Weretilneck. “Dentro de la escasez que hay, lo están cuidando como aliado”, dicen cerca del gobernador entrerriano, y dan como ejemplo la cesión de anticipos financieros, y aval para obras públicas como las rutas provinciales. También hay buen diálogo con Cornejo, que partió raudo hacia Chile, donde participará esta noche de una cena del Centro de Estudios de Cobre, con la presencia del presidente José Antonio Kast.

El nuevo modelo, que empodera a los fiscales y los pone al frente de las investigaciones, debía llegar a los tribunales federales el 27 de abril próximo, de acuerdo a lo que había estipulado el exministro mileísta Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques definió que se implementará más adelante.

Esta es la primera vez que este ministro pospone el arranque del sistema acusatorio en Comodoro Py, por donde pasan los delitos federales, entre ellos, los hechos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales. Antes ya habían sido oficializado dos retrasos: en agosto y en noviembre de 2025, bajo la gestión anterior del Ministerio de Justicia.

En base a lo que pudo saber LA NACION, esta semana habrá una reunión de Mahiques con representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General, la Defensoría General y el Consejo de la Magistratura. Ahí, la nueva conducción del Ministerio de Justicia buscará establecer junto a cada una de las partes una fecha definitiva para la efectiva puesta en marcha de la metodología entrante. Por lo pronto, fuentes del Gobierno comentaron que Mahiques va con la idea de que se defina un plazo durante el correr de este año y que no se traslade a 2027.

LA NACION ya había contado en marzo que el ministro no era optimista con respecto a arrancar ya con la implementación del acusatorio, sobre todo debido a la cantidad de vacantes en las fiscalías y a los déficits en materia de infraestructura.

“Piensa que hay que aplicarlo cuando estén dadas las condiciones y hoy no parecen estar dadas”, habían dicho desde el Ministerio de Justicia a LA NACION hace un mes.

Los fiscales tampoco estaban convencidos. Principales empoderados con el nuevo régimen en detrimento de los jueces -que pasarán a tener durante la etapa de investigación un rol solo de control vinculado a que se respeten las garantías constitucionales de los ciudadanos-, los fiscales alegan que no tienen las condiciones ni los recursos (cantidad de empleados, falta de tecnología, déficit de infraestructura) para comenzar con la modalidad promocionada por Cúneo Libarona. “Tampoco quieren”, comentaron desde el Ministerio de Justicia apenas desembarcó Mahiques.

De aplicar el nuevo sistema y de salir mal su implementación en los tribunales más observados del país, el ministro se llevaría el costo de una política que él no promovió.

Para Cúneo Libarona este fue el ícono de su gestión. El exministro incluso viajó a distintas provincias para la inauguración de las nuevas reglas procesales. Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la región norte de Buenos Aires ya actúan bajo esta modalidad.

En una nota de opinión para LA NACION en diciembre, Cúneo Libarona dijo que la “implementación plena” del sistema era un “objetivo institucional” porque contribuiría con “mejorar la reputación internacional” y “facilitar la llegada de inversiones extrajeras”.

Entre otras figuras, en esta oportunidad también se encuentran en la lista de oradores el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca).

Asimismo, a lo largo de la jornada se les sumarán Horacio Rosatti —presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)— y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina. El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei.

Apenas pasadas las 9, Mariana Schoua, presidenta de la entidad, fue quien brindó el discurso inaugural: presentó el eje rector de esta edición y analizó la coyuntura económica nacional. Según Schoua, el país se encuentra en un punto de inflexión donde se presenta la oportunidad de “definir cómo crecer en lugar de cómo estabilizar”.

Además sostuvo que la Argentina viene de enfrentar “décadas de inestabilidad macroeconómica, déficit fiscal persistente, inflación crónica y bajos niveles de inversión” y valoró el camino hacia el ordenamiento de las cuentas públicas, pero advirtió que el enfoque no debe ser únicamente el ajuste. “La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente”, señaló y puntualizó que el nivel de inserción internacional es una deuda pendiente, con exportaciones de “apenas el 14% de nuestro PBI”.

Respecto a la agenda de reformas que el sector considera prioritarias, la titular de AmCham destacó que se dieron avances en materia de “respeto a la propiedad intelectual y un sistema laboral más moderno”. Enfatizó también en la urgencia de una transformación estructural del Estado: “La Argentina necesita una reforma fiscal profunda, que reduzca la presión impositiva sin comprometer el equilibrio fiscal, avanzando hacia un sistema tributario progresivo simple y sin superposición de tributos”.

En la misma línea, instó a trabajar en un “federalismo productivo” y en eliminar las distorsiones que afectan a la agroindustria.

Para finalizar, Schoua vinculó el crecimiento económico al fortalecimiento de la república y sus instituciones: “La calidad institucional es parte del modelo que buscamos construir. No alcanza con crecer, hay que crecer de manera sostenible”. Asimismo, remarcó que el país no debe aislarse y que “la relación con Estados Unidos es estratégica” para acelerar las oportunidades de negocio. Su discurso lo terminó con un pedido de unidad a la dirigencia: “Necesitamos vocación de construir consensos duraderos”.

La intervención del embajador de Estados Unidos

Con un mensaje de fuerte respaldo al Gobierno, Lamelas cerró su intervención en el evento haciendo un llamado al sector privado para que apueste por el país. El diplomático aseguró que existe una ventana de oportunidad única gracias a las reformas en curso y la sintonía entre los gobiernos de ambos países, concluyendo de manera tajante: “El momento de actuar es ahora y ahora la decisión es de ustedes. Inviertan en Argentina ahora”.

Durante su discurso, Lamelas reveló el mandato concreto que recibió para su gestión: “El presidente Trump me envió especialmente, me llamó y me envió con una misión muy clara: trabajar con el gobierno del presidente Milei y con el sector privado para asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con los Estados Unidos como su socio preferido”.

En ese mismo sentido, destacó la química entre los mandatarios y afirmó: “Estamos viviendo el momento más dinámico de la relación entre Estados Unidos y la Argentina. Y esto empieza desde arriba: el presidente Trump y el presidente Milei comparten una visión”.

Lamelas analizó también las condiciones necesarias para que las promesas se transformen en proyectos concretos, advirtiendo que “el capital no responde a discurso, responde a señales: rumbo, orden, transparencia”. Además, enumeró el potencial estratégico del territorio nacional: “Argentina tiene lo que el mundo necesita, la energía en Vaca Muerta: minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria”.

El embajador detalló además el trabajo diario de la delegación diplomática para facilitar los negocios, asegurando que desde la sede que comanda “ayudamos a más de 2400 firmas interesadas en Argentina y ese número crece cada día”.

Tras bromear con que aún está decidiendo si ser hincha de River o de Boca, comparó el potencial del país con el deporte y remarcó que “la Argentina está lista para competir con los mejores, como en el fútbol”. Para cerrar su arenga a los empresarios, recordó las palabras del jefe de Estado argentino: “El presidente Milei fue muy claro: ‘La Argentina está abierta a los negocios’”.

Jorge Macri y la alianza con EE.UU.

El jefe de gobierno porteño comenzó con un análisis de la situación de la Argentina en el marco de la guerra en Medio Oriente y la cercanía del gobierno de Milei con su par Donald Trump. “La vida, la libertad y la propiedad privada son acuerdos básicos que tenemos que tener en claro en el país y en la Ciudad. Estos principios cobran relevancia con el contexto internacional: estar ubicados a muchos kilómetros de este escenario no nos vuelve ajenos, sino que nos desafía a tomar conciencia del rol que nos toca jugar”, consideró.

“El mundo nos está mirando, nos ve como lo que somos: una tierra de paz y de oportunidades. Tenemos que estar a la altura. El vínculo afianzado con Estados Unidos nos posiciona junto a los socios correctos”, remarcó. Macri también subrayó que en el escenario internacional, la Argentina tiene una “oportunidad inmejorable” para profundizar su inserción en el mundo.

De esta forma, resaltó que es importante la “integración y apertura” para construir un camino propio, al tiempo que se mantiene una “visión estratégica que combine apertura, inversión y mirada clara”. “Insertarnos en el mundo de forma inteligente no es replicar experiencias ajenas ni tampoco desatender nuestros propios intereses”, expresó.

Graciela Molina es comisaria retirada de la Policía; Victoria María José Cancio, su hija, es contadora en la misma fuerza. En la audiencia con el fiscal, dijeron que era la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, y que el funcionario les pagó 30.000 dólares. Todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación. Las mujeres relataron que tiene siete meses para pagarles, según informaron saber LA NACION de fuentes de la causa.

Los datos que aportaron de la operación coinciden con lo que había declarado Nechevenko la semana pasada.

Las dos mujeres llegaron juntas a los tribunales de Comodoro Py a las 8.30 y se retiraron al mediodía. Ellas le dieron a Adorni 85.000 y 15.000 dólares, respectivamente, el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, compró la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Angeletti y Adorni pusieron como garantía del préstamo el departamento en el que él vivía entonces con sus hijos, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires.

Según declaró la escribana Nechevenko, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. Las acreedoras ratificaron hoy esa declaración.

Está mañana, la escribana Nechevenko le mandó un mensaje a Molina para darle ánimo. Un emoji de un brazo haciendo fuerza. Quedó registro en la causa porque el fiscal Pollicita le preguntó a Molina, durante su testimonial, si lo dejaba ver los mensajes de su teléfono de personas vinculadas con el caso y así fue como accedió al de la escribana. La fiscalía se hizo, además, de otros chats de diálogos en los que intervinieron las testigos. “Se bajó todo y ya está en el expediente”, dijo una fuente al tanto de lo que pasó en la audiencia.

Adorni había informado que Molina y Cancio eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero sin los detalles de esa deuda que se conocen hoy.

Adorni informó en esa declaración jurada deudas con ellas dos por el 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

Molina, además de ser comisaria retirada de la Policía Federal, fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. El vínculo con Adorni fue a través de la escribana Nechevenko, que declaró que fue ella quien le presentó a las dos mujeres al jefe de Gabinete, que le había pedido que le consiguiera prestamistas porque necesitaba el dinero.

El departamento de la avenida Asamblea está actualmente en venta y aún figura como propiedad del matrimonio Adorni-Angeletti. En el Registro de la Propiedad la compra de ese departamento, frente al Parque Chacabuco, figura como efectuada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y Angeletti con un precio declarado de 105.000 dólares.

Los patrimonios de las prestamistas

Parte de la declaración de hoy estuvo destinada a averiguar la situación económica y financiera de Molina y Cancio. Ellas informaron que heredaron dinero tras la muerte del marido de Molina (y padre de Cancio), que también fue comisario. Dijeron que tienen inmuebles, y que además de lo que perciben mensualmente de la Policía, cobran alquileres como ingreso adicional.

Las dos tienen inmuebles a su nombre en la ciudad de Buenos Aires. LA NACION hizo pedidos de informes ante el Registro de la Propiedad y resultó que Victoria Cancio es titular de un inmueble en Scalabrini Ortiz esquina Padilla, uno en Perú 79 y otro en Juan de Garay esquina Pereyra.

También figura como dueña de una “parte indivisa” de otros dos inmuebles: uno en Maza 1615 y otro en Paraguay 928; este último lo comparte con su madre.

Molina aparece en el registro como titular de una propiedad en Maza 1681 y otra en Guayaquil 60.

Cómo sigue la causa

Las declaraciones testimoniales seguirán este miércoles. Ese día deben presentarse Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, las jubiladas que le vendieron a Adorni el departamento de la calle Miró, en Caballito, el año pasado. En ese inmueble viven hoy el jefe de Gabinete y su familia.

Se lo vendieron en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares. Según la escribana Nechevenko, que también participó de esta operación, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles -siempre según lo documentado- en noviembre próximo.

La idea original era que Viegas y Sbabo declararan la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque le coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.

Viegas y Sbabo le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales, que ya declaró en la causa penal y dijo que se los había vendido por 200.000 dólares.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación, espera las respuestas a una larga lista de pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer. Eso le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.

Los principales problemas que afronta la administración libertaria se han convertido y se sintetizan en cinco trampas de las que no logra salir. En algunos casos porque no puede, en otros porque no sabe y en otros porque no quiere.

Ese quinteto de conflictos hoy horada parte de su capital y atenta contra los logros políticos y económicos alcanzados en los dos primeros años de gestión, muchos de ellos inimaginables para observadores neutrales y rivales.

La lista, que lejos está de ser taxativa, está compuesta por:

• Escándalos éticos, de fuerte penetración en la sociedad, que contradicen el discurso oficialista y, en algunos casos, han roto el contrato establecido con buena parte de sus electores.
• Problemas de comunicación, falta de estrategia y ausencia de voceros efectivos y creíbles para enfrentar la crisis.
• Disputas internas sin fin, instaladas en la agenda pública, que muestran conflictos por el poder en el seno de un gobierno de muy pocos, que dificulta la toma de decisiones, paraliza acciones y expone problemas de liderazgo.
• Una burbuja endogámica e impermeable, donde se evita que penetren opiniones, ideas y cuerpos extraños.
• Y, último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, una economía con muchos tropiezos, que no termina de dar respuesta a muchas de las demandas de la mayoría. En cambio, la sociedad da señales de sentirse sometida a un esfuerzo que empieza a dejarla extenuada antes de llegar a disfrutar de la mejoría, que, en buena medida, se agotó con la interrupción, hace once meses, del sendero descendente de la inflación.

La corrupción

La saga del AdorniGate, que durante la semana pasada alcanzó otro pico de impacto, expuso con elocuencia que la táctica de no tomar decisiones y esperar para hacerlo a que baje el interés social en el tema había fracasado.

El rating de los canales de noticias, la tasa de lectura en los portales de los medios y la preeminencia entre los temas políticos en las redes sociales exponen la permanencia y el interés que despierta el caso protagonizado por el jefe de Gabinete, a raíz de su prodigioso raid inmobiliario de los últimos dos años y de los gastos suntuarios en los que incurrió. A pesar del magro salario que como vocero primero y como jefe de ministros después cobraba, al menos, hasta diciembre del año pasado.

La aparición en los medios de la singular escribana Adriana Nechevenko, que participó en las todavía más singulares operaciones de compra-venta de inmuebles, no solo no logró disipar dudas. Por el contrario, las ahondó. Especialmente cuando Nechevenko admitió que pese a conocerlo a Adorni desde hace dos décadas, sólo en los últimos dos años hizo operaciones de ese tenor. “Se le dio todo junto”, afirmó en medio de lo que no quedó claro si se trataba de una risa nerviosa o frívola.

La performance de la escribana no solo expuso la dificultad para explicar un hecho de evidente interés público, de fácil penetración en las audiencias masivas y de fuerte impacto en una sociedad para la cual el acceso a la vivienda propia se ha convertido mayoritariamente en una auténtica quimera.

Para agravar el malestar, luego se conocieron los créditos hipotecarios del Banco Nación a los que accedieron al menos cinco altos funcionarios del Gobierno, tres de ellos pertenecientes al equipo económico o con incidencia en el área financiera oficial. Se sumó que uno, el mediático polemista Federico Furiase, lo obtuvo para aumentar su acervo inmobiliario, dado que ya contaba con vivienda (o dos). Sobre llovido, mojado.

La sucesión de hechos reñidos, como mínimo, con la transparencia repone lo que algunos inquilinos del primer piso de la Casa Rosada dicen haber leído en un chat adjudicado a Santiago Caputo, en referencia a la disputa con el ala karinista: “El mayor problema no son los egos sino la voracidad por satisfacer consumos postergados”. Se remonta al último trimestre del año pasado. La duda es si, desde entonces, las cosas empeoraron o si solo se consolidó una línea de conducta.

La comunicación

El AdorniGate resalta, además, otra de las trampas de las que el Gobierno no logra zafarse. Es la ausencia de una política comunicacional de crisis, que golpea más por tratarse de una fuerza política que, en buena medida, accedió al poder con más rapidez que ninguna otra en las últimas cuatro décadas por su extraordinaria habilidad comunicacional para vincularse y seducir a audiencias y electores. Esa comunicación tenía por eje central la lucha contra la casta de los que utilizaban el Estado para mejorar su situación personal.

En esa debilidad cobra mayor dimensión la ausencia de voceros efectivos y respetados que padece el Gobierno, tras la sucesión de tropiezos de Adorni, que se inició hace ya un mes con la revelación de que su esposa había viajado a Nueva York en el avión presidencial. Desde entonces no solo no pararon de aparecer gastos sospechados y sospechosos del jefe de Gabinete con los que trastabilló las escasas veces que intentó aclararlos sin éxito.

También quedaron desacomodados los demás funcionarios que trataron de justificarlo para terminar como escudo de última instancia el propio Javier Milei, quien debió poner su cara, su cuerpo y su voz para cubrirlo. El Presidente se convirtió así en el fusible de su gabinete y dejó a la vista una instalación central raquítica de protecciones.

La decisión de enviar a la escribana Nechevenko a hablar en los medios expuso la vacancia que se registra en la vocería oficial, otrora motivo de orgullo libertario, en los buenos tiempos en los que el expanelista Adorni vapuleaba a todo contradictor o interrogador incisivo. No solo la notaria terminó ridiculizada en las redes sociales. Debilitó la narrativa y la credibilidad oficial. Un duro golpe para el estreno de la moral como política de Estado. Aunque la escala moral mileísta sea tan subjetiva, como lo explicó su líder.

Del costo para la imagen presidencial y la del Gobierno por el caso Adorni, por la reinstalación del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, por la permanencia del criptogate $LIBRA y por los créditos hipotecarios de funcionarios libertarios, agravado por el contexto económico, ya dan cuenta la mayoría de las encuestas realizadas en las últimas dos semanas.

En ese plano resalta el pico alcanzado en el Índice de Irascibilidad Social (IDI) que elabora la consultora Casa Tres. “En marzo, el IDI perforó el piso alcanzado en febrero: cayó cinco puntos y se ubicó en -19, el registro más bajo desde el inicio de la serie, hace dos años. Esto confirma que la crispación no solo persiste, sino que profundiza su tendencia negativa”, escribió la titular de la encuestadora, Mora Jozami, en el sitio digital Seúl.

Ya nadie tiene dudas del efecto de esos hechos adversos sobre el Gobierno. Al respecto, el director de Poliarquía, Alejandro Catterberg, anticipó el viernes pasado que en la medición en curso de esa consultora seguramente se advertirá un deterioro en la imagen oficial. La presunción cobra relevancia por el hecho de que esa encuestadora había estado en soledad (entre las respetables) cuando publicó que en su medición de marzo todavía se daba un equilibrio entre las opiniones positivas y negativas sobre Milei.

“Adorni ya se tendría que haber ido, pero lo que significa para los Milei y la creencia equivocada de que el escándalo iba a bajar lo sostuvo. Y, a eso, se suma la disputa entre Karina y Santiago [Caputo]. Por eso, el escándalo de [José Luis] Espert se resolvió más rápido. Aunque Javier lo bancaba y era él el que lo había puesto al frente de la lista de candidatos a diputados nacionales, ahí no había grietas entre Karina y Santiago. Los dos empujaban para bajarlo. Ahora eso no existe y a Javier le cuesta mucho resolverlo”, explica un conocedor de la interna libertaria.

La interna

La interna que desangra a la cúpula del poder aparece como otra de las trampas de las que Milei no puede o no sabe cómo salir. El avance vertiginoso de su hermana y el retroceso inocultable del asesor no terminaron, sin embargo, por resolver la pelea.

La crisis le volvió a dar una pequeña revancha a Caputo y retomó su rol como fuente de consulta en materia comunicacional, pero nadie cree en el mileísmo que eso devuelva la concordia ni que Milei resuelva la discordia. Los chantajes sentimentales de los contendientes sobre el Presidente gozan de una notable eficacia, para muchos inexplicable, sobre todo, en lo que al asesor se refiere.

“Este es un loop eterno, una espiral que solo se acelera sin solución. Cada vez que Karina avanza sobre Santiago, éste va y le plantea al Presidente que así no puede ni está dispuesto a seguir. Después de un rato de discusión, Javier termina pidiéndole que se quede, prometiéndole la recuperación del poder y una contención de Karina y los suyos. Y se cierra con calurosos abrazos. Pero eso dura un tiempo y vuelve a empezar. El vínculo entre ellos es demasiado peculiar”, dice con resignación un destacadísimo mileísta, que conoce como pocos la intimidad del poder libertario y de lo que alguna vez se denominó el triángulo de hierro.

La burbuja

En ese plano aparece la cuarta trampa que atenaza al Gobierno y es la burbuja endogámica y hermética en la que suele habitar el Presidente, reforzada a diario por la mayoría de los miembros de su gobierno y de su entorno. La impermeabilidad a cualquier opinión disonante, sobre todo en ámbitos colectivos, es absoluta.

“A solas, Javier te puede dar lugar a alguna opinión que contradiga la suya y hasta abrir paso a una discusión en la que se expongan argumentos, pero si alguien lo contradice donde hay más de tres personas presentes se le salta la térmica y el que lo hace la pasa muy mal. Hay cosas sobre las que hace mucho di mi opinión contraria a lo que se hacía, pero ya no lo hago”, dice un conspicuo integrante de la gestión mileísta.

La furia de Milei no es una actuación planificada para hacer una exhibición de poder sobre cualquier contradictor, sea empresario, periodista o dirigente político. Tampoco un rasgo que se agudizó con el estresante ejercicio de la presidencia. El chat de su camada de excompañeros del Colegio Cardenal Copello tiene varios ejemplos de sus arrestos de ira contra alguien que osó contradecirlo, aún de buenas maneras. Ninguno volvió a animarse. Menos desde que accedió a la Casa Rosada.

Por eso, a nadie extraña que en el grupo de WhatsApp que integran los miembros del gabinete no haya disonancias. “Es el show del chupamedismo. Si en X a muchos ministros no les da vergüenza competir por la adulación, como pasó después del homenaje a Adam Smith, no te podés imaginar lo que es el chat de ministros”, cuenta un estrecho allegado a un secretario de Estado, que dice haber leído algunos de esos mensajes.

Es la economía

Allí entra la última y tal vez la más importante de las trampas en las que el Gobierno se encuentra atrapado: la marcha de la economía.

El jueves pasado, el propio Milei despertó una brisa de ilusión respecto de que podría haber revisiones en ese terreno, después de que en los días previos él y los miembros de su equipo económico se cansaran de insultar y descalificar a cualquier economista o periodista crítico por la marcha del consumo, el empleo y la actividad económica.

Su pedido de paciencia social y, sobre todo, su inédita admisión de que algunos argentinos no están mejor con su gestión fue rápidamente matizada por el propio autor y, sobre todo, por algunos de sus más estrechos colaboradores. No sólo ratificó el rumbo en su totalidad, sino que fue una reafirmación de creencias y dogmas. Aún cuando se espera que flexibilice algunas restricciones.

“Él está convencido y cree ver que se va a cumplir lo que nos viene diciendo desde diciembre pasado. Que iban a venir tres meses duros y que en abril iba a empezar la recuperación, junto con un nuevo sendero de inflación a la baja. Su posteo fue estratégico para después poder realzar la mejora”, explicó uno de sus colaboradores. No hay lugar para agnósticos.

En la Casa Rosada, de todas maneras, admiten que hay muchos de esos que no están mejor, según el propio Milei, cuya situación tampoco mejorará en el corto plazo y difícilmente lo haga en el mediano.

“El problema más grande está en el Gran Buenos Aires, donde la actividad industrial y comercial va a seguir sufriendo, pero ese, junto con el de la seguridad, va a ser un problema de Kicillof”, dice, impertérrito, un interlocutor del Presidente. ¿Será así?

Respecto de la irritación social creciente, la consultora Mora Jozami destaca, además de los casos de corrupción o falta de transparencia, que “casi dos de cada tres argentinos declaran haber resignado consumo en el último tiempo y las expectativas sobre el futuro económico personal se deterioran”.

El mayor capital político-social de Milei hasta ahora ha estado asentado más en las expectativas de futuro que en las satisfacciones logradas, por lo que el deterioro en ese rubro podría ser un serio llamado de atención.

Tal vez la microeconomía sea, así, la más acuciante de las trampas de las que no puede, no sabe o no quiere librarse el Gobierno. El problema es que están todas interconectadas.

Los vientos que soplan fuerte desde el caso Adorni y de $LIBRA y desde un set de indicadores macroeconómicos no alcanzan para dar vuelta el barco del Gobierno. El presente sí registra fisuras en el apoyo al oficialismo en la percepción pública. ¿Fruto del puro presente con posibilidad de corrección futura? La cuestión es si esa percepción es solamente coyuntural o se revertirá en los próximos meses, para durar hasta las elecciones presidenciales de 2027.

Ayer, Luis Caputo se anticipó al dato de inflación que se conocerá hoy: según el ministro, superaría el 3 por ciento. Lo hizo con un objetivo, controlar la interpretación político-económica de la suba de la inflación. Le bajó el precio al indicador de marzo y buscó crear expectativa hacia adelante: el futuro económico cercano, o mediano, como la puerta de salida del Gobierno. “Desde abril, se viene dando un proceso de desinflación y crecimiento. Se viene los mejores meses”, aseguró.

Se acumulan las generaciones de argentinos que llevan el historial de la debacle macro y microeconómica en su ADN: confrontada contra la memoria colectiva, el panorama actual no encaja en esa serie histórica de angustia argentina, al menos por el momento. No hay crisis modelo 2001, con una calle movilizada y anarquía política; ni modelo ‘89 o Massa 2023, con una inflación galopante empecinada en convertirse en riesgo de hiper o en directamente en híper; no hay tampoco una oposición tan organizada como para organizar la calle.

No hay respuesta definitiva y absoluta sobre la marcha de la economía ni a favor ni en contra: las conclusiones tajantes son más bien frutos de la lógica política que de las evidencias que ofrece la realidad.

¿Cómo nos ven?

La oposición dura ve el caos, y en algunos casos, además, lo desea. “Tenemos una tarea inmensa. Creo que se aceleran los tiempos”, dijo Axel Kicillof en el lanzamiento de la pata universitaria de Derecho al Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, el jueves último. El oficialismo ve lo contrario: una Argentina que consolida sus cimientos, y avanza. Ahora, además, el Gobierno empieza a hacer esfuerzos, hasta ahora desconocidos, para reconocer dificultades y, al mismo tiempo, convencer de su capacidad para torcerles el rumbo.

Ayer, las declaraciones de Caputo fueron por ése lado: para el jefe del equipo económico, el mes próximo mostrará recuperación del sendero de inflación a la baja. En el Gobierno, hay expectativas altas. Por un lado, con el precio de la nafta domado a través de YPF aseguran que controlarán el shock externo de la guerra en el Estrecho de Ormuz. Por otro lado, quedará atrás marzo y su clásica estacionalidad. Y lo central para el equipo económico: que la acumulación de reservas, desprendiéndose de pesos y comprando dólares, no se está yendo a precios, ni al del dólar ni al de los productos. La oferta de dólares de los sectores exportadores como el agro y la energía compensan la demanda oficial del dólar: una nueva ancla cambiaria y anti inflacionaria del Gobierno. Para la oposición, en cambio, ese proceso atrasa el dólar todavía más.

Jugadores fuertes de los mercados hacen un análisis más independiente: cuando se tiene plata hundida en un mercado emergente como la Argentina, lo mejor es ser lo más racional posible. Uno de ellos, desde Manhattan, donde sigue las inversiones argentinas, traza distinciones. “Técnicamente, el Mingo (por Domingo Cavallo) no tiene razón: esto no es estanflación. Una economía que crece al 4,4 por ciento no está en estanflación de ninguna manera. Tiene razón el Gobierno cuando se molesta con esa definición”, dice. El argentino de los mercados no es un incondicional al Gobierno: también integra en su análisis el lado oscuro de la luna. Pero le reconoce logros que considera incuestionables: superávit fiscal, crecimiento del PBI, orden en la calle, gobernabilidad en minoría, decisión política para el cambio. “Estar acá es un milagro”, subraya. Se refiere al panorama actual, con sus indicadores buenos y malos.

¿Por dónde le pasa la principal preocupación? No por el riesgo país ni por la inflación. Sí por otros dos lados. Primero, por la política monetaria: ahí ve “errores catastróficos”. “Cuestionás una variable y te dicen: no entendés nada, tenés que mirar la otra. Mirás la otra y te dicen: te faltó esta variable. Y así todo el tiempo. No hay claridad en la política monetaria”, plantea. La tasa de interés altísima de 2025 fue el síntoma de esos errores. La baja de tasas de las últimas semanas indicarían una corrección en ese rumbo.

La otra preocupación está en el nivel de actividad. La pregunta que pone sobre la mesa el inversor es: ¿cuándo empieza a quedar atrás la transición, con todos los costos políticos que tiene? A los ojos del argentino de Manhattan, el proceso de destrucción creativa para dar vuelta la lógica de la matriz productiva argentina es un trago amargo imposible de evitar. “Tratar de amortiguarlo va a demorar más el proceso”, advierte.

¿Le preocupa el caso $LIBRA o el caso Adorni a un inversor global? “Lo estamos siguiendo. ¡¿Qué están haciendo?!”, dice para reconocer su inquietud. Desde la globalidad de los mercados, la primera reacción que surge es la incredulidad, traducible en: cómo puede ser que un Gobierno meta así la pata. Preocupa sobre todo que esas denuncias le quiten al Gobierno capacidad de maniobra política, márgenes de gobernabilidad, y que eso afecte al proceso de estabilización de la economía. La pureza moral no entra en sus cálculos: la acepta como batalla perdida en la política argentina.

La Argentina de Milei, ¿cara o ceca?

Esa moneda en el aire de la economía que no termina de caer de un lado o del otro de la percepción impone otra pregunta clave de este momento. Es sobre el tema de la velocidad de los cambios de época. ¿A qué velocidad cambia el mundo? ¿A qué velocidad cambia la Argentina? La aceleración de todo -de las transformación política, de la suba y la caída de la derecha mundial, de la recuperación de una visión menos extrema de la política, del reordenamiento geopolítico, del cambio de matriz económica- como la dinámica del presente. ¿La Argentina también apretó el acelerador y el Milei que vino para meterle pata a la velocidad de transformación estructural en la Argentina se está quedando sin nafta?

Por un lado, 2026 arrancó con encuestas desfavorables para Milei. ¿Es mayoría el nuevo sujeto social sintetizado en “los arrepentidos de Milei”? ¿O es la ilusión óptica que se fabrica la oposición? No paran de salir encuestas que subrayan un declive en el apoyo al Gobierno y sus políticas.

Una de las encuestas más recientes confirma lo que otras vienen publicando. Es el Tercer Informe del Termómetro Psicosocial y Económico de la Facultad de Psicología de la UBA. La incertidumbre se impone sobre la confianza y el optimismo de los meses anteriores. El 46 por ciento dice que está peor y un 36 por ciento, que está mejor. Es la primera vez que el balance sobre el bienestar da negativo. El principal factor es la economía: para el 83 por ciento, los problemas financieros son los que impactan más en su salud mental.

Para la oposición dura del kirchnerismo y la izquierda y una oposición en vías de endurecerse, como la de Pichetto, Monzó y Massot, “los arrepentidos de Milei” son un sujeto político en franco crecimiento. Su objetivo es representarlos. Para una clase política que gobernó en contra de la racionalidad macroeconómica que está produciendo algunos resultados, aunque no todos, es tarea difícil conquistar esa credibilidad.

Lo que está claro es que la potencia simbólica del Milei 2024, recién aterrizado en el poder, quedó atrás. Quedó muy lejos el mensaje y la visión mileísta más potente: hoy el discurso que dio en el Milken Institute en mayo de 2024 sería imposible. En aquel momento, desreguló la palabra política y plantó el caso argentino como parte de un mix que integraba una visión social futurista, una teoría evolutiva de la especie humana y el lugar heróico del empresario aventurero como la forma acabada de ese camino evolutivo para todos. Una especie de superación de la justicia social sin la coartada “moralista” y con beneficio para pobres, y no sólo ricos. Dos años de gestión lo cambiaron todo: su propia mochila le pone al Gobierno los límites prosaicos de la realidad.

Ahora todo mensaje se codifica en modo piloto de tormenta: las palabras o los silencios caen bajo la estrategia de gobernar en aguas borrascosas. Un presidente que putea a todos por muchos temas se llama a silencio con el caso Adorni. Y entre el jueves pasado y el último domingo, Milei se vio en la necesidad de reemplazar a Adorni como vocero. En dos posteos clave, reconoció los problemas de su plan económico al mismo tiempo que volvió a resaltar sus logros.

¿Cruje el planeta Milei?

La gestión mileísta también enfrenta un desafío planetario. El escenario global nunca es anecdótico para la marcha de un gobierno argentino, pero en el caso de Milei, ese peso se acentúa. La identidad mileísta se completa en su lugar en el mundo, como parte de una alianza global: Milei la sintetiza como pocos y al mismo tiempo, construye sentido en esa línea de puntos que va de Trump a Orban, entre otros.

Esa alianza empezó a encontrar un límite: el del voto popular. Después de visitarlo a Orban como líder hermano en la misma cruzada global, una mayoría impactante de votos dejó offside al apoyo mileísta. El húngaro perdió una elección bajo sus propias reglas, hecha para ganarla: de ahí que su derrota sea todavía más contundente. Un síntoma al que Milei no debería escapársele: que en sistemas democráticos, aún bajo presión extrema de un líder iliberal, la hegemonía nunca es eterna.

Si bien desde la bancada oficialista enfatizan que la suspensión del debate en las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General obedece a “cuestiones de agenda”, lo cierto es que la postergación avivó las suspicacias sobre la presión que ejercen las farmacéuticas locales para que el tratado, de ser aprobado, sea con reservas, en particular sobre su capítulo II.

El PCT crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros, 158 en total. Establece que una vez registrada una patente por parte de un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en las restantes naciones firmantes del tratado. Abarca todo tipo de patentes, no solo las farmacéuticas, pero es en esta industria donde el impacto, por los millones de dólares en juego, será mayor.

El Senado le dio media sanción el 22 de julio de 1998 (durante el gobierno de Carlos Menem) pero no perdió estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional, por lo que solo resta la aprobación de la Cámara de Diputados. En el acuerdo comercial suscripto entre la Argentina y los Estados Unidos en febrero pasado, nuestro país se comprometió a convertirlo en ley y ponerlo en vigencia antes del 30 de este mes.

En lo que respecta a la industria farmacéutica, este tratado –de ser aprobado- permitiría blindar la innovación y bloquear la copia de fórmulas por parte de terceros, en su mayoría laboratorios nacionales que, a su favor, argumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.

El capítulo II del tratado establece un mecanismo que permite al solicitante requerir ante una oficina internacional de patentes un examen preliminar no vinculante sobre tres aspectos de su invención: la novedad, la actividad inventiva y su aplicabilidad industrial. La industria farmacéutica local cuestiona este punto por considerar que, aunque no sean vinculantes, estos informes preliminares emitidos por una agencia internacional podrían menoscabar la autoridad del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inpi), que es el organismo argentino responsable de las marcas y patentes.

Los laboratorios nacionales reclaman que la Argentina, de suscribir el PCT, lo haga con reserva del capítulo II, tal como en su momento lo hizo Uruguay. El Ministerio de Desregulación, comandado por Federico Sturzenegger, se opone a que la iniciativa sea modificada porque esto obligaría a que vuelva al Senado, que ya le había dado media sanción en 1998.

En medio de esta disputa, el oficialismo decidió suspender el debate en la Cámara de Diputados: argumentan que el experto en el área, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, está de viaje en el exterior. Empero, en la cúpula libertaria admiten que todavía no está decidido si la iniciativa será finalmente modificada.

Por eso es que decidieron rechazar la posibilidad de aprobar este proyecto a libro cerrado, sin cambios, como pidieron Rosenkrantz y Lorenzetti. Como contrapartida, definieron armar un texto que condense las iniciativas de los jueces de la Corte con las que ya existen en otros 14 proyectos que descansan en el Consejo.

“Se va a aprobar. Va a haber ajustes al proyecto. Lo están trabajando los asesores con un esquema para que condense todos los proyectos que hay en el Consejo”, dijo una alta fuente del cuerpo a LA NACION.

El trabajo de Rosenkrantz y Lorenzetti, en el que participaron los secretarios Martín Oyanarte y Valentín Thury Cornejo, será ahora reinterpretado en el Consejo.

Pero Rosenkrantz y Lorenzetti quieren asegurarse de que siga sin cambios y sea debidamente interpretado, por lo que convocaron a la Corte a los consejeros de la magistratura de las Comisiones de Selección y Reglamentación para explicarles a cada uno los alcances de la iniciativa.

Una estrategia de persuasión que además incluirá entrevistas y apariciones públicas, pues están convencidos de que la sociedad es la que pide este cambio.

Del otro lado, buscan reducir las diferencias. “Va a salir un buen reglamento, se comparte el espíritu mayoritariamente”, dijo una fuente de la Magistratura, que arriesgó que la norma se aprobará este año, a lo sumo en el segundo semestre, antes de las elecciones donde se eligen a los nuevos integrantes del organismo.

El reglamento propuesto por Rosenkrantz y Lorenzetti en un acto público realizado en la Corte busca reducir la discrecionalidad en los concursos, establecer parámetros objetivos para el orden de mérito de los candidatos y evitar que la entrevista personal sea un mecanismo de ascenso de postulantes que no llegaron a tener un excelente desempeño en el examen escrito.

Los consejeros trataron la semana pasada ese reglamento y rechazaron votar a libro cerrado, como propusieron la abogada Jimena de la Torre, cercana a Pro, y César Grau, que llegó por el kirchnerismo pero, tras quedar relegado en un concurso para juez de la Seguridad Social, está distanciado.

Rosatti no firmó el proyecto, que se presentó sorpresivamente en la reunión conjunta de las comisiones. Cuando el asunto amenazaba con votarse y ser rechazado por la mayoría, Rosatti pidió que se busquen consensos con los proyectos anteriores y los que proponen las ONG. No impulsó la idea de sus colegas de probarlo sin cambios y a libro cerrado.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, el viceministro de Justicia Santiago Viola, fue el más enfático al criticar la “ansiedad desmedida” por aprobar la iniciativa. Se ve que el Gobierno, al menos el sector que reporta a Karina Milei, no tiene apuro.

En las vocalías de Rosenkrantz y Lorenzetti creen que no van a rechazar su proyecto, aunque son conscientes de que hoy no tienen los votos para aprobarlo. Pero lanzan el desafío: “Si dilatan el tratamiento o lo rechazan, el presidente de la Corte pagará los costos ante la opinión pública o ante sus colegas”, deslizaron.

Por lo pronto, los consejeros académicos liderados por Diego Molea, que entrará en el Consejo a fin de año, ya empezaron con la recorrida en busca de apoyos de las universidades.

“Participé en la Universidad del Litoral de un encuentro en el marco de la discusión de los proyectos destinados a reformar el mecanismo de selección de magistrados. Compartí el debate con los consejeros de la Magistratura por el ámbito académico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi, la también consejera y presidenta de la comisión de Selección, María Fernanda Vázquez y el expresidente del cuerpo Miguel Piedecasas”, tuiteó en X Molea.

Lo cierto es que si se aprueba este reglamento, que contempla por ejemplo tomar examen con un multiple choice de un banco de preguntas elegidas por Inteligencia Artificial (IA), no afectará a los exámenes ya realizados, dicen en el Consejo. Se abrirá una pelea, seguramente.

Se cuentan entre ellos los exámenes de los cargos clave de Comodoro Py 2002, donde hay que cubrir cuatro vacantes en los juzgados de primera instancia, cuatro en la Cámara Federal de Casación y dos en la Cámara Federal.

La irrupción del proyecto de cambio de reglamento fue interpretada como un desafío de la Corte al Consejo, una “mojada de oreja”, dijo un asesor, pues entendió que el máximo tribunal puso en tela de juicio una de las facultades de la magistratura, como lo es la manera de elegir jueces.

La discusión del reglamento de concursos trajo a la luz otros temas, que incluyen por ejemplo poner en valor el rol del Consejo de la Magistratura. Ya sea defendiendo sus facultades para elegir jueces, como para administrar los recursos del Poder Judicial.

Cuestión de fondos

Están preocupados en el Consejo por la reducción de la recaudación que impacta en los fondos que recibe el Poder Judicial. Está normado que sean el 3,5% de la recaudación, lo que implicaba en marzo una proyección de unos 115.000 millones de pesos, pero en rigor se recibieron 85.000 millones. El 97% se gasta en sueldos.

En el Consejo de la Magistratura, además, se activaron otras discusiones de posible colisión con la Corte, como por ejemplo sus facultades para dictar normas de ética judicial o el debate acerca de quiénes deciden sobre los contratos en los juzgados y tribunales de todo el país.

Hasta ahora, jueces y camaristas peregrinan ante la Corte para pedir por recursos y contratos en juzgados con causas especiales, megacausas o de gran impacto institucional. Hay consejeros que están analizando si el otorgamiento de los contratos no es una facultad del Consejo como administrador del Poder Judicial y que los jueces tengan que agradecer a los consejeros por las dotaciones de sus tribunales: una manera de retener poder.

Por lo pronto, el Consejo convocó a un plenario para el próximo 15 de abril, la semana próxima, donde no está en el orden del día el tratamiento del reglamento de selección de jueces. Pero sí está la votación de ternas para los tribunales orales federales porteños, una deuda fatal, ya que la mitad están vacantes.

De hecho, fue elevado a juicio el caso del Vacunatorio VIP. Recayó en el Tribunal Oral Federal 6, pero está sin jueces. Hoy son suplentes allí, prestados de otros tribunales, Enrique Méndez Signori (en el caso Cuadernos), el juez Diego García Berro (del fuero penal económico) y Adriana Palliotti (afectada a Hotesur y Los Sauces). La fiscal del juicio oral será Fabiana León.

Dentro de ese diseño, el Consejo de la Magistratura ocupaba un lugar estratégico. Su función no era meramente administrativa: era la pieza que debía resolver uno de los problemas más difíciles del constitucionalismo contemporáneo, que es cómo seleccionar jueces que sean a la vez técnicamente excelentes y democráticamente legítimos. Jueces que fallen bien porque saben derecho, y que fallen con autoridad porque fueron seleccionados de manera que la sociedad puede reconocer como justa.

Una apuesta que la política invirtió

El diseño era optimista. Tomaba en serio las dos grandes tradiciones de selección judicial que el mundo desarrolló a lo largo del siglo XX. La tradición estadounidense confía en el proceso político: el presidente nomina, el Senado delibera públicamente y confirma, y la legitimidad del juez viene de haber sobrevivido ese escrutinio representativo. La tradición europea continental confía en el proceso técnico: concursos públicos, exámenes anónimos, evaluación de antecedentes por corporaciones de pares, carrera judicial con ascensos meritocráticos. La política da legitimidad democrática; las corporaciones profesionales garantizan la excelencia técnica.

El Consejo de la Magistratura argentino fue diseñado como una síntesis de ambas tradiciones. El proceso técnico -exámenes, evaluación de antecedentes, jurados de especialistas- filtraría a los candidatos más capaces y produciría una terna de los mejores. El proceso político -el Poder Ejecutivo eligiendo de esa terna, el Senado confirmando- les daría legitimidad democrática. La apuesta central era que el mérito disciplinara a la política: que le pusiera un límite objetivo y verificable a la discrecionalidad de las designaciones.

Pero esa apuesta descansaba sobre un supuesto que no llegó a verificarse del todo: que las corporaciones profesionales (los jueces como cuerpo, los abogados organizados en colegios, los académicos reunidos en universidades y asociaciones) producirían y sostendrían estándares colectivos de excelencia técnica suficientemente robustos y autónomos como para resistir la presión de la política partidaria. Que habría, en otras palabras, un mundo jurídico capaz de decirle a la política: hasta aquí, este candidato no pasa porque no sabe derecho o porque no tiene integridad, y eso no es negociable.

Lo que ocurrió fue lo inverso. Sin una práctica jurídica colectiva que sostuviera ese estándar desde adentro, la política no encontró un límite en el proceso técnico. Encontró un nuevo terreno para colonizar. Los partidos aprendieron que ya no alcanzaba con controlar al Poder Ejecutivo o al Senado: había que controlar también quiénes integran los jurados de los concursos, quiénes representan a la academia en el Consejo, quiénes conducen los colegios de abogados, cómo se alinean las asociaciones de magistrados. Las instituciones universitarias, los colegios profesionales, las asociaciones de jueces (todos los espacios que debían producir independencia técnica) se fueron convirtiendo, gradualmente, en extensiones de la disputa partidaria. El proceso técnico no disciplinó a la política. La política convirtió ese proceso en una arena más de sus propias disputas.

La propuesta de la Corte

La Acordada 4/2026, aprobada por la Corte Suprema el 25 de marzo y remitida al Consejo de la Magistratura para su consideración, debe leerse en este contexto. No es simplemente una mejora de procedimientos técnicos, es un intento de la Corte de recuperar la lógica original de la Constitución del 94: que el proceso técnico vuelva a disciplinar a la política, que el mérito sea nuevamente un límite real a la discrecionalidad partidaria.

Y en esa lectura, los avances concretos que propone adquieren un sentido más preciso. El anonimato en los exámenes escritos, garantizado por medios informáticos con separación estricta entre quienes elaboran las consignas y quienes las corrigen, y con códigos alfanuméricos que impiden identificar al autor hasta que toda la corrección está terminada, apunta directamente a cerrar los espacios donde la captura puede operar. La limitación de la entrevista personal a veinte puntos sobre un total de doscientos es quizás el cambio más significativo: durante años esa instancia fue el lugar donde las influencias que el concursante no podía prever ni rebatir encontraban su expresión más efectiva, donde un orden de mérito construido con esfuerzo técnico podía ser invertido con relativa facilidad. Tasarla, limitarla y distribuirla en criterios explícitos y fundados reduce drásticamente ese margen. La tabulación rigurosa de los antecedentes (con escalas precisas por tipo de cargo, antigüedad y especialidad) busca reemplazar la discrecionalidad del evaluador por criterios objetivos y verificables. Todo el diseño apunta en la misma dirección: achicar los espacios donde la captura política necesita operar para funcionar.

Es, en ese sentido, un gesto institucional que merece una bienvenida genuina. La Corte está intentando tomarse en serio, treinta años después, el mandato que la Constitución del 94 le encomendó al sistema de selección judicial. Y lo hace con una propuesta técnicamente elaborada que reconoce los problemas reales que el sistema acumuló.

La agenda que viene

Un gesto importante y necesario, pero no suficiente por sí solo, porque el problema de fondo (la ausencia de una práctica jurídica colectiva que sostenga el estándar técnico desde adentro) no se resuelve con un reglamento, por bien diseñado que esté.

Un sistema de concursos funciona bien cuando puede medir a los candidatos contra un estándar que las propias profesiones jurídicas producen y sostienen colectivamente. Ese estándar emerge de la práctica acumulada de jueces que razonan y deciden bien, de abogados que litigan con rigor técnico e integridad ética ante sus clientes, de académicos que investigan con profundidad empírica y valorativa, de profesores que forman juristas con herramientas reales de pensamiento. Cuando esa práctica colectiva es robusta, el concurso puede medirla. Cuando es fragmentaria, el concurso mide indicadores sustitutos (antigüedad, certificados de cursos, artículos publicados, causas documentadas) y los candidatos aprenden a optimizar esos indicadores en lugar de mejorar la práctica.

En los sistemas jurídicos que funcionan bien, ese estándar colectivo tiene dos anclas institucionales principales: la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia es el conjunto de criterios que los jueces construyen acumulativamente, leyéndose entre sí y respetando sus decisiones previas como puntos de partida obligados para razonar. No como camisa de fuerza, sino como piso compartido que hace predecible el derecho y obliga a justificar los apartamientos. La doctrina es la producción académica que sistematiza esa jurisprudencia, la critica cuando se equivoca, propone soluciones a los casos que todavía no fueron resueltos, y proyecta el derecho hacia el futuro. Las dos anclas se retroalimentan y producen, con el tiempo, una práctica colectiva reconocible que cualquier profesional competente puede identificar y que el concurso puede medir.

En la Argentina, ambas anclas son débiles. Los jueces no se leen entre sí con la convicción de que los precedentes tienen peso obligatorio: con demasiada frecuencia cada tribunal tiende a empezar desde cero, como si la jurisprudencia acumulada fuera una referencia optativa y no un piso compartido que legitima y estabiliza el sistema. Y la academia jurídica no produce el contrapeso necesario: fragmentada en tradiciones que no dialogan entre sí, sin una comunidad que delibere colectivamente y construya certezas compartidas sobre los grandes problemas del derecho, y sostenida en gran medida por docentes que ejercen la profesión o la judicatura como actividad principal y la enseñanza como actividad secundaria, no está en condiciones de generar el pensamiento jurídico homogéneo que oriente la práctica ni de formar sistemáticamente las destrezas analíticas y argumentativas que un sistema judicial exigente requiere. El resultado es un ecosistema jurídico donde demasiados actores improvisan sus propios criterios, donde el derecho es menos predecible de lo que debería ser, y donde el concurso no tiene, en demasiados casos, contra qué medir con precisión.

Este diagnóstico tiene una consecuencia directa sobre cómo pensar el problema de los evaluadores, que el reglamento propuesto no termina de resolver. El sistema actual recluta a los miembros de los comités de examen y los jurados evaluadores principalmente entre docentes de facultades de derecho, que en su gran mayoría son abogados o jueces en ejercicio que enseñan como actividad secundaria. Dicho de otro modo: quienes evalúan a los candidatos tienen exactamente el mismo problema estructural que los candidatos, no tienen dedicación exclusiva a la tarea de evaluar, no acumulan institucionalmente los criterios que van desarrollando, no mejoran sistemáticamente sus instrumentos de medición, y no están organizados para producir una práctica homogénea y progresivamente más sofisticada sobre qué significa ser un buen juez en la democracia constitucional argentina. La evaluación reproduce el déficit que pretende medir.

Una agenda de profundización debería incluir la creación de un cuerpo profesional de evaluadores dedicado exclusivamente a desarrollar y perfeccionar los instrumentos de selección: los exámenes, los estándares de corrección, los criterios de entrevista, los parámetros de evaluación de antecedentes. Un cuerpo que acumule experiencia y aprenda de cada concurso, que construya con el tiempo una práctica cada vez más precisa sobre qué conocimientos, qué destrezas y qué disposiciones éticas definen al mejor juez posible para una democracia constitucional como la que el 94 imaginó. Que responda a las demandas que le plantean los consejeros del Consejo de la Magistratura pero también a otras fuentes de evaluación externa de la performance del sistema judicial. Así como la Constitución del 94 creó el Consejo para profesionalizar la selección de jueces, la siguiente etapa lógica es profesionalizar a quienes dentro del Consejo hacen esa selección.

Hay, además, un riesgo específico en el sistema de calificación de antecedentes que el reglamento propone, que vale la pena nombrar para que el Consejo lo considere. Al asignar puntaje por cursos de capacitación, publicaciones en revistas jurídicas homologadas y causas documentadas en la especialidad, el sistema puede generar incentivos que desvíen a cada tipo de profesional de su función propia y socialmente valiosa.

El funcionario judicial (el secretario de juzgado, el fiscal adjunto, el defensor oficial) que quiere maximizar su posición en un futuro concurso aprende que su tiempo libre tiene un rendimiento diferencial: trabajar mejor un expediente difícil no le suma ningún punto; escribir un artículo para una revista homologada, sí. Ser un funcionario ejemplar en el despacho cotidiano no genera puntaje directo; acumular certificados del programa de formación judicial, sí. El sistema no premia al mejor judicial: premia al judicial que mejor construye su perfil concursal. Y esas dos cosas no son lo mismo.

El abogado en ejercicio enfrenta una distorsión análoga. El que optimiza para el concurso no es necesariamente el que litiga mejor o el que actúa con mayor integridad ética frente a sus clientes. Y el académico no escapa a la misma lógica. El que quiere posicionarse bien en un concurso descubre que publicar varios artículos cortos en revistas de la lista le conviene más que escribir el libro riguroso y empíricamente fundado que lleva años. El profesor que invierte tiempo en pensar cómo enseñar mejor razonamiento jurídico no obtiene por eso ningún punto adicional.

Lo que subyace a estos tres casos es un problema más profundo que el diseño de cualquier escala de puntaje: el sistema mide indicadores observables del mérito en lugar del mérito real, y los candidatos racionales aprenden a producir los indicadores. El resultado paradójico es que un sistema diseñado para seleccionar a los mejores termina distrayendo a todos de hacer aquello que los haría mejores y que haría mejor al Poder Judicial y a la sociedad que depende de él.

Resolver esto requiere algo más que un nuevo reglamento. Requiere que las corporaciones jurídicas, las facultades de derecho, los colegios profesionales, las asociaciones de magistrados, las escuelas judiciales construyan y sostengan estándares colectivos de excelencia que el sistema pueda reconocer y medir. Es una tarea de largo aliento que no se decreta ni se reglamenta: se construye, lentamente, a través de los acuerdos que las profesiones jurídicas van alcanzando sobre qué significa hacer bien el trabajo de juez, de abogado, de académico, de profesor. Ninguna acordada puede hacerlo por sí sola. Pero nombrar el problema con claridad es ya parte del camino.

La Acordada 4/2026 abre una oportunidad que el Consejo de la Magistratura debería aprovechar plenamente: no solo adoptar el reglamento propuesto sino usarlo como punto de partida para una conversación más amplia y más profunda sobre qué significa seleccionar bien a los jueces en la Argentina de hoy. Esa conversación está pendiente desde 1994. El mérito que la Constitución quiso convertir en límite de la política sigue esperando las condiciones institucionales y profesionales que lo hagan verdaderamente posible.

La Corte acaba de dar un paso serio en esa dirección, vale la pena acompañarla.

El autor es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Umiversidad de Buenos Aires y profesor visitante de Universidad Torcuato Di Tella.

Antonio Aracre - “Eso es importante que lo diga, porque hay gente que cree que usted no tiene esa mirada de que hay gente que la pasa mal”.

Javier Milei - “No, pero hay que tratar de entender a la gente”.

Esto es muy novedoso. Este intercambio forma parte de la entrevista que le hicieron Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en la TV Pública al Presidente. El propio Aracre le señala a Milei qué novedoso es que diga que hay gente que la está pasando mal. Esto es significativo porque es la primera vez que Milei admite lo que muchos señalaban durante el primer trimestre de este año respecto del clima económico, el nivel de actividad económica, el dinamismo de la economía: que todos esos fenómenos estaban como apagados, que hay un aumento del malestar, de la percepción de la gente respecto de las posibilidades que tiene el Gobierno de mejorar su vida cotidiana. Por primera vez, Milei dice “eso es verdad, hay gente que sufre, hay gente que está mal y hay que reconocerlo”. Dice algo que el propio Luis Caputo, el ministro de Economía, se niega a decir. Es como si Caputo viviera en un país distinto de este país que, muy brevemente en su entrevista, reconoce el Presidente.

Es cierto que hay un problema, después, de interpretación. ¿Por qué eso sucede? Muchos profesionales de la economía creen que sucede porque el programa económico está pensado de una manera que no contempla el nivel de recesión que puede provocar. Milei no. Milei dice: este es un programa que funciona perfectamente, es un programa que en teoría es correcto; lo que sucede es que hay fuerzas malignas que conspiran contra él. Lo explica en esa misma entrevista: un complot mediático que ni siquiera está llevado adelante por los periodistas críticos, sino que detrás de esos periodistas hay fuerzas ocultas que él no se anima a mencionar, pero que son las que producen un ataque sobre su política económica, que es la correcta.

Hace unos siete años, un autor que es profesor de literatura en la Universidad de Harvard, Stephen Greenblatt, escribió un libro fantástico que se llama El tirano. Es un análisis de cómo la política recorre la obra de Shakespeare. En una de sus páginas, Greenblatt analiza textos de Shakespeare y describe cómo funciona la cabeza de alguien dogmático. Es decir, de alguien que tiene muchas dificultades para interrogar sus propias ideas, para dudar de aquello que piensa, para mirar desde otro punto de vista. Para Shakespeare leído por Greenblatt, el dogmático está tan convencido de que lo que piensa es verdad, está tan convencido de que no puede haber ninguna duda respecto de lo que está pensando porque sus verdades son evidentes, que solo puede concebir que alguien dude de ellas por alguna perversión moral. Es decir, solo una desviación moral, solo una perversión ética, puede hacer que alguien no vea lo evidente. Así piensa Milei. Por eso todas sus críticas a quienes lo critican parten de una base moral. Lo mismo le pasaba a Manuel Adorni. Si nos vamos por esta rama, vamos a encontrar que es uno de los enormes problemas que presentan los casos de corrupción de este gobierno. Porque son casos son manchas en la camisa de gente que imputa a los demás vicios morales ante la menor objeción.

Hay una fisura en el razonamiento del Gobierno y también en el razonamiento de Milei, respecto de que los problemas provienen de ataques mediáticos. Porque es muy difícil pensar que Wall Street, que los tenedores de bonos, que el sistema financiero, que los fondos de inversión, se dejen llevar por los ataques mediáticos de periodistas que serían conducidos por genios malignos. Y, sin embargo, el riesgo país no baja. La posibilidad de la Argentina de financiarse en el mercado internacional de deuda sigue siendo muy esquiva. Este es un problema importante del programa de Milei. Lo hemos visto en la semana, analizado por Alfonso Prat-Gay en una conferencia que dio en el Rotary, cuando dijo: es raro que, habiendo hecho todo lo que hicieron para Wall Street, Wall Street no les crea. Es verdad, es un programa pensado para el mercado financiero, lo cual no debe sorprender, porque el equipo económico proviene del mercado financiero, ha tenido muy poco contacto biográfico con la economía real, con la industria, etc. Ese escepticismo de Wall Street, esa falta de fe en Milei y Caputo, se refleja en el índice de riesgo país que sigue sin bajar. Sigue ubicado en alrededor de 600 puntos.

El malestar que señala Milei, produce ruidos importantes. Y uno de los ruidos que produce es que, al no haber el nivel de actividad esperado, tampoco existe el nivel de recaudación esperado. Él lo atribuye a que hay evasión. ¿Hay evasión o caída de actividad? ¿La actividad se mantiene bien y la gente no paga impuestos o, en realidad, la gente no realiza el nivel de actividad económica que se requiere para que la recaudación sea razonable? Si uno mira los índices del propio Indec respecto del nivel de actividad industrial, hubo una caída de 7 puntos interanual en febrero, y de 4 puntos respecto de enero. Entonces, aparece un problema de recaudación que aleja el objetivo principal del gobierno que es mantener el superávit fiscal.

En las entrañas del equipo económico, en su tercera línea, se empieza a hablar de la posibilidad de una colocación de deuda a través de un banco suizo. Es decir, de ir al mercado a financiarse para compensar los problemas de recaudación y para evitar usar las reservas que están acumulando en el Banco Central en el pago de deuda. Ya hubo un intento de hacer esto. Y cuando le llevaron la propuesta a Milei, el presidente la rechazó porque suponía tomar deuda con una tasa superior al 9%. No solo rechazó ese programa de Caputo: echó al secretario de Finanzas que se lo llevaba, o él renunció, Alejandro Lew. Ahora hay alguien que es del riñón de Caputo al frente de Finanzas: Federico Furiase. ¿Le van a llevar de nuevo a Milei una propuesta en este sentido? ¿Milei la va a aceptar? Esas son preguntas que no tienen respuesta a esta altura. Lo único que se sabe es que hay un rumor, hay una posibilidad de que haya una colocación de deuda y había una fantasía de poder presentar ese programa de deuda en la reunión del FMI que se está realizando en Washington.

Lo cierto es que el problema de recaudación, el problema fiscal, empieza a generar ruidos. Hay demoras en el pago de medicamentos para gente con discapacidad. Algunos hablan de tres meses de demora en esas prestaciones. Hay problemas, como todos sabemos, en el giro a las provincias que reciben una coparticipación menguada y se quejan. Y hay problemas en algunas prestaciones muy importantes del Estado que generan ruido político dentro del gabinete, como por ejemplo el pago de prestaciones del PAMI, que estaría generando algún malestar en los funcionarios del Ministerio de Salud.

Todo esto tiene efecto sobre la percepción del público respecto de la marcha de la economía, respecto del futuro de su propio bienestar, respecto de la capacidad del gobierno de Milei para resolver los problemas. Y probablemente -esto es obviamente una conjetura- haya sido más la lectura de las encuestas que su propio sentido autocrítico lo que llevó a Milei a decirle a Aracre y a Castiñeira lo que les dijo respecto de que la gente lo está pasando mal y hay que entender ese malestar de la gente.

Hay un estudio de la consultora Julio Aurelio Aresco, que lidera Federico Aurelio -el hijo de Julio- que es muy interesante. Vamos a mostrar una síntesis de este sondeo, que es una gran radiografía de lo que está pasando. Vamos a empezar por un dato positivo para el gobierno. Milei dice que la gente lo está pasando mal, hay que entender el malestar de la sociedad, pero sin embargo tiene una aprobación del 40% que está muy bien respecto de esa mala situación objetiva. Es como que mucha gente lo está pasando mal, como vamos a ver después, pero esto no se ha trasladado a la política.

Hay un 51% que desaprueba y un 40% que aprueba. ¿Por qué este 40% que aprueba es positivo para el gobierno? Porque está en la franja de aprobación que ha tenido el gobierno desde que llegó. Este no es un gobierno que encandiló a la gente, fascinó a la gente desde el primer momento, como ha pasado con otros gobiernos. Se mantiene más o menos en una aceptación pasable. El saldo, por supuesto, es negativo de 11%.

Ahora vamos a meternos en la cabeza del público respecto de cómo está viviendo. Y fíjense estos números. En comparación con años anteriores, ¿le costó más o menos llegar a fin de mes en los últimos meses? Menos, 25%. Más, mucho más o algo más, 75%. Es decir, tres de cada cuatro personas dicen que les cuesta llegar a fin de mes más que antes.

La siguiente medición indaga respecto a si las personas han tenido que endeudarse para pagar algún gasto en los últimos meses. El lunes pasado comentábamos que hay una novedad, que tiene que ver con todo este clima de enrarecimiento de la vida cotidiana en relación con la economía, que es que mucha gente se empieza a endeudar con la tarjeta de crédito para pagar el supermercado. Eso es realmente inédito. La consultora Aresco detecta que el 67% de los consultados dicen que se están endeudando para pagar algún gasto en los últimos meses. El 30% solamente dice que no.

Este estudio nos habla de las expectativas positivas respecto de la situación económica del país. El punto de partida de Milei en relación a la expectativa positiva era el 19%. Estamos hablando del fin de la presidencia de Alberto Fernández, estamos comparando la presidencia de Milei con un piso prácticamente en términos absolutos. Marzo de este año: 34% cree que la situación del país es positiva respecto de las expectativas que se van formando. Es decir, si bien las expectativas de la situación económica del país empeoraron desde el mes de febrero, son más favorables que a fines de la gestión de Alberto Fernández. No hay mucha razón para ser optimista con ese término de comparación.

Esta encuesta repite lo que vemos prácticamente en todas las encuestas de los últimos tiempos. 39% problemas de trabajo o de actividad económica. 21% la inflación. Esto es novedoso. Aparece la inflación como segundo problema cuando en los últimos meses, a fin del año pasado y en algunas encuestas de este año, la inflación aparece en séptimo lugar. Vuelve a ser un problema la inflación. Hay que detenerse en este dato. En parte porque hubo un pequeño rebrote inflacionario, en parte porque la inflación sigue siendo alta: en el mejor de los casos estamos con una inflación similar a la que Cristina Kirchner le dejó a Mauricio Macri, 25% anual. Y hay una razón adicional, que es que la inflación que la gente está viviendo hoy, la inflación que está evaluando si es alta o baja, la está comparando con una inflación más baja, que es la de 2025. Mientras que en 2025 comparaba con una inflación más alta, que era la de 2024. Y uno tiene la percepción de que las cosas andan bien o mal según con qué compare. Por eso decíamos que era un término muy ventajoso comparar las expectativas que genera el gobierno de Milei con las que generaba el gobierno de Alberto Fernández al final de su mandato. Y esta es la obsesión del gobierno. Si Milei ve esta encuesta, esto lo va a preocupar especialmente porque el objetivo principal del Gobierno, número uno, número dos y número tres, es la inflación. El delito y la inseguridad, 19%. La corrupción, 13%. Y acá hay algo muy interesante: la despreocupación que hay respecto de temas realmente importantes como la salud y la educación: 7%.

El último cuadro de Federico Aurelio: según los consultados, el principal responsable sigue siendo el kirchnerismo, 43%. Milei debe decir: “Por Dios, que no se caiga”. Por eso todo el discurso oficial es plantear el temor a un regreso del kirchnerismo. Ese discurso oficial lo paga “Toto” Caputo en el Ministerio de Economía cuando los inversores dicen: “Si ustedes nos dicen que puede volver el kirchnerismo, no pongo un dólar hasta ver qué pasa en 2027″. Pero ya el 35% le empieza a echar la culpa a Milei. Y esto es relevante. A medida que pasa el tiempo, el gobierno se va haciendo responsable de lo que está pasando, de la percepción de bienestar o de malestar que tiene la gente, y ya no puede hablar tanto de herencia recibida.

Aurelio tiene mediciones del trabajo de él y de su padre desde 1983 hasta acá. Y según su consultora, no hay ningún gobierno, salvo el de Néstor Kirchner, que en los segundos dos años de mandato haya estado mejor que en los dos primeros. Es decir, es una condena para todos los gobiernos: en los segundos dos años siempre la situación es percibida en términos negativos.

Otro cuadro, que no es ya de Aurelio, muestra el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) durante todo el período de Macri. ¿Por qué es importante? Porque se parecen mucho, sobre todo en el tramo final. Empieza a haber una caída y la gran incógnita, aquello que seguramente tiene preocupado a Milei, es si esta curva naranja va a seguir imitando, parcialmente, la curva celeste de Macri.

Milei, en esa entrevista que da en la TV Pública, dice: “Ya hay índices que nos dicen que esto se revierte, ahora va a empezar a recuperarse la actividad económica y vamos a bajar la inflación y hacer crecer la economía al mismo tiempo”. Este es el gran desafío. Esta es la pregunta de este momento: ¿esta declinación se revierte? Esta declinación que pone al Gobierno en una zona parecida a la de antes de la derrota en la provincia de Buenos Aires, que se revierte después con el triunfo electoral de octubre. ¿Se repite esa dinámica? La incógnita es si Milei va a ser capaz de remontar la cuesta nuevamente o ya va hacia la campaña electoral con un clima negativo. La respuesta hay que buscarla en el terreno de la economía. Es ahí donde se está jugando el partido. Y, por supuesto, todo lo demás que puede pasar de desagradable, sobre todo los casos de corrupción, contrasta con ese clima general que tiene que ver con la vida material.

Una lección dolorosa para el Gobierno, sobre todo porque Milei fue a hacer campaña a Budapest, es la derrota del domingo de Viktor Orbán contra Peter Magyar: 54% sacó la oposición en Hungría, después de 16 años de control total del poder por parte de Orbán. Y un mensaje: ahí también fue la economía, la inflación, el deterioro del nivel de actividad; un cuadro bastante parecido al argentino. Pero sacar conclusiones lineales y asimilar la situación húngara a la argentina es bastante riesgoso. Como también es riesgoso asociarse a experiencias tan distintas en términos electorales como hizo Milei, que fue a hacer campaña a favor de Orbán. Un problema que obliga a hacer malabares a Pablo Quirno, que este lunes felicitó a los dos a través de un mensaje de la Cancillería. Le deseó buena suerte a Magyar como primer ministro y a Orbán como opositor. Dos deseos contradictorios. Si le va bien a uno, no le va a ir bien al otro.

Volvemos a destacar este punto: a pesar de ese cuadro negativo, de la percepción pública respecto de la economía y de las expectativas que se van volviendo más pesimistas, a Milei no le va mal políticamente. Alguien podrá decir que no le va mal políticamente porque todavía no hay una alternativa. Y en alguna medida no hay una alternativa no solamente porque colapsó la clase política, sino también porque no hay campaña electoral este año. Pero el año que viene, cuando haya elecciones, esa alternativa va a ser obligatoria. Algo va a tener que haber. Habrá que ver la calidad de eso para ver si este malestar se politiza, es decir, empieza a movilizar a la opinión pública y, sobre todo, al voto.

En este panorama se produce lo que el Gobierno entiende como un ataque mediático que va sobre todo contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que está atravesando un calvario, en gran medida por su culpa, interminable, porque todas las semanas van apareciendo nuevos datos sobre la situación patrimonial de Adorni. Parecen haber tenido él y su familia consumos postergados y de golpe, cuando llegaron al poder, decidieron comprar departamentos, casas, ponerse pelo, hacerse la dentadura, etcétera.

Una prueba de esto es que aparece, además, en toda la arqueología de la familia Adorni que realiza el periodismo, que en el año 2008 Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, pidió un crédito al Estado, al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. No a jubilados. En aquel momento, los Adorni estaban más ligados al Estado que al mercado. El crédito fue de US$104.000 para comprar un departamento de 52 metros cuadrados en 360 cuotas. Deuda que cancelaron cuando llegaron al Poder. Quiere decir que la diferencia en sus aspiraciones patrimoniales, en su nivel de vida, es muy notoria y esto es lo que hace más sospechosos todos esos movimientos que el Gobierno entiende que son perdonables. Y hay algo que dijo Patricia Bullrich con un realismo total, que es que es alguien que Adorni está muy mal porque nunca hizo política, no tiene el cuero grueso y, en alguna medida, estuvo al borde de decir: no sabe cómo se hacen estas cosas, no sabe que no hay que pedir plata prestada y comprar cosas cuando se está en el poder.

En la Casa Rosada sostienen a Adorni. Hasta donde uno ve, más allá de que hay muchos ministros que quieren reemplazarlo, probablemente Sturzenegger, Quirno, Pettovello, ¿Luis Petri, que fue al Congreso, quiere volver al gabinete como jefe de Gabinete? Esa especie de danza de nombres choca contra la pared que se llama Karina Milei, que piensa: “Yo lo sostengo. Y lo sostengo porque creo que es inocente y porque creo que hay una conspiración en contra de Adorni, que es una conspiración en contra del Gobierno”.

Este criterio se sostiene salvo ante la posibilidad de un Adorni candidato en la Capital Federal. Eso está descartado. Pero también, dicen al lado de Karina Milei, que eso nunca se consideró, que siempre la candidata fue, y sigue siendo, Bullrich. Entre otras cosas porque Adorni es fóbico a las candidaturas, la pasó muy mal durante la campaña. Entonces sostienen a Adorni, piensan en Patricia Bullrich como candidata a jefa de Gobierno, lo cual sería una especie de fin del sueño de Jorge Macri, que se va derechizando en su discurso para ver si Milei, carente de otro candidato, lo elige a él y se sella una alianza con Pro.

También empiezan a pensar en una extorsión del juez Lijo, que es el que tiene la causa Adorni, pensando en que Lijo tiene un conflicto con el Gobierno porque él pretende ser procurador general de la Nación, jefe de los fiscales, en contra de Juan Bautista Mahiques, que es el ministro de Justicia, que seguramente tiene más respaldo del oficialismo, para esa candidatura a procurador. Probablemente todo muy fantasioso porque se requieren dos tercios del Senado y en el Gobierno no están pensando en juntar dos tercios del Senado para resolver esa incógnita en este momento. Tal vez prefieran dejarlo a Eduardo Casal, que es el procurador interino.

Lijo forma parte de un bloque que está integrado también por el tenebroso Antonio Stiuso y por Sergio Massa. Es un sector que recibió el respaldo del “Mago del Kremlin” Santiago Caputo, para designar como ministro de Justicia a Guillermo Montenegro, el exintendente de Mar del Plata. Perdieron y esto parece haber exacerbado la interna. La pelea eterna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Perdieron frente a la hermana del Presidente, que respaldó a Mahiques, sobre todo por consejo de Santiago Viola, que es el segundo del Ministerio de Justicia, muy ligado a Karina.

En este panorama interno de pelea tan ácida entre Karina Milei y Santiago Caputo, llama la atención el error de alguien tan experimentado en el mundo de la justicia como Mariano Borinsky. Es uno de los integrantes del dúo que llaman simpáticamente en Comodoro Py “bed and breakfast”. El otro miembro del dúo es el juez Diego Barroetaveña. Borinsky se fue a reunir en la Casa de Gobierno con Caputo. Ya entró en la lista negra de Karina Milei, posiblemente, porque la que hoy maneja la justicia es la secretaria de Presidencia. ¿Cuál es la aspiración de Borinsky? Ser juez de la Corte Suprema. Retrocede en la carrera, como en el juego de la oca. Por supuesto que nadie va a reconocer que esa reunión tiene que ver con esa aspiración.

Llama la atención otro dato. Cuando Borinsky iba a la casa de Macri, en la época del gobierno del expresidente, la oposición le saltaba a la yugular. Hoy nadie de la oposición dijo nada. Es como si el kirchnerismo estuviera muerto, o adormecido, lo cual colabora muy poco con esa idea de que vuelven los K, de que el riesgo es “riesgo kuka”, etcétera, que trata de agitar Milei.

Hay un error en toda esta visión. Es muy probable que Lijo quiera que a Mahiques le vaya mal. Pero es difícil pensar que en la causa de Adorni lo que está operando es la extorsión de Lijo. Probablemente sea la mala situación penal del jefe de Gabinete. Porque el que lleva la causa es el fiscal, que la está llevando hasta ahora de manera impecable. Se llama Gerardo Pollicita, que es un amigo, o debería serlo posiblemente, de los Mahiques. ¿Por qué? Porque si uno recuerda la causa de la obra pública de Santa Cruz, por la cual sale condenada Cristina Kirchner, era una causa en la que investigan Pollicita e Ignacio Mahiques, hermano de Juan Bautista. Uno debería pensar que no habría mala intención sino solamente un trabajo profesional de Pollicita, al poner en la picota como está siendo puesto Adorni.

Es interesante lo de Lijo porque ya nos habla de jueces que operan como si fueran políticos. No que tienen vinculación con la política, sino que se han transformado en políticos. Hay un caso similar, el de Guillermo Marijuan, fiscal, que acaba de formular una denuncia salvaje, hablando de coimas, de recaudación, involucrando a gente de Massa en la provincia de Buenos Aires. Entre otros, al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, que es un hombre de Massa. ¿Por qué es raro esto? Porque el mismo Marijuan es un hombre de Massa. Y acusa, en su denuncia, de cobrar coimas por vía del cobro de multas a dos personas: Leandro Camani, que es el dueño de la empresa de foto multas, y Diego Lepera, alguien muy ligado al mundo de Massa, que es el encargado de administrar el restaurante Roldán, que es el restaurante de Daniel Vila y José Luis Manzano, también ellos muy ligados a Massa. Dicho sea de paso, ¿Se está rompiendo la dupla eterna Manzano-Vila?

Lo cierto es que no se entiende muy bien cuál es la intención de Marijuan de hacer una denuncia tan salvaje contra una empresa que se llama SecurTrans, que es de Camani. Pero la pregunta es: ¿en esa empresa hay algún interés de Santiago Viola, del viceministro de Justicia ligado a Mahiques? ¿Su mamá, Claudia Balbín, tiene relación con esa empresa? Esas son preguntas, sospechas que empiezan a circular por Comodoro Py.

Y una advertencia que escuché hoy a la tarde de alguien que conoce bien el mundo de la noche, el mundo de Manzano, Vila, Massa, Stiuso, Mahiques: cuidado con ponerlo nervioso a Lepera, porque el día que recupere la memoria respecto de las cosas que vio en Roldán en los últimos cinco años, sobre todo los jueves a la noche, ese día sí, me explicaba esa persona de Comodoro Py, se termina con la casta en serio, no como está terminando Milei.

Detrás de todo esto, ¿qué hay? El problema de la calidad de la Justicia. Es el problema que está mirando la Corte cuando dice que hay que mejorar muchísimo la forma de selección de jueces. Hay que reglamentar de otra manera el funcionamiento de los concursos. Esto se trató el jueves en el Consejo de la Magistratura, donde el Consejo le dijo a Rosenkrantz y a Lorenzetti: “No se metan acá porque la reglamentación de los concursos y la elaboración de los concursos es algo que es competencia nuestra”. Lo dijo con muchísima solvencia, elegancia, casi cinismo, el juez Diego “Breakfast” Barroetaveña. En esa sesión aparece una figura increíble que es el juez Alberto Lugones, que se hizo famoso hace poco porque es el que determinó que la causa de investigación de la AFA sobre Pablo Toviggino, sobre Claudio Tapia, debía ir al juzgado de Campana, probablemente para favorecerlos.

¿A qué se debe la pérdida de calidad de los concursos? A muchas cosas, pero sobre todo a una. Todos los antecedentes que se evalúan, los exámenes que se toman, terminan siendo después compensados con entrevistas personales, por las cuales alguien que estaba décimo en el orden de mérito puede pasar a primero, a segundo, a tercero e incorporarse a la terna. Algo de esto pasó con la exmujer de Mahiques en el concurso 400. Ahora esa terna hay que evaluarla y mandar el candidato al Senado, candidata jueza de familia.

Esto dijo el juez, camarista de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, respecto de la calidad de los concursos: "Tampoco es lógico que, como ocurre cuando ves que un diario dice: no, porque fue dado a noveno, lo pusieron primero. Por favor, no me vengan con cosas como si no supieran cómo es el juego en todas las instituciones del país. Y voy a agregar la palabra, quizás lamentablemente: tampoco creo en la meritocracia absoluta. Yo creo que acá tenemos un padrón de meritocracia que nos da la respuesta".

Es extraordinario. Dice: “No me vengan con el problema de que al que estaba noveno lo pusimos primero, porque eso pasa en todos lados, en todas las instituciones“. Y dice algo que no puede ser de otra manera: “No soy fanático de la meritocracia”. Por supuesto, si hubiera meritocracia probablemente él no estaría ahí ni sería juez. No habría ni que aclararlo eso. Pero cuando la Corte le dice que debería haber un criterio totalmente meritocrático para mejorar la calidad de la Justicia, un juez federal, camarista federal de San Martín, le contesta desde el Consejo de la Magistratura: acá en esta casa los jueces se eligen así y no somos fanáticos de la meritocracia. Alguien que lo ayude a defender mejor su tarea. Por ejemplo, el juez Barroetaveña, que fue muy lúcido en la defensa de lo que viene haciendo el Consejo de la Magistratura durante todos estos años.

Todo esto tiene que ver con algo que está ocurriendo, muy importante, y es la cobertura del Poder Judicial por parte del actual elenco del Ministerio de Justicia, que probablemente va a designa de acá a fin de año casi todas las vacantes que hay en la justicia. Y esto supone un gran avance del sector de Karina Milei sobre el sector de Santiago Caputo, que venía negociando esas ternas, que ahora son elegidas con otro criterio. También la cobertura de la Corte, de las dos vacantes de la Corte, que Caputo, a través de Sebastián Amerio, venía negociando con el kirchnerismo, pasará para el mandato que viene de Milei si hay reelección.

La guerra es feroz y, desde el lado de Karina Milei, desde el lado de los Menem, de Sebastián Pareja, de Viola, de Mahiques, miran la vereda de Santiago Caputo y se preguntan por un personaje extraordinariamente ligado a Caputo: el empresario Leonardo Scatturice, que se hizo famoso por ese avión que llegó con una sola pasajera, Laura Belén Arrieta, que pasó 16 bultos sin que la Aduana la revise. Todavía no se sabe con quién habló para poder despejar la incógnita de quién dio la orden para esa excepción. El juez Pablo Yadarola, del fuero penal económico, todavía no pudo detectar cómo se hizo esa llamada. Rarísimo.

Lo cierto es que Scatturice se convirtió en una figura estelar de este Gobierno porque estableció relaciones con la derecha republicana identificada con Trump en Estados Unidos. Scatturice es un hombre muy ligado al poder de Trump en Estados Unidos, es un hombre poderoso en la Argentina por ese vínculo, su consultora tiene un contrato con la SIDE para hacer tareas de lobbying, pero lo importante es que hizo dos operaciones empresariales muy relevantes, dos inversiones. Compró Flybondi y ahora no puede pagar los sueldos. No sabemos quién inspecciona las empresas de aeronavegación, debería ser la ANAC, la Agencia Nacional de Aviación Civil, al frente de la cual está Oscar Villabona, que dicen que lo puso Scatturice.

Y la otra operación es la compra de OCA, la empresa de correo privado, que está concursada. El viernes aparecieron dos personas de Trenque Lauquen que le alquilan un local a OCA y le piden la quiebra a la OCA de Scatturice, porque dicen que no les pagan los alquileres y que ya se acumuló una deuda de $51 millones. Dos inversiones de alguien muy ligado a Santiago Caputo, OCA y Flybondi, que hacen agua. Algo que le interesa especialmente a Karina Milei y a su círculo.

La interna, el enfrentamiento entre estas dos facciones, también se explica dentro del Gobierno con teorías conspirativas. Ambos bandos creen que hay un complot de unos sobre otros. Y esa teoría, esa preocupación, es el principal programa del Gobierno. Tal vez por eso las cosas no andan tan bien como deberían andar, según el criterio de Milei.

“Vamos a aumentar la gama de camiones que fabricamos y comenzar con la producción de las pickups, en una inversión alrededor de los US$50 millones en total, de los cuales unos US$25 millones estarán destinados a la nueva planta en Campana, para producir entre seis y siete modelos distintos”, le comentó a LA NACION, Leandro Iraola, dueño y presidente del Grupo Corven.

En medio de una tranquilidad cambiaria, expresada en la tendencia bajista del dólar oficial y en la capacidad de compra de reservas del Banco Central (BCRA)—aun con una tasa de interés en retroceso—, hay un dato que empieza a llamar la atención de los analistas financieros: la lenta, pero persistente ampliación de la brecha con sus pares, los dólares financieros y la del canje entre ellos.

La senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich, se reunió este lunes con la Cámara Española de Comercio en Argentina y luego del encuentro, tuiteó: “El mejor empleo siempre lo crea el privado: ahora es el momento de invertir, acompañar y generar oportunidades".

Está el rumbo, están los cambios y están las reformas en marcha.

El mejor empleo siempre lo crea el privado: ahora es el momento de invertir, acompañar y generar oportunidades.

Reunión con la Cámara Española de Comercio en Argentina. pic.twitter.com/UkTr0u6WNx

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 13, 2026

Un fuerte alineamiento con el mensaje y la figura de León XIV muestra la Iglesia argentina frente al contrapunto que en las últimas horas enfrentó al Papa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al pontífice norteamericano de ser “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

Ante una consulta de LA NACION, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, revalorizó la misión del Papa como promotor y defensor de la paz.

“Estamos realmente en un momento muy crítico de la humanidad. La escalada de violencia nos revela que prevalece la imposición de los intereses de los distintos actores sobre la búsqueda de una solución que acalle las armas y allane el camino a la paz. El Papa es un servidor de la paz, sus gestos y palabras van en esa dirección”, dijo Colombo.

La confirmación oficial de tres casos de scrapie en ovinos en la Argentina encendió una fuerte señal de alarma en toda la cadena productiva, que observa con preocupación un escenario sanitario complejo, con interrogantes abiertos y potenciales consecuencias económicas y comerciales. El sábado pasado, el Senasa confirmó resultados positivos a la enfermedad en tres ejemplares ubicados en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos que luego fueron ratificados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). A partir de ese momento, comenzaron a conocerse detalles que profundizan la inquietud en el sector.

Los tres establecimientos donde se detectaron los casos son “El Luchador”, de Sergio Taffarel, en Entre Ríos; y las cabañas santafesinas Dorper Santa Fe, de Andrés Lebus, y El Tacurú, de Luciano Toldo. Taffarel habló con LA NACION y fue crítico con el accionar del Senasa. Es criador de las razas Dorper, Santa Inés y Hampshire Down.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de un nuevo sospechoso por el atentado a la AMIA. Se trata de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, muerto en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi “es el poder en las sombras”, el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní, dijeron las fuentes judiciales consultadas por LA NACION.

El juez pidió a la Interpol publicar una alerta roja para que sea detenido apenas pise un aeropuerto y envió un pedido de cooperación internacional a Irán para que colabore con su detención. Una formalidad.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó hoy que la inflación de marzo -que difundirá el Indec mañana a las 16- estará “seguramente” por encima del 3%, por lo que sería la mayor suba en lo que va del año.

Además, en la presentación del libro del consultor Salvador Di Stefano en Rosario justificó ese avance de la inflación por el shock del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente y a la estacionalidad característica del mes.

“Seguramente [será] arriba de 3%“, dijo Caputo sobre el dato que publicará el organismo desde las 16. ”Tuvo impacto obvio todo lo relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte, la educación y la estacionalidad", esgrimió el ministro de Economía, que en otras entrevistas había delineado también que la dolarización del año pasado sumada a las subas de las tarifas por arriba de los precios desde 2026 habían impactado.

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Pese a las recomendaciones en contrario de sus propios aliados, el oficialismo está decidido a recibir en el recinto el próximo miércoles 29 al jefe de Gabinete Manuel Adorni –investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito- para que ofrezca su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Incluso el oficialismo de la Cámara baja no descarta que el propio Javier Milei esté presente en la sesión, toda una señal de que los libertarios no le van a soltar la mano a Adorni y estarían dispuestos a pasar a la contraofensiva.

“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El riojano confirmó no solo que la sesión se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni.

En su exposición frente a los representantes de los estudios más reconocidos de la ciudad, Menem detalló las prioridades de la agenda legislativa para las próximas semanas e incluso hizo un adelanto sobre la estrategia electoral con vistas al año próximo; en este sentido enfatizó que la intención de La Libertad Avanza es articular un frente opositor amplio en la provincia de Buenos Aires para enfrentar a las huestes kirchneristas encolumnadas detrás del gobernador Axel Kicillof.

Luego de que la semana pasada el presidente Javier Milei pidiera “paciencia” para normalizar la economía y no “dinamitar lo logrado”, ayer señaló por la misma red social que “es falso que estemos mal” y se preguntó: “En la Argentina, cuando al país le iba ‘tan mal’ como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?”.

En las últimas semanas, tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, dieron varias entrevistas para negar que la economía esté mal con el objetivo de contradecir la percepción de “mal humor social” que detectan los encuestadores de opinión pública con el Gobierno.

El Gobierno avanzará en las próximas semanas con un recorte del 2% en los gastos corrientes y otro 20% en gastos de capital. El pedido fue hecho por el propio presidente Javier Milei a sus ministros en la última reunión de Gabinete, según aseguraron fuentes de Casa Rosada a LA NACION.

Milei encabezó la primera parte de ese encuentro, ocurrido hace una semana, en el primer piso del palacio de Gobierno. Ahí fue ordenado el pedido a sus ministros. Durante el segundo tramo de la reunión, que quedó en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este impuso el límite para la presentación de hoja de ruta que deberán hacer desde las carteras.

La actividad en el Congreso tendrá esta semana un ritmo más bajo. Una delegación de 21 legisladores nacionales -cuatro senadores y 17 diputados- viajó a Estados Unidos para participar del Simposio RAP 2026, organizado por la Red de Acción Política (RAP) en las universidades de Harvard y el MIT. La salida de ese grupo, que reúne dirigentes de distintos bloques, obligó a reprogramar discusiones parlamentarias previstas para estos días.

El encuentro se desarrolla entre el 12 y el 17 de abril en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts. Durante esa semana, la delegación alternará jornadas de trabajo en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y en Harvard, donde se discutirán temas vinculados con desarrollo económico, institucionalidad democrática, inteligencia artificial y el nuevo escenario geopolítico internacional.

Enojada, la exfiscal federal Viviana Fein se quejó ante el juez federal Julián Ercolini de que la toman “como un chivo expiatorio” al acusarla de encubrir la muerte del fiscal Alberto Nisman porque, supuestamente, no tomó recaudos para preservar las evidencias en el departamento de Puerto Madero donde apareció el cuerpo hace 11 años.

Ercolini indagó a la exfiscal Fein a pedido de ella, que se defendió enérgicamente de la imputación por encubrimiento agravado, al denunciar que la usaban para direccionar responsabilidades.

En tren de conocer con mayor precisión cómo Manuel Adorni adquirió sus propiedades, el fiscal Gerardo Pollicita les tomó hoy declaración a las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron 100.000 dólares al jefe de Gabinete.

Graciela Molina y Victoria María José Cancio son madre e hija. Llegaron juntas a los tribunales de Comodoro Py a las 8.30 y se retiraron al mediodía. Ellas le dieron a Adorni 85.000 y 15.000 dólares, respectivamente, y el funcionario puso como garantía de esa operación el departamento en el que él vivía entonces con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. Ambas dijeron que el funcionario les debe US$70.000 más los intereses y admitieron que no hacen habitualmente este tipo de operaciones inmobiliarias, según pudo saber LA NACION de fuentes de la causa.

El relanzamiento de los créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) en 2024 incorporó un cambio clave que podría explicar cómo algunos funcionarios del gobierno de Javier Milei accedieron a préstamos por montos superiores a los límites previstos para la línea a la que accede el resto del público.

El análisis de estos créditos en términos de UVA —la unidad que preserva el valor real de los préstamos— sugiere que, en varios casos, los montos se encuadran dentro de una línea específica destinada al sector público, que habilita niveles de financiamiento más elevados.

El expresidente Alberto Fernández se presentó este mediodía en los tribunales de Comodoro Py para participar de una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal que debe decidir si confirma el procesamiento en su contra en la causa seguros.

Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal (con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah), que también falló en su contra, en febrero pasado. El fiscal José Luis Agüero Iturbe había pedido dictarle la falta de mérito, postura que desestimaron los camaristas federales.

La maniobra judicial para intentar unificar al menos tres causas vinculadas a laAsociación del Fútbol Argentino (AFA) en el juzgado federal de Campana quedó en suspenso. El fiscal general ante la Cámara del Crimen,Ricardo Sáenz, opinó que el expediente con todos los registros bancarios dela empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final quedó en manos del camarista Ignacio Rodríguez Varela, que ya decidió en ese sentido.

Un nuevo espaldarazo en tiempos políticos y judiciales difíciles. Fue ese el objetivo primordial de la actividad compartida hoy en el Instituto Malbrán por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, complicado por distintas denuncias sobre su crecimiento patrimonial, que se investigan a paso acelerado en la Justicia.

Sin transmisión oficial en vivo, y rodeado de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó a agentes de Policía Federal y la Casa Militar e impidió el acceso de la prensa, la secretaria general y el ministro coordinador ingresaron minutos antes de las 11 al instituto de microbiología, ubicado en el barrio de Barracas. Una hora después, ambos ingresaron a la Casa Rosada, y se encontraron con la fanfarria del Alto Perú, que en el Patio de las Palmeras interpretaba la marcha de las islas Malvinas.

El superávit fiscal fue, desde el primer día, la columna vertebral de la gestión de Javier Milei. La promesa de que el Estado no gastaría más de lo que recauda se convirtió en el ancla de credibilidad de todo el programa económico. Y aunque los números siguen en verde, en los últimos meses la caída de la recaudación impositiva lo tornó cada vez más desafiante.

Los números del primer trimestre del año son elocuentes. La recaudación tributaria de impuestos nacionales cayó 4,5% en términos reales en marzo respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Fue el octavo mes consecutivo con tendencia negativa, aunque con una desaceleración con respecto a los dos meses previos. En el acumulado del primer trimestre del año, la recaudación bajó un 8,7% real interanual.

Se anunció un viernes, luego del cierre del mercado, hace un año. Ese 11 de abril de 2025, el sigilo fue tal que ninguno de los ministros convocados sabía que se terminaría informando que los argentinos podrían volver a comprar dólares libremente. Así comenzó el fin del cepo para las personas durante la gestión de Javier Milei.

En lo que anticipaba un lunes de nerviosismo, además, se iría a un nuevo esquema cambiario acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió desde EE.UU. el aval del organismo al nuevo programa con un emoji de Kristalina Georgieva. Le devolvió la gentileza con un abrazo virtual. Luego, hizo el gran anuncio a los argentinos.

LA PLATA.- Axel Kicillof está decidido a participar de una eventual interna peronista para dirimir quien competirá el año que viene como candidato a presidente con Javier Milei y proyectarse como el líder opositor para 2027 fuera del país. Pero sus intenciones generan tensiones con el kirchnerismo, que no estaría por ahora dispuesto a alinearse.

El gobernador de Buenos Aires viajará este jueves a España, donde se mostrará junto al presidente Pedro Sánchez, el alcalde de Barcelona, Jaime Collboni, y mantendrá reuniones privadas en búsqueda de inversiones de capital.

La conducción del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a cargo del dirigente de La Cámpora Homero Giles, cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, a pesar de las quejas, reclamos e incluso denuncias judiciales que tienen como objetivo la obra social.

Las quejas por el servicio a los afiliados del IOMA y los pagos a profesionales de la salud que atienden pacientes por esa obra social son moneda corriente desde hace años y la política bonaerense, desde espacios de la oposición, se hizo eco en numerosas ocasiones. Según el presupuesto provincial 2026, el IOMA contará para este año con recursos por $2.422.114.040.000.

Declaran hoy en los tribunales de Comodoro Py la comisaria retirada de la Policía Graciela Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, dos mujeres que le prestaron en total 100.000 dólares a Manuel Adorni y su esposa en 2024, el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete compró la casa del country Indio Cua.

El préstamo fue garantizado con una hipoteca sobre el departamento en el que Adorni vivía entonces con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires.

Desde las cuentas que el Sindicato de Camioneros y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos creados hace poco más de un año y vinculados a Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano y la administradora del holding de empresas que orbitan alrededor del gremio.

Los giros de dinero se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, casi en paralelo a cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores a la obra social, la viga maestra de los negocios del imperio camionero. Además, las transferencias se dieron un mes después de activarse en la Justicia una causa por un presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel que el sindicato tiene en Mar del Plata.

En tren de conocer con mayor precisión cómo Manuel Adorni adquirió sus propiedades, el fiscal Gerardo Pollicita citó para hoy a Comodoro Py a las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron el dinero al jefe de Gabinete.

Declaran hoy Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Ellas le dieron a Adorni 100.000 dólares y el funcionario puso como garantía de esa operación el departamento en el que que vivía entonces con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires.

En la Argentina, acceder a un crédito hipotecario para comprar vivienda sigue siendo, en muchos casos, una situación cada vez más cuesta arriba. Y cuando se trata de departamentos a estrenar o en pozo el problema es aún mayor: el sistema financiero tradicional, basado en préstamos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), los deja afuera.

¿La razón? Los créditos hipotecarios necesitan una escritura para constituir la hipoteca. Sin ese respaldo legal, el banco no presta dinero. Por eso, los UVA terminan concentrándose en propiedades usadas que ya están escrituradas. Es decir que el stock en pozo y nuevo queda fuera del radar crediticio.

El Gobierno reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a promover inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas en la Argentina. La medida establece los requisitos, alcances y condiciones para acceder a los beneficios fiscales previstos por la ley y fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 242/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen los lineamientos operativos del régimen creado por la Ley 27.802. Según el texto oficial, el objetivo es incentivar inversiones productivas que contribuyan al desarrollo económico, la competitividad de los sectores y la generación de empleo, así como también al incremento de exportaciones de bienes y servicios.

El oficialismo en la Cámara de Diputados apurará, antes de fin de mes, la sanción de la ley que contiene el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT en su sigla en inglés), iniciativa que forma parte de los compromisos que asumió el presidente Javier Milei cuando firmó, en febrero pasado, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par norteamericano Donald Trump.

La aprobación de dicho tratado es clave porque coronará una serie de medidas que viene adoptando el gobierno libertario para eliminar las restricciones sobre propiedad intelectual que se impusieron durante la gestión kirchnerista -en particular sobre los medicamentos- en defensa de los laboratorios nacionales.

El PCT, al que nuestro país planea suscribir con esta ley, implicará un cambio estructural pues una vez registrada una patente por parte de un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en las 158 naciones firmantes del tratado. Abarca todo tipo de patentes, no solo las farmacéuticas, pero es en esta industria donde el impacto, por los millones de dólares en juego, será mayor.

ATE anunció que habrá escraches en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” durante la visita del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

ÚLTIMO MOMENTO!!
ATE PREPARA ESCRACHES EN EL MALBRÁN HOY ANTE LA VISITA DE ADORNI!!

ESTÁN TODOS SUCIOS Y AHORA SE QUIEREN LAVAR LA CARA YENDO A UN ORGANISMO PRESTIGIOSO!!

Los integrantes del gabinete son PERSONAS NO GRATAS en toda la administración pública nacional.
Son unos… pic.twitter.com/t9lsLASaOW

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 13, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este martes a Washington para participar de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en una visita que coincide con el primer aniversario del programa firmado con el organismo y que se da en medio de la negociación por un desembolso pendiente de US$1000 millones.

Caputo partirá luego de su participación en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) y estará acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza. También formará parte de la comitiva el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

Según pudo saber LA NACION, la agenda en la capital estadounidense seguirá el esquema habitual de estos encuentros multilaterales, con participación en foros internacionales —como el G20— y reuniones bilaterales con funcionarios, inversores y representantes de organismos. En ese marco, también se prevén contactos con el staff del FMI y, al menos de manera informal, con la directora gerente, Kristalina Georgieva, que participará de varias de las actividades.

Primero fue el ministro de Justicia, Juan Batista Mahiques, quien con una sonrisa, andar relajado y el cartel de debutante pidió ayuda a los encargados de ceremonial, apenas entró desde la explanada de la Casa Rosada. Lo siguió Carlos Presti, su par de Defensa, quien titubeó unos segundos antes de encontrar el camino correcto en el salón de los Bustos. Mario Lugones, ministro de Salud desde octubre de 2024, se equivocó de dirección y cruzó el busto de Carlos Saúl Menem hacia el despacho presidencial, antes de rectificar, volver sobre sus pasos y subir por las escaleras que lo llevaron al salón de los Científicos.

Los tres episodios, con tono de comedia ligera, se dieron el lunes, antes de la reunión de gabinete que –por orden del presidente Javier Milei– encabezará el jefe de gabinete Manuel Adorni. Los equívocos tenían una razón lógica: hacía más de un mes que el ministro coordinador no reunía a sus pares, todos juntos en el mismo lugar, y el reencuentro coincide con el avance de las causas judiciales en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito, en el juzgado del juez federal Ariel Lijo.

El mismo entramado familiar que emergió en la ruta del dinero del caso $LIBRA —con un jubilado de Tigre que recibió más de US$ 1 millón en criptomonedas y por cuya billetera virtual circularon hasta US$ 6 millones— aparece mencionado en una investigación en trámite en la Justicia federal por presunto contrabando, triangulación comercial y uso de sociedades en Estados Unidos.

De acuerdo con documentación judicial y registros societarios en la Argentina y el exterior que analizó LA NACION, integrantes del “clan Mellino” figuran en una pesquisa que tramita en el fuero federal de Campana y que analiza exportaciones con destino final en Chile, canalizadas a través de una firma estadounidense.

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Los jóvenes fueron indudablemente los protagonistas principales del triunfo de Javier Milei en 2023, no solo porque lo votaron en forma mayoritaria, sino porque además se transformaron en propagadores de su mensaje a través de las redes sociales. Le permitieron perforar la muralla de apatía y desilusión que amplios sectores de la sociedad habían levantado para no escuchar más a una dirigencia política que había llevado el país a una crisis estructural. El único que logró atravesar esa cortina de indiferencia fue el líder libertario, y a partir de ahí sustentó su victoria disruptiva.

Los jóvenes siguen siendo el sector más influyente a la hora de establecer dinámicas sociales y definir la agenda pública. Han recobrado una relevancia fundamental para el funcionamiento democrático, ya no en los actos políticos como en la primavera alfonsinista, ni en los patios militantes del kirchnerismo, sino en el ecosistema digital. Su protagonismo deriva esencialmente de su mimetización con el mundo de las plataformas, las redes y la inteligencia artificial, que hoy marcan el ritmo de la conversación social.

La carrera hacia una candidatura presidencial que, en medio de la interna peronista, comenzó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumada a la prohibición de buscar una nueva reelección que establece la Constitución bonaerense, obligará al oficialismo provincial a buscar otro postulante para intentar retener la gobernación en las elecciones de 2027. Esa carrera ya se largó, con al menos dos contendientes que quedaron plantados como alternativas en las últimas semanas. Son Mariel Fernández, intendenta de Moreno, y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.

El 17 de marzo, Fernández —jefa comunal de Moreno desde 2019, vicepresidenta del PJ nacional presidido por Cristina Kirchner, y referente del Movimiento Evita— presentó Reconquista, su línea interna en el peronismo, con un acto de inauguración de un local en la ciudad de Buenos Aires, a metros del Congreso, sobre la calle Combate de Los Pozos.

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Sin adversarios políticos en condiciones de disputarle poder real, el gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más críticos en el ingreso a la segunda y última mitad de su mandato.

Los principales problemas que afronta la administración libertaria se han convertido y se sintetizan en cinco trampas de las que no logra salir. En algunos casos porque no puede, en otros porque no sabe y en otros porque no quiere.

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En febrero, cantaron juntos Burnig Love, una conocida canción de Elvis Presley, y se rieron con complicidad en un alto de la reunión del Consejo de la Paz que capitanea Donald Trump. Hace solo dos semanas, Javier Milei y Viktor Orban volvieron a encontrarse, esta vez en el país europeo y en el marco de la cumbre conservadora Cpac, sin saber que ambos lamentarían el resultado de las elecciones de este domingo, en las que el presidente húngaro sufrió una dura derrota, que determina su pronta salida, luego de 16 años consecutivos en el poder.

En el Gobierno primó el silencio durante buena parte de la tarde, sin comentarios en relación a la dura caída de un aliado internacional. Recién al anochecer fue el canciller Pablo Quirno quien sentó la posición oficial.

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El ímpetu desregulador del ministro Federico Sturzenegger empieza a generar incomodidad dentro del propio oficialismo. En el bloque libertario de la Cámara de Diputados surgieron reparos para avanzar con el denominado proyecto “hojarasca”, una iniciativa orientada a derogar unas 70 leyes que el Gobierno considera obsoletas o contrarias a las libertades individuales.

Aunque forma parte del paquete de reformas que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el proyecto enfrenta resistencias. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado. Sin embargo, aun en este nuevo intento no logra despertar entusiasmo entre oficialistas y aliados.

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En sus poco más de cinco meses como canciller el gobierno libertario, Pablo Quirno construyó un perfil de sobriedad y firmeza, combinando sus conocimientos previos de las finanzas y la economía con dotes de buen orador y un rápido aprendizaje de las reglas de la diplomacia. Pero la actual cabeza de las relaciones exteriores argentinas, comprometido en su férrea alianza con Estados Unidos e Israel como principales ejes, tiene un lado B, que se muestra en las redes sociales, con el lenguaje agresivo, que incluyó alguna alusión sexual, y los ásperos modos que el presidente Javier Milei y el ejército digital libertario utilizan a diario para descalificar opositores, periodistas de medios de comunicación, y voces que disienten con el relato oficial.

“En el trato es cortés, siempre atento, impecable. En las redes es otro, como el doctor Jekyll y Mister Hyde”, ironiza en diálogo con LA NACION un diplomático extranjero con funciones en el país que conversó varias veces con Quirno, y compara sus cambios con los dos personajes de la conocida obra literaria del novelista escocés Robert Louis Stevenson, una genial parodia sobre la dualidad humana.

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CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei reconoció un primer trimestre “difícil” y pidió “paciencia”. Lo mismo vienen escuchando los gobernadores de sus interlocutores de la Casa Rosada, quienes les plantean que en mayo habrá una mejora. Las cuentas de las provincias están bajo estrés: entre enero de 2024 y febrero pasado, dejaron de percibir por la caída de las transferencias nacionales el equivalente a US$18.000 millones.

Ese monto combina la baja de la coparticipación por contracción de la recaudación nacional y las restricciones de los giros nacionales.

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Un simple partido de fútbol dominguero se convirtió hoy en una imagen con lectura política en la provincia de Buenos Aires. Es que en San Vicente se juntaron a correr detrás de la pelota varios potenciales candidatos a gobernador por el panperonismo para 2027. Y al final del encuentro, apareció -como quien no quiere la cosa- el exministro Sergio Massa. Pero no jugó ese partido de la liga bonaerense.

En cambio, los que se pusieron los pantalones cortos fueron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achaval (Pilar), quienes integraron uno de los equipos, que se enfrentó con otro de mayoría massista, capitaneado por el diputado nacional Sebastián Galmarini. Más allá de la anécdota futbolera, dieron a entender que puede haber un espacio en formación.

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El gobierno de Javier Milei parece haber dejado atrás su discurso de combate a “la casta”, al menos en lo que se refiere a la justicia. Eso es lo que muestra un análisis de los más de 80 pliegos nominando jueces, fiscales y defensores oficiales que el Poder Ejecutivo envió en diferentes tandas durante las últimas dos semanas, en el que proliferan apellidos reconocidos pertenecientes a la denominada “familia judicial”.

No solo de hijos y esposas de funcionarios del Poder Judicial está integrada la nómina que envió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en consulta con la hermana presidencial, Karina Milei, y el aval del jefe del Estado.

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“Lo peor que hay en el mundo es improvisar. La Argentina tiene que superarse porque ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones. Estamos acá mirando el futuro”, dijo Macri en su discurso.

Por su parte María Eugenia Vidal, titular de la fundación, inauguró el escenario. “El Pro está lleno de presente”, comenzó. Pero siguió: “Queremos ser mucho más que presente. Siempre apostamos al futuro. Queremos ser anfitriones del futuro y estamos formando futuros líderes públicos”.

Con un ojo en la próxima elección presidencial, aseguró que el partido quiere “trabajar sobre lo que la Argentina necesita para los próximos diez años”. Y cerró sin matices: “Queremos ser protagonistas del próximo paso. De la estabilidad al desarrollo. La estabilidad que genera que el desarrollo sea para siempre”.

En los históricos salones de la Sociedad Rural, en Palermo, la cumbre reunió a legisladores nacionales como los diputados Cristian Ritondo, Martín Ardohain, Fernando de Andreis y Florencia de Sensi; los senadores Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala.

Además, participaron figuras del mundo empresarial y futbolístico como Daniel Angelici. En la mesa principal, en el centro del salón, se ubicó el expresidente Macri junto al especialista en criptomonedas Santiago Siri y De Andreis.

En cambio, no fueron de la partida figuras relevantes de Pro como el ministro del Interior, Diego Santilli, ni los gobernadores Chubut, Ignacio Torres, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El que sí dio el presente fue Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, quien se refirió al impacto de la inteligencia artificial y al rumbo que busca darle la Ciudad frente a los cambios tecnológicos. “Cambian los contextos y cambian las herramientas. Pero Buenos Aires siempre se anima a repensarse, a convocar a los mejores y a transformar los desafíos en oportunidades para seguir creciendo”, afirmó.

El mandatario también reivindicó el modelo de Ciudad que impulsa su gestión. “Vamos a defender esta ciudad de quienes creen que se puede vivir de otra manera, con más desorden, más caos y menos respeto por las reglas. Nosotros creemos en una ciudad que abraza la libertad, el sentido común y una convivencia ordenada, donde cada persona pueda desarrollarse y vivir mejor. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a seguir defendiendo”.

El evento se realizaba en un momento político complejo para el gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas crecieron las dudas sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es investigado por la Justicia. En el plano económico, el escenario actual todavía no termina de consolidar como logro definitivo la baja de la inflación, el principal objetivo de la política económica oficial.

Un mes atrás, Macri respaldó el rumbo del Gobierno, aunque marcó la autonomía de su partido. “Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores”, sostuvo entonces, con la mirada puesta en el escenario político hacia 2027. El expresidente ya había dejado trascender su intención de competir con un candidato propio en las próximas elecciones presidenciales.

En su último discurso ante el Consejo Nacional de Pro, realizado en Parque Norte, Macri volvió a buscar un equilibrio: reiteró su apoyo al programa del oficialismo, pero planteó que su partido puede aportar estabilidad política para sostener las reformas en el tiempo.

“Pro no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”, afirmó. Y agregó: “El tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno”.

En paralelo, la Fundación Pensar difundió un informe que pone el foco en la crisis en Medio Oriente, con Irán, Israel y Estados Unidos como protagonistas. En el documento, el secretario de Relaciones Internacionales de Pro, Fulvio Pompeo, advierte sobre el impacto que la escalada podría tener en el agronegocio argentino y señala que el contexto internacional exige “liderazgo y visión de largo plazo”.

Ante una consulta de LA NACION, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, revalorizó la misión del Papa como promotor y defensor de la paz.

“Estamos realmente en un momento muy crítico de la humanidad. La escalada de violencia nos revela que prevalece la imposición de los intereses de los distintos actores sobre la búsqueda de una solución que acalle las armas y allane el camino a la paz. El Papa es un servidor de la paz, sus gestos y palabras van en esa dirección”, dijo Colombo.

El titular del Episcopado recordó la reciente invitación del Papa “a una paz desarmada y desarmante”, en el último mensaje por la Jornada Mundial de la Paz que se celebró el 1 de enero.

“Cuántas veces escuchamos hablar al Papa Francisco sobre los negocios de la guerra. Que el papa León se exprese con pasión por la paz es una concreción del evangelio y testimonia su servicio de buen pastor”, dijo el arzobispo de Mendoza. Y añadió: “Con la libertad de los hijos de Dios y en cumplimiento de su misión pastoral, el Papa pide por la paz y urge a los dirigentes del mundo a trabajar por ella”.

El contrapunto entre Trump y el Papa se da en momentos en que el presidente Javier Milei ratificó su alineamiento con Trump. Incluso, se espera que el líder libertario viaje el viernes a Israel por los actos por la independencia de ese país, donde permanecerá hasta el miércoles 22.

Por ese motivo, lo más probable es que Milei no asista el martes 21 a la misa que monseñor Colombo y el conjunto de los obispos celebrarán en la Basílica de Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco. La Conferencia Episcopal invitó al Presidente al oficio religioso, al igual que a sus ministros, a todos los gobernadores y a los titulares del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el diálogo que León XIV mantuvo con los periodistas en el avión que lo llevó a Argelia, el pontífice dijo: “No le tengo miedo a la administración Trump o a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que tengo que hacer y es el motivo por el que la Iglesia está aquí”.

Pensamiento y armas

“No tengo miedo ni de la administración Trump, ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que creo que estoy llamado a hacer y lo que la Iglesia está llamada a hacer. No somos políticos. No estamos buscando hacer política exterior, como él la llama, con la misma perspectiva que él podría entenderla. Pero sí creo que el mensaje del Evangelio, ‘benditos sean los pacificadores’, es un mensaje que el mundo necesita escuchar hoy”, fueron las palabras del Papa en respuesta a Trump.

Frente a la consulta de LA NACION acerca de si en la Iglesia existe temor de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán adquiera cada vez más expresiones de carácter religioso, monseñor Colombo afirmó que el Santo Padre “nos enseñaba en ese mensaje por la Jornada Mundial de la Paz que un servicio fundamental que las religiones deben prestar a la humanidad que sufre es vigilar el creciente intento de transformar incluso los pensamientos y las palabras en armas”.

“Las grandes tradiciones espirituales, así como el recto uso de la razón, nos llevan a ir más allá de los lazos de sangre o étnicos, más allá de las fraternidades que sólo reconocen al que es semejante y rechazan al que es diferente”, dijo el arzobispo de Mendoza, al citar el mensaje del Papa. Señaló que “estas palabras son una respuesta a quienes quieran convertir sus pretensiones bélicas en cuestiones religiosas”.

Fuentes de la Iglesia consultadas por este diario destacaron que los obispos en Estados Unidos respaldan las afirmaciones de León XIV y le dan la razón, como ocurre también en Italia. “En contraste con Trump, el Papa es muy medido y está en su rol. Siempre aclara que no es un político y no cumple una función específica en ese campo. Predicar el evangelio”, se insistió. Reconocen, sin embargo, que “el Papa es siempre una voz moral, aunque no tiene peso en escenario internacional”.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi “es el poder en las sombras”, el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní, dijeron las fuentes judiciales consultadas por LA NACION.

El juez pidió a la Interpol publicar una alerta roja para que sea detenido apenas pise un aeropuerto y envió un pedido de cooperación internacional a Irán para que colabore con su detención. Una formalidad.

Sin embargo, medios isralíes afirmaron que Ali Asghar Mir-Hejazi murió en un ataque aéreo israelí en Teherán el 6 de marzo de 2026. El ataque tuvo como objetivo un centro de mando subterráneo. No hubo confirmación oficial.

Los investigadores argentinos descreen de esa hipótesis. Afirman que Irán reconoce la caída de sus funcionarios y en el caso de Mir-Hejazi mantuvo silencio.

El fiscal federal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, había pedido la captura en marzo pasado sobre la base de cuatro testimonios que tomó en diciembre de 2024 en París, al amparo de la legislación francesa y mediante las autoridades antiterroristas de ese país.

Actualmente tienen pedido de detención y acusaciones para ser juzgados en ausencia Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Moshen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, aunque nunca se hayan presentado ante las autoridades judiciales locales.

Ahmad Vahidi quedó al frente de la Guardia Revolucionaria iraní tras los ataques de Israel y Estados Unidos que descabezaron a la cúpula jerárquica de Irán, incluido a su líder supremo Khamenei, para quien Basso había pedido sin éxito su captura internacional en abril del año pasado.

Rafecas avanza con el juicio oral en ausencia contra los sospechosos de la voladura de la AMIA, ocurrida el 18 de julio de 1994 y que causó 85 muertes y 300 heridos.

La Justicia argentina llegó a las pruebas contra Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi luego de que el fiscal Basso viajara en diciembre pasado a París, donde le tomó declaración a cuatro disidentes iraníes refugiados allí que integran la International Council of Resistance of Iran, una organización en el exilio.

Dos de ellos ya habían testificado en la causa AMIA a comienzos de la investigación, en una declaración que le tomó el entonces juez Juan José Galeano. Ahora se amplió esa declaración y se sumaron otros dos testimonios.

Las declaraciones permitieron respaldar las acusaciones contra Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi como quien dio la orden directa del atentado y quien estuvo en Buenos Aires en 1993, un año antes del ataque. En esta ciudad se reunió con Mohsen Rabbani, que en ese momento era un líder religioso que no tenía el status diplomático, que adquirió al año siguiente como delegado cultural de la embajada de Irán en Argentina.

“Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi raramente salía de Irán y llegó a Buenos Aires para reunirse con Rabbani, que no era nadie en esa época”, dijo uno de los investigadores. La presencia de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi está corroborada por su visa de entrada al país y sus rastros en Migraciones.

La fiscalía entiende que las declaraciones de los disidentes iraníes corroboraron las afirmaciones del fiscal Alberto Nisman acerca de quiénes estuvieron detrás de la decisión del atentado, de quién dio la orden y cómo se ejecutó el ataque, dijeron las fuentes.

A comienzos del año llegaron desde París a Buenos Aires las copias físicas de las declaraciones que tomó el fiscal a fines de diciembre pasado, junto con documentos, libros y hasta diarios de la época.

Las nuevas pruebas ocupan medio metro de altura, entre documentos y libros. Entre los papeles hay un diario de la comunidad de iraníes exiliados en el extranjero de agosto de 1994 en el que se señalaba que Irán era el responsable del atentado a la AMIA.

Los disidentes iraníes que apuntaron a Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi fueron de los primeros que comunicaron a la Argentina que Irán estaba detrás del atentado.

Son políticos que lucharon contra el Shá, sufrieron prisión y luego se exiliaron con el actual régimen. Conocieron a los iraníes con pedido de captura, estudiaron juntos, y además su organización tiene gente infiltrada en el régimen iraní para acceder a información directa sobre el proceso de toma de decisiones, dijo una fuente del caso.

Los extranjeros dijeron que cada sábado se reunía el Consejo Supremo para la toma de decisiones, como ocurrió ahora cuando Israel atacó y provocó la muerte del líder Khamenei reunido con los jerarcas en un edificio de Teherán.

Las decisiones de ese Consejo Supremo debían ser validadas por Khamenei, por lo que el fiscal entiende que Khamenei dio la orden formal, pero Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, que preside el Comité Especial, es quien la comunicó y ejecutó.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi es conocido como “el poder en las sombras”; es un influyente clérigo y político iraní, clave en el círculo íntimo de Khamenei como subdirector de gabinete.

Considerado una figura central del “Estado profundo” iraní, se encargó de supervisar tareas de inteligencia y represalias. También fue el principal intermediario de las órdenes que durante años dio Khamenei a los aparatos de seguridad y el Poder Judicial.

Los disidentes iraníes le atribuyen el mando de equipos de inteligencia paralelos dentro de la Oficina del Líder Supremo. La Unión Europea sancionó a Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi en abril de 2012 y Estados Unidos lo hizo en enero de 2020, a raíz de su papel en la represión de las protestas de civiles de 2009 y violaciones de derechos humanos.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi ocupó el Ministerio de Inteligencia de Irán y los servicios extranjeros lo conocen por actuar tras bambalinas, como uno de los funcionarios poderosos con bajo perfil. La mano que mece la cuna del terror, dicen los expertos en terrorismo internacional.

Incluso el oficialismo de la Cámara baja no descarta que el propio Javier Milei esté presente en la sesión, toda una señal de que los libertarios no le van a soltar la mano a Adorni y estarían dispuestos a pasar a la contraofensiva.

“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante un almuerzo que se celebró en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y que estuvo encabezado por su presidenta Rosalía Silvestre. El riojano confirmó allí no solo que la sesión informativa se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni.

En su exposición frente a los representantes de los estudios más reconocidos de la ciudad, Menem detalló las prioridades de la agenda legislativa para las próximas semanas e incluso hizo un adelanto sobre la estrategia electoral con vistas al año próximo; en este sentido enfatizó que la intención de La Libertad Avanza es articular un frente opositor amplio en la provincia de Buenos Aires para enfrentar a las huestes kirchneristas encolumnadas detrás del gobernador Axel Kicillof.

Respecto de la situación de Adorni, Menem envió un mensaje claro. “Ahí vamos a estar los 94 legisladores más quien les habla acompañando al jefe de Gabinete en la sesión informativa, cumpliendo lo que ordena la Constitución”, enfatizó el presidente de la Cámara baja, quien agregó que los distintos bloques ya elevaron más de 4800 preguntas a ser respondidas por el funcionario. Todo un récord que, dijo, solo busca desgastar al Gobierno.

“Todo tiene un solo objetivo: instalar el desánimo, raspar al Gobierno y llevarnos a todos al barro. Al no tener una gestión con qué comparar ni ideas nuevas ni alternativas, (la oposición) pretende generar desánimo e igualar para abajo”, reprochó el riojano.

Pese a las recientes revelaciones sobre su crecimiento patrimonial todavía no declarado y los avances en la investigación judicial, el oficialismo decidió estrechar filas en defensa de Adorni y enviar señales de que seguirá firme en su cargo.

“Manuel es y seguirá siendo el jefe de Gabinete. No se va a ir”, sostienen, tajantes, los lugartenientes de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Puede haber sorpresas en la sesión”, deslizan, enigmáticos. No quieren anticipar su estrategia a sabiendas que la oposición va a aprovechar el escenario para embestir contra el jefe de Gabinete. Tampoco si asistirá el propio presidente Milei a la sesión, aunque no lo descartan: después de todo, fue el propio jefe de Estado quien dijo hace tres semanas que iba a acompañar a su ministro coordinador al Congreso.

“En la oposición hay quienes todavía no presentaron su declaración jurada de bienes y patrimonios que no se justifican”, acicatean las voces más combativas del oficialismo, convencidas de la mejor defensa frente a un ataque es el contraataque. Todo indica entonces que, de realizarse, la sesión se encamina a ser una pelea cuerpo a cuerpo.

Acuerdo en Buenos Aires

Durante el almuerzo, Menem abordó temas que fueron más allá de lo estrictamente parlamentario. Por caso, adelantó que es intención del oficialismo avanzar en un acuerdo con las fuerzas políticas no peronistas de la provincia de Buenos Aires –entre ellas Pro y la UCR- para intentar ganar la gobernación, hoy en manos de Kicillof.

“La única manera que hay de ganarle al aparato fuerte del peronismo es juntando a todos los actores que no forman parte del peronismo –sostuvo-. Yo recuerdo que en 2015 María Eugenia Vidal ganó con el 37% de los votos nomás, y el peronismo fue dividido. Nuestra aspiración es tratar de ir todos los que no pensamos lo mismo, unidos, obviamente, liderando La Libertad Avanza”.

En el oficialismo están convencidos de que no hay posibilidad de ganar la reelección presidencial sin un triunfo en el principal distrito del país. El ministro del Interior, Diego Santilli, es el candidato más firme para disputar la gobernación, adelantan en las usinas libertarias. Pero también aparece el nombre del diputado Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA.

Asimismo, Menem detalló la agenda legislativa de los próximos meses. Confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de reforma política y electoral: sobre este punto ratificó que el Poder Ejecutivo insistirá en eliminar definitivamente el sistema de primarias y que buscará introducir modificaciones en la Boleta Única de Papel (BUP).

Asimismo, anticipó que este año el Gobierno no designará postulantes para completar la integración de la Corte Suprema -“será un tema para 2027″, dijo- y que su prioridad será cubrir las más de 300 vacantes en el Poder Judicial. “En esto se está avanzando y empiezan las audiencias en el Senado en estos días”, sostuvo.

Como prioridades legislativas subrayó la importancia de la sanción del tratado sobre patentes, reclamado por los Estados Unidos; el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada y la aprobación de la llamada “ley hojarasca”. Descartó que en la agenda se incluyan proyectos para derogar la ley que penaliza el aborto o promuevan la eutanasia.

Sin transmisión oficial en vivo, y rodeado de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó a agentes de Policía Federal y la Casa Militar e impidió el acceso de la prensa, la secretaria general y el ministro coordinador ingresaron minutos antes de las 11 al instituto de microbiología, ubicado en el barrio de Barracas. Una hora después, ambos regresaron a la Casa Rosada y se encontraron con la fanfarria del Alto Perú, que en el Patio de las Palmeras interpretaba la marcha de las Islas Malvinas.

Las medidas de seguridad en el Malbrán tenían como objetivo evitar cruzarse con la marcha “de repudio” organizada por el gremio estatal de ATE, que anunció “escraches y protestas” en la puerta del edificio contra la presencia del jefe de gabinete.

“En el Gobierno están todos sucios y ahora se quieren lavar la cara visitando una institución prestigiosa como el Malbrán. No los vamos a dejar. Los integrantes del gabinete son personas no gratas en toda la administración pública nacional”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional antes de la llegada de los funcionarios, que finalmente se produjo sin inconvenientes.

De todos modos, delegados de ATE Malbrán sortearon el vallado y llegaron hasta el jefe de Gabinete cuando se retiraba, y le entregaron un petitorio en reclamo de mejoras salariales. Adorni escuchó en silencio y recibió el pedido, antes de retirarse.

La actividad, a puertas cerradas, consistió en una recorrida por el instituto de investigación, y la visita a un laboratorio de bacteriología a punto de comenzar a funcionar. También, según trascendió, conocieron el centro de contención de la institución, acompañados por el ministro de Salud, Mario Lugones, y miembros de su staff.

“No hace falta [otro respaldo], el apoyo de Karina a Manuel está garantizado”, comentaron a LA NACION cerca del jefe de Gabinete. Y ratificaron que Adorni “sigue en su puesto”, sin cambios ministeriales previstos. En la Casa Rosada, al mismo tiempo, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuó con su ronda de reuniones con gobernadores, y recibió al rionegrino Alberto Weretilneck.

Mientras tanto, continúan acelerándose las declaraciones judiciales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Declararon hoy en los tribunales de Comodoro Py la comisaria retirada Graciela Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, dos mujeres que le prestaron US$100.000 a Adorni y su esposa Bettina Angeletti, en 2024, el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete compró la casa del country Golf Club Indio Cuá. Adorni conoció a ambas mujeres a través de la escribana Adriana Nechevenko, quien declaró haber sido ella quien se las presentó al jefe de Gabinete, que le había pedido que le consiguiera prestamistas porque necesitaba el dinero.

“No tiene nada que ocultar. Compró propiedades que no son caras, con préstamos y lo que acumularon en la pareja en 25 años de trabajo”, reiteraron allegados a Adorni, que no prevé esta semana dar conferencias de prensa.

Luego de encabezar –por orden del presidente Javier Milei– la reunión de gabinete, el lunes pasado, Adorni encabezó reuniones de trabajo con tres ministros: Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Lugones. Para esta semana está previsto un viaje al yacimiento de Vaca Muerta, el jueves y también con Karina Milei, más su participación en la mesa política, el viernes, mientras prepara la presentación de su informe de gestión, el próximo 29, en la Cámara de Diputados. Pese a no formar parte de la lista de oradores, Adorni podría acompañar al Presidente mañana a las 18, en la reunión anual de la Amcham, que cerrará Milei.

Sin Adorni, el Presidente partirá el mismo viernes, si no hay cambios de última hora por el conflicto bélico en Medio Oriente, a Israel, para participar de los festejos por el aniversario número 48 de la creación del Estado hebreo. Hoy, el presidente de ese país, Isaac Herzog, anunció que Milei recibirá la medalla de honor presidencial, uno de los máximos honores que otorga Israel a sus visitantes extranjeros. Como anticipo, el Presidente grabará el miércoles una entrevista con la televisión israelí, a emitirse dos días después.

En la presentación de un programa de capacitación provincial y, sin dar nombres, el gobernador de Córdoba afirmó “pido públicamente: no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos” y agregó: “No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”.

El miércoles próximo, en Córdoba, los médicos de cabecera convocaron a una manifestación frente a la delegación de la entidad en la ciudad capital, mientras que a nivel nacional la Asociación de Profesionales del PAMI (Appamia) inició un paro de 72 horas para protestar por recortes.

La obra social, que es la más grande del país con cinco millones de afiliados, aunque incrementó la cápita de $900 a $2.100 suprimió los pagos variables, con lo que se redujo alrededor del 40% el ingreso total de médicos y prestadores.

“A los dirigentes nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos -planteó Llaryora-. Tengan coraje, defiendan a los abuelos, ¿o no se acuerdan lo que hicieron por esta patria y por este país?”.

El ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió la semana pasada con su par de Economía, Luis Caputo, pero hasta el momento no se informó de una inyección de recursos frescos para el PAMI.

El viernes pasado cuando estuvo en Córdoba, la jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich, admitió los problemas que atraviesa el PAMI por el retraso en el giro de fondos: “Hay una situación que es muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar. Esa situación el ministro de Economía la tiene muy clara”.

En esa línea precisó “estos fueron unos meses difíciles: estamos con algunos pagos atrasados pero esto se va a regularizar y el ministro lo tiene muy claro”, añadió. La delegación del PAMI Córdoba, hasta diciembre, tuvo al frente al actual diputado nacional Marcos Patiño Brizuela, quien es del riñón de Gabriel Bornoroni. El problema no es del distrito, sino a nivel nacional.

Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, también ha insistido varias veces en los últimos tiempos en la necesidad de que se normalicen los pagos a la obra social de los jubilados.

En el Congreso, diputados de la oposición, principalmente de la Comisión de Salud y Acción Social, solicitaron informes y citaron a autoridades del Pami para tener detalles sobre los cambios en coberturas y demoras en pagos.

La semana pasada el ministro Lugones se reunió con Caputo para destrabar la situación de deuda que, ronda los $500.000 millones. Al final del encuentro dijeron que fue “muy productivo, en la cual se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda”. Pero al día de hoy, los fondos no aparecieron.

Fernández está procesado en esta causa por el juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal (con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah), que también falló en su contra, en febrero pasado.

Esto a pesar de que el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe había pedido dictarle la falta de mérito, pero los camaristas federales desestimaron su opinión y siguieron adelante con la acusación.

Justamente la defensa técnica del expresidente se basó en esa contradicción, a pesar de que el fiscal ante la Casación dejó de lado la postura de Agüero Iturbe y pidió dejar firme el procesamiento.

La audiencia ocurrió en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, en la Sala IV.

El tribunal debe decidir si confirma el fallo de la Cámara Federal o si lo revoca y comparte la postura de Agüero Iturbe y pide la falta de mérito del jefe del Estado.

En la audiencia estuvieron Fernández y su abogada Mariana Barbita, pero el expresidente llevó la voz cantante.

“Hagan justicia y revoquen el procesamiento”, les dijo Fernández a los jueces, y entendió que el juez Casanello firmó el procesamiento sin advertir lo que ocurría. “Firmó el fallo que le llevó el antiguo equipo del juez [Claudio] Bonadio y no advirtió lo que estaba pasando”, dijo el expresidente.

Fernández cargó contra el juez que llevó adelante la investigación, Julián Ercolini, a quien recusó y logró apartar de la causa que le inició su exmujer Fabiola Yañez por violencia de género. Pero el expresidente se quejó de que no hubiera ocurrido lo mismo con este caso.

“Es el enemigo público mío”, dijo Fernández ante la Casación, que decidió abrir el recurso para analizar su caso. Otros procesados en la causa adhirieron a sus planteos y sus abogados ayer los defendieron.

“Acá sigo maravillosamente violado por la Cámara Federal,nunca me dejaron defender por el hecho que me imputaron…María Cantero era mi secretaria desde hacía 30 años, ella no manejaba mi agenda, es una falacia absoluta", se quejó Fernández.

Por eso, dirigiéndose a los jueces les dijo: “No sé cuánto simpatizan conmigo, pero parece que acá los únicos que tenemos que rendir cuentas somos los que pensamos como Perón”. Y les reclamó: “Señores jueces, les pido que hagan justicia, revoquen el fallo”.

El fiscal Raúl Plee argumentó para mantener el procesamiento firme, más allá de que su colega de la instancia anterior hubiera postulado que se declare la falta de mérito.

Dijo Pleé que Agüero Iturbe basó sus conclusiones en un estándar más exigente que el usado en esta etapa del proceso y transcribió que su colega también habló de indicios sobre la supuesta maniobra.

“La posición asumida por mi antecesor durante el trámite de apelación no posee el alcance que le otorga la defensa, quedando así vacío de contenido el agravio que motivó la apertura de la queja”, escribió Pleé en unas “breves notas” presentadas al comienzo de la audiencia.

Dijo que “la confirmación del procesamiento de Fernández no conlleva ninguna afectación constitucional”.

Mencionó que “existen una multiplicidad de indicios, concordantes, unívocos y de singular fuerza convictiva, que no solo permiten descartar la teoría del caso ensayada por la defensa, sino también otorgar sólido sustento a la conclusión de que el imputado, valiéndose del cargo que ostentaba, se involucró en el esquema de recaudación y distribución de fondos estatales que es materia de investigación, priorizando intereses particulares en el entramado de negociaciones en desmedro de los públicos por los que debía velar”.

Por eso concluyó que “el pedido del fiscal de la instancia previa de que se adopte un temperamento expectante respecto de Fernández se muestra inmotivado y contradictorio”.

En esta causa, Fernández está procesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario. Para procesarlo, se consideró probado que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en favor del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica del expresidente, María Cantero.

El procesamiento del expresidente incluye un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283 y una prohibición de salir del país.

Cuando la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Fernández, su abogada, Mariana Barbitta, sostuvo que esa decisión no correspondía porque “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.

Durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina, la exdiputada calificó la situación como “ridícula” y definió el caso que involucra al funcionario como una “corrupción de Almodóvar”, en referencia a la estética de las películas del cineasta español.

-Dicen que lo de Adorni es el caso de corrupción más BOLUDO de la historia
+Es como una película de Almodóvar. Encima, los looks de la escribana son PEORES que los de Karina Milei

JAJAJAJAJA Lilita Carrió en Gelatina sobre el MAL GUSTO de Karina 🐐🐐 pic.twitter.com/IRAGi5MWhj

— Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) April 13, 2026

En ese sentido, apuntó contra la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, por su forma de vestirse en sus recientes apariciones públicas.

“El look de la escribana es peor que el de Karina Milei”, aseguró. Y añadió: Con esos rayados…el look lo hace todo. Es lo más bizarro que yo he visto”, manifestó.

Nechevenko declaró el miércoles pasado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito ante el fiscal Gerardo Pollicita, por una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Fue citada en calidad de testigo por haber participado de las operaciones por las que el jefe de Gabinete adquirió su departamento de Caballito donde vive junto a su familia y la casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz.

Ante la Justicia, Nechevenko explicó cómo fueron ambas transacciones, en las que hay hipotecas en juego. En lo que refiere al departamento de Miró al 500 (Caballito), detalló que la compraventa se realizó a través de una hipoteca contra saldo del precio. Se trata de un procedimiento por el que el comprador abona parcialmente el inmueble al momento de adquirirlo y financia el resto del pago con la propiedad como respaldo.

En cuanto a la casa en el country, la escribana informó que la compra se realizó a través de un préstamo de 100.000 dólares por el que constituyó una hipoteca sobre su anterior vivienda en Parque Chacabuco. El funcionario utilizó ese dinero, más otros 20.000 dólares propios, para adquirir el inmueble. Deberá devolver el monto prestado en 24 cuotas mensuales con una tasa anual del 11%. Los prestamistas para esta operación se los presentó Nechevenko.

Este lunes Graciela Molina y Victoria María José Cancio, las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron 100.000 dólares al jefe de Gabinete, revelaron que el funcionario les debe US$70.000 más los intereses y admitieron que no hacen habitualmente este tipo de operaciones inmobiliarias, según pudo saber LA NACION de fuentes de la causa.

Según declaró la escribana que certificó la operación, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. Las acreedoras ratificaron hoy esa versión.

El crédito a Adorni se lo otorgaron dos mujeres, como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. La hipoteca que garantiza ese crédito se formalizó el15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Milei encabezó la primera parte de ese encuentro, ocurrido hace una semana, en el primer piso del palacio de Gobierno. Ahí fue ordenado el pedido a sus ministros. Durante el segundo tramo de la reunión, que quedó en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este impuso el límite para la presentación de hoja de ruta que deberán hacer desde las carteras.

“El próximo jueves 30 cada ministro tiene que presentar el plan de achique de su cartera”, afirmó a LA NACION una fuente con despacho en el primer piso de Balcarce 50 de acuerdo a lo que el ministro coordinador explicó a los ministros. Será apenas un día después de que el propio Adorni, envuelto en una serie de revelaciones sobre sus viajes y patrimonio, objeto de una investigación penal, dé el informe de gestión ante el Congreso de la Nación.

“Milei pide más motosierra, más recorte del gasto público para cumplir y afianzar el superávit fiscal”, describieron en la Casa Rosada sobre el pedido del mandatario a sus ministros Carlos Presti, de Defensa; Mario Lugonesde Salud; Alejandra Monteoliva de Seguridad; Sandra Pettovello de Capital Humano; Luis Caputo, de Economía; Juan Bautista Mahiques de Justicia; Diego Santilli de Interior, Federico Sturzenegger de Desregulación y Transformación del Estado y Pablo Quirno de Relaciones Exteriores.

El pedido llega en medio de la baja de la recaudación. Entre otros puntos, la recaudación tributaria de impuestos nacionales cayó 4,5% en términos reales en marzo respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En el acumulado del primer trimestre del año, la recaudación bajó un 8,7% real interanual.

“La hubiera pedido igual. No hay que relajar con el ajuste”, dijeron en la Casa Rosada buscando despegar una situación de la otra. “La idea es profundizar o volver al esquema de motosierra”, insistieron voceros oficiales, y aseguraron: “Es volver a la impronta que nos hizo ganar las elecciones. Nuestra agenda de los últimos dos años”.

En la Casa Rosada aseguraron que los recortes pedidos “no afectarán en nada” el funcionamiento de las carteras. “Lo que pedimos es un número reducido”, señalaron.

Entre los problemas que presentan algunas carteras está, aún sin resolver, el tema de las deudas de PAMI con prestatarios, que rondan los $500.000 millones, por lo que la semana pasada se reunieron Caputo y Lugones. En la Casa Rosada confiaron que el tema estará solucionado en breve.

Por este tema, la semana pasada, Pettovello sumó dudas con un comunicado de su cartera en el que tomaba distancia del conflicto, ya que era ajeno a Capital Humano. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”,especificó el breve texto que se difundió en la red social X.

En el Gobierno se mostraron optimistas y dijeron estar convencidos que el segundo trimestre de este año será “clave”. Apuntaron a que allí debería verse una “mejora de la inflación”, que por el tema de los combustibles creen que se verá a partir de abril, y que también será un período “muy bueno en materia de divisas” por la liquidación de campo. A lo que agregaron que también hay índices que advierten que habrá mayor actividad en el área de construcción.

“El dato de permisos de obras en CABA es muy bueno, muy alto. Y eso es un indicador de que la actividad empieza a reponerse después del cimbronazo del año pasado”, dijeron en referencia a la situación de profunda inestabilidad que atravesó en la previa a las elecciones y por la que hubo incluso un apoyo financiero por parte de Estados Unidos.

El encuentro se desarrolla entre el 12 y el 17 de abril en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts. Durante esa semana, la delegación alternará jornadas de trabajo en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y en Harvard, donde se discutirán temas vinculados con desarrollo económico, institucionalidad democrática, inteligencia artificial y el nuevo escenario geopolítico internacional.

La comitiva legislativa está integrada por los senadores Natalia Gadano (SER, Santa Cruz), Victoria Huala (PRO, La Pampa), Mariana Juri (UCR, Mendoza) y Bruno Olivera (LLA, San Juan), junto con los diputados libertarios Belén Avico, Mariano Campero, Silvana Giudici, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz, Luis Petri y Luis Picat. También asistirán los diputados de Pro Daiana Fernández Molero y Martín Yeza; de la UCR, Pamela Verasay y Diógenes González; de Unidos, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo y Nicolás Massot; de Innovación Federal, Yamila Ruiz; del PJ Guillermo Snopek; y de Elijo Catamarca, Fernanda Ávila.

La composición del grupo revela un reparto político particular. El Partido Justicialista (PJ), pese a contar con bloques numerosos en el Congreso -93 diputados y 21 senadores-, tiene una presencia acotada. Entre los pocos representantes peronistas figuran la diputada catamarqueña Avila, alineada con el gobernador Raúl Jalil, y el legislador jujeño Snopek (Unión por la Patria). En cambio, el grueso de los asistentes proviene de La Libertad Avanza, Pro y la UCR.

Agenda legislativa reducida

Las ausencias ya impactan en la agenda parlamentaria. En la Cámara de Diputados el trabajo se limitará esta semana a algunas reuniones puntuales de comisión. Entre ellas, la de Relaciones Exteriores, que analizará tratados internacionales de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica.

Será en un trabajo conjunto con la Comisión de Legislación Penal, donde también se avanzará en acuerdos de cooperación jurídica en materia penal con Serbia, Cuba e Italia, además de convenios vinculados con defensa nacional, intereses marítimos y recursos naturales.

Pero el viaje obligó a postergar uno de los debates más sensibles de la semana. La reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General, prevista para este martes, quedó suspendida. Allí debía discutirse la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El Gobierno busca avanzar con la iniciativa en el marco de los compromisos asumidos por el presidente Javier Milei tras la firma, en febrero pasado, del acuerdo comercial con Donald Trump. Ese entendimiento fija el 30 de abril como fecha límite para su ratificación, aunque en el Gobierno no descartan que ese plazo pueda prorrogarse.

Entre los funcionarios que estaban previstos para defender el proyecto en comisión figura el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, integrante del ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Sin embargo, el funcionario integra la delegación que esta semana viajó a Estados Unidos.

La iniciativa despierta resistencias sobre todo en el sector farmacéutico. Los laboratorios nacionales advierten que la adhesión al tratado podría ampliar la protección de las patentes internacionales en el país. Una vez registrada una patente en un país miembro, el trámite puede replicarse en los 158 Estados firmantes del acuerdo. Según los críticos del proyecto, el nuevo esquema extenderá hasta 18 meses adicionales la vigencia de algunas patentes de medicamentos en la Argentina, con impacto en la competencia de la industria local.

En ese contexto, representantes del sector farmacéutico también participan del encuentro en Estados Unidos. Entre otros, figuran ejecutivos de Bagó y Bayer, dos de las empresas más relevantes del rubro. El encuentro podría abrir un espacio de diálogo informal entre funcionarios y empresarios para explorar posibles puntos de acuerdo sobre el proyecto, que todavía genera resistencias dentro de la industria local.

La interpelación a Adorni

El viaje también impactará en otro frente de tensión política. Tampoco avanzarán esta semana los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsados por sectores de la oposición a raíz de las dudas sobre su patrimonio.

Todas esas iniciativas deben tramitarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien también integra la comitiva que viajó a Estados Unidos.

La oposición, no obstante, comenzó a contar los votos para avanzar con un emplazamiento en las próximas semanas, una herramienta parlamentaria que permitiría forzar la apertura de la comisión y habilitar el debate que el oficialismo, por ahora, se rehúsa a convocar.

Intendentes, funcionarios y empresarios

Además de los 21 legisladores, participan intendentes como Esteban Allasino (Luján de Cuyo) y Leonel Chiarella (Venado Tuerto), así como el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur.

La delegación se completa con 33 empresarios de distintos sectores de la economía. En el sector bancario participan ejecutivos de Banco Galicia, Banco Patagonia y Banco Hipotecario.

En energía y minería se suman ejecutivos de Vista, Lithium y Pan American Energy (PAE). El agro está representado por Lartirigoyen, mientras que entre los industriales aparecen compañías como Techint -cuyo CEO Milei llamó “Don chatarrín de los tubitos caros”- y dirigentes fabriles como Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). También participan empresas alimenticias, entre ellas Arcor.

Según informó la organización, la RAP cubre los costos de los dirigentes políticos con fondos propios, provenientes de aportes de empresas y organismos internacionales. Los empresarios, en cambio, pagan una tarifa que financia tanto su participación como los gastos de los invitados políticos.

Estos puestos de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) se asemejan a controles fronterizos y están en los tres límites que la provincia tiene con Corrientes: Ruta Nacional 2, Ruta Nacional 12 y Ruta Nacional 14.

“Queda terminantemente prohibido exigir cualquier pago como condición para ingresar mercadería a la provincia”, indicó el comunicado de LLA-Misiones, sobre el poryecto de Ley presentado por Adrián Nuñez.

Nuñez es el jefe político de LLA-Misiones y vicepresidente de la Legislatura. Su intención es impulsar el tema en la agenda en las sesiones ordinarias que arrancan el próximo 1° de mayo.

Hace una semana, Nuñez, presentó otro proyecto que apunta desarmar el esquema electoral que el Frente Renovador de la Concordia, liderado por Carlos Rovira, utiliza con éxito para ganar elecciones en forma ininterrumpida hace más de 20 años: la Ley de Lemas.

Tanto la eliminación de la Ley de Lemas como ahora esta iniciativa para desarmar el polémico y eficaz esquema tributaria de Misiones, cuentan con aval explícito de la Casa Rosada, le dijo Nuñez a LA NACIÓN.

Misiones es la 8° provincia que más recauda en Ingresos Brutos, y la eficacia de su sistema recaudatorio es tal, que su recaudación iguala a las de Corrientes, Chaco y Formosa juntas por este gravamen, que en cualquier provincia no petrolera explica más del 90% de los ingresos.

Conocido como la “Aduana Paralela”, este régimen es legendario en los ámbitos empresariales, políticos y tributarios que tienen algún vínculo con Misiones, porque no se replica en ninguna de las otras 23 jurisdicciones del país.

Muchas empresas extra zona, generalmente marcas de consumo masivo o proveedoras de insumos como cemento o acero, han cuestionado el sistema y hasta lo han llevado a los tribunales, obteniendo fallos a favor.

Saldos a favor

Misiones es conocida por la enorme acumulación de “saldos a favor” de Ingresos Brutos, que la tienen como la número 1° en el ranking, por lejos, desde hace años.

¿Qué son los saldos a favor? Las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cobran Ingresos Brutos y para percibirlo van realizando cobros por cualquier giro en una cuenta bancaria. A lo que, en el caso de Misiones, se suma los cobros de la “Aduana” por ingresar la mercadería física.

La única forma de achicar este saldo a favor es que el fisco lo devuelva (nunca lo hace en tiempo y forma) o conseguir la “exclusión”, que significa una suerte de permiso por el cual el fisco se abstiene de retener Ingresos Brutos por un tiempo. Misiones es conocida a nivel país por ser muy remisa a dar la “exclusión”.

“Pagás de más, acumulás saldo a favor. Plata tuya que el Estado te retiene. Esa plata inmovilizada no se puede invertir, no se puede usar para contratar personal, no se puede usar para crecer”, sentenció Núñez al explicar el espíritu del proyecto.

En el proyecto de Ley, Nuñez propone que los “saldos a favor” de Misiones se achiquen en más de 10 veces, y que representen no más de el equivalente a un mes (en promedio) de lo que el contribuyente paga en Ingresos Brutos (se tomará el promedio del pago de 6 meses).

El proyecto contempla que si se pasa ese límite, automáticamente el fisco provincial debe otorgar la “exclusión”.

“Esto no es ideología, es legalidad. El estado no puede cobrar más de lo que la ley dice. La aduana paralela y los saldos a favor se tienen que terminar”, concluyó Núñez.

Sin embargo, al ser consultado por LA NACIÓN sobre cómo puede sostener el superávit fiscal de la provincia, terminando con semejante fuente de ingresos, Nuñez admitió que no tenían aún pensado cómo resolver ese dilema.

“Los saldos a favor no son fondo legítimos de la provincia. Si vos lo tenes afectado al gasto operativo estás en serios problemas. No tiene sustento legal. Es exceso de impuesto. Otro tema es la deuda de 14 meses que habrá que ver como lo resolverá la provincia”, indicó Nuñez, en referencia a un estudio que se publicó hace dos años, que indicaba que Misiones tenía acumulado el equivalente a 14 meses en saldos a favor, contra entre 2 y 4 del resto de las jurisdicciones.

Desde el gobierno de Misiones evitaron confrontar con Nuñez, pero uno de los argumentos que esgrimen siempre las autoridades, es que Misiones está castigada con el reparto de la coparticipación federal, por la que tiene una alícuota incluso inferior a Formosa, que tiene menos de la mitad de los habitantes. También recibe menos que Corrientes y Chaco, con menos población.

La coparticipación es una de las reformas pendientes que aguarda el federalismo, con provincias que perderían y otra (como Misiones) que ganarían en un “barajar y dar de nuevo”.

La Constitución de 1994 mandó a hacer una nueva Ley a más tardar en 1996, pero pasaron 30 años y no se resuelve porque la reforma debe contar con el consenso de todas las provincias y aquellas destinadas a perder, no aprueban el debate.

El presidente Javier Milei volvió a introducir esa reforma en uno de los 10 puntos del Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio de 2024.

“Si me arreglan la Coparticipación yo puedo bajar impuestos y bajar Ingresos Brutos”, le dijo a LA NACION, en 2017, Miguel Ángel Thomas, considerado el “padre” de la Aduana Paralela.

Una curiosidad es que Adrián Nuñez, que ahora quiere terminar con el sistema, es un abogado experto en temas tributarios y ayudó a municipios de Misiones a creaer regímenes de percepción anticipada de tasas similares a los que ahora quiere terminar.

Conocido por ser implacable también en el cobro de deudas de empresas con la Municipalidad de Posadas, ahora Nuñez es el jefe Libertario en Misiones y está del lado del contribuyente.

“Pagás de más, acumulás saldo a favor. Plata tuya que el Estado te retiene. Esa plata inmovilizada no se puede invertir, no se puede usar para contratar personal, no se puede usar para crecer”, sentenció el abogado de 49 años, que desafía como nunca antes en este siglo al poder de Carlos Rovira y la Renovación misionera.

Ercolini indagó a la exfiscal Fein a pedido de ella, que se defendió enérgicamente de la imputación por encubrimiento agravado, al denunciar que la usaban para direccionar responsabilidades.

A lo largo de su exposición, Fein se mostró indignada frente a lo que considera una persecución selectiva y cuestionó duramente al fiscal Eduardo Taiano.

Según el acta que registró su declaración, Fein dijo ante el juez que “si porque es jubilada, retirada y no tiene cargo público, ni político, el acusador [e fiscal] la toma como chivo expiatorio”.

Asimismo, cuestionó la falta de equidad en el trato judicial: “¿Por qué el acusador no adoptó ningún temperamento procesal respecto de los coimputados en esta causa, quienes hace siete meses hicieron su descargo y nunca fueron escuchados?“.

Fein se refiere al resto de los imputados porque supuestamente no preservaron el departamento. Se trata del exsecretario de Seguridad Sergio Berni, del exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y el exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler.

Para la exfiscal, la acusación en su contra resulta “un absurdo total y hasta delirante”. En su declaración, explicó que “el encubrimiento requiere un delito previo y conocido por el encubridor, que requiere colaborar con el autor y/o autores”.

Fein argumentó que, al llegar al departamento del complejo de edificios Le Parc, de Puerto Madero, se encontró con el juez Manuel de Campos y su secretario esperando en el palier, por lo que llevar a cabo un encubrimiento habría implicado “un complot o un acuerdo de voluntades con todos los presentes para cometer semejante delito”.

Sobre este punto, se preguntó de forma retórica “si sólo fue ella una encubridora durante toda esa noche”.

Además de defender su tarea en la preservación de huellas y el trabajo de los peritos en criminalística, Fein expuso lo que considera una grave contradicción por parte de la fiscalía.

La exfiscal “refiere lo contradictorio del Sr. Fiscal [Taiano] cuando por un lado la acusa y por el otro hace alusión a que la dicente fue objeto de espionaje de parte de la AFI”.

Ante esta supuesta incongruencia, planteó: “Se puede ser encubridora y a la vez espiada por fuerzas de un gobierno”.

Sobre el cierre de su ampliación de indagatoria, la exfiscal se dirigió al juez Ercolini y le dijo: “Se llegó a un extremo que nunca esperó, en donde fue llamada encubridora”.

Angustiada, declaró que “lo que está viviendo actualmente es una pesadilla ya que tiene una familia y queda expuesta declarando sobre estos hechos, lo que le genera una impotencia que la supera”.

Frente a este escenario, donde siente que se convirtió en el “chivo expiatorio” de un caso de peso político y mediático, la exfiscal le solicitó formalmente al juez Ercolini “tener a bien adoptar una solución liberatoria o, en su defecto, dictar la falta de mérito”, exigiendo únicamente “total imparcialidad y justicia”.

Este es un expediente paralelo al que investiga la muerte de Nisman. Aquí la Justicia averigua sobre los responsables de haber arruinado la escena del crimen, el departamento de Puerto Madero donde fue hallado el cuerpo del fiscal con un tiro en la cabeza.

Allí el secretario de Seguridad Sergio Berni, para defenderse, apuntó para arriba, como hicieron los jefes policiales cuando presentaron sus descargos. Fein también aludió a las personas que ya estaban en el lugar cuando ella llegó, por ejemplo el juez De Campos.

En su presentación, Berni habló de un “escenario caótico” y culpó a Fein de la “falta de control”.

“La responsabilidad de la preservación de la escena y de la conducción del procedimiento recaía exclusivamente en la fiscal Fein”, afirmó Berni, que era secretario de Seguridad de la presidenta Cristina Kirchner en 2015.

Berni habló de una demora y dijo que “la ausencia de una autoridad judicial en la escena desde el momento en el que fue informada imposibilitó una preservación óptima desde el inicio”

En el caso de la muerte de Nisman, la investigación está abierta. La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero resta que el expediente sea elevado a un tribunal oral, que se haga el juicio y que se dicte una sentencia. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. También están procesados los excustodios del fiscal.

El fiscal Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban detrás del crimen.

El fiscal tomó declaraciones a decenas de agentes de inteligencia por la explosión de llamadas telefónicas registradas entre el 18 y 19 de enero de 2015, en una actividad intensa, atípica para un fin de semana. Además, investiga un virus introducido en el teléfono del fiscal, donde hay dos colaboradores de la SIDE, exfuncionarios de Entre Ríos, acusados de realizar esa tarea.

Sáenz sostuvo que la sede social de la AFA, al momento que se habrían cometido los delitos, estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Y se alineó con la argumentación del fiscal de la Cámara de Casación, Mario Villar, que argumentó que el juzgado de Campana no es competente para investigar las denuncias contra los máximos dirigentes de la AFA y denunció que esa causa se inició con un simple mail de Luciano Pantano, el supuesto dueño de la mansión. “La incompetencia intentada resultaría prematura, en tanto no se ha establecido aún cual es el tribunal a cargo de investigación del delito de lavado de activos, a la cual se está pretendiendo anexar esta pesquisa”, planteó Sáenz.

La causa que se pretende enviar a Campana comenzó con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y es la única que tiene todos los registros bancarios que reveló LA NACION a partir del 28 de diciembre. Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos.

Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. La investigación de LA NACION demostró que en realidad fueron al menos diez sociedades y que el desvío supera los US$ 57 millones.

El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última que se descubrió estaba en el PNC Bank y fue abierta por el propio Faroni. Esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma que controlaban los implicados en la maniobra.

En dos ocasiones, la fiscal Silvana Russi y la jueza Paula Petazzi intentaron mandar la causa a otra jurisdicción. La última ocurrió hace pocos días. La decisión fue apelada por los abogados de Tofoni y ahora por el fiscal ante la Cámara Criminal y Correcional. “Frente a estos graves cuestionamientos señalados por mi colega ante la Cámara Federal de Casación Penal, y no habiéndose modificado el escenario en estos actuados respecto de aquellos que obraban cuando la Sala V de esta Cámara de Apelaciones revocó la incompetencia en favor de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, entiendo que debe rechazarse la inhibitoria planteada y mantenerse la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11”, sostuvo Sáenz.

En su dictamen, el fiscal general también tuvo en cuenta un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) “explicando toda la secuencia relativa al cambio de jurisdicción de la sede social de la AFA, y solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención de dicha Asociación en grado de veeduría”.

La otra investigación que ya aterrizó en Campana es la que llevaba adelante el juez Luis Armella, que comenzó con una denuncia sobre ex dirigentes de Banfield, luego se amplió a la financiera Sur Finanzas, y terminó rozando a Faroni y las sociedades fantasma.

Los encargados de resolver la disputa de fondo por la competencia son Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. El viernes, los jueces de la Cámara de Casación rechazaron una recusación contra Ledesma y quedaron en condiciones de resolver. Deben establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA: el penal económico de Marcelo Aguinsky, el federal de Daniel Rafecas (el que ordenó los primeros allanamientos) o el federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

En paralelo avanza la causa por evasión de impuestos, que les impide salir del país. Ahora es el turno de la Cámara en lo Penal Económico. Pablo Toviggino recusó al juez Diego Amarante para que sea apartado de la causa. Entre otros argumentos, el tesorero de la AFA, representado por el abogado Marcelo Rocchetti, habla de una “enemista manifiesta” y de una persecución personal". Hasta ahora, el tribunal viene respaldando la investigación.

El presidente de la AFA y el tesorero están más pendientes de la decisión de Casación.

El gobernador de Buenos Aires viajará este jueves a España, donde se mostrará junto al presidente Pedro Sánchez, el alcalde de Barcelona, Jaime Collboni, y mantendrá reuniones privadas en búsqueda de inversiones de capital.

El encuentro político principal tendrá lugar luego, en la Global Progressive Mobilisation, una cumbre internacional antónima al modelo del presidente norteamericano Donald Trump y en la que se disertará sobre la importancia de la paz y la democracia.

Kicillof tendrá allí la oportunidad de volver a reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a quien visitó en marzo último. Además, podrá sumar otras fotos con líderes regionales como el brasileño Luis Inácio Lula Da Silva y el colombiano Gustavo Petro.

Asistirán otros líderes globales como el vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil; el presidente de los partidos socialistas europeos Stefan Löfven; el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa, y la vicepresidenta de la comisión europea, Teresa Ribera.

Compartirá además escenario con el vicecanciller de Austria, Andreas Babler; la viceprimera ministra de Eslovenia, Tanja Fajon, y el secretario de Estado de Justicia y viceprimer ministro de Reino Unido, David Lammy. Participarán además la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, el líder de la oposición en el Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

El Partido Justicialista (PJ), que lidera Cristina Kirchner desde la prisión domiciliaria, también tendrá una comitiva propia, según anunció en un comunicado en el que no hubo mención alguna a la presencia de Kicillof en la misma cumbre. “Una delegación del Partido Justicialista, instruida por su presidenta Cristina Fernández de Kirchner y encabezada por el senador Wado de Pedro, participará de la cumbre de partidos, movimientos democráticos y líderes globales convocada por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez en Barcelona, el próximo 17 y 18 de abril”, se informó desde el partido.

La comitiva que encabeza Wado de Pedro estará integrada por los diputados nacionales Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik, la economista Delfina Rossi, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez, la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno, y la diputada provincial y Secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.

El peronismo pretende exponer un diagnóstico crítico del gobierno de Milei y de su fuerza política. Denunciarán prácticas de lawfare, la persecución judicial, proscripción y restricciones impuestas a la principal dirigente opositora del país y presidenta del PJ, Cristina Kirchner.

La cumbre está convocada para que “pensadores progresistas más influyentes alineen sus visiones y dimensionen su impacto”.

Durante dos días -el viernes y sábado próximo- los representantes de partido y movimientos progresistas de todas las regiones “se reunirán para reflexionar, intercambiar y coordinarse sobre los desafíos de nuestro tiempo”.

Lo que resulta más interesante para Kicillof, que el año que viene no podrá competir por la reelección en la provincia de Buenos Aires, es que la cumbre “no es un punto final, sino el comienzo de un trayecto a largo plazo para construir cooperación duradera y una capacidad compartida entre fuerzas de todo el mundo”, según se promociona en su sitio web.

Por la Argentina, Kicillof compartirá cumbre con Jesús Rodríguez, vicepresidente de la Internacional Socialista. Antes de esa cumbre política, el gobernador se reunirá con distintos CEOS y gerentes de empresas españolas para buscar fuentes de financiamiento alternativas e inversiones productivas. Durante el encuentro global buscará tener reuniones bilaterales con distintos líderes.

Armado electoral

Antes de viajar a Barcelona, Kicillof se mostrará este martes con intendentes de todo el país en la Federación Argentina de Municipios (FAM) para llevarse una foto de respaldo de alcaldes de todo el territorio nacional contra Javier Milei.

La semana que pasó presentó su proyecto en la Universidad de Buenos Aires y la primera semana de abril se reunió con gobernadores opositores en Tierra del Fuego.

En la UBA, Kicillof participó de un encuentro con alumnos universitarios y autoridades de esa casa de estudios junto al ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza y el decano de la Facultad anfitriona, Guillermo ‘Willy’ Durán.

En lo que respecta al armado local, Kicillof recibió la semana pasada a Emilio Monzó y Nicolás Massot, en búsqueda de ampliar su base de sustentación hacia la próxima elección presidencial.

“Tengo el teléfono y el despacho abierto para juntarme con toda la dirigencia política. Es una etapa de construcción”, dijo Kicillof.

Incluso repitió la consigna de llamar a cantar “nuevas canciones”. Esto es, ampliar las consignas del peronismo y más aún del kirchnerismo desde su Movimiento Derecho al Futuro. Mientras tanto, insiste en presentar en Europa con el contenido de su proyecto, plasmado en el libro “Siete lecciones de Economía: de Smith a Keynes”.

Lo decimos con datos. Una encuesta realizada en la previa electoral, durante septiembre de 2025, relevó cuatro sectores políticos: libertarios (LLA), peronistas o kirchneristas (Fuerza Patria), centristas moderados (UCR, PRO, CC) e izquierda (FIT y afines). El período: plena previa electoral, con el 26 de octubre en el horizonte y un ciclo que incluyó elecciones nacionales, provinciales y municipales a lo largo de todo el año. El contexto inmediato: un presidente cuyo estilo discursivo convirtió la deslegitimación del adversario en componente sistemático —48 veces en Davos el 23 de enero, 40 veces en la apertura del Congreso el 1 de marzo—, y cuyo impacto sobre la convivencia ya era observable incluso entre el 40% de sus propios simpatizantes, que mostraban reservas ante el tono.

¿Se siente libre de expresar su identidad sin temor al rechazo? El gradiente entre sectores es casi perfecto: 80,5% de acuerdo total en el sector libertario, 66,4% en el centro, 59,4% en el peronismo, 51,4% en la izquierda. A mayor cercanía con el poder político oficialista de este ciclo, más libertad percibida. No es un dato de objetividad —no dice quién tiene razón—: es un dato de posición. El viento sopla a favor de unos y en contra de otros, y eso se siente en el cuerpo y en las conductas.

¿La política se volvió más agresiva? También aquí hay gradiente, pero invertido: lo perciben el 87,6% de la izquierda, el 81,5% del peronismo, el 79,8% del centro y solo el 66,4% de los libertarios —y con mucho menos convicción: el 34,7% opinó totalmente de acuerdo, frente al 59% de la izquierda. Los libertarios son simultáneamente el sector que más etiquetas deshumanizantes usa y el que menos agresividad percibe en el ambiente político. Esa contradicción no es un error en los datos: es una de sus claves de lectura más importantes. No es lo mismo disparar que recibir.

El barrio como búnker ideológico. Una primera lectura: quienes quieren homogeneidad ideológica son muchos, muchísimos y en todos los segmentos ideológicos. El 49% de los libertarios elegiría vivir en un barrio donde la mayoría comparte su ideología (frente a solo el 37,4% que prefiere diversidad). Es el sector con la preferencia más marcada por la segregación residencial ideológica, muy por encima del centro (33,4% quiere homogeneidad vs. 53,5% que prefiere diversidad), la izquierda (40% vs. 43,5%) o el peronismo (44,6% vs. 43,5%). La batalla cultural que se predica hacia afuera convive con una tendencia muy marcada a encerrarse hacia adentro. La paradoja no es menor.

El daño en los vínculos es real y profundo. En una escala del 1 al 5 sobre cuánto dañó la hostilidad política las relaciones clave —amistades, familia, trabajo—, tres sectores muestran un balance claramente negativo: izquierda 73,3% con daño significativo vs. 25,7% sin daño; peronismo 64,2% vs. 34,1%; centro 60,4% vs. 37,2%. Solo el sector libertario invierte esa relación: 45,5% con daño vs. 52,9% sin daño. El optimismo o la mayor homogeneidad de sus redes sociales los protege. Por ahora.

La ansiedad política tampoco respeta ideologías. El 44,3% del peronismo, el 38,2% de la izquierda, el 33,7% del centro y el 26,7% de los libertarios admiten haber sufrido ansiedad o insomnio por discusiones políticas agresivas, sean presenciales o digitales. Como señala Emily Sydnor en Disrespectful Democracy (2019), la incivilidad tiene consecuencias psicológicas concretas para los individuos. Los datos lo confirman: la política ya no solo divide, también enferma —aunque sea poco a poco, de manera leve y rutinaria.

El amor tampoco puede todo. ¿Aceptaría una pareja con ideología contraria a la suya? La izquierda es la más restrictiva: solo el 40% dice que sí, y el 46,7% directamente descarta la relación. Más que los libertarios (40,3% la descarta), el peronismo (44,1%) o el centro (31,9%). Si la pareja fuera de su hijo o hija, el 11,4% de los votantes de izquierda lo excluiría de la familia —más del doble que cualquier otro sector. Rompe el estereotipo habitual sobre de qué lado está la intolerancia en la Argentina. Los datos no hacen concesiones a ningún bando y, en general, la explicación de la diversidad está asociada a un condicionante muy potente: que no se hable de política, como más adelante se verá.

El capítulo más incómodo es el de las etiquetas. Los motes con que cada tribu designa a los otros fueron recopilados colaborativamente en redes sociales para este estudio. ¿Los usó alguna vez? En etiquetas deshumanizantes —“ratas”, “cucarachas”, “termos”, “marrones”—, el sector libertario lidera claramente: 37,3% las usó, frente al 26,5% del centro, el 21% de la izquierda y el 20,2% del peronismo. Pero, cuando se pregunta por etiquetas de extremo ideológico —“fascista”, “nazi”, “comunista”—, el mapa se invierte de manera exacta: la izquierda lidera con el 39% de uso declarado, seguida del peronismo (27%), el centro (25,7%) y los libertarios (23,7%). Dos estrategias distintas de incivilidad discursiva. Ningún sector queda limpio. Y ese es exactamente el punto.

Lo que duele, también, difiere cualitativamente. Al peronismo le parecen graciosos “peronchos” y “choripaneros” —los puede resignificar como insignia—, pero le duelen “negros de mierda” y “parásitos” —los que atacan su dignidad de clase.

Al libertario le divierte “libertonto”, pero lo hiere “niños nazis” —cuando el mote deja de ser burla y se vuelve acusación histórica seria.

Al centrista le causa gracia “gorila” y “tibio”, pero lo lastima “vende patria”.

Para la izquierda, “zurdo” y “trosko” son casi emblemas, pero “zurdo de mierda” y “mugriento” duelen sin remedio.

El umbral del dolor está siempre donde el insulto ya no puede neutralizarse con ironía ni apropiarse como orgullo identitario.

El patrón que atraviesa toda la encuesta es el silencio como solución. En casi todas las preguntas sobre tolerancia al otro ideológico —como pareja, como familiar funcionario de un gobierno que se detesta, como amigo—, la respuesta más elegida en todos los sectores incluye siempre alguna variante de “sí, pero no hablaríamos de política”. Entre el 25% y el 35% de los encuestados, según la pregunta y el sector, pone esa condición. Eso no es integración. No es deliberación democrática. Es una tregua precaria que funciona hasta que deja de funcionar, y casi todos lo saben sin decirlo.

Un plus para la “batalla cultural”. Es la que el sector libertario pregona, pero no termina de reflejarse del todo en sus conductas. Son el sector que más evita hablar de política en familia, que más etiquetas degradantes usa en el ámbito digital pero menos rechaza trabajos por razones ideológicas, y el que menos percibe la agresividad del ambiente, aunque sus líderes la producen sistemáticamente. Del lado opuesto, los sectores progresistas muestran más coherencia entre discurso y conducta —pero en una dirección que también cuesta: más restricción en amistades, más exclusión familiar, más rechazo a la pareja ideológicamente opuesta. La coherencia puede ser un problema cuando lo que se proclama es el cierre.

Como escribió Amós Oz: "la semilla del fanático siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo" (Contra el fanatismo, 2023). Y como documenta Liliana Mason en Uncivil Agreement (2018), la clasificación sociopartidista genera rencor e incivilidad, incluso entre sectores comparativamente moderados. La polarización afectiva ya no es un fenómeno de los extremos, está presente y transversalizada en toda la sociedad.

Lo que está en juego no son los resultados electorales, lo que está en juego es la posibilidad de seguir habitando el mismo país, con un mínimo de respeto mutuo y reconocimiento del otro como ciudadano legítimo —aunque uno piense que está profundamente equivocado. La grieta no es el problema en sí. El problema surge cuando convivir deja de dar espacio al debate y se convierte en el borde de un abismo desde el que solo se lanzan piedras.

El silencio obligado en las cenas de Navidad no es convivencia. Es, a lo sumo, la postergación de un problema que tarde o temprano vuelve a la mesa —y siempre con más fuerza.

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Mario Riorda es profesor de Comunicación Gubernamental y de Crisis en la Universidad Austral.

Patricia Nigro es profesora sobre temas de Ciencias del Lenguaje y Discurso Político en la Universidad Austral.

Este artículo forma parte de la investigación “¿Qué está cambiando en la comunicación política latinoamericana con los discursos de incivilidad?”, radicada en la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral. La encuesta aludida fue realizada por sistema CAWI, 800 casos (200 por cada grupo seleccionado), entre el 25 y el 27 de septiembre de 2025 por Zuban/Córdoba

Las quejas por el servicio a los afiliados del IOMA y los pagos a profesionales de la salud que atienden pacientes por esa obra social son moneda corriente desde hace años y la política bonaerense, desde espacios de la oposición, se hizo eco en numerosas ocasiones. Según el presupuesto provincial 2026, el IOMA contará para este año con recursos por $2.422.114.040.000.

En numerosos artículos periodísticos, LA NACION dio cuenta de las deficiencias denunciadas en la obra social del Estado provincial. En febrero de 2024, relevó un escenario de cirugías suspendidas por atrasos en pagos de honorarios a anestesiólogos, que se combinaban con inconvenientes en la provisión de pañales e insumos para pacientes con diabetes y ostomizados, una situación que denunciaba el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. A eso, se agregaba falta de atención por la obra social en clínicas de Mar del Plata y cortes de servicios a IOMA por parte de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.

En junio del año pasado, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan le reclamó al IOMA una deuda total de $4100 millones acumulada desde el año 2017, de los cuales la obra social había saldado poco más de $1000 millones.

En marzo de 2026, el IOMA sufrió una circunstancia ajena a sus prestaciones de salud, al ser blanco de un ataque cibernético a sus padrones de afiliación que, según comunicó la obra social, no afectó “los datos personales” ni “el funcionamiento del instituto”.

Entre otros, exlegisladores provinciales como Maricel Etchecoin (de la Coalición Cívica, que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo e hizo un pedido de informes a la gobernación), o el radical Ariel Bordaisco (que solicitó declarar al IOMA en emergencia sanitaria y financiera), reclamaron por la situación de la obra social. Tras el discurso de apertura de sesiones de Kicillof, el 2 de marzo, el diputado provincial Diego Garciarena, de la UCR, afirmó: “El IOMA es responsabilidad exclusiva del gobierno bonaerense, y allí todavía no vemos una reforma profunda ni los recursos de los afiliados garantizando las prestaciones”.

El cúmulo de quejas llevó a un concejal de La Libertad Avanza a iniciar una causa judicial, en noviembre del año pasado, que se encuentra en la Sala I de la Cámara Federal de La Plata para resolver la competencia. El denunciante es Marcelo Mazzeo, edil del distrito de Esteban Echeverría. Pidió que se investigue a Giles, titular del IOMA, pero también a Kicillof, por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.

Según la presentación judicial del concejal Mazzeo, en el IOMA existe un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”. Entre otros puntos, indicó que “las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo han denunciado de manera reiterada la falta de pago de honorarios, demoras superiores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos”.

En el gobierno provincial, no obstante, el respaldo a Giles es contundente. “Estamos muy conformes con el funcionamiento de todo el Ministerio de Salud [que conduce Nicolás Kreplak] y del IOMA, que es un apéndice. El problema no es el IOMA, el problema es todo el sistema de salud de la Argentina. El IOMA sufre las mismas consecuencias que sufren OSDE, Medicus, los hospitales municipales y los provinciales. En un sistema que no es el mejor del mundo, a pesar de que nosotros lo integramos y mejoramos muchísimo, llegó [Javier] Milei, desreguló el precio de los medicamentos y de los tratamientos, y esos precios se fueron a las nubes”, argumentó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, en diálogo con LA NACION.

“Tenemos hechos los gráficos sobre los servicios que prestó el IOMA el año pasado y aumentaron. Y aumentó el presupuesto que el gobierno le destinó al IOMA. En municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, al trabajador municipal se le están descontando $56.000 por mes, en promedio, para todo el grupo familiar. Brinda una cobertura que puede llegar a tener problemas, pero es bastante completa. Si eso lo tuviera que pagar en una prepaga, no baja del millón de pesos para el grupo familiar”, comparó Bianco.

“El problema es Milei, como siempre, que desreguló el mercado y se fueron los tratamientos y medicamentos a las nubes. Encima, nosotros tenemos que cubrir todo lo que deja de financiar el gobierno nacional, como el Programa Remediar, los medicamentos oncológicos. El problema siempre es Milei. No es el IOMA, no es OSDE ni el hospital municipal. El problema es Milei”, recalcó Bianco, funcionario del círculo de mayor confianza de Kicillof.

La obra social tiene 2.132.220 personas afiliadas, según informa en su sitio web oficial. Son producto de afiliaciones obligatorias, voluntarias y por convenios con otras provincias. Cuenta con 14 direcciones regionales y 198 oficinas de atención en el territorio bonaerense.

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En algunos distritos, la afiliación obligatoria al IOMA comenzó a ponerse en discusión. El caso más reciente es San Isidro, donde la concejala María Feldtmann (Partido Demócrata, que integra una bancada de dos ediles alineada con Milei) presentó un proyecto de ordenanza para eliminar la obligatoriedad. “Venía recibiendo reclamos por el mal funcionamiento del IOMA y me pareció que lo mejor que podía proponer era que la gente pueda elegir libremente su cobertura médica. Por eso, presenté un proyecto para derogar un artículo de una ordenanza, del tiempo de la Revolución Argentina, que obliga a todos los empleados municipales a derivar sus aportes al IOMA. Lo que plantea el proyecto es la libre elección de la cobertura médica”, explicó Feldtmann a LA NACION.

La concejala de San Isidro, que en 2023 encabezó la boleta de ediles de La Libertad Avanza en el distrito, hizo una publicación en su cuenta de la red social Instagram con su proyecto y, según dijo a este diario, recibió “miles de reclamos de toda la provincia de Buenos Aires, que además de la libre elección, son por falta de pago del IOMA y otras irregularidades”.

Hubo otros casos, como el de San Nicolás, que dejó de trabajar con el IOMA en 2023 y tuvo durante un lapso mayor a un año a sus empleados municipales cubiertos con la firma Avalian. Retomó el IOMA tras obtener un acuerdo para que la obra social brinde servicios con los principales centros privados del distrito y luego de experimentar tirantez política con el gobierno provincial. Capitán Sarmiento y Tres de Febrero también habían dejado de lado al IOMA como opción obligatoria. En mayo de 2023, en Tigre, la oposición había aprobado una ordenanza para eliminar la obligatoriedad del IOMA para los municipales, pero luego la vetó el intendente, Julio Zamora.

El préstamo fue garantizado con una hipoteca sobre el departamento en el que Adorni vivía entonces con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires.

Según la documentación de la operación, Molina de Cancio aportó 85.000 dólares y Cancio, 15.000.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. El vínculo con Adorni fue a través de la escribana del funcionario, Adriana Nechevenko, que declaró que fue ella quien le presentó a las dos mujeres al jefe de Gabinete, que le había pedido que le consiguiera prestamistas porque necesitaba el dinero.

La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal sobre Molina y Cancio. Quiere saber si tenían la capacidad económica y financiera para asumir el rol de prestamistas.

Las dos tienen inmuebles a su nombre en la ciudad de Buenos Aires. LA NACION hizo pedidos de informes ante el Registro de la Propiedad y resultó que Victoria Cancio es titular de un inmueble en Scalabrini Ortiz esquina Padilla, uno en Perú 79 y otro en Juan de Garay esquina Pereyra.

También figura como dueña de una “parte indivisa” de otros dos inmuebles: uno en Maza 1615 y otro en Paraguay 928; este último lo comparte con su madre.

Molina aparece en el registro como titular de una propiedad en Maza 1681 y otra en Guayaquil 60.

Los giros de dinero se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, casi en paralelo a cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores a la obra social, la viga maestra de los negocios del imperio camionero. Además, las transferencias se dieron un mes después de activarse en la Justicia una causa por un presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel que el sindicato tiene en Mar del Plata.

Las primeras dos de las cinco operaciones que activaron alarmas internas en el sindicato se concretaron el 5 de septiembre, según los detalles de las transacciones a los que accedió LA NACION. Una fue de casi $50 millones con destino al fideicomiso Thoth y otra fue de más de $90 millones para Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado que en 2008 se asoció a Moyano en la creación de una empresa llamada Organización de Seguridad Las Marías SA. Al poco tiempo de vincularse con el jefe camionero, Sodini fue designado como director de Transporte de Cargas del gobierno bonaerense que por entonces encabezaba Daniel Scioli, hoy funcionario libertario. Sodini no respondió el viernes a los llamados de LA NACION.

La tercera de las operaciones se concretó el 9 de septiembre y fue por $147 millones con destino a un fideicomiso llamado Khasis. El dinero salió de la cuenta del sindicato. Las últimas dos transferencias fueron giradas desde la cuenta de la obra social. El 16 de septiembre se enviaron casi $30 millones a un fideicomiso llamado Dhanvantari. Al día siguiente, hubo un nuevo depósito, pero de casi $590 millones. Dhanvantari es el dios hindú de la medicina, el rubro que le abrió hace décadas las puertas de los grandes negocios a Zulet. Ni ella ni Moyano respondieron a la consulta de LA NACION.

Dos de los tres fideicomisos se registraron el mismo día (1° de noviembre de 2024) mientras que el restante lo hizo al mes siguiente, el 1° de diciembre de 2024. Pero lo más sugestivo es el domicilio fiscal: los tres lo situaron en la avenida Belgrano 1255, donde están las oficinas de las empresas Iarai (de salud y asistencia), Aconra (una constructora) y Dixey (dedicada a la industria textil). Se trata de las históricas compañías que integran el holding que encabeza Zulet y que encadenó ganancias extraordinarias a pesar de tener a un solo cliente: el gremio de los camioneros. En las tres sociedades figura contratado a sueldo Jerónimo Moyano, el hijo de 26 años que tienen Zulet y el sindicalista.

Iarai, que es la que administra la obra social, no tiene hoy casi deuda con el sistema financiero. Pero Aconra (la constructora) y Dixey (la de industria textil), también manejadas por Zulet y sus hijos, arrastran un pasivo de $47.000.000 y de $2.309.000, respectivamente.

Desde hace años, en los directorios de estas empresas se alternan roles Zulet con dos hijos que tuvo de otros matrimonios: Valeria Alejandra Salerno (45 años) y Juan Noriega Zuleta (39 años). El 21 de noviembre de 2016 ambos ingresaron al blanqueo de capitales US$ 1.100.000 provenientes de actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). La investigación de la UIF, publicada por entonces por LA NACION, reveló además que las sociedades proveedoras del gremio que manejan los hijastros de Moyano compraron seis casaquintas en Parque Leloir, una zona a la que el jefe camionero solía frecuentar hasta que hace unos años decidió alquilar una casa en el exclusivo country Abril, en Hudson, según fuentes que conocen la dinámica familiar de uno de los sindicalistas más poderosos del país.

Según fuentes que conocen los movimientos de dinero del Sindicato de Camioneros, las transferencias al fideicoimiso Khasis tendrían como destino final Aconra, mientras que los fondos girados a Thoth irían a la textil Dixey. Los millones de pesos derivados a Dhanvantari terminarían en Iarai, la administradora de la obra social de camioneros que fue creada en 2003, en plena expansión del poder gremial y económico de Moyano, y que hoy está atraviesa por una crisis financiera asfixiante, con una deuda que rondaría los $60.000 millones, según fuentes sindicales. “Las transferencias de dinero a estos fideicomisos o a estas empresas de Zulet son habituales, se hacen todos los meses” dijo en reserva un histórico dirigente moyanista que sospecha de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato.

Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.

El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en suspenso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. “No pueden justificar gastos. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial, que está a cargo del fiscal Carlos David Bruna y de la jueza Lucrecia María Bustos. Por este caso, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa.

Moyano y Zulet podrían jactarse de tener un polirubro de empresas. Administran desde una prestadora médica y una constructora a una fábrica textil y una aseguradora. También influyen en una transportista y en una agencia de seguridad. La preocupación del matrimonio que hace negocios con el sindicato de camioneros no pasa hoy por lo judicial sino por mantener en pie el imperio, sobre todo, la obra social.

La crisis de la obra social

La deuda de la obra social solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza a febrero de este año los $32.400.067 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió LA NACION. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $60.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. Para auxiliarla, Moyano recurrió a la ayuda de los empresarios. Desde hace más de un año, se acuerda en paritarias un aporte empresarial mensual que va directamente a la caja de la obra social del gremio. El monto es hoy de $25.000 por cada trabajador registrado. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.

Ni siquiera este salvavidas empresarial les permitió a Moyano y Zulet sostener los servicios de la obra social. De los cinco sanatorios que tienen en Buenos Aires, solo el de San Justo está en pleno funcionamiento. Además, se suspendieron beneficios en los descuentos en los medicamentos, los afiliados tienen que pagar un coseguro para realizarse estudios y los salarios del personal y de los médicos no se pagan en tiempo y forma, según informaron fuentes de Oschoca. Zulet fue blanco de los reclamos internos el año pasado, cuando el conflicto alcanzó su cima de tensión por un paro en las clínicas del gremio.

Enfrentado a Zulet, Pablo Moyano, secretario adjunto y virtual número dos del gremio, renunció por carta hace dos años al directorio de la obra social. Responsabiliza directamente a la esposa de su padre por el déficit de la prestadora médica. Además, habría manifestado su rechazo a la venta de propiedades del gremio para solventar la crisis de Oschoca. Se trataría de una reciente operación inmobiliaria por un inmueble del gremio en la avenida Independencia.

Bajo su conducción, Moyano expandió la riqueza del sindicato, que cuenta con unas 280 propiedades distribuidas estratégicamente por todo el país, lo que representa un tesoro inmobiliario incalculable. Ese botín, más otros negocios que orbitan alrededor del sindicato, son motivo de disputa entre los herederos del patriarca, que a los 82 años no piensa todavía en el retiro.

La aprobación de dicho tratado es clave porque coronará una serie de medidas que viene adoptando el gobierno libertario para eliminar las restricciones sobre propiedad intelectual que se impusieron durante la gestión kirchnerista -en particular sobre los medicamentos- en defensa de los laboratorios nacionales.

El PCT, al que nuestro país planea suscribir con esta ley, implicará un cambio estructural pues una vez registrada una patente por parte de un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en las 158 naciones firmantes del tratado. Abarca todo tipo de patentes, no solo las farmacéuticas, pero es en esta industria donde el impacto, por los millones de dólares en juego, será mayor.

En efecto, en la práctica este tratado blinda la innovación -como reclama la industria farmacéutica extranjera que dedica millones a la investigación- y bloquea la copia de fórmulas por parte de terceros, en su mayoría laboratorios nacionales que, a su favor, argumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.

Se espera un debate acalorado este martes cuando se reúnan las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. El kirchnerismo y la izquierda, en pie de guerra, acusarán al Gobierno de favorecer los intereses de los laboratorios y corporaciones internacionales a costa del bolsillo de los argentinos. Por contrapartida, los libertarios y sus aliados insistirán en que el régimen actual de patentamiento desfavorece a los innovadores locales y que es necesario que el país se adecúe, por fin, a los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

“Adherir al PCT es un gesto de seriedad hacia cualquier inversor que quiera apostar a la innovación argentina -aseveró el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace-. Hoy, un emprendedor o una universidad que quiere proteger su invención en el mundo tiene que hacerlo a través de Perú o Ginebra porque Argentina no tiene oficina receptora propia. Eso tiene un costo real —de tiempo, de burocracia y de recursos— para nuestra capacidad de exportar conocimiento.”

El oficialismo es optimista: confía en que antes de fin de mes –fecha límite que establece el acuerdo firmado con Trump- el PCT será ley. El Senado le dio media sanción el 22 de julio de 1998 (durante el gobierno de Carlos Menem) pero no perdió estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional, por lo que solo resta la aprobación de la Cámara de Diputados. La sesión se celebraría el próximo miércoles 22.

Tres puntos

A la hora de firmar el acuerdo recíproco con los Estados Unidos en febrero pasado, la Argentina se comprometió a cumplir con tres puntos en materia de propiedad intelectual:

• Derogar la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre pautas de patentamiento que dictó la expresidenta Cristina Kirchner en 2012. Esta resolución anuló en los hechos la ley de patentes sancionada en 1995 por el gobierno de Menem y que había sido reclamada por los Estados Unidos.
• Ratificar expresamente antes del 30 de abril de 2026 el Patent Cooperation Treaty (PCT, Tratado de Protección de Patentes), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). El PCT establece un procedimiento unificado que permite tramitar protección en los 158 países miembro mediante una única “solicitud internacional”.
• Adherir, antes de diciembre de 2027, a varios tratados internacionales adicionales de especial relevancia para el ecosistema de patentes e innovación.

A instancias del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, nuestro país ya cumplió con el primer punto y derogó, el mes pasado, la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 firmadas, en su momento, por los exministros Juan Manzur (Salud), Débora Giorgi (Industria) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Allí se fijaban criterios fuertemente restrictivos para patentar invenciones químico‑farmacéuticas.

A partir de esta derogación de esas normas, que restringían la posibilidad de patentar una invención farmacéutica, ahora los laboratorios podrán traer sus productos y los demás no podrán copiar su fórmula por 20 años y ofrecer uno similar. Pero en la resolución derogatoria el Gobierno estableció un mecanismo de protección para los productos que ya circulan, al disponer que podrán ser comercializados como hasta ahora sin pagar las respectivas patentes.

De esta manera, el gobierno libertario instrumentó un esquema salomónico para evitar que la grieta entre los laboratorios nacionales y los extranjeros termine en un enfrentamiento abierto de intereses millonarios.

Esta medida se coronará con la adhesión al tratado PCT que, como se dijo, no solo contempla la protección sobre productos farmacéuticos sino sobre todas las patentes que sean radicadas. Entre ellas, las de los agroquímicos, otra industria de alto impacto en nuestro país.

Los tres episodios, con tono de comedia ligera, se dieron el lunes, antes de la reunión de gabinete que –por orden del presidente Javier Milei-encabezara el jefe de gabinete Manuel Adorni. Los equívocos tenían una razón lógica: hacía más de un mes que el ministro coordinador no reunía a sus pares, todos juntos en el mismo lugar, y el reencuentro coincide con el avance de las causas judiciales en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito, en el juzgado del juez federal Ariel Lijo.

La reunión de gabinete, definida como “pesada” por uno de sus protagonistas, fue la primera cita de una semana agitada para el jefe de gabinete, quien también se juntó a solas con Presti, Lugones y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para reuniones de trabajo. De los tres, sólo la sucesora de Patricia Bullrich esbozó una sonrisa en las fotos que la misma Presidencia distribuyó una vez finalizadas. En contraste, el propio Adorni lució sonriente y en control, siempre mirando a cámara.

Sin conferencias de prensa ni contacto público con periodistas y medios, varios de los cuales no pudieron ingresar a la Casa Rosada por su presunta participación en la supuesta “infiltración” del Kremlin, el jefe de gabinete siguió preparando su presentación ante el Congreso, prevista para el miércoles 29. “De ninguna manera. Además, no hay cambios”, contestaba por estos días uno de los ministros que sonó durante este último mes como eventual reemplazo del jefe de gabinete, aunque no son pocas las voces las que, en voz baja, sugieren que, tarde o temprano, habrá modificaciones en el staff ministerial.

Los libertarios quieren hacer pie en San Lorenzo

Se sabe que política y futbol están hoy, más de la mano que nunca en la Argentina. Y mientras el Gobierno pelea contra el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, varios de sus integrantes intentan sentar sus bases en uno de los clubes grandes, San Lorenzo de Almagro, que el 30 de mayo elegirá presidente hasta fines de 2027. El actual presidente interino y antiguo funcionario Pro, Sergio Constantino, que se impuso en la última elección interna a Matías Lammens, se le opondrán cuatro listas, una de las cuales es encabezada por el abogado Manuel Agote, cercano nada menos que al armador bonaerense karinista Sebastián Pareja, parte de la agrupación Movete Boedo Movete.

Además de ellos, están en la lista presentada esta semana otros dirigentes ligados al oficialismo: el experimentado ex funcionario Pro Juan Curuchet, Nicolás Ferro (funcionario del Banco Central), y Walter Weimann, coordinador de medios provinciales en la secretaría de prensa de Presidencia. De este último, opositores interesados recuerdan con malicia un antiguo paso por el cristinismo.

Lospennato encendió la polémica en el gabinete porteño

Días agitados en la política y la economía nacionales contagian a las administraciones provinciales y el gobierno de la ciudad. Cuentan testigos privilegiados que días pasados, en el gabinete porteño de Jorge Macri ardió troya, cuando se supo que la legisladora porteña Silvia Lospennato, la misma que encabezara la lista de legidsladores porteños de Pro en mayo pasado, derrotada por La Libertad Avanza, tiene listo un proyecto de ley que propone quitarles el sueldo a los comuneros, un interesante ingreso, hoy casi equivalente al de los legisladores porteños.

“Yo voy a mandar un proyecto para bajarles el sueldo a los legisladores, entonces”, desafió durante una reunión de gabinete Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno de la ciudad, y que tiene a su cargo las juntas comunales porteñas. Fuera de micrófono, voces de la calle Uspallata acusan a Lospennato de “cortarse sola”, en la búsqueda de competir con el discurso libertario, que en la ciudad propone una fuerte reducción de gastos en distintas áreas de la administración.

Sturzenegger y su curiosa apuesta por la banca china

Tensa y movida fue la semana en el Banco Nación, bajo fuego mediático por la difusión de créditos millonarios a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La respuesta oficial, que buscó desinflar las presentaciones judiciales de miembros de la oposición, tuvo como uno de sus argumentos principales en que la existencia de una norma que favorecía a funcionarios y empleados públicos para tomar créditos a tasa preferencial, siempre que fueran clientes del banco estatal. “Tenemos el 95 por ciento de las cuentas sueldo del Estado, las ganamos todas por licitación”, se ufanaban cerca del presidente Darío Wasserman.

En el 5 por ciento restante aparece una curiosidad: no se trata del Ministerio de Defensa, que contrató al banco Supervielle, o del Indec, cuyos empleados cobran su salario en el banco Macro. Las ironías, en los pasillos de la calle Rivadavia, tenían un destinatario: el Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, quien al igual que sus subordinados percibe su salario en el banco ICBC, de origen chino. Alusiones risueñas al “coloso chino” (banquero en sus épocas de dirigente Pro) no faltaron, en tiempos de alineamiento sin dobles discursos de Argentina con Donald Trump.

La UCR quiere una estatua de Alfonsín en territorio porteño

Preocupados por no perder el tren en plena ola libertaria, en el radicalismo se viven tiempos de cambio. Con el joven Leonel Chiarella a cargo del Comité Nacional, Hernán Rossi a cargo del radicalismo porteño, y un grupo de gobernadores en el que sobresale el santafesino Maximiliano Pullaro, en la UCR imaginan iniciativas para fidelizar militancia y simpatía, mientras otros miembros del partido centenario prefieren pactar con La Libertad Avanza. En ese contexto, desde la legislatura porteña avanza una iniciativa radical: un monumento para el ex presidente Raúl Alfonsín en territorio de la ciudad. “Hay uno en Chascomús, el más grande. También en otras ciudades bonaerenses y del Interior, pero salvo la estación de subte y el Paseo del Bajo no hay nada a nombre de Alfonsín”, dicen cerca de los diputados Francisco Loupias y Aldana Crucitta, promotores de la iniciativa junto a la ex legisladora, del mismo partido, Inés Parry.

Comentan desde el radicalismo que ya comenzaron a estudiarse distintas zonas de la ciudad en las que la estatua podría ser emplazada, aunque para ello hará falta el visto bueno de los demás bloques que componen la legislatura porteña.

El 17 de marzo, Fernández -jefa comunal de Moreno desde 2019, vicepresidenta del PJ nacional presidido por Cristina Kirchner, y referente del Movimiento Evita- presentó Reconquista, su línea interna en el peronismo, con un acto de inauguración de un local en la ciudad de Buenos Aires, a metros del Congreso, sobre la calle Combate de Los Pozos.

La inauguración de la sede del espacio Reconquista fue una suerte de lanzamiento de Fernández hacia la competencia por la candidatura bonaerense de 2027. “El objetivo es caminar con Mariel para instalarla como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, afirmó a LA NACION una fuente del Movimiento Evita. “La semana que viene [por esta semana que comienza], empieza con recorridas en la provincia”, añadió.

El acto de la intendenta de Moreno aglutinó a representantes de sectores divergentes del PJ. Entre ellos, Carlos Bianco (ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof); Mayra Mendoza y Lucía Cámpora (diputada provincial y diputada nacional, respectivamente, ambas de La Cámpora); el diputado nacional Jorge Taiana (que encabezó la lista legislativa de Fuerza Patria por Buenos Aires en 2025); los intendentes de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y de San Vicente, Nicolás Mantegazza (los dos cercanos a Martín Insaurralde y a Máximo Kirchner), y representantes del Movimiento Evita como Emilio Pérsico, Patricia “Colo” Cubria o Leonardo Grosso.

“Axel deja el hueco. [El lanzamiento de Fernández] es algo que está hablado con todos, por eso vinieron todos a la presentación. Con los intendentes, hay acuerdos tácitos y explícitos para bancarse. Lo importante es que alguno sea competitivo”, consideró una fuente del nuevo espacio político de la intendenta de Moreno. “[El presidente Javier] Milei gobierna para el 1%; el resto, tenemos que salir a juntarlo”, subrayó.

Ese “acuerdo tácito” habla de una vieja deuda del peronismo con los intendentes bonaerenses: el último en llegar a gobernador fue Eduardo Duhalde (Lomas de Zamora). Desde entonces, los candidatos que llegaron a la gobernación tuvieron una base de sustentación nacional o directamente porteña, antes que bonaerense y territorial.

En los últimos días, al nombre de Fernández se le sumó el de Ferraresi, que gobierna en Avellaneda desde 2011. No hizo un lanzamiento oficial, pero lo propuso como candidato, en un acto público, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, impulsor, como el intendente de Avellaneda, de Kicillof en la interna del peronismo.

“Lo que hicieron Axel y Jorge es más que épico, es milagroso. Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros, ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires, seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece es Jorge Ferraresi”, dijo Larroque el último miércoles, en Avellaneda, con Ferraresi a su lado, durante la inauguración de dos sedes del Programa Envión y de la Liga Deportiva Municipal.

Según pudo saber LA NACION de una fuente bien informada sobre los movimientos políticos de Ferraresi, el intendente comenzará con recorridas por la provincia de Buenos Aires luego del Mundial de Fútbol, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Ferraresi hizo punta en el posicionamiento de Kicillof como líder del peronismo y potencial candidato presidencial desde una orilla alejada a Cristina y Máximo Kirchner. Fue de los primeros en recorrer la provincia para motorizar el armado del kicillofismo, que luego derivó en el sello Movimiento Derecho al Futuro, denominación de la agrupación del gobernador. Larroque, exintegrante de La Cámpora, es uno de sus aliados en esa campaña que, con otros intendentes, como Mario Secco (Ensenada), llevan delante de manera más explícita desde 2024.

Fútbol con mensaje

Ayer, un simple partido de fútbol dominguero se convirtió en una imagen con lectura política bonaerense. Es que en San Vicente se juntaron a correr detrás de la pelota varios intendentes que también fantasean con ser candidatos a gobernador. Y, al final del encuentro, apareció –como quien no quiere la cosa– el exministro Sergio Massa.

Se pusieron los pantalones cortos los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Julián Álvarez (Lanús) y Gustavo Menéndez (Merlo), quienes integraron uno de los equipos, que se enfrentó con otro de mayoría massista, capitaneado por el diputado Sebastián Galmarini y con Juan Andreotti (San Fernando) en sus filas. Más allá de la anécdota futbolera, dieron a entender que puede haber un espacio en formación.

No fueron de la partida, pero también se anotan en la carrera por el sillón de Dardo Rocha los kicillofistas Julio Alak (La Plata) y Gabriel Katopodis (jefe político en San Martín), junto a la camporista Mendoza (jefa política de Quilmes). Resta mucho para saber si, esta vez, un intendente logrará dar el salto.

Además, solicitó un pedido de medidas cautelares contra el régimen venezolano para " activar mecanismos internacionales de protección".

La ONG Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, que integran Elisa Trotta, Waldo Wolff, Graciela Fernández Meijide y Karina Banfi, entre otros, acompañó el reclamo ante la Comisión.

La familia de Giuliani también recibió el apoyo de organizaciones de derechos humanos.

Según la presentación, Giuliani permanece detenido desde 2025 “sin garantías judiciales”, en condiciones que incluyen denuncias de “torturas, aislamiento y falta de información sobre su estado de salud”. En este sentido, la diputada Banfi advirtió que el caso evidenciaba un escenario de “desprotección institucional”, particularmente por la “falta de una medida cautelar ante la CIDH, considerada clave para habilitar la actuación del organismo en denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

Giuliani fue detenido por el régimen chavista el 21 de mayo de 2025 y su familia todavía desconoce su paradero. A principios de este año, después de la captura de Nicolás Maduro, trascendió un video que el abogado filmó en el sitio donde se encuentra privado de su libertad y realizó un desesperado pedido de ayuda: “Temo por mi vida”.

Es un abogado especializado en derecho penal y laboral y titular de su propio estudio jurídico, que había viajado en abril del año pasado a Brasil para ayudar a un cliente con la apertura de un bar y, luego, se trasladó a Venezuela para realizar gestiones similares en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. Sin embargo, el régimen lo detuvo y acusó que estaba en un velero en alta mar “cuando iba a buscar a un narcotraficante” serbio llamado Antun Mrdeza, c”on alerta roja de Interpol porque es requerido por las autoridades italianas por tráfico de drogas".

La causa sigue.! Levantaré la voz siempre que esté a mi alcance.!! Libertad y Justicia 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/VxP7yBEdm1

— Nahuel Gallo (@nahuollag) April 12, 2026

El 1° de marzo, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la liberación de presos, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo, quien pudo volver al país, aunque en la lista de liberados no figuró Giuliani.

En este marco, Gallo se manifestó este domingo en contra del régimen y pidió por la liberación de ciudadanos detenidos en Venezuela. El gendarme corrió una maratón con los ojos tapados y una remera en la que se leía la leyenda: “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”. A su vez, realizó un descargo en sus redes sociales, en el que expresó: “La causa sigue. Levantaré la voz siempre que esté a mi alcance. Libertad y justicia”.

Vanesa, la hermana de Giuliani, en tanto, se pronunció sobre la detención y señaló: “Al principio elegimos no hablar del caso de mi hermano por la mala relación entre Argentina y el régimen venezolano. Pero después entendimos que se trataba de una desaparición forzada, y empezamos a salir en los medios para pedir una fe de vida”.

En la Cámara de Diputados bonaerense, durante 2026, hubo una sesión extraordinaria, el 24 de febrero, en la que el tema más relevante fue la creación de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. El 2 de marzo, fue la sesión de apertura del período ordinario de la Legislatura, con el gobernador Axel Kicillof al frente y en conjunto con el Senado. Y el 18 de marzo, la sesión especial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hasta el momento, no hubo más sesiones en esta Cámara, que preside el diputado Alejandro Dichiara, exintendente de Monte Hermoso y un referente del peronismo en la sexta sección electoral bonaerense, alineado con Máximo Kirchner.

Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados provincial, informaron a LA NACION que el proceso de conformación de las comisiones “viene avanzando, aunque todavía no se ha cerrado la totalidad de los acuerdos”. Indicaron también que “el principal punto de discusión está vinculado a la comisión de Reforma Política y del Estado, una comisión estratégica por la que deben pasar todos los proyectos vinculados a eventuales cambios en el sistema electoral”. En cuanto a la realización de sesiones ordinarias, aseguraron que “se está trabajando para su puesta en marcha en el corto plazo”.

Por su parte, en los bloques opositores de la Cámara de Diputados trazaron un panorama oscuro. “Estoy preocupado. Este es el año [para que avancen las Cámaras con proyectos], porque se supone que va a haber desdoblamiento electoral y, por lo tanto, adelantamiento de la elección provincial, lo que nos va a llevar a discutir internas en enero del año que viene. Este año es importante. Por la atomización, es difícil llegar a acuerdos por las comisiones. La Libertad Avanza está pidiendo mayorías en comisiones que no les corresponden, a lo que se suma la propia discusión del peronismo. Las comisiones no avanzan”, describió el panorama de la Cámara de Diputados un legislador opositor.

Otra fuente opositora de la Cámara baja provincial subrayó a este diario que “no hay comisiones y, sin despachos de comisión, no hay proyectos” para llevar al recinto. “No lo está resolviendo el oficialismo, por su interna. Creo que el problema grande es Reforma Política, con los temas del calendario electoral, el desdoblamiento, las PASO, la boleta única de papel y las reelecciones [por la posibilidad de que vuelvan a ser indefinidas para intendentes y legisladores]”, agregó la fuente.

La Cámara de Senadores provincial, en tanto, abrió su recinto solo el 27 de febrero (para definir sus autoridades en una sesión preparatoria, algo que había quedado empantanado a fines de 2025, por internas del peronismo y reclamos de otras fuerzas) y el 26 de marzo (la sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la verdad y la Justicia). La Cámara de Senadores, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, no volvió a reunirse para sesionar.

Un senador de la oposición provincial afirmó que en esa Cámara “aún no hay nada”. Las definiciones de las comisiones se conocerían todas al mismo tiempo, en ambas cámaras. “Está todo medio trabado por la interna del PJ en el Senado”, aseveró otra fuente del mismo sector. No están confirmadas las comisiones, está todo paralizado y siguen las vueltas. Están trabados por cuatro presidencias, por internas”, sostuvo otro senador opositor consultado. LA NACION preguntó a la Presidencia del Senado, sin conseguir respuestas.

Fuentes de ambas cámaras coincidieron en señalar que circula “un borrador” con la conformación de las comisiones. “Habría un borrador avanzado y se terminaría de definir la semana que viene. Hay intención de que el Senado sesione la última semana del mes. Mucho margen para seguir dilatando todo no hay, [las comisiones] deberían salir la semana que viene”, sostuvieron desde un bloque opositor de la Cámara que conduce Magario.

“Hay un borrador sobre presidencias y vicepresidencias. Las tres principales comisiones van a ser para el peronismo”, indicó un dirigente de la Cámara de Diputados. Esas comisiones son las de Presupuesto e Impuestos; Asuntos Constitucionales y Justicia, y Legislación General, que –evaluó la misma fuente– serían encabezadas por el massista Rubén Eslaiman, el insaurraldista Juan Pablo de Jesús (avalado por La Cámpora) y la kicillofista Lucía Iañez. “La semana del 20, tendríamos una sesión”, especuló el dirigente consultado.

El presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense para este año es de $222.800.000.000. A fines del año pasado, Kicillof vetó ese cálculo de recursos. Desde la Presidencia de la Cámara, no obstante, aseguraron que “el funcionamiento institucional no se vio afectado y la Cámara continúa desarrollando sus tareas con normalidad”. El Senado provincial cuenta con recursos para este año por $156.204.115.970.

En el Gobierno primó el silencio durante buena parte de la tarde, sin comentarios en relación a la dura caída de un aliado internacional. Recién al anochecer fue el canciller Pablo Quirno quien sentó la posición oficial.

“Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría. Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, posteó el canciller. “La Cancillería argentina valora especialmente el entendimiento alcanzado con el gobierno del primer ministro Viktor Orban y agradece su hospitalidad y colaboración. Asimismo, le desea todo el éxito en su rol como líder de la oposición. Seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”, destacó el jefe de la diplomacia nacional.

Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría.

Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el Presidente @jmilei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita…

— Pablo Quirno (@pabloquirno) April 12, 2026

En sus redes sociales, Milei reposteó otras noticias de la gestión y la economía, como la detención de dos narcos en Tucumán, el aumento de los permisos de construcción en la ciudad de Buenos Aires y exportaciones “récord”. El silencio inicial se contrapuso con la amplia difusión que la Oficina del Presidente le dio a la visita de Milei a Budapest dos semanas atrás.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro.

El mandatario argentino realizó la primera visita oficial a Hungría, un país emblemático para el mundo occidental que… pic.twitter.com/ku2xb1iX8U

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 21, 2026

La actitud del oficialismo distó de recientes comicios en las que el Gobierno, a través de la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, felicitó de inmediato al vencedor, como en las victorias de Nasry Asfura en Honduras (comunicado conjunto con otros países de la región) o la de José Antonio Kast en Chile, afines ideológicamente con el gobierno libertario.

Aliados incondicionales de Trump, y con fuertes coincidencias en sus posturas anti-woke, contra el periodismo, liberales en lo económico y anti-europeistas, Milei y Orban cimentaron en los últimos años un vínculo de indudable cercanía, por lo que la derrota de éste último a manos de un exaliado no cayó bien en el universo libertario.

La derrota de Orban en Hungría y el triunfo de Magyar es una gran noticia para la democracia en Europa y el mundo.

La caída de la extrema derecha puede marcar el inicio del fin de un proceso que hizo de la xenofobia, la homofobia y el odio sus banderas. pic.twitter.com/KhxoKRL7xO

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 12, 2026

Dirigentes con vínculos con Orban a través de la Cpac, como el intelectual Agustín Laje (habló en la edición 2025) o el “celestial” Agustín Romo, evitaron pronunciarse. Laje, de hecho, posteó durante toda la jornada sobre la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Perú, en la que apoyó sin retaceos al candidato Rafael López Aliaga. Pero semanas antes había militado en las redes la campaña de Orban, al repostear un acto conjunto con el vicepresidente norteamericano, J. D. Vance.

“Derrota dolorosa”

Por su parte Federico Pinedo, sherpa del Gobierno en el G20, destacó que Orban “reconoció la derrota”, a la que calificó de “dolorosa”.

Desde que Orban reconoció su traspié y felicitó a Magyar, distintos dirigentes opositores aprovecharon para pasarle la factura al Gobierno. “La derrota de Orban en Hungría y el triunfo de Magyar es una gran noticia para la democracia en Europa y el mundo. La caída de la extrema derecha puede marcar el inicio del fin de un proceso que hizo de la xenofobia, la homofobia y el odio sus banderas”, afirmó el diputado Esteban Paulón (PS).

A su vez, Myriam Bregman (FIT) describió a Orban como “otro amiguito de Milei que pierde las elecciones”. Desde el kirchnerismo, el exministro del Interior Juan Manuel Abal Medina, habló de “una gran noticia para la democracia en el mundo”, y ubicó a Orban “en el modelo de Trump, Bolsonaro, Netanyahu y Milei”.

🗣️ “@PM_ViktorOrban 🇭🇺 va a ganar estas elecciones”.

👉 @JDVance 🇺🇸 en conferencia de prensa en Budapest. pic.twitter.com/2VgjsCnKZM

— Centro de Derechos Fundamentales (@El_Centro_DF) April 7, 2026

En el Pro, en tanto, hablaban de una “derrota del populismo” e ironizaban por lo bajo sobre otra “derrotada”, la vicejefa de gobierno porteño Clara Muzzio, distanciada del jefe de gobierno Jorge Macri, y que tiene a Orban como uno de sus modelos políticos y de gestión.

Aunque forma parte del paquete de reformas que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el proyecto enfrenta resistencias. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado. Sin embargo, aun en este nuevo intento no logra despertar entusiasmo entre oficialistas y aliados.

Reenviamos al Congreso la que llamamos "Ley Hojarasca" que deroga decenas de leyes obsoletas, vetustas y reñidas con la libertad. Es depuración normativa. Cuantas menos leyes más justicia. Como pide nuestro presidente @JMilei Argentina será el país más libre del mundo. VLLC!… pic.twitter.com/P4zDw6EIVA

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 27, 2026

Según pudo saber LA NACION, el oficialismo evaluó en algún momento llevarlo al recinto junto con la reforma de la ley de glaciares, pero finalmente descartó esa posibilidad. La decisión respondió a dos motivos.

El primero fue estratégico. En el bloque libertario prefirieron evitar una agenda recargada en una misma sesión. La discusión por la ley de glaciares ya era, por sí sola, un tema sensible que obligaba a cuidar los votos en un contexto político y judicial complejo para el Gobierno.

El segundo tiene que ver con diferencias internas que todavía persisten en torno al contenido del proyecto. Uno de los puntos que genera mayor debate es la derogación de la norma que permite a los legisladores obtener una credencial para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos.

En el texto oficial, el Gobierno considera que se trata de un privilegio incompatible con el principio de igualdad ante la ley. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma”, sostiene la iniciativa.

Pero dentro del propio oficialismo el argumento genera resistencias. Algunos diputados prefieren hablar de “utilidad” antes que de privilegio. “Muchos legisladores llegan por tierra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, [Axel] Kicillof te corta las rutas para impedir que llegues a votar una ley?”, argumentó un referente libertario para defender la continuidad de esa credencial.

Los cuestionamientos no terminan allí. Abogados del espacio advierten que, desde el punto de vista jurídico, no es imprescindible derogar leyes consideradas obsoletas. “Una ley nueva deja sin efecto a una anterior”, explican. Aunque reconocen que la iniciativa contribuye a engrosar el número de reformas impulsadas por el Gobierno, varios legisladores creen que abrir esa discusión ahora puede “entorpecer” otras negociaciones más prioritarias en el Congreso.

Entre ellas aparece la reforma electoral que promueve el Poder Ejecutivo, que busca eliminar las primarias, reducir el financiamiento estatal de los partidos y limitar la proliferación de los llamados “sellos de goma”.

Cerca de Sturzenegger reconocen que desde el bloque oficialista se transmitieron estas inquietudes, aunque relativizan su peso. “Se pueden discutir varios temas a la vez. No hay que subestimar la importancia del ordenamiento legislativo”, sostuvo un funcionario del área

El proyecto “hojarasca” también propone eliminar el aporte estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, otros dos puntos que generan incomodidad en distintos sectores de la Cámara.

Aun así, la iniciativa podría comenzar a debatirse la semana próxima en la Comisión de Legislación General, presidida por el libertario Santiago Santurio. En ese ámbito se evalúa convocar a funcionarios del Ministerio de Desregulación para que expliquen los alcances de la propuesta.

Patentes

La discusión se dará en paralelo con otra iniciativa que sí genera mayor consenso dentro del oficialismo: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Se trata de un compromiso asumido por la Argentina en el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, que establece como fecha límite el 30 de abril para su aprobación.

Existe incluso un antecedente legislativo: un proyecto con media sanción del Senado desde 1998 que nunca fue tratado por Diputados. El oficialismo planea retomar ese texto, introducir modificaciones y devolverlo a la Cámara alta para su sanción definitiva. Esto es posible porque, a diferencia de los proyectos de ley comunes, los convenios internacionales no pierden estado parlamentario con el paso del tiempo.

Las reformas que impulsa @jmilei tienen el potencial de dinamizar la economía argentina. Tuve una excelente reunión con @fedesturze donde hablamos cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio. EE.UU. apoya estos… pic.twitter.com/ISqrco26TY

— Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) November 19, 2025

La adhesión al tratado busca alinear el sistema argentino con estándares internacionales en materia de patentes, lo que implicaría adaptar la legislación local a las reglas globales de propiedad intelectual. La medida tendría impacto directo en sectores sensibles como la industria farmacéutica y la producción de semillas.

En el sector farmacéutico y agropecuario advierten que este cambio facilitaría a las empresas extranjeras obtener protección de patentes en el país, lo que podría afectar la competitividad de las compañías nacionales. Uno de los puntos que genera mayor preocupación es que la adhesión al PCT permitiría extender hasta 18 meses adicionales la vigencia de las patentes de medicamentos concedidas en la Argentina.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) es una de las entidades que más enfáticamente rechaza la iniciativa.

Desde el entorno del expresidente confirmaron además que, entre otros, Gustavo Arribas, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y el empresario Alejandro Macfarlan acompañaron a Macri en la salida nocturna.

Una fotografía de Macri en el lugar con una carta de tarot en la mano fue compartida en Instagram por María Baylac, artista plástica y tarotista. “Recupero mi poder”, escribió la joven en alusión a la carta que le salió al expresidente.

A mediados de este enero, una noticia sorprendió al mundo de la política. Después de poco más de 15 años de integrar una pareja consolidada, Macri y Juliana Awada decidieron separarse. Desde entonces, el expresidente fue visto varias veces disfrutando de la noche porteña.

Hace un mes, Macri fue filmado mientras bailaba en la fiesta de casamiento de su sobrino Rodrigo Valladares Macri. El joven contrajo matrimonio con la influencer Emily Lucius y, durante la celebración que tuvo lugar en una quinta familiar en Los Polvorines, entre medio de los invitados, el exdirectivo de Boca se mostró eufórico en medio de un pogo en la pista de baile.

“Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, escribió el expresidente en sus redes sociales en referencia al fallecimiento de Sandra Macri, ocurrido el 28 de junio de 2014 a los 53 años.

Macri también dijo presente durante la presentación del regreso de Soda Stereo en el Movistar Arena con su show “Ecos”. El exmandatario nacional fue uno de los invitados que estuvo en la alfombra roja del evento “El Uno”.

Mauricio Macri ratificó que Pro no hará oposición a Milei

Semanas atrás, el líder de Pro ratificó su apoyo al rumbo del gobierno de Javier Milei y remarcó que su partido no hará oposición, pero resaltó que mantendrá la autonomía. “Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores”, evaluó con la mira en 2027.

El expresidente hizo equilibrio durante su discurso en Parque Norte, donde reunió al Consejo Nacional de Pro. Mientras sostuvo su apoyo al gobierno libertario, propuso a su partido como el espacio con la capacidad para hacer sostenibles las reformas.

Así empezó el evento del PRO. pic.twitter.com/OVVD9d4QrN

— PRO (@proargentina) March 19, 2026

“Pro no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”, afirmó Macri, pero puso el eje en el mediano plazo: “El tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno”.

“En el trato es cortés, siempre atento, impecable. En las redes es otro, como el doctor Jekyll y Mister Hyde”, ironiza en diálogo con LA NACION un diplomático extranjero con funciones en el país que conversó varias veces con Quirno, y compara sus cambios con los dos personajes de la conocida obra literaria del novelista escocés Robert Louis Stevenson, una genial parodia sobre la dualidad humana.

“Todavía no empezó el horario de protección al menor y el ministro Luis Caputo se pasea desnudo con (Luis) Majul”, escribió el domingo pasado el ex secretario de Finanzas en su cuenta de X. Estaba mirando, en vivo, a su amigo y antiguo compañero desde el gobierno de Mauricio Macri, en un reportaje con LN+, en el que el ministro de Economía defendía el otorgamiento de créditos millonarios a funcionarios y empleados públicos desde el Banco Nación.

“A ver, ignorante”, le espetó la semana pasada a un usuario que cuestionaba el otorgamiento de créditos a funcionarios, entre ellos a ex compañeros del equipo económico que siguen trabajando con Caputo, como Federico Furiase, sucesor de Quirno en la secretaría de Finanzas. El canciller fue, en este tema, el primer funcionario que salió a responder las acusaciones de la oposición sobre un otorgamiento irregular de créditos, algunos de ellos por cifras superiores a los $300 millones.

Si las frases hirientes y desafiantes –algunas de tono “adolescente”, según coincidieron otro experimentado diplomático de carrera y distintos usuarios de X que no comulgan con el Gobierno- causan escozor en el mundo de la diplomacia tradicional, una inédita respuesta a un kelper que lo invitaba a conocer las Islas Malvinas generó críticas desde la geopolítica.

“!Me gustaría ir y pasar una semana!”, le contestó con ironía y en inglés al usuario Gabin Short, poblador de Malvinas, que lo invitaba a conocer las “Falklands”. En otro posteo de respuesta a otro presunto kelper, autodenominado Mr.Falkland, Quirno sostuvo: “No hay razón por la que no pudiéramos confiarnos el uno al otro. No hay mejor manera que acercarnos más para construir esa confianza”. La cordialidad del intercambio no cayó bien a la oposición al Gobierno.

Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro @LuisCaputoAR se pasea desnudo con Majul.

— Pablo Quirno (@pabloquirno) April 6, 2026

“Parece que el Canciller quiere pasarse una semanita en las Malvinas. Lástima que más allá de la clara ironía se olvidó de aclararle al kelper que no se llaman “Falklands”, que son argentinas y que a las provocaciones coloniales se les responde en castellano. Malvinas argentinas siempre!”, lo desafió el diputado socialista Pedro Paulón.

Desde la Cancillería ven con tranquilidad la veta contestataria de Quirno, muy diferente al estilo que sostuvieron sus antecesores, Diana Mondino y (sobre todo) Gerardo Werthein, más afín al silencio mediático. “Es el canciller de Milei”, responden cerca del propio canciller, dando a entender que pertenece y milita en un Gobierno que utiliza redes sociales y medios para dar su “batalla cultural”.

-Un canciller no puede entrar en el barro-le espetó un usuario de X.

-¿ Por qué no?- le contestó Quirno, sin complejos por su estilo desenfadado, que consigue adhesiones fervorosas entre los tuiteros y youtubers que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. “Ave Quirno” es una de las frases de representantes de las Fuerzas del Cielo cada vez que el canciller publicita en las redes reuniones o pactos que lleva adelante desde el Palacio San Martín.

Precisamente esa capacidad de responder lealmente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a la vez haber conseguido el respeto de los “celestiales”, lo ubican como posible reemplazante de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete, siempre y cuando los Milei decidan removerlo, algo que hasta el momento no aparece en el horizonte inmediato. “Le queda demasiado bien el traje de canciller”, descartan en su entorno, aunque ninguno de los otros eventuales candidatos (Martín Menem, Diego Santilli, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger o Luis Petri) recoge adhesiones en todas las tribus libertarias.

“Martín Menem y Santilli no los va a aprobar Caputo. Sandra y Federico también tienen resistencias, y Quirno podría ser, aunque no deja de ser un hombre de Luis Caputo, el tío de Santiago”, analiza un allegado al Presidente, que concluye en una sentencia. “Adorni todavía no se fue porque no tiene reemplazante”, concluye sotto voce un referente del universo libertario. De todos modos, Quirno tuvo esta semana su foto con Karina Milei, que en la Casa Rosada recibió a un grupo de empresarios del sector cárnico y anunciaron la realización de la denominada Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, a fines de este mes en tres ciudades norteamericanas.

Cerca del canciller tampoco se hacen cargo de otro rumor, el que asocia el interés de Quirno por la presidencia del BID, el organismo internacional de crédito que hoy preside el economista brasileño Ilan Goldfajn, con mandato hasta fines de 2027.

“Vamos a dejar todo en la cancha por nuestro querido país, por nuestros hijos y nietos, con el apoyo de todos, mirando para adelante. Vamos Argentina!”, reza el tuit fijado por Quirno el día de la asunción de Milei, el 10 de diciembre de 2023. Mezcla de protocolo y explosión en redes sociales, el canciller sigue aportando en el campo de juego en favor de la causa libertaria.

Ese monto combina la baja de la coparticipación por contracción de la recaudación nacional y las restricciones de los giros nacionales.

Un informe del Iaraf, que dirige Nadin Argañaraz, muestra que la reducción de recursos nacionales afectó a todas las jurisdicciones. El mayor impacto provino de la poda de transferencias no automáticas, aunque la menor recaudación también recortó los envíos automáticos.

El Iaraf plantea que hay un “cambio estructural en la relación fiscal entre Nación y provincias". Por un lado, la fuerte reducción de transferencias no automáticas indica su “menor uso” como herramienta de financiamiento. Por otro, la caída de la recaudación afectó el principal canal automático de distribución de recursos.

Así, las provincias enfrentan un escenario más restrictivo. El doble ajuste reduce el margen fiscal y obliga a replantear estrategias. La proyección implícita es clara: sin una recuperación sostenida de la recaudación o un cambio en la política fiscal nacional, el nivel de transferencias difícilmente vuelva a los valores previos en el corto plazo.

La magnitud del ajuste se refleja en la baja acumulada de $36 billones para el consolidado de las 23 provincias, medida a precios constantes de febrero de 2026 y comparada con el promedio mensual de 2023. De ese total, 57% es explicado por menores transferencias no automáticas ($20,5 billones menos) y el resto, por la baja de los giros automáticos.

En el primer caso, el achicamiento, en términos absolutos, Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con una caída acumulada de $10,56 billones. Muy por detrás se ubicaron Santa Fe, con $1,05 billones menos, y La Rioja, con $938.000 millones (se cortaron los giros compensatorios por la pérdida de un punto de coparticipación en los ’80). Córdoba también registró un descenso significativo, del orden de $842.000 millones, mientras que Mendoza perdió cerca de $689.000 millones.

En el extremo opuesto, los distritos que menos recursos perdieron en términos absolutos fueron Chubut, con una caída de $44.600 millones; Tierra del Fuego, con $185.000 millones, y Jujuy, con $191.000 millones.

La lectura cambia cuando se observa el impacto por habitante. Entonces fue La Rioja la más afectada, con una pérdida de $2,31 millones por persona, seguida por Tierra del Fuego, con $1,01 millones, y Santa Cruz, con $957.000. En contraste, las menores caídas per cápita se registraron en Chubut, con $74.000; Córdoba, con $174.000, y Mendoza, con $183.000.

El segundo canal de ajuste fueron las transferencias automáticas. En este caso, la disminución acumulada fue de $15,6 billones y está relacionada directamente con la evolución de la recaudación que lleva ocho meses consecutivos de contracción.

Entre las razones, el informe menciona que “un factor relevante que afectó negativamente la recaudación del IVA fue la medida de administración tributaria relacionada con la restitución de los certificados de exclusión” en 2025. A esto se sumaron reducciones en la carga tributaria de impuestos como Ganancias, cargas internas y Bienes Personales.

En términos absolutos, Buenos Aires volvió a liderar las pérdidas, con $3,56 billones menos, seguida por Santa Fe, con $1,47 billones, y Córdoba, con $1,42 billones. En el otro extremo, Tierra del Fuego registró la menor caída, con $176.000 millones, seguida por Chubut, con $235.000 millones, y Santa Cruz, con $238.000 millones.

El análisis por habitante vuelve a mostrar un patrón distinto. Los fueguinos aparecen como los más afectados, con una pérdida de $966.000 por habitante, seguidos por los catamarqueños, con $929.000, y los formoseños, con $891.000. Las menores caídas los registraron los porteños con $106.000; los bonaerenses con $203.786, y los mendocinos, con $302.000.

Panorama complejo

Al sumar ambos componentes, el resultado es un ajuste generalizado en todo el país, aunque con magnitudes dispares. Buenos Aires fue la provincia más afectada, con una pérdida acumulada de $14,1 billones. Le siguen Santa Fe ($2,53 billones), y Córdoba ($2,11 billones). Más atrás se ubicaron Mendoza ($1,6 billones), y Entre Ríos y Tucumán, con pérdidas en torno a $1,2 billones.

En el otro extremo, Chubut registró la menor caída, con $279.000 millones. Después vienen Tierra del Fuego, con $362.000 millones, y La Pampa, con $553.000 millones.

Cuando se mide el impacto por habitante, el ranking vuelve a liderarlo La Rioja, con una pérdida de $3,08 millones per cápita, seguida por Tierra del Fuego ($1,98 millones) y Formosa ($1,77 millones). En cambio, las menores caídas fueron para Chubut ($463.000), Mendoza ($485.000) y Córdoba ($533.000).

En este escenario de ajuste generalizado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece como la única jurisdicción con resultado positivo. La explicación radica en el cumplimiento por parte de Nación de la medida cautelar de la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación, lo que compensó la caída en los envíos automáticos.

Se trata de una iniciativa políticamente compleja. No solo porque el oficialismo no cuenta por sí solo con los votos necesarios para aprobar una reforma electoral, sino porque sus aliados más importantes, Pro y la UCR, ya anticiparon que no respaldarán la eliminación de las primarias, un mecanismo que consideran clave para ordenar las internas dentro de las coaliciones.

🗣️ “La idea es eliminar las PASO”

Martín Menem aseguró que el Gobierno avanzará con cambios en el sistema electoral y buscará dejar sin efecto las primarias.

📌 En LN+ pic.twitter.com/dcHSk3G2dK

— La Nación Más (@lanacionmas) March 2, 2026

Según pudo saber LA NACION, el texto se encuentra en su etapa final de elaboración. Los equipos técnicos del Poder Ejecutivo trabajan en la redacción junto con la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, responsable de revisar los proyectos que llegan a la firma del presidente Javier Milei.

La propuesta busca eliminar la instancia de primarias obligatorias, pensada originalmente para que la ciudadanía participe en la definición de candidaturas que antes quedaba restringida a los afiliados partidarios. “Las PASO desgastan a la gente”, sostuvo el Presidente el domingo pasado en diálogo con Luis Majul en LN+.

No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar en ese sentido. La eliminación de las primarias ya había sido incluida en la primera versión de la Ley Bases, que fue rechazada en Diputados. Más tarde, en febrero de 2025, el Congreso aprobó su suspensión por un año. Ahora el objetivo del Gobierno es eliminarlas de manera definitiva de cara a la próxima elección presidencial.

La supresión de las PASO implicaría también la desaparición del piso electoral del 1,5% de votos que actualmente se exige para competir en las elecciones generales. Ante ese escenario, en el oficialismo analizan incorporar otros filtros para evitar la proliferación de partidos con escasa representatividad.

Sería en paralelo la modificación de la ley de partidos políticos. Una de las medidas en evaluación es incrementar el número mínimo de afiliados necesarios para constituir una fuerza política, que hoy tiene un techo de 4000 afiliados. La idea del Poder Ejecutivo es, como mínimo, duplicar ese requisito.

También se plantea endurecer las condiciones para obtener la personería jurídica nacional. Actualmente, un partido que logra reconocimiento en cinco distritos puede obtener esa categoría. La propuesta oficial apuntaría a llevar a 10 ese requisito.

El Gobierno también evalúa modificar las causales de caducidad de los partidos con bajo nivel de representación. Hoy una fuerza pierde su personería si no alcanza el 2% del padrón electoral en dos elecciones consecutivas. En el oficialismo consideran elevar ese umbral y evitar maniobras que permiten a partidos pequeños sostener su vigencia a través de alianzas electorales.

El objetivo declarado es reducir la fragmentación del sistema político y limitar la existencia de los llamados “sellos de goma”: partidos con escasa representación que terminan cediendo su personería para integrar coaliciones electorales. Paradójicamente, varias de esas estructuras fueron las que permitieron a Milei construir su candidatura presidencial en 2023, como Unite, Pumas Libertarios, el Partido Demócrata y el partido FE.

El paquete electoral incluye además cambios en el financiamiento político. El Gobierno busca eliminar los aportes públicos extraordinarios para campañas electorales. Con la implementación de la boleta única de papel, dejaría de financiarse la impresión de boletas partidarias y los espacios publicitarios. En cambio, se mantendría un único aporte anual al Fondo Partidario Permanente destinado al funcionamiento general de los partidos.

En paralelo, se analiza flexibilizar los límites a los aportes privados. Actualmente, las personas humanas o jurídicas tienen un tope anual equivalente al 2% del monto que surge de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores del distrito. Para las campañas electorales, el límite individual también se fija en el 2% del gasto máximo permitido para esa elección.

Negociaciones políticas

En el oficialismo reconocen que el camino legislativo será complejo. Las reformas electorales requieren mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado, números que La Libertad Avanza no puede reunir sin el apoyo de sus aliados.

Pro y la UCR, actores clave para alcanzar esos votos, ya manifestaron su rechazo a eliminar las primarias. Consideran que suprimirlas fortalecería el poder de las conducciones partidarias y debilitaría los mecanismos de competencia interna dentro de las coaliciones.

Durante un seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral a fines de marzo, dirigentes de ambos espacios plantearon que cualquier modificación debería contemplar algún mecanismo alternativo para ordenar las candidaturas.

“Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que le devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias o a sistemas uninominales que silencien a las minorías”, advirtió el senador radical Maximiliano Abad. En la misma línea, la legisladora porteña de Pro Silvia Lospennato señaló: “No quedan claros los objetivos de eliminar las PASO y eso es algo que tenemos que resolver”.

Pese a esas resistencias, en el oficialismo aseguran que enviarán al Congreso su propuesta en su versión más ambiciosa. “Después vendrá la instancia de negociación política”, resumió un referente libertario en Diputados.

Alrededor de Camioneros gira un entramado de sociedades que administran fondos millonarios. Una primera órbita contiene a la obra social del sindicato, Oschoca, con sus gastos y contrataciones. Al mismo nivel de ella en cuanto a relación con el corazón del poder moyanista se mueve el hotel 15 de diciembre, ubicado en Mar del Plata, también del gremio.

Las filiales de poder no se agotan en ese triángulo entre el sindicato, la obra social y el hotel. También aparecen empresas que muestran que la mira del clan Moyano, además de camiones, se expande a otras ramas que complementan al núcleo. ¿Qué significa esto? A la administración de Oschoca la acompaña una empresa de prestaciones médicas, bajo el ala de influencia de Zulet.

La inclusión de sus hijos en las distintas “unidades” del emporio es un factor común entre Hugo Moyano y su pareja. En las otras empresas satélite, Juan Manuel Noriega Zulet aparece como presidente. Allí se destaca una constructora y una compañía textil.

Además, se suma una aseguradora de riesgos del trabajo (ART). Allí sobresale el nombre de Pablo Moyano, quien ya ha expresado sus diferencias con la pareja de su padre. En el pasado, el clan también supo administrar al club Independiente. Tras quedar afuera de la dirigencia del “Rojo”, el hijo del histórico líder sindical concentró sus esfuerzos en el equipo de Camioneros. De esta manera, siguió ligado al fútbol, un universo donde el mandamás es Claudio “Chiqui” Tapia, alguien que conoce a la familia sindical. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estuvo casado con Paola Moyano (hija de Hugo).

Facundo Moyano es otra de las figuras importantes del clan familiar, sin embargo, decidió distanciarse de Camioneros pero no del poder gremial. Es el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Peaje.

• Sindicato de Camioneros

Representa el corazón del poder de Hugo Moyano. Desde allí se desprenden distintas filiales, que también conviven con las diferencias entre su hijo Pablo, y su pareja Liliana Zulet.

• Oschoca

Las decisiones en la obra social del sindicato pasan por Zulet. Administra millones en contrataciones, supo atravesar épocas de abundancia, pese a que actualmente atraviesa una situación de ahogo financiero.

• Hotel 15 de diciembre

Depende del sindicato administrado por Hugo Moyano. Se encuentra en el foco de una causa por presunto fraude millonario. Esa investigación podría iniciar el inicio de una fractura dentro del gremio.

• Iarai

Es la primera de una serie de empresas bajo el paraguas de Zulet. La compañía se dedica a prestaciones médicas. Ella es su presidenta y debajo se encuentra su hijo, Juan Manuel Noriega Zulet.

• Aconra

Es una empresa constructora que forma parte de los negocios tutelados por Zulet. En este caso, su hijo es la cara visible de la compañía.

• Dixey

Se trata de un taller de ropa que no escapa a la lógica de la constructora y la prestadora de servicios médicos. Área de influencia de Zulet y su hijo como presidente.

• Caminos Protegidos

Es una aseguradora de riesgos del trabajo. Pablo Moyano aparece como su vicepresidente.

El tema fue parte de un debate interno del Gobierno que entiende que su ostracismo público no contribuyó a contener los escándalos, sino que por el contrario dejó un vacío comunicacional.

Adorni, según pudo saber LA NACION de fuentes muy cercanas a él, tiene pensado volver al ruedo en breve. Para eso en el Gobierno esperan que se resuelva un conflicto que se suscitó esta última semana con el retiro de acreditaciones a periodistas de medios que presuntamente participaron de un campaña rusa contra el gobierno libertario. Así lo explicó una alta fuente de Casa Rosada.

“Obvio que va a volver con las conferencias”, dijeron cerca del funcionario en las últimas horas, al tiempo que apuntaron a la necesidad de solucionar esa situación previamente.

Sin fecha aún confirmada para hacerlo, por lo pronto Adorni volverá a mostrarse este lunes en el Instituto Malbrán, en la inauguración de un laboratorio en el que estará acompañado junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Ambos viajarán el jueves a Vaca Muerta donde se volverán a mostrarse juntos. La funcionaria volverá así a mostrarle su apoyo público, en línea con lo que hasta ahora también hizo el propio presidente, Javier Milei.

En tanto, de no mediar cambios, el viernes Adorni volvería a reunir a la mesa política. En esa mesa se sienta, entre otros, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, cuyas últimas declaraciones, en Córdoba, no cayeron bien en parte de la Casa Rosada.

Entre otras cosas, Bullrich apuntó: “El Presidente ha tomado una decisión, que es mantener a Adorni en su cargo”, tras lo que agregó que el jefe de Gabinete “está, por supuesto, muy tocado, personalmente y en su familia”.

La última vez que Adorni habló en conferencia de prensa fue el miércoles 25 de marzo. Para entonces el escándalo llevaba 17 días y aún no se conocían todos los detalles que se conocen a esta altura, producto de revelaciones periodísticas e información que va trascendiendo desde la justicia.

Tras esa aparición, que no dejó contento a una buena parte del espacio libertario, Adorni tenía planeado dar otra conferencia a la semana siguiente, pero la canceló el día previo. Terminó yendo esa mañana a una reunión privada en Olivos con el presidente, y salió con una hoja de ruta de tres reuniones, que finalizaron este miércoles.

Desde entonces, a nivel comunicacional, solo se remitió a mensajes y anuncios a través de la red social X.

En la Casa Rosada reconocen que el funcionario está corrido de las conferencias, pero creen que podrá volver a hacerlas. “Con la razón de su lado”, responden cuando se consulta sobre cómo creen que podrá hacerlo después de los días de noticias adversas y centenares de memes que circularon por redes con él como protagonista.

Pese a la incomodidad que fue creciendo por el caso, en Casa Rosada cierran filas desde el comienzo para respaldarlo. Aunque cada vez son más los que sostienen que el desgaste “es mucho mayor que el que debió haber sido”. Incluso en algunas terminales hay enojo porque creen que el caso está perjudicándolos.

En Balcarce 50 descuentan que seguirá habiendo ruido mientras avance la investigación y en ese sentido admiten que en la práctica, en las últimas semanas, el presidente Milei es quien viene supliendo la ausencia de Adorni en el rol de vocero.

“Cambiando el orden de los factores. El rol del Presidente más como comunicador”, admitió una importante fuente del Ejecutivo para explicar como suplen en el “mientras tanto” la falta de un vocero.

La idea que hay en el Gobierno es que pueda haber conferencia de Adorni antes del 29 de abril cuando está planeado que dé su informe de gestión en el Parlamento. Para lo que ya están preparando respuestas y esperan que el tema esté “más que presente”.

Respecto de los movimientos de Adorni, parte de quienes creen que debe volver a mostrarse, están convencidos de que cuanto lo haga será mejor.

En el palacio de gobierno conviven ánimos encontrados sobre el caso que involucra al jefe de ministros. “Manuel sigue siendo Manuel” y “es frustrante” fueron dos de las frases que convivieron esta semana en Casa Rosada y que acaso dan muestras del clima que se vive en el palacio de gobierno.

Con la primera de esas frases buscaron reivindicar el rol de comunicador que creen que Adorni volverá a ejercer en breve. Con la segunda se refirieron a la poca cantidad de horas que les duró el categórico triunfo legislativo por las modificaciones a la Ley de Glaciares.

Apenas horas después de que eso sucediera, con una categórica victoria, la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, estaba dando una entrevista. Algo que tampoco cayó bien en buena parte de las filas libertarias que en parte lo consideraron una falta de “timming”.

La investigación comenzó el 17 de marzo de 2025 por presunto contrabando. Pero nació con una debilidad de origen: el Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, había aterrizado el 26 de febrero proveniente de Miami y partido el 5 de marzo hacia París con sus pilotos y su pasajera central, Laura Belén Arrieta, mano derecha de Scatturice. Los investigadores jamás pudieron revisar la aeronave, ni los bultos, y la demora de diecinueve días hasta la denuncia resultó determinante para la pérdida de evidencia crítica.

El factor tiempo sentenció la suerte de varias pruebas: se perdieron los registros de los escáneres aduaneros, cuya conservación es temporalmente acotada.

En el Gobierno, negaron primero toda irregularidad. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, dijo el vocero Manuel Adorni, quien afirmó entonces que todo el equipaje fue revisado. Pero cuando la Fiscalía aportó un dictamen que demostró que las valijas no habían sido controladas, la posición oficial descargó la responsabilidad en el personal aduanero. “Ellos deciden quién pasa y quién no” por los controles, dijo el presidente Javier Milei. “Es algo absolutamente convencional”.

Arrieta y Scatturice, cabe remarcar, participaron en la organización de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, en la que participó Milei. Y fue a través de la CPAC que Milei accedió en Estados Unidos al presidente Donald Trump, en tanto que Scatturice es ahora uno de los accionistas de Flybondi, una de las aerolíneas low-cost habilitadas en la Argentina, mientras asesora a Santiago Caputo en temas de seguridad e inteligencia.

Transcurrido un año, sin embargo, la pesquisa judicial que está en manos del juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, y el fiscal Claudio Navas Rial —con la participación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez—, quedó en una zona de grises.

* Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Alfredo Flores Herbas, declaró que había observado un comportamiento inusual durante el procedimiento de control realizado tras el aterrizaje. Declaró que, al descender del avión, Arrieta le entregó su teléfono a una aduanera, quien respondió con un gesto afirmativo antes de que Arrieta pasara a la zona de arribos internacionales. El Juzgado logró verificar que esa aduanera fue Cintia Vanesa Cali, aunque la baja calidad de las cámaras de la PSA y de Aeropuertos Argentina 2000 en Aeroparque no permitieron confirmar el relato de Herbas.

* Se verificó que vehículos de Royal Class -la empresa que desde 2007 quedó en medio del escándalo por el caso Antonini Wilson- y otros no identificados operaron alrededor de la aeronave. Un informe de la Policía Federal identificó al menos siete vehículos distintos —combis y camionetas de Royal Class en su mayoría— que operaron junto al Bombardier entre las 8.13 y las 9.39 de ese día, con maniobras en reversa detrás de la aeronave cuyo propósito no pudo determinarse.

Además, entre las 8.17 y las 9.29 el operador de una de las cámaras movió el encuadre de manera deliberada, perdiendo de vista la aeronave durante ese lapso crítico, antes de que la toma volviera a enfocarla con otro vehículo ya estacionado junto al avión. Hubo también otros cambios de encuadre y movimientos de cámara que impidieron observar lo ocurrido.

* Se constató también que la aduanera Cali se comunicó por teléfono con otro aduanero, Ronaldo Humberto Basiluk durante la franja horaria en que la aeronave estuvo en pista, incluida una llamada de 52 segundos a las 8:42, pero tampoco se pudo vincular de manera directa esa comunicación con una maniobra concreta de facilitación o encubrimiento de un eventual ilícito aduanero.

* Se verificó que el equipaje del avión no pasó por los escáneres. El dictamen fiscal estableció que el desvío no obedeció a congestión operativa ni a un procedimiento aleatorio del semáforo de selectividad: fue “una decisión expresa y directa del personal aduanero”, adoptada a pesar de la disponibilidad de los medios tecnológicos para realizar la inspección. En el mismo lapso —entre las 8:56 y las 9:20—, todos los demás pasajeros que ingresaron al sector fueron sometidos sin excepción al control por escáner. Los aduaneros pueden invocar el sistema de “selectividad” que los habilita, bajo ciertos parámetros operativos, a dejarlo pasar por el “canal verde”, de acuerdo a la Resolución General RG3991-E/2017.

* Se verificó que la responsable interina de la División Aeroparque de la Aduana, Silvana Abalsamo, estuvo en el salón cuando Arrieta y los pilotos salieron con el equipaje, interactuó con ellos, les dio indicaciones y sería quien autorizó su salida como “canal verde”, aunque su rol específico durante esa mañana sigue bajo investigación judicial, indicaron fuentes tribunalicias a LA NACION.

* Se probó que parte del equipaje ingresó al país, aunque dos bultos declarados como “en tránsito” permanecieron a bordo de la aeronave, como lo habilita el Código Aduanero y lo habían declarado los pilotos, sin que se haya probado una violación a ese régimen dentro del hangar de Royal Class. El dictamen fiscal identificó, además, que sólo cinco bultos habían sido declarados.

A la espera de Estados Unidos

A la labor del Juzgado se sumó la de los fiscales, que identificaron seis “inconsistencias significativas”: omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación sobre la inmovilización y resguardo del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado.

La última novedad en el expediente judicial, en tanto, se registró el último sábado de marzo, cuando Telecom Personal envió un informe al Juzgado. Reportó que no es técnicamente posible determinar si Arrieta llamó o recibió una llamada por WhatsApp u otro servicio de mensaje digital durante los minutos decisivos o si navegó por Internet, envió o recibió correos electrónicos o si se conectó a redes sociales, entre otras opciones. Pero sí se constató que las líneas involucradas registraron tráfico de datos durante ese lapso crítico.

Tras recibir otros informes de la Policía Federal y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que tampoco destrabaron la pesquisa, el Juzgado espera una respuesta de las autoridades aduaneras de Estados Unidos al pedido de colaboración enviado. Quiere saber si revisaron el contenido de los bultos bajo sospecha antes del despegue del Bombardier rumbo a la Argentina. La respuesta sigue sin llegar.

“Hasta hoy no se puede probar que estemos ante una maniobra de contrabando, pero tampoco podemos descartarlo de manera definitiva”, indicó una fuente de los tribunales. “La clave sigue dependiendo de lo que puedan informar, si responden, de Estados Unidos”.

El Perugia, un club histórico del Calcio, estaba en venta hace rato. Antes de venir a Buenos Aires, los dos intermediarios ya se habían reunido con varios empresarios italianos. Todos rechazaron la propuesta.

Las negociaciones con Faroni se extendieron durante seis meses. Además de Chiarella, intervino Pierpaolo Triulzi, un agente FIFA que viaja mucho a la Argentina. Durante todo el proceso, hubo reuniones en Buenos Aires y en Italia. Y un cruce intenso de correos electrónicos. A partir de julio, Faroni pasaba más tiempo en Perugia que en nuestro país. En muchos de esos viajes, iba acompañado de su esposa, Erica Gillette, encargada de administrar la empresa TourProdEnter.

Una foto de agosto de 2024, a la que accedió LA NACION, muestra a Faroni en la cabecera de una mesa, a su mujer, al entonces dueño del Perugia, Massimiliano Santopadre, y otras personas.

Esa cena tuvo lugar en la casa de Chiarella, en Panicale, un pueblo a 35 kilómetros de Perugia. Ese lugar se transformó en una base operativa por donde desfilaban abogados, escribanos, y el resto de los involucrados.

Las jornadas de trabajo en la casa de Chiarella eran extensas pero había tiempo para salidas grupales. Otra de las fotos se sacó en un hotel 5 estrellas, ubicado en el centro de Panicale.

La mujer de Faroni muestra un vino de unos productores locales.

Luego de varias idas y vueltas, finalmente se firmó un contrato preliminar. Para festejarlo, Chiarella preparó una torta con los colores de la bandera argentina y el Grifo, uno de los símbolos del Perugia, el club italiano que estuvo trece años en la Serie A y hoy lucha por mantenerse en la C.

La compra finalmente se cerró el 7 de septiembre de 2024 con la firma de un documento de 119 páginas al que accedió LA NACION. Fue el final de una extensa reunión de más de cinco horas en la escribanía Biavati, en el centro de la ciudad de Perugia.

Las imágenes de ese día muestran al entonces gerente general del club (a la cabeza de la mesa), a Javier Faroni, a su izquierda el vendedor, Santopadre, y enfrente el escribano Mario Biavati. Sobre la mesa se ven los contratos, carpetas, la camiseta del Perugia con el nombre de “Javier”, y una camiseta argentina.

Chiarella, que aparece en los documentos como testigo de la venta, también registró el momento exacto de la firma: en una foto aparecen Faroni, con saco negro, y Santopadre a su izquierda.

Luego de la ceremonia de las firmas, el empresario recorrió el club, posó con la camiseta que llevaba su nombre y se encargó de darle la noticia al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Lo llamó a Tapia ahí mismo para avisarle que había terminado todo bien”, asegura Chiarella.

No fue todo. Al día siguiente de la operación, Faroni planteó que quería reunirse con el entonces presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina. Las gestiones estuvieron a cargo de Triulzi y de Santopadre. “Faroni se encargó que Tapia se sume a la reunión por zoom”, recuerda Chiarella en diálogo con LA NACION.

La presentación oficial de Faroni se concretó el 15 de septiembre: el empresario apareció en el palco junto a su mujer y caminaron por el césped. Todo era felicidad.

Un año después, el equipo italiano hizo su pretemporada en el predio de la AFA en Ezeiza. Un hecho inédito que agitó los rumores sobre el posible vínculo con Tapia. Durante su estadía en la Argentina, el Perugia jugó un amistoso ante Comunicaciones y los jugadores visitaron las instalaciones de los centros deportivos de Boca y River.

Detalles del contrato y un gerente desconocido

El contrato de venta del Perugia establecía que la cesión de las acciones a Perugia Fútbol tenía un costo de 2.050.000 euros, en cuatro cuotas. Las tres primeras de 500.000 euros y la última de 550.000. “El precio indicado podrá sufrir una reducción en el supuesto de que surjan pasivos, deudas u obligaciones de indemnización a cargo de la parte vendedora a favor de la parte adquirente, lo que conllevará, en consecuencia, la correspondiente reducción del importe del saldo del precio”, dice el contrato.

Efectivamente, la operación incluyó deudas por casi 3 millones de euros, según consta en mails que se cruzaron antes de la operación y a los que accedió LA NACION.

¿Cómo se pagó el Perugia? LA NACION reveló en enero que Faroni transfirió US$5,7 millones desde una cuenta de TourProdEnter a una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd. Fueron 25 transferencias, entre enero y septiembre de 2025. La operación se completó con dos transferencias de US$250.000 a Beagle Capital Management LLC, otra de las firmas que aparecen como controlantes de la Associazione Calcistica Perugia Calcio junto a SAIA Investments Ltd.

Los datos se obtuvieron a través de dos “discoveries” de la Justicia de Estados Unidos que promovió el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado a la dirigencia de la AFA por una cuestión comercial.

Apenas trascendieron los detalles de la operación, Molinari fue apartado de Adcap, la firma que brindó servicios a la AFA para traer más de 100 millones de dólares. Y el financista tuvo que renunciar a su cargo en Beagle Capital. ”La operatoria de Molinari con la firma Sports NextGen es absolutamente ajena a Adcap, que no tenía conocimiento alguno hasta ahora sobre la compra de un club de fútbol", dijeron desde la empresa.

La gestión de Faroni enfrentó obstáculos desde el inicio. Apenas semanas después de la compra, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) le impuso al productor argentino y a Molinari una sanción de tres meses y medio de inhabilitación. El motivo fue la presentación tardía de documentación clave: no se acreditó en tiempo y forma la “solidez financiera” de las sociedades involucradas en la operación y no se cumplió con los plazos para aportar datos contables exigidos por las autoridades italianas.

Con la llegada de Faroni al club italiano desembarcó Hernán García Borras, un argentino que había trabajado en el Deportivo Guadalajara, perteneciente a la Segunda Federación de España.

Ese equipo aparece en una investigación de la justicia federal contra una banda liderada por Miguel Ángel Villalba, el capo narco que sigue detenido.

La causa siguió la ruta de unos 400 millones de pesos que se invirtieron en dos grupos empresarios identificados como Dinal y Lener Construcciones S.A. Esas empresas habrían actuado como pantallas de la organización. Uno de los socios de Dinal, identificado como Néstor Ruiz, habría sido uno de los inversores del club Guadalajara. La investigación, a cargo de la jueza federal de San Martín Alicia Vence, sigue su curso, pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.

“García Borras no conocía a Faroni. En las primeras reuniones nadie entendía cómo había llegado a Perugia y no demostraba mucho conocimiento del tema”, reveló Chiarella, testigo privilegiado de los flujos financieros y las negociaciones. ¿Quién lo contrató? LA NACION intentó comunicarse con el gerente pero no contestó los mensajes.

Los discoveries de la justicia estadounidense revelaron que García Borras recibió al menos cuatro transferencias de TourProdEnter por más de US$ 115.000. Los pagos desde el Bank of America se registraron el 6 de enero, 5 de mayo, y 27 de agosto de 2025, cuando el club ya estaba en poder de Faroni. Y una transferencia desde el PNC data del 24 de septiembre de 2024, apenas unos días después de la compra.

Pese al escándalo, Faroni sigue a cargo del club italiano, que llegó a salir subcampeón en la temporada 1978–1979, y campeón de la Copa Intertoto de la UEFA en 2003. Hoy pugna por mantener su lugar en la Serie “C”: está decimocuarto sobre veinte equipos del grupo B.

El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.

El tribunal decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.

La decisión judicial argumenta que no existen pruebas suficientes para mantenerlos procesados por los graves delitos de asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos y dejó sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.

Los camaristas criticaron la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado por Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.

La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.

La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.

Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.

Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.

Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.

También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.

A raíz del caso, Armella había embargado por 750 millones de pesos a los supuestos jefes (Castillo, Corrillo Torrez y Presa), por 500 millones a los miembros principales, y por 250 millones a los partícipes secundarios.

Además, había ordenado el embargo de flotas enteras de vehículos, incluyendo camionetas Dodge Ram, VW Amarok V6 y motos BMW. Hoy, todas esas medidas cautelares se revirtieron.

Jorge Castillo, líder de la feria, planteó que Punta Mogote es una sociedad lícita registrada como empresa inmobiliaria y que resultaba fácticamente imposible controlar la mercadería de más de 2000 puestos rotativos.

Además, atacaron la acusación de lavado al indicar que la supuesta evasión fiscal precedente estaba suspendida por la adhesión a un régimen de regularización estatal.

La Defensoría Oficial, en representación de Mabel Cristina Islas, advirtió que la mujer era una empleada administrativa de la feria, que llevaba una vida humilde —viviendo en una casa heredada y pagando un auto con un plan de ahorro— en contraste con el éxito de una banda criminal multimillonaria.

El abogado Marcelo Jorge Fernández Zurdo dijo que lo incluyeron en la banda por su profesión. Otros imputados, como Rubén Arjovsky y Carlos Carrión, demostraron que cambiaban divisas y cheques de manera lícita.

Al analizar el caso, los camaristas Vallefín y Lemos Arias dijeron que los procesamientos carecían de una motivación genuina.

Sostuvieron que hubo una confusión entre comercio lícito y empresa criminal y que el juez Armella intentó probar la asociación ilícita enumerando tareas administrativas o comerciales habituales (cobro de alquileres, administración) que los imputados realizaban en la feria.

Para la Cámara, el magistrado falló al “no explicar con precisión cuál sería la actividad puntual desplegada por cada uno que escaparía al normal desarrollo comercial” para convertirse en un delito. No se probó la “mínima cohesión” ni el acuerdo para cometer delitos indeterminados.

Sobre la acusación de blanqueo de dinero, los magistrados señalaron que Armella “no ha efectuado ningún examen fundado acerca de las condiciones pormenorizadas de modo, tiempo y lugar en que habrían tenido lugar las maniobras que buscaban ingresar el dinero presuntamente ilícito al mercado formal”.

Señalaron que no hubo un delito precedente que generó divisas a lavar y que el procesamiento se limitó a listar el patrimonio de los acusados (sus autos e inmuebles) pero “sin especificar puntualmente que el dinero utilizado hubiera tenido origen en la comisión de algún delito”.

La Cámara explicó que las “afirmaciones genéricas y vagas” del expediente no alcanzan el grado de convicción necesario para procesar a nadie, pero aclaró que tampoco permiten sobreseerlos definitivamente de forma inmediata. La investigación deberá continuar.

La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.

La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.

Con esa exposición, que se extendió durante dos horas, Nechevenko ganaría notoriedad ante la ciudadanía, pero también entre sus propios colegas. Era hasta ahora -y como señaló una fuente del mundo notarial porteño- “una del montón”. Su participación en las últimas operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete cambió esa situación.

Nechevenko figura en la nómina de letrados habilitados del Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y -según deslizó en una entrevista con Infobae- lleva al menos 40 años en ejercicio. De acuerdo a los registros oficiales, opera en una oficina sobre la calle Luis Sáenz Peña, en Monserrat, a pocas cuadras del Congreso de la Nación.

Conocedores de los movimientos de la entidad notarial señalaron que, de los alrededor de 2500 profesionales del distrito, “100 son los que tienen alguna actividad [dentro del Colegio] y 50 los que son muy activos”. Es decir, solo entre un 2% y un 4% cuenta con un verdadero protagonismo entre sus pares.

Nechevenko -señalaron- pertenecía a la otra amplia mayoría. No tenía la costumbre de encabezar conversatorios ni participar de actividades masivas del Colegio. “No tiene ese perfil de intervención; es el común de los escribanos”, indicaron a LA NACION.

Tampoco tienen registros de participación alguna en otras operaciones controvertidas. “No tiene antecedentes de ningún tipo. Si hubiese tenido algún tipo de problema judicial, lo hubiésemos sabido”, añadieron desde el colegio de profesionales.

Así, Nechevenko mantenía un perfil bajo que terminó de estallar ante las sucesivas revelaciones sobre el aumento patrimonial de Adorni. Esta semana, se convirtió en una de las elegidas del comediante Ariel Tarico para sus imitaciones en el canal Todo Noticias.

LA NACION contactó a Nechevenko para consultar por su trayectoria profesional y su vínculo con el jefe de Gabinete. “No estoy haciendo declaraciones ni aclaraciones de ningún tipo”, respondió la escribana.

La mujer declaró este miércoles por primera vez ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ministro coordinador de Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito, a instancias de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano. Fue citada en calidad de testigo por haber participado de las operaciones por las que el jefe de Gabinete adquirió su departamento de Caballito donde vive junto a su familia y la casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz.

Ante la Justicia, Nechevenko explicó cómo fueron ambas transacciones, en las que hay hipotecas en juego. En lo que refiere al departamento de Miró al 500 (Caballito), detalló que la compraventa se realizó a través de una hipoteca contra saldo del precio. Se trata de un procedimiento por el que el comprador abona parcialmente el inmueble al momento de adquirirlo y financia el resto del pago con la propiedad como respaldo.

En cuanto a la casa en el country, la escribana informó que la compra se realizó a través de un préstamo de 100.000 dólares por el que constituyó una hipoteca sobre su anterior vivienda en Parque Chacabuco. El funcionario utilizó ese dinero, más otros 20.000 dólares propios, para adquirir el inmueble. Deberá devolver el monto prestado en 24 cuotas mensuales con una tasa anual del 11%. Los prestamistas para esta operación se los presentó Nechevenko.

La mujer volvió el jueves a los tribunales de Retiro sin que la Justicia la volviera a citar. Según aclaró horas más tarde, regresó para entregar al fiscal Pollicita documentación sobre las operaciones inmobiliarias con la que no contaba en su primera jornada en Comodoro Py. No entregó su teléfono.

El miércoles, se le había pedido a la escribana que mostrara su celular para corroborar aspectos de su relato, pero la mujer aseguró que no traía consigo. En las imágenes captadas en la previa de su declaración ese día, se la vio utilizando un teléfono móvil, pero la escribana advirtió, luego, que el aparato no le pertenecía.

“Todo el mundo dice que sí (que el fiscal le pidió el teléfono), yo no me acuerdo. Evidentemente me lo debe de haber pedido. En una declaración de tres horas, seguramente el pedido se me pasó, igual no lo tenía”, argumentó en la entrevista por streaming. Aseguró que tampoco lo exhibió ante el fiscal en su segunda visita a Comodoro Py -ya que lo había dejado en su auto-, pero sostuvo que el dispositivo “está a disposición” si la Justicia lo requiriese.

Consultada respecto del origen de los fondos utilizados en las transacciones, Nechevenko explicó que está obligada a indagar sobre ese aspecto: “Con que declare que es de origen legal ya está. Hoy en día ni siquiera estoy obligada a pedirlo (documentación respaldatoria)“. Se mostró confiada en que el dinero es lícito, porque conoce a Adorni desde hace más de dos décadas.

“Hace 20 o 25 años que conozco a Adorni”, subrayó, pero aclaró que, de todos modos, no son amigos. “Manuel Adorni trabajaba en una empresa, a través de esa empresa la conocí y quedamos en relación después de que se fue”, dijo a Infobae. Antes de ingresar a la administración pública, Adorni había trabajado en la agencia oficial de Renault, Mapemfi SA. Nechevenko no precisó si conoció al funcionario durante su paso por esta empresa o si se trató de otra compañía.

El tribunal quedó integrado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, quienes deberán resolver sobre la competencia en la causa.

Una decisión de mero trámite procesal, casi formal, como resolver qué juez es competente para investigar el caso, provocó en este expediente el apartamiento o recusación de varios magistrados, sin que a lo largo de cuatro meses se tome una decisión.

La pelea por la competencia es entre el juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charvay y el juzgado en lo penal económico que subroga Marcelo Aguinsky, o en su defecto el juzgado federal de Daniel Rafecas.

Gonzalez Charvay es el magistrado que prefiere la AFA para que siga adelante con sus causas, en la creencia de que será favorecida.

Uno de esos tres jueces deberá investigar a la AFA por todas las denuncias en su contra, excepto la de evasión. Deberán decidir en el caso de supuestos fraudes por el desvío de unos 400 millones de dólares de las cuentas del organismo en Estados Unidos a cuentas de empresas fantasma.

Y el juez designado deberá investigar, además, si ese dinero supuestamente ilícito fue lavado mediante la compra de una mansión en Pilar, valuada en 20 millones de dólares, que figura a nombre de una jubilada y su hijo monotributista, exdirigente de fútbol, supuestos testaferros.

La disputa por la competencia llegó a la Sala I de la Cámara de Casación. El juez Carlos Mahiques, que integra la sala como suplente, renunció a ese ereemplazo. Fue señalado porque supuestamente festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar.

En simultáneo, el juez de la Sala I Daniel Petrone se apartó del caso porque tenía vínculos sociales con los investigados.

Finalmente quedaron incorporados a la Sala I para este caso los jueces Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, junto a Javier Carbajo.

Pero la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió recusó a Ledesma y pidió que no vote en el caso, pues le asigna vínculos con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, al frente de un distrito en el que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene influencia con el poder y negocios.

Ahora la Sala I de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Borinsky y Carbajo, rechazó la solicitud de inhibición y recusación de la jueza Ledesma.

Borinsky y Carbajo afirmaron que el instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos.

Señalaron que su uso es para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional de juez natural.

Consideraron que el planteo de inhibición o recusación dirigido a Ledesma fue realizado por la denunciante, que no es parte en el proceso, por lo que no se encuentra legitimada: eso constituye un primer obstáculo para que progrese la pretensión.

Además, explicaron que los motivos por los que Carrió pidió apartar a Ledesma “están basados en hipótesis conjeturales, sin anclaje en circunstancias objetivas y verificables que permitan entender plausible el temor de parcialidad meramente alegado”.

Y concluyeron que “las afirmaciones abstractas esbozadas como causal para pretender el apartamiento de quien reviste el carácter de juez natural en el caso debían ser rechazadas”, a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema en materia de independencia del Poder Judicial.

También destacaron que “la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión, el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles y el deber de cumplir con la función encomendada deben colocar a los magistrados por encima de las insinuaciones” y conducirlos a no aceptar sospechas no probadas de parcialidad.

En tanto, ante el pedido de recusación del fiscal Mario Villar formulado por la defensa del monotributista Luciano Pantano, supuesto dueño de la mansión de Pilar, el tribunal corrió vista para que opine.

Los convocantes cuestionaron que el Gobierno nacional “recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no los está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas”.

Espinoza es el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y, en la interna del PJ, está alineado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Según reconstruyeron fuentes de la FAM en diálogo con LA NACION, el matancero lanzó la idea en una reunión de la federación, con el argumento de que había que terminar con los “diagnósticos pasivos”.

Los impulsores de la iniciativa argumentan que el deterioro de la situación del Conurbano exige mayores fondos para los municipios.

Desde La Matanzan dan por descontada la adhesión de otros intendentes como Julio Alak (La Plata), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros. Incluso ven posible que se sumen jefes comunales de La Cámpora, un sector del kirchnerismo enfrentado a Espinoza.

“Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas”, expresaron los convocantes.

La protesta tendrá como objetivo la sede del Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250.

Rosenkrantz y Lorenzetti convocaron a todos los consejeros que integran las comisiones de Selección y de Reglamentación -las que se reunieron ayer- para tener encuentros individuales con ellos.

El tercer juez de la Corte, Horacio Rosatti, que preside el máximo tribunal y también el Consejo, no estará en esos encuentros. Según informaron en el Palacio de Tribunales, “fue informado, pero no participa”. De forma cada vez menos velada, sus colegas lo acusan de boicotearles el proyecto. Él, en cambio, habla de la necesidad de “consensos”.

Ayer, con Rosatti a la cabeza, el Consejo de la Magistratura hizo saber que no aprobará a libro cerrado la iniciativa de la Corte, que tiene como objetivo declarado limitar la discrecionalidad de los consejeros en el proceso de evaluación de los candidatos a jueces. Lo someterán, en cambio, a un debate que puede llevar tiempo.

La reunión de ayer era de las comisiones de Selección y Reglamentación. Pese a que Rosatti no integra ninguna de las dos, cuando la sesión acababa de empezar, se presentó. Dijo que estaba ahí era para “agradecerles” a los consejeros que hubieran abordado el tratamiento del proyecto, pero dejó una advertencia: dijo que lo enviado por la Corte sería “enriquecido” por otras iniciativas que ya estaban en el Consejo y por las opiniones de especialistas de distintas ONG. Es decir, dejó en claro, ni bien empezó la reunión, que no habría un tratamiento express del proyecto de sus colegas de la Corte.

En línea con lo que había anunciado Rosatti, los consejeros convocaron para este miércoles a dos organizaciones del mundo del derecho, informaron fuentes del Consejo: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Rosenkrantz y Lorenzetti había hecho saber que esperaban que su plan fuera aprobado con celeridad. En las últimas semanas, este tema expuso un quiebre entre ellos dos y Rosatti, a punto tal que en una de las vocalías del máximo tribunal dijeron, la semana pasada, que si Rosatti frenaba el proyecto estaría “deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”. En otra oficina de cuarto piso de Tribunales, después de la reunión de ayer, insistieron: “No representó el mandato”. ¿Cúal es el paso siguiente? ¿Analizan sacarle la presidencia? En la Corte se limitan a mandar el mensaje y hacer silencio.

La agenda de reuniones

Según el cronograma que manejan, como borrador, en la Corte, Rosenkratz y Lorenzetti recibirán el lunes próximo, por la tarde, a los consejeros Diego Barroetaveña (juez), Gonzalo Roca (diputado), Hugo Galderisi (académico), Alberto Lugones (juez), Jimena de la Torre (abogada) y Guillermo Tamarit (académico). A cada uno por separado en encuentros previstos con media hora de diferencia.

El jueves tienen agendados a Fernanda Vazquez (abogada), Santiago Viola (representante del Poder Ejecutivo), Alberto Maques (abogado), Alejandra Provítola (jueza) y Vanesa Siley (diputada). El plan es recibir también a la diputada Anabel Fernández Sagasti, pero ella no respondió si asistirá, según informaron fuentes de la Corte.

El encuentro con Viola, viceministro de Justicia y hombre que responde a Karina Milei, viene precedido por declaraciones del funcionario que no van justamente en línea con lo que pretenden Lorenzetti y Rosenkrantz. “Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente”, afirmó ayer Viola en el Consejo. Dijo que “siempre es bueno recibir sugerencias" de "personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia", pero advirtió que “no hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo”.

Se trata de Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones realizadas y deberá aportar la información que tenga. El hombre está convocado para el viernes 24 de abril como parte de otra ronda de citaciones que incluye a las jubiladas que facilitaron la compra del departamento en el que vive Adorni, en Caballito.

El contratista convocado a deberá llevar toda la documentación vinculada a las obras realizadas en el lote 380 del country.

Entre los elementos requeridos se incluyen presupuestos, cotizaciones y propuestas comerciales; contratos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y cualquier otro instrumento que permita determinar las tareas encomendadas; así como facturas emitidas y recibidas.

También deberá tener la identificación completa del personal que intervino en la obra, sean arquitectos, maestros mayores de obra, contratistas, albañiles, etc.

El fiscal busca tener un panorama claro y exhaustivo de los movimientos y salidas de dinero del jefe de Gabinete desde un año antes de su llegada a la función pública.

De esa la lista de gastos forma parte la tasa de ingreso al club Indio Cua, un monto de 5000 dólares. El fiscal solicitó a la administración del country que informe cómo se canceló esa suma, si fue en efectivo, por transferencia, mediante un depósito o un cheque, quién realizó el pago y cuáles fueron las cuentas de origen y destino.

En esa línea, Pollicita también solicitó -y el juez Ariel Lijo aprobó ayer mismo- el levantamiento del secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, de Angeletti y de la sociedad que ambos comparten, “AS Innovación Profesional”. El fiscal dispondrá así de información sobre cuentas, tarjetas, plazos fijos, deudas tributarias, etc.

Antes que el contratista Tabar, están citadas las dos jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito a Adorni y le postergaron, sin intereses, el pago de 200.000 dólares, una cifra que representó más del 85% del valor declarado de la operación.

También están convocadas otras dos mujeres -una expolicía y su hija- que le hicieron un préstamo a Adorni de 100.000 dólares en efectivo, con una hipoteca sobre un departamento de Parque Chacabuco del jefe de Gabinete.

Estas últimas mujeres fueron presentadas a Adorni por la escribana que intervino en las operaciones, Adriana Nechevenko, según la declaración que ella misma brindó en sede judicial, este miércoles y jueves.

Sin embargo, el principal partido de oposición parece haber recuperado en los últimos dos meses el aliento que había perdido tras la derrota en las elecciones legislativas nacionales de 2025. Y por eso entró en operaciones de posicionamiento con la mira puesta en marzo del año próximo, la fecha que considera como la señal de largada para tratar de bloquear la reelección de Milei. Hasta entonces se sucederán jugadas y pulirán alianzas internas.

Cristina Kirchner no lo dijo abiertamente, pero habilitó al senador sanjuanino Sergio Uñac para hacerle notar a Kicillof que no está solo en la competencia por la candidatura mayor del PJ. El exgobernador pidió ajustar los plazos de selección de candidaturas y nadie en el entorno de la expresidenta salió a cruzarlo, pese a que la maniobra no sería del agrado de La Cámpora. No obstante, en el Instituto Patria –el cristinismo puro- hay alguna expectativa con Uñac.

La tercera línea en pugna dentro del peronismo es la que se mueve en torno a Sergio Massa. Si bien el jefe del Frente Renovador permanece distanciado de las primeras planas, en forma subterránea conversa con dirigentes que están de regreso –Miguel Pichetto, Emilio Monzó-, con gobernadores y con empresarios que atisban la vereda de enfrente a los libertarios. Massa está muy informado de las jugadas en curso, pero no necesariamente les da impulso.

Según pudo saber LA NACION, los mensajes que los empresarios hacen llegar a las distintas terminales del peronismo advierten sobre un “proceso de destrucción de la capacidad instalada” que se estaría agudizando desde el año pasado. Dicen que no observan que el programa económico en curso genere las condiciones para revertirlo. “Tienen que parar un candidato moderado”, aconsejan. No es un pedido que aliente los planes de Kicillof, precisamente.

En cambio, el que parece sintonizar con esa línea es Pichetto, aunque en sus conversaciones se propone más como el armador de un “frente nacional” que como un posible candidato presidencial. La que prefirió curarse en salud es Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuya imagen viene subiendo en las encuestas. “La rusa”, como se la conoce en la política, dijo que detrás de Pichetto está Paolo Rocca. Sus declaraciones cayeron bien en el camporismo.

La performance de Bregman en los sondeos de opinión pública –donde se posiciona al frente de una tercera fuerza- también es seguida de cerca en La Plata, en los despachos de la gobernación, donde entienden que llegado el caso de un balotaje presidencial en 2027, los votantes de izquierda tenderían a apoyar a Kicillof. Pero mientras tanto, el jefe del Movimiento Derecho al Futuro (MdF) intenta alianzas que van más allá de su kirchnerismo original.

Por caso, envió a su ministro de Seguridad, Javier Alonso, a tender puentes en Córdoba y Santa Fe. En “la docta”, el axelismo intenta un acercamiento con el gobernador Martín Llaryora, a quien juzgan un aliado funcional porque los libertarios están armando una amplia coalición con la UCR, Pro y Luis Juez para desbancarlo del poder en 2027. Tal vez por eso, Natalia De la Sota inició movimientos de “relacionamiento” que van más allá de la provincia.

Argentina necesita diálogo, tender puentes que nos ayuden a construir un futuro con trabajo, justicia social, cuidado del ambiente y federalismo real. La coherencia debe volver a ser un valor fundamental en la política argentina.
De eso hablamos con @NataliaDLSok . pic.twitter.com/KhPGQrDIcw

— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) April 8, 2026

De la Sota se tomó una fotografía con el legislador porteño Leandro Santoro –cuyo nombre aparece en las encuestas nacionales- y en las próximas semanas visitará Mendoza y Rosario. La joven tiene una porción del voto peronista en Córdoba sin el cual Llaryora no tendría chances de acceder a la reelección. Su estilo político tiende a la apertura hacia otros sectores, incluso del no peronismo, pero con confluencias programáticas.

De hecho, encabezó en Río Cuarto un encuentro de think tanks de distintas líneas políticas, entre las que estuvieron la Fundación Sergio Karakachoff, de Federico Storani; el Instituto Consenso Federal, de Alejandro “Topo” Rodríguez; la Fundación Encuentro, de Sergio Massa; la Red Prioridades Argentinas (Daniel Arroyo); el Instituto Argentina Grande vinculado a Gabriel Katopodis y Futuros Mejores, de Haroldo Montagu y Leandro Mora Alfonsín.

“Ganadores y perdedores netos”

Según las fuentes consultadas, los técnicos de estos centros de estudio coincidieron en manifestar su preocupación por que la economía “no tiene dos velocidades” sino “ganadores y perdedores netos”; por el “desdén por los sectores que crean más empleo (industria, construcción, comercio, turismo)”; por el “desfinanciamiento de la ciencia y las universidades”; la “destrucción de las pymes” y la “falta de inversión en infraestructura”.

Se trata de un grupo de coincidencias programáticas que puede extenderse al centro de estudios del MdF (Cedaf), que Kicillof ya puso en marcha, a sabiendas de que si por algo fracasó el último gobierno peronista –el de Alberto Fernández- fue por su incapacidad para sintetizar un plan económico con sustento político. “No nos puede volver a pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”, advirtió Kicillof el jueves.

Ahora mismo esas dos líneas, la kirchnerista –que paradojalmente encarna Kicillof- y la moderada siguen conviviendo en el PJ. A tal punto que Juan Grabois puede tener una mirada económica similar a la de Kicillof, pero opuesta a la de Pichetto y a la de posibles candidatos outsiders como el empresario Jorge Brito, expresidente de River Plate y dueño del Banco Macro. Del que no se sabe nada qué piensa en términos económicos es del pastor Dante Gebel, también impulsado por sectores peronistas.

La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ellos dos. El levantamiento había sido solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la investigación penal. El objetivo es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.

La medida también busca -afirmó el fiscal en su pedido- “verificar el origen” de los fondos que ellos manejaron, “contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas”, revisar sus compras y consumos, y “establecer si éstos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada”.

Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni.

El fiscal quiere saber si tenían la capacidad económica y financiera para asumir esos roles. La lista de las personas cuyos movimientos será investigados incluye a Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

Pollicita informó que pedía las medidas que afectan a Adorni y a su esposa después de analizar “los elementos ya incorporados” en la causa; entre ellos, los informes registrales, escrituras, declaraciones juradas patrimoniales y declaraciones testimoniales. Ayer y hoy declaró la escribana Adriana Nechevenko; antes, había testificado el exfutbolista Hugo Morales, primer dueño del departamento de Caballito en el que viven los Adorni.

Pollicita pidió que se levante el secreto sobre el jefe de Gabinete y Angeletti desde el 1 de enero de 2022, para hacer “una correcta reconstrucción del patrimonio de los nombrados con anterioridad al ingreso de Manuel Adorni a la función pública, así como de examinar, con la amplitud temporal necesaria, las variaciones patrimoniales registradas antes y después de ese hito”.

Una vez levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: ya pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte -desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad- la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti, la firma MasBe [la consultora de coaching de Angeletti] con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado".

También, que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.

La lista de los movimientos que el fiscal quiere que le informen es muy larga. Incluye, por ejemplo, “el detalle de ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos tomados u otorgados, resúmenes de tarjetas y toda otra operación que pueda ser de importancia para la pesquisa, con identificación de cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto”.

Otras medidas

En paralelo con lo derivado del levantamiento del secreto fiscal, Pollicita reclamó a ARCA que le remita la información que tenga de Adorni, Angeletti y MasBe, desde el 1 de enero de 2022, y “copia íntegra de las declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, con sus formularios completos, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación, aperturas patrimoniales y eventuales rectificativas”.

También cualquier información de índole laboral o previsional que tenga sobre ellos y lo que hubieran facturado.

Jubiladas acreedoras

En cuanto a las mujeres que aparecen como acreedoras de Adorni y su mujer, Pollicita pidió que, una vez levantado el secreto fiscal, ARCA le aporte la toda información patrimonial y económica “que resulte necesaria para establecer si contaban con capacidad económica compatible con los mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en autos". Enumeró, entre otras cuestiones, las declaraciones juradas impositivas presentadas, los ingresos declarados, los bienes y activos y “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones” relativas a los inmuebles de la calle Miró (el departamento que compró Adorni en Caballito), en la avenida Asamblea (su departamento anterior, que hipotecó el 15 de noviembre de 2025) y el lote 380 del barrio Indio Cua, donde está la casa que Angeletti compró ese mismo día.

Un nuevo gasto

En cuanto a ese country, Pollicita ordenó que se le requiera a la administración que informe “qué modo fue cancelada la tasa de ingreso por la suma de US$5000″ que, revela el fiscal en su presentación, fue abonada el 30 de noviembre de 2024, dos semanas después de la compra de la casa.

La fiscalía también solicitó que se informe si hubo reportes de operaciones sospechosas (ROS) respecto de los investigados en esta causa.

La vuelta de Nueva York

Pollicita investiga, además, los viajes de Adorni y su mujer, y tiene en su poder la información sobre el vuelo de regreso del jefe de Gabinete y Angeletti, de Estados Unidos a la Argentina, cuando ella lo acompañó a su viaje oficial.

Angeletti pagó US$5154,55, algo parecido a lo que había dicho Adorni cuando intentó justificar el viaje de su mujer. Los dos volaron por Delta y no lo hicieron en clase turista: él viajó en el asiento 1G y ella, en el 1C.

El vuelo de él figura como reservado por “Jefatura.gob.ar”, con la marca de “misión oficial”, informaron fuentes con acceso a la causa. Salió 4910,35 dólares.

Los dos habían viajado, a la ida, en el avión oficial con el presidente Javier Milei, que dejó Nueva York antes que el jefe de Gabinete y voló a Chile para la asunción de José Kast. Adorni se quedó en Estados Unidos, donde se desarrollaba la Argentina Week. Su esposa lo acompañó.

Cuando se conoció el viaje de su mujer y las críticas de la oposición se multiplicaban, Adorni intentó justificar la presencia de ella. Dio una entrevista a A24 diciendo que él se estaba “deslomando” en Nueva York y que quería tener a su lado a su “compañera de vida”. Alegó que eso no le costó nada al Estado y confirmó que compartía con él el hotel -de lujo- en el que se instaló la comitiva presidencial. Dijo además que ella lo ayudaba en el viaje (no precisó si se trató de una ayuda profesional) y que tenía una “actividad” a desarrollar en Nueva York, aunque no dijo cuál. Angeletti se presenta a sí misma como “coach ontológica y de vida”.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348″, dijo Adorni en aquella entrevista. “Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, afirmó entonces.

El regreso del matrimonio de los Estados Unidos fue el 14 de marzo pasado, en el vuelo DL 115, que salió a las 22:25 y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. Fue un vuelo directo, sin escalas.

El boleto de Adorni fue emitido el 24 de febrero. Él no despachó valijas. En cuanto a Angeletti, el ticket se emitió el 25 de febrero y ella despachó dos valijas.

El flamante quiebre que acaba de cristalizarse entre integrantes de la Corte Suprema de Justicia irrumpe en la agenda pública con cuestiones vinculadas a la transparencia y la ética, tan en presente en estos días. Aunque sin desplazar del primer plano los escándalos que golpean al gobierno de Javier Milei, potenciados al extremo por sus propias y exacerbadas disputas intestinas.

En ese sentido, sigue dominando el AdorniGate, cuyo protagonista excluyente es el karinista jefe de Gabinete, que no deja de sumar capítulos y afecta cada vez más la imagen del Presidente y de su gestión, tanto que ya algunos miembros conspicuos de la administración libertaria aconsejan su desplazamiento sin más dilaciones.

“Es un peso muerto que nos arrastra. Se convirtió en meme de nivel mundial y de eso no se vuelve. Debería renunciar”, dice un miembro de la gestión libertaria, que encuentra escaso eco en la cúpula mileísta.

A Manuel Adorni lo mantiene en su cargo el soporte que aún le siguen brindando el Presidente y, sobre todo, la hermanísima Karina, en buena medida a causa de la guerra que la secretaria general de la Presidencia mantiene en su clímax con el superasesor Santiago Caputo. Grieta sobre grietas.

“Karina no tiene quién lo reemplace, mientras que a Santiago le sobran candidatos, y Javier no termina nunca de saldar esa disputa. Por eso, esperan a que el tema salga del centro de la agenda para tomar una decisión, pero eso sigue sin ocurrir y cada vez se complica más”, explica un karinista preocupado por las consecuencias de lo que ya considera una hemorragia.

El coro irónico de opositores que anoche reclamo su presencia en Diputados anticipa lo que le espera al todavía jefe de Gabinete si llega a estar en su cargo y va el 29 de este mes a brindar su primer informe ante el Congreso. La intención de sostenerlo hasta entonces fue corroborada por asesores del presidente de la Cámara baja a los que se le pidió consejos para esa presentación.

Aunque todo va muy rápido, la singularidad de las relaciones entre los miembros de la cúpula mileísta, la escasez de recursos confiables calificados y los vínculos con negocios opacos e incrementos patrimoniales que salpican a las tres principales figura del gobierno (el Presidente, la secretaria general y hermana presidencial y el jefe de gabinete y vocero) parecen dificultar cualquier medida para tratar de cambiar el eje de una agenda pública que se le ha vuelto negativa al Gobierno hace ya más de un mes.

A eso se le sumó ayer la reinstalación del caso en el que se investigan pagos de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que estalló a mediados del año pasado, con el pedido de ampliación de indagatoria para exfuncionarios y empresarios implicados hecho por el fiscal de la causa.

También en este escándalo las disputas internas entre karinistas y caputistas ocupan un lugar preeminente y vuelven a salir a la luz a través de audios y chats en los que se nombre o se alude tanto a Karina y sus íntimos colaboradores de apellido Menem como al gurú mileísta. Negocios, acusaciones, escuchas, filtraciones. Demasiadas pecados públicos y privados para la instalación de la moral como política de Estado.

La suprema fractura

En ese contexto adquiere relevancia la nueva disputa que acaba de hacerse pública en el seno de la Corte, entre su titular Horacio Rosatti, y los otros dos miembros (y exadversarios) Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Nada menor resulta que el disparador de la fractura sea la dilación para el tratamiento en el Consejo de la Magistratura de un proyecto gestado por Rosenkrantz y apoyado por Lorenzetti destinado a dotar de mayor trasparencia, disminuir la discrecionalidad y darle mayor objetividad a la ya largamente cuestionada y sospechada designación de jueces y fiscales de la justicia nacional. Justo, además, cuando debe tratarse la postulación para integrar un tribunal oral federal de Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte, al que la subjetividad de las entrevistas permitió escalar posiciones en el concurso.

La decisión de Rosatti padre, con el más que aparente apoyo y beneplácito del Gobierno, de incluir esa iniciativa en una morosa incubadora donde nunca logran germinar otros proyectos con similares objetivos de transparencia, terminó por hacer estallar el más que frágil y ocasional concierto que existía en el seno del máximo tribunal del país y le permitía funcionar, a pesar de tener dos lugares vacantes sobre cinco.

El nuevo frente de conflicto opera así como un estímulo para empezar a revisar la promesa hecha por el novel ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de dejar para otro mandato. Los tiempos se están adelantando. El Gobierno no está en condiciones de afrontar un horizonte de imprevisibilidad en los tribunales. Sobran los motivos. Los hermanos Milei y Adorni, por solo citar a los más prominentes, pueden dar fe.

Ahora, el presidente de la Corte quedó pública y quizá definitivamente en la vereda de enfrente de los otros dos ministros. Los dos viejos adversarios, enfrentados desde que Rosenkrantz interrumpió en 2018 el largo imperio de Lorenzetti al frente del tribunal, acabaron por encontrar un punto nodal de coincidencia, que excede a ellos mismos e incluye a algunos influyentes colaboradores de ambos.

Sin embargo, no fue un cambio repentino, sino que el acercamiento ya venía tejiéndose al calor de numerosas disidencias con el actual el titular de la Corte y que ahora salen a la luz motivos y antecedentes del cambio de relaciones internos producido a lo largo del mandato de Milei y que parecen haberse profundizado con la ocupación karinista del Ministerio de Justicia con Mahiques y, especialmente, con el viceministro Santiago Viola. Algo que ya tenía fisuras terminó por quebrarse.

“Esto venía de hace rato. Había mucho descontento por la forma y por quién representaba a la Corte puertas afuera de Tribunales, tanto en el Consejo de la Magistratura como en las relaciones con otros poderes, así como por las relaciones que se establecían”, coinciden fuentes vinculadas a Lorenzetti y Rosenkrantz, que conocen desde hace muchos años y muy profundamente el funcionamiento del alto tribunal.

Otro superasesor en la mira

Al presidente de la Corte sus adversarios internos no solo le imputan haber optado por una conducción cada vez menos colectiva y mucho más personalista, alejada de lo que fue en un comienzo un mandato de consenso.

También los afecta el poder que le asignan al más que influyente colaborador de Rosatti, Silvio Robles, propietario de una proverbial red de vínculos en los poderes reales (de superficie y de profundidad). La relevancia que le adjudican a este superasesor es tal que dicen que “Rosatti es el asesor letrado de Robles”. Ironías de los pasillos tribunalicios.

En su nutrida lista de contactos asoman nombres de notable peso político e injerencia en la Justicia, como los del ultrakarinista Martín Menem, en cuya planta de empleados revista Matías Robles, hijo de…

En el entorno del titular de la Cámara de Diputados se ocupan de subrayar que la incorporación de Robles hijo “no representa un alineamiento con un sector de la Corte” y le atribuyen sobrados méritos profesionales al veinteañero. Aunque no niegan que sea “una jugada estratégica de los Menem con impacto sobre el Poder Judicial”, según la definen. Muchos jueces y sus principales colaboradores suelen tener un afiladísimo olfato para catar los vientos políticos, así como una notable aptitud para la sociabilidad.

Al respecto, se destaca que en la nutrida agenda de Robles padre también aparecen dos superoperadores judiciales, como el multifacético radical-macrista Daniel “Tano” Angelici y el amplio panperonista Juan Manuel Olmos, a los que se suman agentes de inteligencia, como el omnipresente y eterno Antonio “Jaime” Stiusso, legisladores y dirigentes políticos multipartidarios, empresarios de los más diversos rubros y sindicalistas renombrados, entre otros representantes de los poderes reales. Motivo de muchas envidas. O certificados de buena salud que puede exhibir la casta. Y las castas.

Todo eso también es motivo de desconfianzas, resquemores y diferencias en el máximo tribunal de la Nación. Sin embargo, en la Corte afirman que los viejos y nuevos malestares existentes entre sus integrantes no se habría traducido en actos que impidieran sacar fallos. Quienes conocen la dinámica interna del alto tribunal auguran que podría no afectarla tampoco de ahora en más, aunque la correlación de fuerzas y las alianzas internas hayan mutado notablemente.

Sin embargo, las tensiones son elevadas. Entre las muchas anécdotas al respecto que circulan en los pasillos del cuarto piso de Tribunales se cuenta que en una reciente acordada y ante el tenor de las disputas internas por cuestiones personales y de poder, el atildado Rosenkrantz les habría espetado a sus pares: “Estoy cansado de ser el adulto en la sala”. Allegados a Rosatti y Lorenzetti dicen que no fue allí si no en otros ámbitos donde se acuñó esa sentencia. Fallos divididos.

¿Riesgos para el Gobierno?

De todas maneras, las señales que le han hecho llegar a la Casa Rosada todos sus integrantes es que no debería albergar mayores temores ante la judicialización de las más importantes leyes impulsadas por el Gobierno que acaban de ser sancionadas por el Congreso.

La reforma laboral que ya ha tenido frenos en instancias inferiores ocupa un lugar predominante. Al respecto, entre Lorenzetti y Rosenkrantz habría coincidencias en considerar constitucionales y avalar los cambios introducidos, así como también por parte de Rosatti, según la información privilegiada con la que contaría el karinista Martín Menem.

Donde podría haber una reformulación de vínculos es respecto de la flamante ley de glaciares, aprobada por una amplia mayoría y que constituyó otro de los grandes logros del Gobierno, con efectos concretos en la inversión extranjera, en magnitudes megamillonarias.

La prometida judicialización de esa norma tiene a la Corte como el punto cúlmine de interés. La conocida adscripción a las causas ambientalistas de Lorenzetti abre un interrogante que inquieta tanto al Gobierno, como a las provincias mineras y las compañías extranjeras del sector, que apuestan a la vigencia inmediata de la nueva ley.

Los dos mil millones de dólares que se prometen para este año y otro tanto para el próximo, así como la inversión en relevamientos y en obras de infraestructura iniciales hacen relamer a los sedientos responsables de las arcas nacionales y provinciales. Cualquier dilación los desvela.

Desde las cercanías de Rosatti y Rosenkrantz que las profundas diferencias que los separan ahora no impedirían que salga un fallo favorable de la Corte cuando la cuestión les llegue. Confían en que de ser necesario los conjueces provenientes de las cámaras federales sumarán su voto positivo.

De cualquier manera, la nueva grieta en la cima del poder no es precisamente un motivo de tranquilidad a nadie, especialmente para los que deben enterrar capital en el país a largo plazo. Y, mucho menos cuando la capacidad de gestión, la imagen del Gobierno y la popularidad presidencial se ven afectados por los escándalos y las disputas internas sin fin. Continuará.

“Es de esperar que el Consejo de la Magistratura de su aprobación al Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados elaborado por la Corte Suprema y lo ponga en práctica en cuanto ello sea posible”, dijeron los académicos.

En una declaración firmada por el presidente Alberto Bianchi y por Marcelo Gebhardt, secretario de la entidad, los abogados y juristas apoyaron la iniciativa y su aplicación para acabar con la “discrecionalidad” y dar transparencia a los mecanismos para elegir jueces.

La Corte, con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dictó la Acordada 4/2026 que aprueba un “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”.

El presidente Horacio Rosatti, que preside el Consejo de la Magistratura, no firmó. En su vocalía explicaron que su doble rol le impedía firmar este documento.

La institución calificó a este nuevo reglamento como “una valiosa iniciativa” que está “fundada en los principios centrales del sistema republicano de gobierno”.

La Academia dijo que el proyecto merece “el más amplio apoyo”. Coincidió con la Corte Suprema en que el sistema de concursos públicos de antecedentes y oposición representa “uno de los ejes centrales” de la reforma constitucional de 1994.

Dijeron que al incorporar el artículo 114 a la Carta Magna, instituyó al Consejo de la Magistratura como el órgano exclusivo encargado de intervenir en el delicado proceso de selección de los jueces que integrarán los tribunales inferiores.

El espíritu de aquella modificación constitucional fue establecer un mecanismo para “limitar de tal manera la discrecionalidad que anteriormente ejercía el Poder Ejecutivo” en la etapa previa a la designación de los magistrados.

Haciéndose eco de los argumentos plasmados por la propia Corte Suprema en su acordada, la Academia señaló que la experiencia acumulada durante la aplicación del régimen actual ha dejado al descubierto “la necesidad de precisar, entre otros aspectos, las pautas que regulan la entrevista personal”.

Los expertos explicaron que la “relativa amplitud” con la que la instancia de la entrevista está diseñada provocó distorsiones en el proceso de selección.

Advirtieron que, en muchos casos, estas entrevistas orales fueron “decisivas en los resultados finales del concurso”, alterando el destino de las designaciones sin que su valoración se desarrolle sobre la base de “criterios suficientemente objetivos y estandarizados en cuanto a su ponderación, fundamentación y límites cuantitativos”.

“Reglas claras y previsibles”

Frente a este escenario , la Academia Nacional de Derecho sostuvo que “es necesario formular reglas más claras y previsibles”. El objetivo es garantizar que la entrevista personal deje de funcionar como un filtro arbitrario, asegurando que “no sea una instancia decisoria y cumpla adecuadamente su finalidad institucional”.

Solo ajustando la normativa, aseguran, se logrará “evitar que la evaluación de los postulantes se haga de modo disfuncional”. El documento subraya que estas modificaciones normativas permitirán que la selección final “recaiga en las personas más idóneas y meritorias”.

Para ello, proponen que la etapa final del concurso “no altere de manera significativa el orden de mérito establecido en las instancias técnicas previas”, de modo de impedir que el examen de los candidatos sea subvertido “en función de criterios meramente subjetivos”.

Si no se aprueba e implementa este nuevo reglamento, advirtieron se corre el riesgo de que “la discrecionalidad que antes poseía el Poder Ejecutivo” termine mutando y se convierta “en una prerrogativa de los jurados de los concursos”, desvirtuando por completo la letra, el mandato y el espíritu de la Constitución.

El juez, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona, investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta y lavado de activos operadas a través de falsos o irregulares contratos de sponsoreo.

Armella ya citó a prestar indagatoria al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a otros 13 acusados para el mes próximo.

Por eso la fiscal y el juez decidieron encargar un análisis patrimonial completo de las instituciones deportivas. El juzgado libró una serie de órdenes de presentación dirigidas a los clubes para ahondar en la causa donde se investiga si Sur Finanzas habría facilitado la administración fraudulenta sistemática de estas entidades deportivas.

La División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina fue a buscar los documentos a los clubes San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Club Deportivo Morón y Excursionistas.

También fueron a Defensores de Glew, Club Atlético Acassuso, Deportivo Armenio, Club Sportivo Dock Sud, Club Atlético Victoriano Arenas y a Brown de Adrogué. El objetivo central de los investigadores es rastrear la ruta del dinero supuestamente pagado por Sur Finanzas a esos clubes desde 2021 hasta la actualidad.

Por eso los policías buscaron las actas de comisiones directivas, para constatar quiénes y cómo aprobaron los contratos con Sur Finanzas; los préstamos y manejos de cheques, como también la documentación vinculada a descuentos de cheques canalizados por Sur Finanzas, libros contables de los clubes, inventarios, balances y la identificación de los responsables de las áreas contables de cada club.

Según pudo saber LA NACION, especialmente los policías se centraron en los contratos y comprobantes de pago, originales, anexos y las constancias de transferencias bancarias o recibos que demuestren que los pagos pautados por sponsoreo se realizaron.

La sospecha subyacente es que estos convenios podrían haber sido una fachada para justificar un dinero que nunca fue enviado en esas cantidades a los clubes. La idea es que se usaron los contratos para simular erogaciones y blanquear dinero proveniente de operaciones ilícitas en el mercado financiero.

Para corroborarlo, la Justicia encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia, y a la Policía Federal, la realización de un estudio integral sobre el patrimonio de todos estos clubes.

En este peritaje patrimonial, los expertos deben informar si los fondos millonarios prometidos en los contratos con Sur Finanzas ingresaron efectivamente al patrimonio neto de los clubes, detallando fechas, cuentas bancarias de destino y sus conceptos contables.

De comprobarse que el dinero nunca llegó a las arcas de las instituciones o que fue desviado, Sur Finanzas quedaría complicada en las sospechas de lavado, y los clubes y la AFA investigados por su posible participación en las maniobras.

Armella ya citó a prestar indagatoria a Vallejo y a otros 13 presuntos cómplices acusados de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino. La investigación que llevan adelante con Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco.

Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa. Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio. Vallejo es el primero que deberá presentarse en los tribunales de Lomas de Zamora.

“Miro 500, Piso 1⭐️Venta en Caballito, Capital Federal", decía el posteo que publicó el 4 de noviembre de 2024 Rucci Propiedades en las redes sociales. Se trata de la misma inmobiliaria que fue allanada este miércoles por la Justicia y que participó de la operación entre el exfutbolista Hugo Morales y las dos jubiladas.

“⭐️USD 295.000. Departamento 150 m² cubie. 3 dorm. 2 baños 4 ambientes 1 cocheras 1 toilettes Muy Bueno", continuaba el mismo aviso. Una fuente del sector inmobiliario confirmó que el posteo aludía a la propiedad que es foco de la investigación judicial. “Nosotros lo tuvimos en venta”, contestaron en una de las sucursales de la inmobiliaria ante la consulta de LA NACION.

Una de las fotos del aviso, sin embargo, muestra la fachada de un edificio contiguo, de similares características.

Allegados a Hugo Morales, el primer propietario de ese inmueble, coincidieron en la descripción del departamento: un primero piso, con tres dormitorios, y un patio trasero.

Según un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal al que LA NACION tuvo acceso, Viegas y Sbabo compraron ese departamento en mayo de 2025 a US$200.000.

Es decir, la jubilada de 73 años y la afiliada al PAMI habrían conseguido una rebaja de US$95.000 del precio original. Medio año más tarde, lo revendieron por US$230.000, a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Teniendo en cuenta solo los metros cubiertos que figuraban en el posteo, abonaron US$1533 por m2.

Cuando el departamento estaba a la venta, apareció en escena un nombre poco conocido en esta trama: Pablo Feijoo. Fuentes judiciales confirmaron que durante el allanamiento a la inmobiliaria Rucci, la del posteo de US$295.000, se secuestró una reserva a su nombre. Ese papel se corresponde con la venta que realizó Morales a las dos mujeres (Viegas y Sbabo).

Feijoo es hijo de Viegas. Su nombre también aparece en los registros de ingreso a Casa Rosada. Entró, autorizado por el propio Adorni, el 22 de octubre de 2025. Para ese entonces, su madre ya había comprado el departamento de Caballito, pero faltaban semanas para concretar su posterior venta al jefe de Gabinete, hipoteca mediante. Este jueves, el fiscal Pollicita lo citó a declarar.

LA NACION contactó a Feijoo, pero al momento de publicación de este artículo, no emitió comentarios.

En venta

Otro aviso inmobiliario también lleva el nombre de “Pablo Feijoo”. Se trata de una publicación en el sitio ZonaProp de un departamento en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco. Es la misma dirección y el mismo piso en el que vivía Adorni junto a su familia hasta el año pasado.

Las fotos del interior de esa propiedad, reveladas por LN+, coinciden con imágenes que Adorni difundió en sus redes sociales. Por ejemplo: el fondo negro con letras blancas en la cocina resulta similar a lo que se observa en un video que el exvocero publicó el 24 de julio de 2020, al que tituló “La semana, entre más subsidios, intentos estatizadores y deseos de silencio”.

Otra foto publicada por Adorni en su cuenta de Instagram en septiembre de 2023 muestra la pared que se observa en la esquina de uno de los ambientes del departamento publicitado.

Pese a estas similitudes, la información publicada en ese aviso de ZonaProp indica que dicho departamento tiene una superficie cubierta de 138 m2, que forman parte de los 191 m2 totales. El departamento en Ciudad de Buenos Aires que declaró Adorni en 2024 posee 115 m2, tal cual se lee en la documentación oficial.

El anuncio de ese departamento publicitado a través de ZonaProp lleva otros dos datos que complementan la información sobre sus características. Precio de venta: US$289.990. Expensas: $500.000. Añade que es “dueño directo y apto crédito” y el contacto que proporciona es el de Pablo Feijoo. En el Registro de la Propiedad el inmueble figura inscripto a nombre de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

Tal como publicó LA NACION, Feijoo, de 36 años, se desempeña como socio y gerente de una constructora y una empresa de desarrollos urbanos, Avda SRL y TJS Group, respectivamente. También aparece en una demanda judicial laboral junto a su madre (Viegas), iniciada en octubre de 2020. Ambos comparten domicilio alternativo sobre la avenida Pedro Goyena, también en Caballito, y figura como trabajador autónomo y monotributista categoría F, que estipula unos ingresos brutos anuales de hasta $38,6 millones, de acuerdo con bases de datos de información fiscal y comercial.

El fiscal Pollicita lo citó a declarar el 22 de abril. Antes lo hará su madre. Esa declaración junto a la de Sbabo, la otra vendedora, está prevista para el próximo miércoles.

La escribana que participó de la operación de compraventa entre las dos mujeres y el jefe de Gabinete, Adriana Nechevenko, describió, en diálogo con Infobae, que las partes acordaron una hipoteca de US$200.000 con un “plazo de pago de un año” y agregó que “pueden acordaron una prórroga”. A propósito de los términos de pago, indicó que “nunca hubo cuotas” y ratificó que Adorni deba pagar intereses.

Angeletti pagó US$5154,55, algo parecido a lo que había dicho Adorni cuando intentó justificar el viaje de su mujer. Los dos volaron por Delta y no lo hicieron en clase turista: él viajó en el asiento 1G y ella, en el 1C.

El vuelo de él figura como reservado por “Jefatura.gob.ar”, con la marca de “misión oficial”, informaron fuentes con acceso a la causa. Salió 4910,35 dólares.

Los dos habían viajado, a la ida, en el avión oficial con el presidente Javier Milei, que dejó Nueva York antes que el jefe de Gabinete y voló a Chile para la asunción de José Kast. Adorni se quedó en Estados Unidos, donde se desarrollaba la Argentina Week. Su esposa lo acompañó.

Cuando se conoció el viaje de su mujer y las críticas de la oposición se multiplicaban, Adorni intentó justificar la presencia de ella. Dio una entrevista a A24 diciendo que él se estaba “deslomando” en Nueva York y que quería tener a su lado a su “compañera de vida”. Alegó que eso no le costó nada al Estado y confirmó que compartía con él el hotel -de lujo- en el que se instaló la comitiva presidencial. Dijo además que ella lo ayudaba en el viaje (no precisó si se trató de una ayuda profesional) y que tenía una “actividad” a desarrollar en Nueva York, aunque no dijo cuál. Angeletti se presenta a sí misma como “coach ontológica y de vida”.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348″, dijo Adorni en aquella entrevista. “Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, afirmó entonces.

El regreso del matrimonio de los Estados Unidos fue el 14 de marzo pasado, en el vuelo DL 115, que salió a las 22:25 y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. Fue un vuelo directo, sin escalas.

El boleto de Adorni fue emitido el 24 de febrero. Él no despachó valijas. En cuanto a Angeletti, el ticket se emitió el 25 de febrero y ella despachó dos valijas.

Picardi y Rodríguez incluyen en su dictamen un audio que le envió Pablo Atchabahian, exdirector de accesos a los servicios de Salud de la Andis, al empresario y lobista Calvete, uno de los procesados en el expediente.

El mensaje se grabó un par de meses antes del inicio de la causa judicial. Se interpreta como una primera alusión de funcionarios de alto rango en el expediente, ya que el audio incluye una alusión críptica que parece referir a la interna política libertaria entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, dos colaboradores estrechos de Karina Milei.

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no?. Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo (...)”.

Además, en su dictamen, los fiscales Picardi y Rodríguez subrayan la respuesta que le envió Calvete a Atchabahian a través de Patricia Canavesio, identificada por la Justicia como una persona de confianza del empresario. “Pablo, clarísimo y todos alineados...!”, le contestó.

Los investigadores quieren saber quiénes están detrás de los grupos de funcionarios y empresarios de droguerías que manejarían en las sombras el sistema de compras de medicamentos con sobreprecios y por fuera de las normas.

Por eso, la referencia a “Rioja” o “Caputito” en el audio entre los involucrados está en la mira de la Justicia: “Es parte de lo que se esta trabajando en profundizar eso. La Investigación se profundiza en esta nueva etapa siguiendo esas pistas”, dijo a LA NACION una fuente tribunalicia.

La investigación sobre la causa Andis está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Picardi, quien decidió avanzar con el pedido de indagatoria de un grupo de exfuncionarios y empresarios ligados a supuestas maniobras de corrupción.

Como consignó LA NACION, el mensaje de Pablo Atchabahian a Calvete también había sido citado en febrero pasado por el juez federal Sebastián Casanello cuando procesó a Spagnuolo, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo.

Ni Casanello ni los fiscales Picardi y Rodríguez dijeron quién sería “Rioja”, que es la provincia de la que proviene la familia Menem. Tampoco hicieron una mención explícita a Santiago Caputo.

No obstante, citan este mensaje como una prueba de que las dos presuntas bandas que operaban en paralelo en la Agencia, la de Calvete y la de Atchabahian, actuaban “en bloque”, alineadas, para cuidar la estructura que les habilitaba sus negocios.

Quién es quién en el caso Andis

Diego Spagnuolo -extitular de la Andis

Fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública y cohecho pasivo; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.828.725.464.

Daniel Garbellini- exnúmero dos de Andis

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.

Miguel Ángel Calvete- empresario y lobista

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario y cohecho activo, en calidad de autor. Además, asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $203.072.992.394.

Pablo Atchabahian - Exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario. Y asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con el resto. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.

La decisión se expresó en una reunión conjunta que celebraron este jueves las comisiones de Selección y Reglamentación del Consejo. “Yo no voy a firmar nada a libro cerrado”, dijo el juez Alberto Lugones, presidente de Reglamentación, que abrió la reunión. Cinco minutos después apareció sorpresivamente Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo, que no estaba previsto que participara del encuentro.

Rosatti ratificó que lo enviado por la Corte será “enriquecido” por otros proyectos, nuevos debates y las opiniones de especialistas de distintas ONG que pidieron ser escuchadas. Dijo que había que buscar “consensos”.

Rosatti no firmó el proyecto, elaborado por los otros dos ministros de la Corte, si bien participó del acto de presentación de la iniciativa, la semana pasada. Según dijeron en su entorno, no lo firmó porque integra también el Consejo.

Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron saber que esperaban que su proyecto se aprobara con celeridad. En las últimas semanas, este tema tensionó la relación entre ellos dos y Rosatti, que preside el Consejo por haber sido elegido presidente de la Corte. A punto tal que en una de las vocalías del máximo tribunal dijeron que si Rosatti frenaba el proyecto estaría “deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”.

El proyecto introduce modificaciones en distintas instancias del proceso de selección de jueces con el objetivo declarado de reducir la “discrecionalidad” en la evaluación de los candidatos a magistrados. Aspira a que, por ejemplo, no pueda utilizarse la entrevista personal que los consejeros les toman a los postulantes para beneficiar a algunos y perjudicar a otros sin límites ni criterios objetivos, según dijeron Rosenkrantz y Lorenzetti.

Este jueves, las comisiones de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, y de Reglamentación, presidida por Lugones, se reunieron durante tres horas al cabo de las cuales decidieron no votar el proyecto de reforma y escuchar -probablemente la próxima semana- a organizaciones de la sociedad civil ligadas al derecho para que opinen sobre la iniciativa.

Durante la reunión hubo consejeros que defendieron el sistema de selección vigente y criticaron los cuestionamientos de la Corte. Santiago Viola, viceministro de Justicia, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y hombre cercano a Karina Milei, dijo: “Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente”.

“No hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo”, afirmó. “Siempre es bueno recibir sugerencias de otras partes del derecho, de personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero creo que es algo a trabajar. Veo una ansiedad desmedida con el tratamiento urgente que no se condice con las necesidades específicas del Consejo", afirmó. “El Consejo viene trabajando bien, no veo la urgencia y tampoco veo un problema. Hay gran cantidad de jueces idóneos”, dijo Viola.

Los consejeros que representan a los abogados Jimena de la Torre, cercana al Pro, y César Grau, vinculado al kirchnerismo, plantearon votar la iniciativa tal como vino de la Corte. De la Torre instó incluso a sus colegas para votarlo de inmediato, pero Lugones le dijo que este jueves no se iba a votar nada, sino que se empezaría a analizar. “Una vez aprobado pueden venir las reformas de segunda generación. Dejo sentada mi postura para votarlo hoy mismo”, dijo De la Torre, pero no convenció.

El juez y consejero Diego Barroetaveña salió en defensa del sistema de concursos y remarcó que “todos los jueces y juezas son idóneos y legítimos, y tienen la calidad suficiente”. Sostuvo que “el reglamento vigente no es un enlatado que se compró en cualquier feria”, aunque admitió que es perfectible.

Su colega Lugones sostuvo que “hay varias administraciones del Consejo que eligieron las ternas de candidatos que ahora envió el Poder Ejecutivo al Senado”. Y sostuvo: “No pueden equivocarse todos”. Lugones criticó a quienes dicen que los consejeros “pusieron primero” a un candidato sobre otro tras la entrevista personal. “Por favor, no me vengan con cosas como si no supieran cómo es el juego en todas las instituciones del país”.

La semana pasada, el mismo día que la Corte Suprema presentó su proyecto de reforma del sistema de selección, el Presidente incluyó entre los jueces a los que nombró a Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, que había ascendido al primer lugar de la terna del Consejo que integró gracias a la evaluación que hicieron los consejeros de su entrevista personal, uno de los capítulos del proceso de selección que la Corte dice que hay que reformar para evitar la excesiva “discrecionalidad”.

El diputado nacional Álvaro Gonzalez, consejero por el Pro, se mostró fastidiado y dijo que “porque hubo una iniciativa por parte de la Corte para hacer una sugerencia en el proceso de selección de jueces, no significa que no se haya hecho nada o que está viciado de nulidad”. Y se quejó: “No se puede decir que todo eso es viciado y esto es la cueva del acomodo. No estoy de acuerdo con eso”.

La jueza Alejandra Provítola hizo un raconto de las reformas realizadas y de los proyectos presentados para debatir, y la magistrada Agustina Díaz Cordero defendió el sistema actual. Dijo incluso que fue reconocido por la OCDE en su última reunión, aunque anunció: “Escuchamos las mejoras. Somos los primeros que queremos mejorar”.

Junto con Barroetaveña plantearon limitar la incidencia de las entrevistas personales. “Estamos en la misma sintonía, estamos dispuestos a mejorar el sistema”, dijo.

El académico Guillermo Tamarit sostuvo que hay disposición para mejorar, pero advirtió que “no puede pasar que el Consejo de la Magistratura pierda sus competencias”. Y afirmó: “Es un límite preservar esta institución de la Constitución Nacional y que no pierda sus capacidades legales mediante la reglamentación”.

Alberto Maques, consejero abogado, sin eufemismos y más futbolero, dijo que la propuesta de la Corte no es un disparador para el debate porque decir eso supondría que decir que hasta ahora los consejeros -él incluido- estuvieron “durmiendo la siesta”.

“No me quiero convertir en cómplice de nada que no sea correcto”, señaló, pero sostuvo que hay que desagraviar a los consejeros de la Comisión de Selección y de Reglamento por su trabajo anterior.

“No creo que la preocupación de la gente sea cómo se seleccionan los jueces”, sostuvo y criticó la presentación de este proyecto que se hizo en la Corte. “No me compro una buena iniciativa a libro cerrado”, sostuvo. “No tengo apuro [en aprobarlo].”

El pedido de los autores

En cuanto a los tiempos, Rosenkrantz había dicho, el día de la presentación: “Consideramos que el Consejo de la Magistratura debería hacer un esfuerzo para evaluarla [la iniciativa de reforma], si es posible pronto, y, esperamos, aprobarla, sin modificar sus aspectos centrales”.

Rosatti, que solo estuvo unos minutos en la reunión del Consejo de este jueves, dijo que se había presentado para agradecerles a los consejeros el tratamiento que le estaban dando al proyecto y recordó que se trata de “un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras”.

“Quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”, dijo el presidente de la Corte y el Consejo, que aclaró entonces que van a “trabajar también con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y con la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”.

Los otros dos miembros de la Corte no hicieron comentarios ayer sobre lo sucedido en el Consejo.

Regresó sin haber sido citada, con el objetivo de ampliar su testimonial. Según fuentes judiciales, la mujer aportó precisiones respecto de los honorarios correspondientes a las operaciones en las que intervino. Sostuvo, además, que sus visitas a la Casa Rosada, reveladas por el medio Letra P, fueron por “cuestiones de trabajo”.

Ayer y hoy, la escribana se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita, que lleva la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Según informaron fuentes judiciales, los investigadores buscan ahora reunir la información suficiente para pedir el levantamiento del secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, que debe afrontar un pago de 270.000 dólares en noviembre de este año, de acuerdo a la información recopilada en la causa durante las últimas semanas.

El teléfono

Durante su declaración de ayer, a la escribana se le pidió que exhibiera su celular para corroborar aspectos de su relato, pero la mujer sostuvo que no lo traía consigo. Una foto de LA NACION la mostraba a ella antes de declarar manipulando un celular. Pero hoy la mujer sostuvo ante las autoridades judiciales que ese aparato no era suyo.

La escribana tampoco pudo aportar mayores precisiones sobre el lugar en el que se firmó la compraventa del departamento de Caballito, donde Adorni vive junto a su familia. La operación se cerró en otro departamento cuya dirección no recordaba, explicó.

Cuando llegó a Comodoro Py, Nechevenko no quiso revelar públicamente las razones de su nueva visita a los tribunales. “No voy a hacer declaraciones”, dijo a los medios que la aguardaban frente a la fiscalía, entre ellos LA NACION. Después evitó responder si había aportado nueva información. “La Justicia está haciendo su trabajo”, contestó.

Luego, en una entrevista con Infobae, Nechevenko señaló: “Fui a aportar documentación de las operaciones”.

La escribana intervino en distintas operaciones inmobiliarias de Adorni y su familia: la compra de la casa en el country Indio Cua, en noviembre de 2024; el préstamo con garantía hipotecaria sobre el departamento de la calle Asamblea que dos mujeres le hicieron a Adorni y su esposa; y la compra del departamento de Caballito adquirido por el jefe de Gabinete el año pasado, gracias a un crédito que le dieron las vendedoras de 200.000 dólares.

Según declaró la escribana ayer, Adorni se comprometió a terminar de pagar ese “préstamo” en 2026, sin intereses.

En rigor, no existió un préstamo de dinero en efectivo por parte de las vendedoras, dijo ayer la escribana, que afirmó que no se pactaron cuotas en la operación. Técnicamente se trató de "una hipoteca contra saldo de precio", dijo Nechevenko, una figura usual en el mercado inmobiliario, pero que en este caso puntual presentaba condiciones marcadamente llamativas, explicaron otros escribanos consultados por LA NACION, fundamentalmente porque la deuda representaba más del 80% del valor de la propiedad.

El financiamiento del pago del departamento fue otorgado por las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Es una deuda que pesa sobre el jefe de Gabinete y que se acumula con otra correspondiente a una primera hipoteca, tal como reveló LA NACION.

Se trata de la hipoteca que Adorni y su mujer, Betina Angeletti, constituyeron sobre su departamento en el Parque Chacabuco, utilizada para comprar la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, según la declaración de ayer de la escribana.

“Adorni trajo a las vendedoras [por Sbabo y Viegas]”, dijo la escribana hoy en Infobae. Insistió en que “no es obligatorio explicar el origen de los fondos” de las transacciones y, consultada sobre cómo está Adorni, afirmó: “Supongo que está preocupado. Yo le digo Manu porque lo conozco hace 20 años”.

Al ser consultada sobre cuantas operaciones había hecho con el jefe de Gabinete en ese tiempo, contestó: “Ninguna. Nada. Se le dio todo junto”.

El préstamo para comprar la casa en el country de Indio Cua, de un total de 100.000 dólares, fue efectuado por otras dos mujeres, Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, una de las cuales es policía retirada.

Ayer, en su declaración, la escribana sostuvo que ambas fueron introducidas por ella en la operación y que no conocían a Adorni, quien buscaba a un prestamista para la compra de la casa, relataron fuentes de Comodoro Py.

Ese primer préstamo sí fue con intereses (11%). Recibidos los 100.000 dólares en efectivo, Adorni y su mujer depositaron el dinero en un banco, más otros 20.000 dólares que aportaron de su patrimonio. Compraron la casa del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, que colocaron a nombre exclusivamente de Bettina Angeletti. En su declaración jurada, Adorni menciona que él es titular del 50% de la deuda.

De ese pasivo, Adorni canceló el 30% y parte de los intereses, por lo que le restan pagar 70.000 dólares, explicó una fuente del caso.

“La nueva redacción del artículo 1° de la Ley 26.639 dispone expresamente que la protección de los glaciares y del ambiente periglacial deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho al ambiente sano y a la utilización racional de los recursos naturales, y con el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", sostiene el comunicado de los abogados, que afirma que “esta referencia constitucional no es menor”.

La declaración relata que la ley vigente “ha sido objeto de diversas críticas doctrinarias” por haber restringido “de manera significativa las facultades provinciales sobre recursos que les pertenecen por mandato constitucional”, mientras que el proyecto sancionado ayer (que requiere ser promulgado por el Presidente para convertirse en ley), “clarifica esta situación al otorgar a la autoridad competente de cada jurisdicción un rol protagónico tanto en la identificación de los glaciares y geoformas periglaciales que cumplen funciones hídricas, como en la determinación de las actividades que implican una alteración relevante de los mismos y, por lo tanto, no pueden ser autorizadas”.

El comunicado resalta la incorporación del artículo 3° bis, que consagra la aplicación del principio precautorio en materia de glaciares. “En virtud de este principio -dice el documento-, todos los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares serán considerados parte del objeto protegido de la ley hasta tanto la autoridad competente verifique, sobre la base de estudios técnico-científicos, la inexistencia de las funciones hídricas previstas en el artículo 1°“.

El Colegio de Abogados de la Ciudad celebra “la incorporación expresa del principio precautorio” y sostiene que “constituye un acierto” porque “fortalece el estándar de protección ambiental”.

“La presunción de protección que se establece opera como una garantía de que ningún glaciar o geoforma periglacial quedará desprotegido por defecto, sino que será la evidencia científica la que, en todo caso, determinará su exclusión del régimen protectorio. Se trata de un criterio plenamente compatible con la Ley General del Ambiente N° 25.675 y con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia ambiental", dice el comunicado.

El documento recuerda que la Corte, en la causa “Barrick”, si bien no se expidió sobre el fondo del planteo por considerar que no existía un caso concreto, formuló consideraciones de relevancia institucional y, en particular, “destacó la necesidad de evitar enfoques confrontativos y de privilegiar mecanismos de coordinación propios del federalismo concertado, asignando a las autoridades políticas nacionales y provinciales un rol primario en la armonización entre protección ambiental y gestión de los recursos naturales, así como en la construcción de consensos antes que en la judicialización prematura de estas cuestiones”.

Según este colegio de abogados, “el proyecto otorga a las provincias el lugar que constitucionalmente les corresponde en la gestión de los recursos naturales existentes en su territorio, sin menoscabo de la coordinación nacional que la materia exige, lo cual constituye un objetivo legítimo desde la perspectiva del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica, sin que ello implique, en principio, una disminución de los estándares de protección ambiental”.

Adorni consiguió postergar el pago del departamento que se compró y no debió pagar intereses por ese financiamiento, según declaró ayer la escribana Adriana Nechevenko que intervino en distintas operaciones inmobiliarias que realizó Adorni.

Tras la declaración de Nechevenko y a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó realizar un procedimiento en la inmobiliaria Rucci, que había tenido en venta este departamento.

Tal como informó LA NACION de informes solicitados al Registro de la Propiedad Inmueble, el primer dueño del departamento de la calle Miró en el que hoy vive Adorni fue el exfutbolista Hugo Morales. Él declaró que lo compró a 200.000 dólares y que lo vendió al mismo precio porque el inmueble, que había tenido alquilado mucho tiempo, estaba deteriorado.

Morales dijo que lo contactaron “dos muchachos” para hacer la operación. Uno de ellos es Pablo Feijoo, según se reconstruyó hasta ahora en la causa, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figuran como las duenas del departamento después de Morales y antes de Adorni.

La versión extraoficial del Gobierno es que Feijoo es amigo de Adorni.

Feijoo figura como quien hizo la primera reserva del departamento en la inmobiliaria Rucci. Forma parte, con Leandro Miano, de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL.

Viegas (la madre de Feijoo) y Claudia Sbabo (casada con Omar Leonardo Miano) figuran como quienes le compraron el departamento a Morales, en mayo de 2024, por 200.000. Fueron ellas quienes le vendieron el inmueble, en noviembre de ese mismo año, a Adorni y su esposa. El monto declarado de esa venta fue de 230.000 dólares.

Se trató de una operación que incluyó una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado, según la declaración de ayer de la escribana.

Pablo Feijoo entró a la Casa Rosada, autorizado por Adorni -entonces vocero-, el 22 octubre de 2025 (un mes antes de la operación de compra venta).

Sbabo y Viegas le dieron un año a Adorni para completar el pago.

Según su declaración, en función de lo que dijeron fuentes tribunalicias consultadas por LA NACION, Adorni primero hipotecó su departamento de la calle Asamblea al 1100 en Parque Chacabuco.

Con ese dinero compró en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, sumando una parte en efectivo, y luego -en una operación aparte- escrituró su departamento de Caballito. Fue entonces que pagó 30.000 dólares y se comprometió a abonar los otros 200.000.

Viegas y Sbabo estaban citadas para declarar hoy ante el fiscal, pero las audiencias se postergaron para el miércoles de la semana próxima a pedido del abogado de Adorni, Matías Ledesma, que esta mañana tenía una nueva jornada del juicio de los cuadernos de las coimas, donde defiende a uno de los acusados.

Tras la declaración de Nechevenko y a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó realizar un procedimiento en la inmobiliaria Rucci para secuestrar la documentación de las operaciones en las que intervino.

Se trató de una orden de presentación que preveía la posibilidad de hacer un allanamiento, en caso de que los documentos no hubieran sido entregados ante la requisitoria judicial, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

El detalle de la declaración de Nechevenko revela cómo fue la sucesión de operaciones inmobiliarias realizadas por Adorni, en las que intervino la profesional.

Las dos mujeres le cedieron el departamento a pagar los 200.000 dólares hasta noviembre de 2026, sin intereses, según señaló la escribana, que estuvo durante más de dos horas en Comodoro Py.

Adorni hizo un anticipo en efectivo de 30.000 dólares, indicó la escribana.

Según su declaración, en función de lo que dijeron fuentes tribunalicias consultadas por LA NACION, Adorni primero hipotecó su departamento de la calle Asamblea al 1100 en Parque Chacabuco.

Con ese dinero compró en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, sumando una parte en efectivo, y luego -en una operación aparte- escrituró su departamento de Caballito, donde se comprometió a pagar 200.000 dólares.

La escribana, que mostró algunas lagunas en su memoria al momento de declarar, explicó que en noviembre de 2024 Adorni se mostró interesado en hipotecar el departamento de Parque Chacabuco donde vivía.

Adorni le pidió a la mujer que le buscara gente para que le prestara dinero. Entonces consiguió a dos personas que le prestaban 100.000 dólares al 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales.

Una vez recibidos los 100.000 dólares en efectivo, Adorni depositó el dinero en un banco, más otros 20.000 dólares que aportó de su propio patrimonio.

Así compró la casa del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, que colocó a nombre exclusivamente de su mujer Bettina Angeletti. En su declaración jurada, Adorni menciona que él es titular del 50% de la deuda.

En noviembre de 2025, Adorni adquirió el departamento de la calle Miró en Caballito, según dijo la escribana.

Fue escriturado en 230.000 dólares, de los cuales Adorni pagó un anticipo en efectivo de 30.000 dólares y se comprometió a saldar el resto mediante una hipoteca a pagar a noviembre de 2026.

Las dos personas que le ofrecieron esta manera de adquirir el inmueble son las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años. Ambas estaban citadas para declarar este jueves ante el fiscal, pero se postergó para el miércoles de la semana próxima.

El propietario anterior del departamento era el exfutbolista Hugo Morales, que ya declaró y dijo que al momento de escriturar aparecieron dos chicos jóvenes.

Supuestamente uno de ellos se trataría del hijo de una de las jubiladas que firmaron la escritura y no se descarta que fueran conocidos de Adorni, dijo una fuente judicial.

Son estas dos mujeres las que cobraron los 30.000 US$ de anticipo y permitieron que Adorni pague sin intereses su deuda y que se mude con su familia, supuestamente antes de escriturar, dijeron fuentes del caso.

En el mismo edificio la inmobiliaria Rucci ofrece departamentos a un valor superior. Morales dijo que lo vendió en 200.000 dólares porque lo tuvo alquilado diez años, estaba en muy mal estado y no conseguía comprador.

La declaración de la escribana Nechevenko generó satisfacción en la Casa Rosada porque entendieron que con su explicación se confirmó que las únicas operaciones que hicieron Adorni y su esposa fueron la compra del departamento y, con una hipoteca, se compró la casa del country. Luego, en otra operación, se compró con una hipoteca el departamento de la calle Miro al 500, en Caballito.

“Se repitió el mismo mecanismo utilizado para la compra de Asamblea en el año 2014”, señalaron en la Casa Rosada donde subrayaron que la escribana dijo que con Adorni no realizó ninguna otra hipoteca ni compraventa de inmuebles"

Confirmó que el departamento de la calle Asamblea al 1100 de Parque Chacabuco se compró mediante una hipoteca en el año 2014, la que fue cancelada en el año 2019.

Y dijo que las hipotecas “fueron suscriptas con los mecanismos habituales y que ella fue quien lo contactó con las personas que le prestaron el dinero para la compra de la casa de Indio Cua”, indicaron las fuentes oficiales.

Ahora la fiscalía está buscando completar el cuadro con la declaración de las dos personas jóvenes que estaban presentes cuando se firmó la escritura de la venta del departamento de la calle Miró al 500.

Luego el fiscal analizará si todas las erogaciones que implicaron estas operaciones inmobiliarias, los gastos, lo gastado en los arreglos de la casa del country y en la refacción del departamento de Caballito y las expensas de todas las propiedades pudieron ser cubiertas con los ingresos declarados por Adorni y su esposa en su declaración jurada.

Pero para realizar esta cuenta detallada, seguramente será necesario hacer en el futuro un peritaje contable.

Se trata de Pablo Martín Feijoo, señalado como el hombre que hizo la primera reserva del departamento en la inmobiliaria Rucci, y Leandro Miano. Ambos forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. El primero, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que le vendió el departamento a Adorni, en una operación que incluyó una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado. Ingresó a la Casa Rosada, autorizado por el entonces vocero, el 22 octubre de 2025 (un mes antes de la operación de compra venta). La segunda vendedora, Claudia Sbabo, está casada con Omar Leonardo Miano, mismo apellido que el otro de los miembros de la desarrolladora.

¿Cómo llegan los nombres de Feijoo y Miano a la investigación? La respuesta conduce directamente a la reserva del departamento cuando lo vendía el primer propietario del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, y su declaración ante la Justicia.

El exdeportista profesional recordó a dos hombres cuando empezó a describir cómo fue la venta que él realizó a las dos mujeres que luego revendieron la propiedad a Adorni. Fuentes judiciales indicaron que los mencionó en un par de situaciones distintas. Señaló que la oferta de US$200.000, precio al que vendió en mayo de 2025, se la realizaron esos dos hombres. También agregó que a ambos hombres los vio el día que se escrituró junto a las dos mujeres (las mismas que luego le vendieron a Adorni con hipoteca mediante).

Las mujeres a las que se refirió Morales son Viegas, jubilada, quien este lunes cumplió 73 años, y Sbabo, afiliada al PAMI. Esta última había solicitado un “Pase Cultural” al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinado a personas cuyos ingresos no superaban los $600.000 en junio del año pasado. Es decir, un mes después de haber registrado de parte de ella la compra del departamento, según el informe de dominio al que accedió LA NACION a través del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

La escribana Adriana Nechevenko declaró este miércoles, en calidad de testigo, que la hipoteca la aportaron “personas que son conocidas” de Adorni, según indicaron fuentes judiciales.

Hasta ahora, estaba vacío el casillero que busca respuestas sobre cómo habían llegado al departamento de Caballito las dos acreedoras de Adorni. El exfutbolista había ubicado a dos hombres, pero sin especificar sus identidades.

Este medio envió mensajes, un correo electrónico y llamadas a Pablo Martín Feijoo y a TJS Group con el objeto de consultar a Leandro Miano, pero al momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

Feijoo y Miano, de 36 años y 44 años respectivamente, comparten actividad económica en la constructora Avda SRL desarrolladora inmobiliaria llamada TJS Group, además de presentar vínculos con Viegas y Sbabo, tal como refleja información judicial y domicilios comerciales.

El hijo de Viegas, Feijoo, se desempeña como socio y gerente de Avda SRL y TJS Group, respectivamente. Fuentes judiciales confirmaron que durante el allanamiento a la inmobiliaria Rucci se secuestró la reserva del departamento con su nombre. Ese papel se corresponde con la venta que realizó Hugo Morales a las dos mujeres (Viegas y Sbabo).

A su vez, Feijoo aparece en una demanda judicial laboral junto a su madre, iniciada en octubre de 2020. Ambos comparten domicilio alternativo sobre la avenida Pedro Goyena, también en Caballito, y figura como trabajador autónomo y monotributista categoría F, que estipula unos ingresos brutos anuales de hasta $38,6 millones, de acuerdo con bases de datos de información fiscal y comercial.

Los documentos de Avda SRL y de TJS Group muestran que Leandro Miano es socio de las empresas. Incluso, fue la cara visible de la desarrolladora en una entrevista concedida al medio Forbes. Registra un domicilio que coincide con el domicilio alternativo de Sbabo, de acuerdo con bases de datos con información fiscal y comercial. Además, se ubica en la categoría H del monotributo, cuyo tope de ingresos brutos anuales alcanza los $70,1 millones, según recopila una base de datos con información fiscal, bancaria y comercial.

Avda SRL especificó que se dedica a tareas de la construcción, inmobiliarias y financieras, según surge de un documento publicado en el Boletín Oficial. Dentro de su objeto se leen actividades tales como “ejecutar toda clase de obras públicas y privadas”, “compra, venta, permuta, hipoteca, alquiler, subalquiler, arrendamiento intermediación y administración de propiedades inmuebles” y “otorgar préstamos y/o aportes e inversiones a particulares o sociedades, realizar financiaciones y operaciones de créditos en general relacionados con las obras que emprendan”.

Por su parte, TJS Group es una empresa desarrolladora que se creó en 2021. Sus cuatro socios aparecen dentro del régimen del monotributo, con categoría H y F, y otros son autónomos. Uno de ellos percibió la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2020.

La operación

Viegas y Sbabo compraron el departamento por US$200.000 en mayo de 2025. Seis meses después se lo vendieron a Adorni por un importe US$30.000 más caro, tal como reflejan los informes de dominio. En paralelo a esa operación las mujeres le financiaron la compra al jefe de gabinete con una hipoteca de US$200.000, que cubrió el 87% de la transacción.

La declaración de Morales aporta información sobre la precuela de esa operación inmobiliaria. Los detalles sobre su posterior venta comenzaron a conocerse tras la declaración judicial de la escribana Nechevenko.

Tal como publicó LA NACION, la escribana indicó que Adorni le pagó en efectivo US$30.000 para comprar el departamento de Caballito con una hipoteca por US$200.000 sin intereses, a saldarse en noviembre de este año.

Consultados por LA NACION, los escribanos y operadores coincidieron en que la compraventa por hipoteca contra saldo de precio -el mecanismo que le permitió al ministro coordinador acceder a su departamento en la calle Miró al 500- es una operación habitual. De todas formas, los profesionales llamaron la atención por el bajo monto que abonó el funcionario como adelanto y la falta de intereses en los 200.000 dólares que quedó debiendo a las vendedoras.

Como contó LA NACION, Adorni compró su vivienda en Caballito por un valor de 230.000 dólares. La mayor parte de esa operación -según información del Registro de la Propiedad Inmueble- se financió mediante una hipoteca de 200.000 dólares de las dos propietarias de ese inmueble, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Es decir, al momento de la compraventa, el funcionario solo pagó 30.000 dólares.

Este jueves, Nechevenko confirmó ante el fiscal Gerardo Pollicita que ambas mujeres le cedieron el departamento al jefe de Gabinete a pagar los 200.000 dólares hasta noviembre de 2026, sin intereses.

Este tipo de operaciones son conocidas en el mercado inmobiliario como hipotecas contra saldo de precio e implica que el comprador paga parcialmente el inmueble al momento de adquirirlo y financia el resto del pago con la propiedad como respaldo. De no abonarse la deuda o saldo pactado, el vendedor podrá ejecutar la propiedad hipotecada.

Aunque se trata -como advirtió uno de los consultados- de una “operación razonable”, en el caso de Adorni llama la atención “el mínimo monto que se adelantó”. Es que al momento de la compraventa, el jefe de Gabinete solo había pagado 30.000 dólares, es decir, alrededor del 15% del valor de la propiedad.

“Es llamativo que el saldo fuera tan grande”, explicaron conocedores de operaciones inmobiliarias que prefirieron mantener su nombre en reserva. En ese sentido, los especialistas subrayaron que la hipoteca contra un saldo del precio es una fórmula usada, pero lo tradicional es dejar como deuda un monto mucho menor. “Suele ser un saldo menor al 50% y acá quedó el 85% a pagar”, subrayaron.

Otro punto que señalan como sorpresivo es la inexistencia de intereses que informó Nechevenko durante su declaración.

Además, especialistas consultados por LA NACION señalaron que la escribana interviniente debería haber consultado por el origen de los fondos involucrados en la transacción, conforme la resolución 242 de la Unidad de Información Financiera (UIF) para prevenir lavado de activos. En un breve intercambio con la prensa tras declarar en Comodoro Py, Nechevenko afirmó que conocía desde hacía “un montón” a la familia Adorni, pero no aclaró nada respecto al origen del dinero empleado para ninguna de las compras.

Los escribanos deben consultar si el comprador es una persona políticamente expuesta, como era Manuel Adorni. Y, si la respuesta es positiva, reforzar la identificación de los fondos.

En tanto, el mecanismo por el que se adquirió la casa en el country Indio Cua no reviste mayor novedad, según especialistas consultados. Para acceder a la propiedad en Exaltación de la Cruz -explicó la escribana a la Justicia- Adorni hipotecó su departamento en la calle Asamblea al 1100 en Parque Chacabuco. La propiedad está en venta.

El funcionario le habría pedido a Nechevenko, en noviembre de 2024, que le buscara gente para que le prestara dinero. Consiguió entonces dos personas que le prestaban 100.000 dólares al 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. Según la declaración, el ministro depositó ese dinero en efectivo en un banco, más otros 20.000 dólares que aportó de su propio patrimonio, para comprar la casa en el country.

Un escribano consultado por LA NACION confirmó que esa clase de operaciones -conocidas internamente como crédito puente- también son habituales. Se trata de operaciones por las que se cubren necesidades financieras en el corto plazo mediante un préstamo a la espera, por ejemplo, de la venta de un activo que pueda actuar como herramienta de financiación definitiva. En este caso, la eventual venta del departamento de Parque Chacabuco, hipotecado, permitiría cancelar la deuda contraída.

“Lo que tiene la operación de Indio Cua es que se hipoteca un inmueble que no se pudo vender o no se quiso salir rápido a vender. Entonces si alguien me presta plata, yo puedo vender bien ese departamento y con eso cancelar el préstamo”, explicó el especialista que pidió mantener su identidad bajo reserva.

El interés que se impuso sobre ese préstamo (11%) también se encuentra -de acuerdo al conocedor del ámbito inmobiliario- entre los parámetros habituales. “Prestar con entre el 10% y el 14% [de interés] en créditos privados es usual”, concluyó.

“Eso pregúntenle a él”, dijo, en referencia al origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete adquirió una de las propiedades.

Fue tras su declaración de más de dos horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, este miércoles, en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

“No hubo un préstamo”, sostuvo la mujer, en referencia a la compra que hizo Adorni del departamento en el barrio de Caballito, sobre la calle Miró, donde vive junto a su familia.

Esa operación, cerrada en 230 mil dólares, quedó en la mira por haber sido financiada de alguna manera por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

En la audiencia de hoy, la escribana aclaró, bajo juramento y ante autoridades judiciales, que las jubiladas financiaron 200 de esos 230 mil dólares, a pagar en 2026, sin intereses.

Esos 200 mil dólares son solo una parte del pasivo que pesa sobre el jefe de Gabinete, que acumula otra deuda correspondiente a una primera hipoteca, explicaron fuentes que conocen el expediente.

Se trata de la hipoteca que Adorni y su mujer, Betina Angeletti, constituyeron sobre su departamento en el Parque Chacabuco, utilizada para comprar una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Ese préstamo, de un total de 100 mil dólares, fue efectuado por dos mujeres, Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. Según sostuvo hoy la escribana Nechevenko en su declaración, fueron introducidas por ella en la operación y no conocían a Adorni, quien buscaba un prestamista, relataron fuentes de Comodoro Py. Ese primer préstamo sí fue, sin embargo, con intereses.

A su salida de la fiscalía, la escribana planteó que en la operatoria de Caballito no hubo un préstamo de “efectivo”, stricto sensu, por parte de las jubiladas.

“Préstamo de dinero, así en efectivo, no hubo”, sostuvo, en una de las pocas definiciones que dejó la mujer en su diálogo con la prensa.

En el marco de ese intercambio, Nechevenko precisó que la operación del departamento de la calle Miró fue una “compraventa con una hipoteca de saldo de precio”, aunque sin ahondar en detalles. “No prestaron dinero”, insistió en varias oportunidades sobre las jubiladas.

La mujer dijo que conocía desde hacía “un montón” a la familia Adorni, pero no aclaró nada respecto al origen del dinero empleado para ninguna de las compras, ni se explayó sobre sus ingresos a la Casa Rosada, pese a ser consultada al respecto.

Los investigadores la convocaron para que aporte información no solo del departamento de Caballito sino también de la casa a nombre de la mujer del funcionario, Angeletti, en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, comprada en 2024 y en cuya operación también intervino como escribana.

Nechevenko, de saco rosa, botas cortas y grandes anteojos, llegó temprano a los tribunales de Retiro, permaneció junto a su abogado en el café de la planta baja hasta pasadas las 10, cuando subió a la cita con el fiscal Pollicita, en el quinto piso del edificio judicial de Retiro. Pasadas las 13, dio por concluidas las preguntas y se retiró del edificio, escoltada por la policía.

Ayer en la causa declaró como testigo el primer propietario del departamento de Caballito, el exjugador de fútbol Hugo Morales. El exfutbolista ratificó que vendió la unidad a las dos jubiladas que luego se la venderían a Adorni, con Nechevenko a cargo de la escrituración.

Esa operación, sobre la que hoy fue consultada la escribana, tuvo dos particularidades: se cerró formalmente en 230.000 dólares −es decir, poco más de 1000 dólares el metro cuadrado−; y las vendedoras, las jubiladas Sbabo y Viegas, llamadas también a prestar declaración, fueron también acreedoras de Adorni al otorgarle, en la misma operación, un préstamo de 200.000 dólares, según la documentación que mostró LA NACION.

Morales declaró durante más de dos horas de manera virtual. Sostuvo que durante la operación las jubiladas estuvieron acompañadas por dos “chicos”, de quienes no pudo aportar precisiones. Fuentes judiciales señalaron que esa es una de las pistas a seguir.

Tal como había informado LA NACION, Morales dijo en Tribunales que la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria y unos chats que cruzó con las personas involucradas.

Para el lunes próximo fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea.

Tal como reveló este medio, esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que la mujer de Adorni compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Mercedes Ninci se acercó a la escribana y le consultó inmediatamente sobre el caso, donde el fiscal promueve una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete. En el video captado por la propia periodista, se escucha cómo esta le pregunta sobre la compra del departamento de Caballito y el financiamiento de dos jubiladas.

Nechevenko respondió de modo evasivo: “No, no, no es momento. Todo eso cuando salgo. Un gustazo. Después nos vemos”. La cronista ignoró la negativa e insistió: “¿Cómo puede ser? Señora, que dos jubiladas le vendan un departamento y le presten la plata para comprarlo”.

La escribana repitió la frase “después nos vemos” de forma reiterada ante cada consulta e intentó retirarse. La cronista la acompañó por el pasillo y sostuvo: “Usted estuvo en por lo menos dos operaciones muy turbias del jefe de gabinete”.

La mujer mantuvo su postura de no emitir declaraciones, y Ninci aseguró que no tenía apuro para esperar una explicación. Finalmente, la escribana manifestó: "No voy a explicar absolutamente nada y les pido por favor que se retire, que me deje tranquila".

La investigación por las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni

La causa judicial analiza la adquisición de un departamento en la calle Miró y una casa en el country Indio Cua. El fiscal Pollicita busca determinar la procedencia de los fondos utilizados por el matrimonio de Adorni y Bettina Angeletti.

El exjugador de fútbol Hugo Morales prestó testimonio el martes y aseguró que vendió el departamento a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas por US$200.000. Destacó también que la operación se concretó con celeridad a través de una inmobiliaria.

La escribana Nechevenko registró una hipoteca sobre un inmueble de la calle Asamblea por US$100.000, mediante un trámite legal que ocurrió el 15 de noviembre de 2025. Esa fecha coincide con la compra de la vivienda en Exaltación de la Cruz a nombre de Angeletti.

Los investigadores verifican si las acreedoras poseen la capacidad económica para otorgar dichos créditos, ya que una de ellas figura en los registros públicos como beneficiaria de un programa de asistencia cultural para personas con ingresos mínimos.

El dato surge del último informe de la consultora Ad Hoc, que releva mensualmente la conversación digital. Según el estudio, en el tercer mes del año, los sentimientos negativos hacia el primer mandatario volvieron a imponerse en las plataformas: se ubicaron en torno al 52%, el mismo nivel que en febrero. Ese rechazo −que en febrero respondía fundamentalmente a la reforma laboral− estuvo motorizado por las controversias en torno al ministro coordinador y las últimas relevaciones en la investigación por la criptomoneda.

Ambos temas dominaron la conversación digital en un mes complejo para el gobierno nacional. Según datos de la consultora, el caso $LIBRA acumuló un total de 1.253.000 menciones, mientras que la figura de Adorni concentró 2.765.000 referencias, siete veces más que el mes pasado. Dichas menciones impactaron, en los dos casos, sobre la imagen del Presidente, aunque bajo mecanismos distintos.

El intenso odio de Milei al periodismo

“La diferencia fundamental entre ambos escándalos reside en el tipo de impacto para el Presidente. $LIBRA impacta directamente en la conversación sobre Milei por los vínculos con Karina [Milei] y por el accionar del Presidente promoviendo la ‘moneda’. El caso Adorni impacta indirectamente: el grueso de las menciones son ‘por fuera’ de la conversación digital sobre el primer mandatario”, explica el informe de Ad Hoc.

Otro de los temas protagónicos del último mes fue la Asamblea Legislativa. De cuatro conceptos principales que dominaron la agenda −Karina Milei, Adorni, $LIBRA y apertura de sesiones−, este último fue el único que le aportó positividad al Presidente.

Además de la imagen digital de Milei, tanto el caso $LIBRA como la polémica en torno a Adorni afectaron las percepciones sobre sus protagonistas en las plataformas. En marzo, la hermana del primer mandatario concentró un sentimiento digital negativo del 78%, mientras que, en el caso de Adorni, ese rechazo se ubicó en un 69%. “Casi ocho de cada 10 menciones a Karina Milei fueron negativas vinculadas mayoritariamente con la causa $LIBRA”, señala la consultora.

En tanto, las menciones al ministro coordinador alcanzaron su pico máximo el 12 de marzo, a raíz de su descargo televisivo luego de que se conociera que su esposa Bettina Angeletti había integrado la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos por la “Argentina Week”. La expresión “deslomarse” utilizada por el funcionario para justificar el viaje de su pareja generó una catarata de reacciones en las comunidades opositoras, que aprovecharon la ocasión para recordar el decreto 712/24 que prohíbe llevar familiares en aviones oficiales y exigían conocer la declaración jurada del patrimonio de Adorni.

La conversación en torno a su figura retrocedió significativamente en los días siguientes, pero volvió a activarse luego de que se conociera que la familia Adorni había adquirido una propiedad en Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La conferencia de prensa en la que el ministro se negó a dar explicaciones sobre su patrimonio y su vuelo privado a Punta del Este y la revelación de LA NACION sobre la compra de su departamento en Caballito, en noviembre pasado, generaron nuevamente picos de actividad en torno a su figura en redes sociales.

Esa secuencia −según señala en informe− deja en evidencia las dificultades del gobierno libertario para cerrar las crisis comunicacionales. Tal como había sucedido con los vínculos del exdiputado José Luis Espert con Fred Machado, las entrevistas y muestras de apoyo de dirigentes del oficialismo no alcanzaron para desactivar la conversación digital.

“El caso Adorni y el caso Espert tuvieron intentos de cierre: entrevistas, notas, tuits y apoyo de funcionarios. Estos en general alimentaron la conversación y profundizaron la crisis. En el caso de Andis [por el presunto cobro de coimas en el área de Discapacidad] ni siquiera hubo intento de confrontar”, indica la consultora.

A más de un año del escándalo por la criptomoneda, el Gobierno tampoco logró controlar la conversación digital sobre $LIBRA, que tuvo su máximo de menciones mensuales tras la filtración de los audios del lobista Mauricio Novelli.

La profesional intervino en la operación de compra del departamento de Caballito, en la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea y en la compra de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Bettina Angeletti, a mujer de Adorni.

En la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran, en documentos oficiales, como acreedoras de Adorni con garantías hipotecarias.

Este jueves deberán presentarse como testigos Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le garantizaron 100.000 dólares cada una. Para el lunes próximo fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea. Tal como reveló LA NACION, esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que la mujer de Adorni compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Todas estas declaraciones forman parte de la causa que investiga al jefe de gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

El exfutbolista Hugo Morales, primer propietario del departamento de Caballito en el que vive Adorni, declaró ayer como testigo en este expediente. Morales sostuvo que en mayo de 2025 vendió el departamento por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas.

Son las jubiladas que, préstamo mediante, luego le vendieron la unidad a Adorni, en noviembre de ese mismo año, por un monto declarado de 230.000 dólares. Estas mujeres jubiladas fueron, a un tiempo, vendedoras y prestamistas: le facilitaron al jefe de gabinete más del 85% del valor que él les pagó.

Morales declaró ante el fiscal Pollicita, durante más de dos horas, a través de una plataforma para reuniones virtuales del Ministerio Público Fiscal llamada Jitsi. Sostuvo que en la primera operación las mujeres estuvieron en todo momento acompañadas por dos “chicos”, a quienes no pudo identificar. Fuentes judiciales señalaron que esa es una de las pistas a seguir que dejó la declaración.

Morales, exjugador de fútbol de Lanús, Huracán y la Selección nacional, ratificó que él había comprado el departamento al mismo precio que lo vendió.

Tal como había informado LA NACION, Morales dijo en Tribunales que la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria y unos chats que cruzó con las personas involucradas.

Morales había comprado el primer piso de Miró al 500 en 1996. El departamento, de cuatro ambientes y un amplio patio, estuvo alquilado durante los últimos diez años hasta que decidió venderlo. “Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido”, le contó Morales en las últimas horas a un allegado.

Ante el fiscal, el exjugador dijo que vendió el inmueble por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás, US$200.000, porque estaba apurado y porque actualmente vive en la provincia de Corrientes. ¿Lo hizo mediante un boleto o una escritura? “En los audios aportados dice que hizo un boleto pero en su declaración habló de escritura”, dijo una fuente judicial.

Un mes después de haberle comprado el departamento a Morales, Sbabo, que en los registros públicos figura como empleada de una editorial, apareció en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Esa iniciativa otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos, y está destinada a jubilados y pensionados mayores que perciban un haber no superior a $600.000 mensuales, sin contar aguinaldo.

Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos o si simplemente hicieron un negocio con la reventa.

Viegas, de hecho, fue una de las socias de la empresa Nazca Gold SRL, según documentos del 2017. Y figura como titular de un departamento y un local en la ciudad de Buenos Aires.

De la audiencia de Morales de este martes formó parte el abogado de Adorni en esta causa, Matías Ledesma.

Así lo informaron fuentes judiciales que conocen el expediente de primera mano.

Como parte de esta nueva tanda de medidas, el juez Lijo también solicitó un informe de las llamadas de Horacio Silva, desde enero de 2023 hasta la actualidad. Silva se desempeña en la productora Imhouse (de la que es dueño Grandio) y fue quien firmó por esa productora seis contratos con la TV Pública.

Además, el magistrado hizo un nuevo pedido de información a la TV Pública sobre todos los expedientes administrativos que culminaron en esos contratos.

Asimismo requirió información contable relacionada e ingresos generados por esas contrataciones, así como los datos de los funcionarios que intervinieron.

Las medidas se dan en el marco de la causa que revisa los vuelos de Adorni con su familia a Punta del Este, uno de los dos expedientes que revisan la actividad del jefe de gabinete de Javier Milei.

En la causa declaró el broker que le vendió los vuelos a Grandio que finalmente usó Adorni y su familia y también su secretaria. Son Agustín Issin Hansen y Vanesa Tossi.

Los dos dijeron que el viaje de Adorni a Uruguay lo abonó Grandio, pero ella, además, sumó otro dato: que Grandio le pidió que no se facturaran, a lo que ellos se negaron.

En plena declaración de la secretaria ocurrió un episodio por demás llamativo: Tossi recibió un llamado y un mensaje de Grandio.

“Vane, ¿podés hablar?”, decía el chat, según pudo reconstruir LA NACION. El hecho quedó registrado en las actuaciones de la causa.

Ambos explicaron que el de ida fue pagado por Grandio, pero facturado a su productora Imhouse directamente por la operadora (Alpha Centauri). Respecto al de vuelta, el broker indicó que fue abonado por su empresa, Jag Executive Aviation, y luego revendido a Grandio por 3000 dólares.

En paralelo a esta causa, también en el juzgado de Lijo, pero con el fiscal Gerardo Pollicita a cargo de la investigación, tramita la de enriquecimiento ilícito, iniciada luego de que se conocieran las propiedades que Adorni sumó a su patrimonio desde que está en la función pública.

Mañana declarará la escribana Adriana Nechevenko, que escrituró la compra del departamento de Adorni en Caballito y la casa en Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su mujer, Betina Angeletti.

Enseguida advirtió que el jefe de Gabinete de Javier Milei tampoco planea responder, al menos en lo inmediato, sobre las investigaciones periodísticas que pusieron en la mira el crecimiento de su patrimonio y sus viajes, y que derivaron en una causa penal. “Cada pregunta que se haga por el tema será una pregunta perdida, porque no va a responder por eso”, insistieron puertas adentro de palacio de gobierno.

La última vez que Adorni se expuso a preguntas fue en la conferencia de prensa del miércoles 25 de marzo, donde se negó a dar explicaciones con el argumento de que podría entorpecer la causa judicial, y que solo hablaría ante un juez. “Si le vuelven a preguntar, se va a remitir a que esas respuestas serán dadas ante la Justicia”, reafirmaron en el Gobierno. Adorni no volvió a dar una conferencia de prensa. Tampoco está en agenda, al menos por el momento, que dé entrevistas.

En el equipo de ministros de Milei se extiende la sensación de que Adorni quedó corrido de hecho, a lo largo del último mes, de su rol de vocero. Se trata del primer cargo que ocupó en el gobierno y desde el que se proyectó a la Jefatura de Gabinete, en noviembre pasado.

“Es lo que hay”, se resignó, levantando las palmas, un funcionario que visita periódicamente la Casa Rosada. Pero de inmediato aclaró: “Creo que puede volver a ser vocero”, para explicarse: “Es cierto eso de que todo pasa”.

En el Gobierno reconocen el corrimiento de Adorni desde el pasado 8 de marzo, cuando se conoció que su esposa voló junto a la comitiva oficial a Nueva York. Luego se conoció que viajó en avión privado a Punta del Este por el feriado de carnaval, en un vuelo facturado por una productora de su amigo Marcelo Grandio, que tiene contratos con la TV Pública. Más tarde, que su esposa registró en 2024 una casa en un country de Exaltación de la Cruz y que ambos adquirieron al año siguiente un departamento de 200 metros cuadrados en Caballito, sin vender sus propiedades anteriores. Los bienes no aparecen en las declaraciones juradas de acceso público del funcionario, que son analizadas ahora por la Justicia, junto a una serie de hipotecas que tomó.

Todo eso garantiza que el caso y el jefe de Gabinete “seguirán siendo noticia”, como advirtió uno de los consultados.

Adorni debería presentarse públicamente el próximo 29 de abril, cuando presente el informe de gestión del Gobierno ante el Congreso. Allí lo esperan unas 5000 preguntas, la mayoría de la oposición, cuyas respuestas “ya se están preparando”, según aseguran cerca de la jefatura de Gabinete.

Pero mucho antes, este miércoles, la Cámara de Diputados volverá a hacerse eco de las revelaciones cuando abra el recinto para intentar sancionar las modificaciones en la Ley de Glaciares. “La sesión va a estar teñida por eso”, reconocen en la Casa Rosada.

Adorni goza desde que se desató la polémica del total respaldo de Javier y Karina Milei, quienes le han dado reiterados gestos de apoyo en público y privado, que fueron seguidos por los ministros y otros funcionarios.

Sin embargo, en las distintas terminales libertarias comenzaron a cristalizar síntomas de incomodidad. El caso divide aguas y la principal percepción es que el manejo de lo sucedido, al menos desde lo comunicacional, fue “errado”.

“Hubo una estrategia inadecuada”, evaluó una de las fuentes consultadas. Consideró también, en esa línea, que “el goteo” diario con noticias sobre Adorni “tendría que haberse controlado” desde el principio.

“La estrategia fue mala y tarde. Mucho daño autoinfligido por desaciertos que podrían haberse evitado”, acotó otro funcionario, bajo reserva de su nombre.

El manejo del caso estuvo casi exclusivamente bajo el control del equipo de Adorni, a excepción de los preparativos para la conferencia de prensa. Allí hubo una suerte de “mesa de crisis” en la que participó el asesor presidencial Santiago Caputo. Los equipos no volvieron a interactuar luego del 25 de marzo.

La convicción generalizada, en distintas áreas y carteras, fue que la conferencia “no terminó sirviendo”. Estaba prevista una nueva edición el pasado miércoles, pero terminó cancelándose.

Las distintas tribus libertarias coinciden en reconocer que están cada vez más incómodas con la situación. “La mayoría de los ministros prácticamente no salen a hablar desde que empezó el tema”, reconoció una fuente oficial. Y eso desató un nuevo problema para el Gobierno.

“Se nos dieron cosas que esperábamos hace mucho, como el fallo de YPF o la noticia de la baja de la pobreza, y no se pudieron hacer conferencias de prensa para capitalizarlos. Eso es porque el tema no se controló de entrada y creció como creció”, apuntó otro. “Hay como un hastío total. La sensación es que no se puede salir del tema”, reconoció otro de ellos.

Este martes, Adorni comunicó a través de la red social X el envío al Congreso de una nueva ley de salud mental y por esa misma vía hizo alusión a novedades que en otro momento hubieran motivado conferencias de prensa.

En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) April 7, 2026

“Manuel va a poder explicar, pero el tema es el costo que tendrá todo esto”, intentó resumir uno de los consultados. “Se llegó a una escalada que debería haberse frenado apenas empezó. Son tiros en los pies que no nos podemos pegar”, completó otro.

El crédito se lo otorgaron dos mujeres, como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. La hipoteca que garantiza ese crédito se formalizó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

LA NACION accedió a esta información de fuentes oficiales y la corroboró con un trámite regular de pedido de informe al Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Sobre ese departamento de la calle Asamblea se trabaron dos hipotecas, según los datos catastrales. Una, hace 12 años, por 75.000 dólares, a favor de Stella Maris Roman, la vendedora del departamento (como en el caso de Caballito, la vendedora aparece además como quien otorga el crédito con una garantía hipotecaria). Esa primera hipoteca fue inscripta el 12 de marzo de 2014.

La segunda, por 100.000 dólares, es la de noviembre de 2024. Las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio (con 15.000 dólares).

Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.

El monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Es viuda y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

La información se conoce horas después de que el presidente Javier Milei organizó una reunión de Gabinete en la que dio un apoyo explícito a Adorni y les pidió a todos los ministros que coordinen con él sus próximos proyectos.

En el Registro de la Propiedad la compra del departamento de la avenida Asamblea (frente al Parque Chacabuco) figura como efectuada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y Angeletti con un precio declarado de 105.000 dólares.

El departamento está actualmente en venta, pero aún figura como propiedad del matrimonio Adorni-Angeletti.

La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de Caballito, el año pasado.

El fiscal que lleva adelante la investigación sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, citó a declarar a Nechevenko este miércoles, como testigo, en la causa.

La fiscalía le pidió además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su mujer. Eso permitirá conocer, por ejemplo, los pagos a los que se obligó Adorni para saldar las deudas que asumió y garantizó con hipotecas.

LA NACION reveló la semana pasada que el jefe de Gabinete había escriturado en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito, y que las anteriores dueñas de la propiedad le habían prestado 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado en los papeles.

Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64.

Adorni no dio explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio desde que es funcionario del gobierno de Milei, un proceso que incluyó la incorporación de la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito y una camioneta Jeep Compass, que compró en marzo de 2024, cuatro meses después de asumir como vocero presidencial.

Según datos del Registro de la Propiedad Inmueble a los que accedió LA NACION, Sbabo cuenta con titularidad registral sobre tres inmuebles. Al momento de conceder el beneficio, el Ministerio de Cultura de la ciudad solo tiene en cuenta el recibo de haberes y no solicita documentación adicional respecto de propiedades a nombre del solicitante u otros ingresos.

“Una de las jubiladas que compraron y le financiaron la casa con una hipoteca [a Adorni], al mismo tiempo que estaba haciendo eso, estaba pidiéndole a la ciudad un pase cultural de $60.000”, reveló el lunes último la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) en diálogo con LN+.

La jubilada de 64 años figura como una de las beneficiarias del Pase Cultural para adultos mayores, un programa que otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos. La iniciativa está destinada a jubilados y pensionados mayores de 60 años que vivan en la ciudad y perciban un haber que no supere los $600.000 mensuales sin contar aguinaldo.

Ese monto, equivale -a valores de junio del año pasado, cuando Sbabo accedió al beneficio- a alrededor de dos jubilaciones mínimas sin bono. En el Ministerio de Cultura de la ciudad confirmaron a LA NACION que para acceder al programa, los beneficiarios deben presentar su último recibo de haberes y DNI.

Según consigna en el Boletín Oficial de la Ciudad, la cartera que conduce Gabriela Ricardes aprobó la nómina del beneficiarios el 12 de junio de 2025. Un mes antes, Sbabo había adquirido junto a Beatriz Viegas -la otra jubilada que figura como acreedora del funcionario nacional- el departamento de Miró al 500 que luego le vendieron a Adorni con una hipoteca.

Como contó LA NACION, Sbabo y Viegas habían anotado en mayo de 2025 el condominio con el que compraron la propiedad de Caballito a su primer dueño, el exfutbolista Hugo Alberto Morales. Esa compraventa se registró por un valor de 200.000 dólares.

Según el Registro de la Propiedad Inmueble, siete meses después, en noviembre del año pasado, Adorni compró esa propiedad por 230.000 dólares. La mayor parte de esa operación se solventó con una hipoteca de 200.000 dólares que tiene como acreedoras tanto a Viegas como a Sbabo por 100.000 dólares cada una.

Es decir, según se desprende de los documentos, Sbabo accedió al beneficio para jubilados con haberes de hasta $600.000 en el plazo entre que adquirió el departamento de Caballito y se lo vendió a Adorni.

Investigación judicial

La Justicia investiga la compra del departamento de Miró al 500 realizada por Adorni. Ayer, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en esa operación inmobiliaria. Había participado también de la compra de la casa en Indio Cuá Golf Club a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, por el momento, no está previsto citar a las dos jubiladas que figuran como acreedoras del ministro coordinador. Como informó LA NACION, todo indicaría que el fiscal quiere hacerse primero con los elementos necesarios para determinar si deben presentarse como testigos o partícipes de un posible delito.

Además de su vivienda en Caballito y la casa del country de Exaltación de la Cruz, la familia Adorni cuenta con una propiedad en Parque Chacabuco -cuya titularidad comparten a medias el jefe de Gabinete y su esposa- y un departamento en Parque Avellaneda al que accedió Angeletti a través de un préstamo social del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

Los ingresos de Nechevenko a la Casa de Gobierno para ver al jefe de Gabinete y vocero presidencial fueron relevados por la ONG Poder Ciudadano, a partir de un pedido de acceso a la información pública. Se produjeron en 2024 (año en que Adorni registró la casa del country) y 2025 (año en que asentó la compra del departamento).

La primera de las visitas de Nechevenko a Adorni en la Casa Rosada se produjo el 30 de julio de 2024, informó el portal de noticias Letra P. Se extendió durante poco más de una hora, entre las 12.21 y las 13.31. El ingreso fue por Balcarce 24 (la Casa Rosada tiene entradas también por Avenida Rivadavia y por la calle Yrigoyen).

El segundo ingreso de la escribana para entrevistarse con Adorni fue el 19 de agosto de 2024, entre las 8.33 y las 9.08. Casi dos meses después, el 7 de octubre, quedó registrada la tercera visita de Nechevenko a la Casa Rosada, cuando la escribana se quedó en la sede del gobierno nacional entre las 11.28 y las 12:27.

En noviembre de 2024, la escribana intervino en la operación con la que Adorni adquirió una casa en el country Indio Cua Golf Club, de Exaltación de la Cruz, que está a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. El 26 de diciembre de ese año, entre las 8.53 y 9.19, se produjo la cuarta visita de Nechevenko a la Casa Rosada.

El quinto ingreso de la escribana de Adorni a la sede gubernamental para ver al funcionario fue el 27 de mayo de 2025. Ese mes, se escrituró la compra del departamento de Caballito a nombre de dos mujeres de 72 y 64 años, que luego se lo venderían a Adorni por US$230.000 (según lo registrado por el jefe de Gabinete), en una operación que incluyó un préstamo de las mismas mujeres al funcionario, por US$200.000, y la constitución de una hipoteca sobre el departamento. El ingreso, en esa quinta visita, quedó registrado a las 10.27 y la salida, recién a las 21.22.

Solo 25 minutos duró la sexta estadía de la escribana Nechevenko en la Casa Rosada. El 14 de julio de 2025, fue a ver a Adorni y permaneció entre las 9.07 y las 9.32.

La séptima y última visita de la escribana a la sede del Gobierno también fue breve, entre las 12.32 y las 12.53 del 15 de septiembre de 2025. Dos meses después, Adorni registró el departamento de Caballito, ubicado en la calle Miró al 500, por US$230.000.

Nechevenko fue citada a declarar como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en una causa en la que se investigan las compras de propiedades de Adorni. Fue convocada para dar testimonio el próximo miércoles.

La escribana ya declaró como testigo en otra causa. Se trata del juicio oral que se realizó contra Alfredo Abraham, Alberto López Martucci, Guillermo Manfredi, Víctor Wendling Duarte y Raúl Cores por tráfico de estupefacientes, en particular, de efedrina. En ese juicio, que se desarrolló en 2014, la escribana declaró que certificó firmas de los acusados, que fueron condenados, y constituyó algunas sociedades comerciales para ellos.

Se trata de una crisis que pone en riesgo a unas 250.000 personas que enfrentan problemas de discapacidad en todo el país y que eleva los afectados a casi un millón si se suma a las familias, trabajadores y proveedores de las instituciones, según un relevamiento del sector.

“Muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”, expresa la carta firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

Como signo de esta preocupación, monseñor Colombo celebrará la misa central de este Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Mendoza, donde tiene su sede el Hogar Don Orione, seriamente comprometido por la crisis del sector.

Como dato complementario, surgido de fuentes vinculadas con las entidades afectadas, el financiamiento de las prestaciones se encuentra gravemente comprometida. “El PAMI no interrumpía su cadena de pagos de esta forma desde 2002”, graficaron a LA NACION.

“Tarea silenciosa y generosa”

La carta de los obispos al ministro Lugones expresa que “en estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, en las que se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad”.

“Entre las muchas que podríamos nombrar señalamos, por ejemplo, los Cottolengos Don Orione, obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria donde la continuidad del cuidado de 1200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato”, sostiene el Episcopado.

Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.

El Episcopado señala que “las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir”, al describir un cuadro de “endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”. Añade que “en muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana”.

La carta firmada por monseñor Colombo recuerda que en mayo de 2025 el Episcopado había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar^”. Y, ante la angustiante situación actual, reclama el cumplimiento de la ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.

La Iglesia entiende que las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad constituyen “un verdadero patrimonio social de nuestra patria”. Agrega en la carta que “el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”.

“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”, dice el Episcopado en la nota enviada a Lugones.

Como integrantes de la comisión ejecutiva del Episcopado, firman la carta junto a Colombo el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del organismo; monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.

En ese camino, el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, celebrará la misa central del Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la capital mendocina, donde se encuentra el Hogar de la Obra Don Orione, dedicada hace 90 años a la asistencia y promoción humana de las personas con discapacidad.

En una realidad que se extiende a otras instituciones en todo el país, vinculadas o no con la Iglesia, el sector de la discapacidad viene denunciando los efectos de una crisis que amenaza la sostenibilidad de los hogares y servicios dedicados a la atención de personas con alta vulnerabilidad.

Con su gesto, Colombo retomará una práctica que tenía el cardenal Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires y realizaba celebraciones de la Semana Santa en hospitales, cárceles y centros de atención a niños.

Ya el año pasado el arzobispo Colombo advirtió sobre “el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública”. Llamó a la reflexión a quienes, desde el ámbito del gobierno nacional, deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de Discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea. Y en ese momento afirmó que “el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado, ni subordinado a otras urgencias”.

Una obra de 90 años

Al describir la crisis del sector, la Obra Don Orione advirtió que se encuentra quebrada la cadena de pagos. “Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, lo que ha obligado a la institución a agotar sus recursos propios para mantener la atención diaria”.

En una situación por la que transitan varias instituciones del sector, el problema se agrava por la brecha de ingresos y egresos, mientras los costos de vida (alimentos, medicamentos, servicios y salarios por acuerdos paritarios suben mes a mes, los aranceles que fija el Estado se actualizan tarde y muy por debajo de la inflación.

“Durante gran parte del último año, el sector operó con valores congelados,absorbiendo una inflación acumulada superior al 30% sin ninguna compensación inmediata”, denunció la Obra Don Orione, con presencia en todo el país.

La entidad advirtió que la extrema crisis del sector pone en riesgo la continuidad de sus servicios, como también ocurre en entidades similares. “La combinación de aranceles desfasados, una inflación que no da tregua y la interrupción en la cadena de pagos estatal ha generado un escenario de vulnerabilidad para las 1200 personas con discapacidad que asiste la institución en todo el país”. Un panorama similar al que enfrentan otras entidades civiles dedicadas a la atención de las personas con discapacidad.

El gesto del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que centrará la celebración del Jueves Santo en esta problemática, apunta a reclamar “la necesidad de garantizar derechos básicos”.

En esa línea, la Iglesia advirtió que “cada vez que el sistema de financiamiento falla” se vulnera la ley 24.901, que en 1997 estableció el sistema de prestaciones básicas de atención integral de este sector social, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en el país. La propia Obra Don Orione proclamó: “No pedimos un favor, ni una donación: pedimos el cumplimiento de la ley”.

Sumó su voz al reclamo y declaró que “resulta paradójico que mientras el Estado presenta demoras críticas en los pagos de las prestaciones, se exija a las organizaciones sin fines de lucro el cumplimiento fiscal inmediato y sin demoras”. Estiman necesario “un diálogo que se traduzca en hechos concretos y en plazos que el sistema pueda sostener, ya que la buena voluntad no alcanza para cubrir medicamentos o salarios”.

-No, la verdad que no.

Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, atiende a LA NACION por el portero eléctrico de su departamento del barrio de Flores. La primera pregunta la sorprende. La segunda la hace cortar la comunicación.

-¿Alguna vez le cedió dinero en forma de hipoteca?

-Ay, no, no, no. Gracias.

La consulta estaba vinculada a un dato: Viegas figura como una de las dos personas que le vendió al jefe de Gabinete el departamento en el que vive, en el barrio de Caballito. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la operación. La compraventa, firmada en noviembre del año pasado, se inscribió por un valor total de 230.000 dólares.

La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

LA NACION llamó a Sbabo a su celular. Respondió una mujer. Ante la consulta periodística, dijo: “En este momento no está ella. Yo tengo el teléfono de ella ahora. ¿Qué necesita?”.

-¿Sabe si conoce a Manuel Adorni y si alguna vez compró un departamento en la calle Miró al 500?

-Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella.

-¿Sabe si Claudia le cedió dinero en forma de hipoteca a Manuel Adorni?

-No, ni idea de esas cosas. Disculpe pero tengo que seguir trabajando.

Los datos de la operación inmobiliaria surgen de un informe de dominio que obtuvo LA NACION en un trámite regular ante el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

La escritura del 18 de noviembre asienta que los dueños pasaron a ser en ese momento Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en un 50% cada uno. Es una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados (de los que 120 son cubiertos y el resto un patio), a la que se suma el proporcional de la cochera, en la planta baja del edificio ubicado en una zona de alto valor inmobiliario del barrio de Caballito.

Adorni sumó esta propiedad sin haberse desprendido de la vivienda donde residía antes de entrar al Gobierno, sobre la avenida Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco, según consta también en el Registro de la Propiedad.

Un año antes, la familia Adorni había adquirido una casa en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En ese caso, el registro consigna que la única titular es Angeletti. La escribana, Adriana Nechevenko, es la misma en las dos operaciones.

En la misma escritura se consigna la hipoteca con las dos acreedoras, Viegas y Sbabo, con 100.000 dólares cada una. Es decir, a juzgar por los papeles los compradores solo habrían puesto 30.000 dólares al concretarse la operación.

Viegas y Sbabo habían anotado en mayo de 2025 el condominio con el que le compraron la propiedad a Hugo Alberto Morales, el primer dueño, un exjugador de fútbol que brilló en Huracán, Lanús y selecciones juveniles argentinas en los años 90.

Ellas declararon la adquisición en 200.000 dólares. Y la venta, seis meses después, quedo registrada a un precio 15% más alto.

LA NACION consultó a Adorni sobre los detalles de la compra de la vivienda, pero al cierre de esta publicación no había respondido.

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, había dicho el miércoles pasado Adorni, en la conferencia que convocó en medio de los cuestionamientos políticos que desataron la noticia sobre un viaje a Punta del Este en avión privado y las posteriores revelaciones sobre la casa en el country.

La Justicia investiga el potencial enriquecimiento ilícito del funcionario de confianza de Javier Milei.

Que es el dueño del departamento en la calle Miró se supo unas horas después de la conferencia en la que Adorni dijo que todas las explicaciones sobre su patrimonio pensaba darlas en la Justicia y no ante el periodismo. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”. Con eso pareció anticipar que sí lo incluirá en la declaración correspondiente a 2025, que es el año en que lo adquirió. No está claro si la casa de Exaltación de la Cruz la declaró en el apartado reservado correspondiente a los bienes de su esposa. Esa operación sí ocurrió en el período que abarca su última presentación obligatoria.

De todos modos, la Justicia buscará determinar el origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete incrementó su patrimonio en los dos años que lleva en la función pública.

Las prestamistas

Las prestamistas registradas en la escritura son dos mujeres que tienen o tuvieron actividad económica en distintos sectores. Una de ellas estuvo ligada a la construcción. Viegas, viuda y de 72 años, fue una de las socias de la empresa Nazca Gold SRL, según documentos del 2017. Dicha composición societaria, en conjunto con otras personas, decía “plazo: 7 años”. La fecha de esa documentación es 17 de agosto de 2017. Es decir, su vigencia se prolongaría hasta el 2024.

Esta compañía declaró entre sus objetos “ejecutar toda clase de obras públicas y privadas, quedando incluidas todas las actividades de mantenimiento, construcción, reciclaje, remodelación, reparación de infraestructura, señalización, montaje”. La sociedad también incluyó actividades inmobiliarias dentro de su objeto, tales como “compra, venta, permuta, hipoteca”. El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires consigna también dos operaciones en las que Viegas transfirió la habilitación de sendos “hoteles sin servicio de comida”, en los barrios de Flores y de Almagro.

Sbabo, de 64 años, no registra actividad empresarial. Figura a su nombre una relación de dependencia con una editorial y está afiliada al PAMI. Está casada y su esposo aparece en registros públicos como el vendedor, 15 años atrás, de un taller mecánico en Villa Lugano del que fue dueño junto con un familiar.

Los datos surgen de un informe de dominio que obtuvo LA NACION en un trámite regular ante el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Adorni figura como dueño del 50 por ciento de la propiedad desde el 18 de noviembre pasado, dos semanas después de que se confirmó su ascenso a la Jefatura de Gabinete. Su esposa, Bettina Angeletti, es la otra cotitular.

Se trata de una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, a la que se suma el proporcional de la cochera, en la planta baja del edificio ubicado en una zona de alto valor inmobiliario del barrio de Caballito.

Adorni sumó esta propiedad sin haberse desprendido de la vivienda donde residía antes de entrar al Gobierno, sobre la avenida Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco, según consta también en el Registro de la Propiedad.

Un año antes, la familia Adorni había adquirido -también en el mes de noviembre- una casa en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En ese caso, el registro consigna que la única titular es Angeletti. La escribana, Adriana Nechevenko, es la misma en las dos operaciones.

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, había dicho el miércoles pasado Adorni, en la conferencia que convocó en medio de los cuestionamientos políticos que desataron la noticia sobre un viaje a Punta del Este en avión privado y las posteriores revelaciones sobre la casa en el country.

La Justicia investiga el potencial enriquecimiento ilícito del funcionario de confianza de Javier Milei.

El departamento de Caballito -donde Adorni informó que vive durante aquella conferencia de prensa- se lo compró, según el registro, a dos mujeres, que a su vez figuraban como dueñas en partes iguales desde el 30 de abril de 2025. Antes de ellas, el único propietario había sido Hugo Alberto Morales, un exfutbolista que brilló en Huracán y Lanús en los años 90.

Las dos mujeres -una de 72 años y otra de 64- que tuvieron la titularidad del inmueble figuran como acreedoras en partes iguales de una hipoteca de 200.000 dólares registrada el 24 de noviembre de 2025 (en la misma escritura que consigna la titularidad de los Adorni).

El departamento tuvo un embargo en el año 2011 que -aunque ya estaba prescripto- se inscribió su levantamiento recién el 5 de febrero pasado, según consta en el registro. Es decir, cuando Adorni y Angeletti ya eran los dueños.

Al hablar ante la prensa, Adorni eludió confirmar que el departamento de la calle Miró le perteneciera. Solo dijo: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”. Con eso pareció anticipar que sí lo incluirá en la declaración correspondiente a 2025, que según lo que figura en el registro es el año en que lo adquirió. No está claro si la casa de Exaltación de la Cruz la declaró en el apartado reservado correspondiente a los bienes de su esposa. Esa operación sí ocurrió en el período incluido en su última presentación obligatoria.

De todos modos, la Justicia buscará determinar el origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete incrementó su patrimonio en los dos años que lleva en la función pública.

Historial del patrimonio

Cuando asumió en diciembre de 2023 como vocero presidencial, Adorni declaró dos inmuebles a su nombre: el de la calle Asamblea y uno en La Plata. El primero, según la declaración jurada obligatoria ante la Oficina Anticorrupción (OA), tiene 115 metros cuadrados y figura a medias con su mujer. El de La Plata, de 107 metros cuadrados, lo anotó como 100% suyo desde 2016 y producto de una donación familiar. Ambas propiedades siguen inscriptas a su nombre, según los registros oficiales consultados por LA NACION.

En su declaración jurada de ingreso, Adorni incluyó un vehículo Renault Captur de 2019, depósitos en el país por algo más de $180.000 y en el exterior por más de $9 millones, además de fondos de inversión por $10 millones y dinero en efectivo en el país (entre dólares y pesos) por unos de 2,1 millones de pesos. Es decir, dinero, en total, por unos 15 millones de pesos, equivalentes, al final de diciembre de 2023, a unos 25.000 dólares (al dólar oficial) o 20.500 dólares (al dólar blue).

En 2024, compró una Jeep Compass Sport de 2021 -sin vender el Renault- y declaró dos deudas que suman el equivalente a unos 30.000 dólares.

Registró deudas con su madre, con una jubilada que tenía 95 años al momento de la declaración y con otras dos mujeres sin aparente vínculo familiar de primer grado con él, por unos 50.000 dólares.

Adorni insistió en su conferencia de prensa que no daría más información a la prensa: “Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada”.

Molesto por las preguntas, en la conferencia de prensa se quejó: “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente”.

Los registros oficiales en la ciudad de Buenos Aires también dan cuenta de otra propiedad familiar, en este caso solo a nombre de Angeletti, en el barrio de Parque Avellaneda. Se trata de un departamento en Bragado al 4700, donde la pareja vivió en sus primeros años de casados y que habría sido comprado con un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Ella también tiene a su nombre una propiedad en el partido de Morón, según información oficial de la provincia de Buenos Aires.

Angeletti tiene un emprendimiento de “coaching ontológico” bajo el nombre de +BE. Estaba inscripta ante la AFIP como monotributista cuando Adorni asumió en la función pública. Desde octubre pasado está registrada como autónoma categoría II.

Al momento de la compra del departamento de la calle Miró, Adorni tenía un sueldo bruto de 3,5 millones de pesos, merced al congelamiento dispuesto por Javier Milei para los altos cargos del Estado. En enero se dispuso un aumento, que lo elevó significativamente (aunque nunca se aclaró el monto total en que quedó).

La secretaria dijo que el día que Carlos Pagni mencionó la existencia del viaje de Manuel Adorni, Grandió le escribió. “¿Viste lo que está pasando? ¿Vos lo filtraste?“, le dijo Grandío. “Yo no miro los medios”, contestó ella. El cliente le respondió con un mensaje en el que incluyó: “Este pseudo periodista dice esto porque se quedó sin pauta”, a la vez que le envió notas periodísticas sobre el tema.

Tossi dijo al juez y fiscal que se siente amenazada por Grandío, que la llamó en plena declaración testimonial. Consultada por qué, se refirió especialmente a su insistencia y al tono con el que le pidió repetidas veces que desde la empresa le hagan una nota de crédito por el viaje que pagó.

El clima de la testimonial quedó atravesado por expresiones de arrepentimiento por parte de la secretaria. “Me equivoqué, me quiero matar”, fue una de las frases que, de acuerdo a la fuente, surgieron en relación con la contratación del vuelo. De hecho, Tossi dijo que “no sabía del delito de dádivas” y que tratan de no contratar con políticos, pero hizo una excepción por la forma en la que se contrató el servicio, vía un amigo.

Uno de los ejes en los que esa tensión se vuelve más evidente es en la explicación pública del viaje. Según se destacó en la reconstrucción, Tossi dijo que Grandío uso la palabra “invitación”, en referencia a la compra de los vuelos para Adorni, al menos cinco veces. Para los investigadores, la reiteración no es menor.

La coordinación del pago del vuelo se estructuró alrededor de dos figuras: Marcelo Grandio, como quien aportaba el dinero, y “Horacio” —identificado como Horacio Gómez, su apoderado—, como el encargado de ejecutar y ordenar los movimientos. Según lo reconstruido en la causa, primero hubo un intento de que la operación no fuera facturada, es decir, manejarla por fuera del circuito formal. Ante la negativa de la empresa, el pago no se hizo en el momento del vuelo, sino días después.

En ese tramo aparece la logística del dinero: la entrega no fue directa, ni bancaria, sino que se canalizó a través de terceros, incluyendo el envío mediante un motoquero a una clínica, en la que la secretaria se estaba haciendo estudios.

Facturación tardía

La segunda etapa fue la de la facturación tardía y el conflicto posterior. Una vez que la empresa avanzó con la emisión del comprobante —ya con el caso expuesto—, el mismo circuito que había coordinado el pago activó una maniobra para desconocerlo.

A través de Horacio Gómez se envió una carta documento, en la que se negaba tanto la validez de la factura como la existencia misma del viaje, calificándola de “falsa” y proponiendo resolverlo con una nota de crédito. A partir de ese momento, Tossi dice que dejó de atenderlo.

Ese movimiento terminó de evidenciar la tensión interna: mientras el dinero ya había sido entregado bajo un esquema informal, se intentó retroactivamente borrar su rastro documental. En el centro de toda esa secuencia quedaron Grandio, como financista, y Horacio, como articulador de cada paso vinculado al dinero, desde la entrega física hasta la estrategia legal posterior.

Issin, el piloto, no mencionó la carta documento. Por este motivo, es probable que la Justicia lo cite a ampliar su declaración testimonial.

Uno de los datos más sensibles que emergió en la declaración está vinculado al operativo aeroportuario. La secretaria, bajo juramento de decir la verdad, aseguró que el día del vuelo intervino el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con un dispositivo específico para facilitar la salida. En ese contexto, se habría producido una anomalía en los controles migratorios: en lugar de verificar la identidad mediante reconocimiento facial, se escaneó el documento. La diferencia técnica es clave, porque implica una relajación de los protocolos de control que rigen en los aeropuertos.

Ese punto introduce una nueva dimensión en la causa, que ya no se limita al financiamiento del vuelo, sino que empieza a abarcar posibles irregularidades en el funcionamiento de organismos estatales.

En paralelo, la investigación avanza hacia una línea patrimonial. El fiscal pidió unas 12 medidas típicas de una pesquisa por enriquecimiento: relevamiento de registros de propiedad, aeronaves y vehículos, entre otros cruces de información que buscan determinar si hubo beneficios económicos indebidos.

Para terminar de repasar y definir la estrategia parlamentaria, este viernes por la tarde hubo reunión de mesa política en la Casa Rosada. Allí se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo y Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo, la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Con la mira puesta en lo que sucederá a partir de la semana próxima, se decidió no insistir con las derogaciones de emergencia de discapacidad y financiamiento universitario cuando el proyecto sea debatido en el recinto del Senado.

En cuanto a la primera, se evalúa modificaciones como mantener la declaración de emergencia en materia de discapacidad, previendo que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizable de conformidad con lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia de jubilaciones.

Y que dicha pensión sea compatible con un vínculo laboral siempre y cuando los ingresos del beneficiario no superen los dos (2) salarios mínimos vitales y móviles.

También se mantendría la compensación de emergencia retroactiva. Se adecuaría a fin de que se abone la diferencia entre el porcentaje de variación del valor de los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y también se establecería que la autoridad de aplicación determinará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador alcanzado.

Se reconocería como mecanismo de ajuste, que el valor de los aranceles sean determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, en forma conjunta.

También se modificaría el artículo referido a las auditorías para que estas “cumplan con todos los recaudos en protección de los ciudadanos y habilite al Poder Ejecutivo a acelerar el procedimiento de baja de aquellas mal otorgadas en fraude al Estado”.

Se eliminaría la creación de Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y se mantendría el régimen vigente (pensión por invalidez laboral). De este modo se eliminarían los nuevos requisitos que ampliaban de forma desproporcional la gama de posibles beneficiarios de esta nueva pensión.

En cuanto al financiamiento universitario, también se propone no insistir con las derogaciones de financiamiento educativo y se sugieren cambios en una serie de momificaciones. En cuanto a gastos de funcionamiento, se habla de un aumento del 20% respecto a los créditos asignados en 2025 para gastos de funcionamiento universitario.

En materia de salario se contemplaría una actualización salarial escalonada con un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025 y luego 4 aumentos periódicos del 2 % durante enero, febrero, marzo y abril de 2026.

Para junio, el Poder Ejecutivo evaluaría compensar las eventuales diferencias entre la actualización salarial propuesta y la variación del IPC. También se reconocería el aumento en materia de becas previstas por la normativa.

Entre los cambios evaluados se volverían a incorporar los artículos previstos en el capítulo XI del proyecto de ley que no referían a estas leyes. Y se agregaría el artículo relacionado a la coparticipación para que el Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al compromiso con Ciudad de Buenos Aires.

Al recinto llevará otros dos dictámenes también prioritarios para el Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el que propone incentivar el uso de los dólares atesorados sin declarar -conocido como ley de “inocencia fiscal”- y el que castiga con penas de prisión a los gobiernos que aprueben y ejecuten presupuestos con déficit fiscal. Este último recibió duras críticas opositoras por inconstitucional.

La sesión, que se prevé maratónica, arrancará con la discusión del presupuesto 2026. La Comisión de Presupuesto despachó tres dictámenes: uno de mayoría, impulsado por el oficialismo, y dos de minoría, presentados por Provincias Unidas y por Unión por la Patria.

El texto oficial, que reunió 28 firmas y seis disidencias, incorporó a último momento un cambio sustancial: sumó el artículo 75, que dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Se trata de leyes cuyo cumplimiento la oposición −incluidos aliados del Gobierno− venía reclamando.

Ambas normas, junto con la emergencia pediátrica conocida como Ley Garrahan, habían sido “suspendidas” por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación. Esto es, no las aplicó. Esa decisión generó un amplio rechazo parlamentario y fue calificada como inconstitucional por distintos bloques que habían votado e insistido esas leyes con mayorías agravadas.

La discusión de este mediodía estuvo conducida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch −a cargo de la Comisión de Presupuesto− mientras que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, realizó una defensa sintética del proyecto. Sostuvo que el presupuesto enviado por Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal y permite dar previsibilidad sobre qué se va a gastar, cómo y con qué recursos. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque libertario, fue una de las encargadas de reunir las últimas firmas.

El dictamen oficial obtuvo el respaldo de Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal −donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)−; el bloque Elijo Catamarca, que responde a Raúl Jalil; Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo.

Salvo Pro y algunos sectores de la UCR, la mayoría de los bloques habían votado, insistido y reclamado el cumplimiento de las leyes que se busca derogar. Esa tensión quedó explicitada en la disidencia parcial con la que acompañaron al dictamen oficial y podría volver a emerger en la votación en particular en el recinto.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin cuestionó con dureza la incorporación del artículo que elimina esas normas y cruzó a los diputados que ayudaron al oficialismo. Advirtió sobre una falta de respeto institucional y de apego al republicanismo, y pidió que quienes acompañen el presupuesto en general sostengan en particular el financiamiento de la discapacidad y las universidades.

“Hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos pero no hay para la discapacidad”, sintetizó Nicolás Massot, cerebro del dictamen de Provincias Unidas.

El presupuesto del gobierno deroga las leyes de discapacidad y financiamiento universitario. No cumple con lo que fue ampliamente votado por el Congreso alegando que no hay plata. Sin embargo, sí hay plata para bajar el impuesto a las ganancias y el cedular, y aportes patronales pic.twitter.com/2LDSNNhf7M

— Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) December 16, 2025

La Casa Rosada les entregó un incentivo concreto a las provincias para respaldar el proyecto oficial: aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los giros alcanzaron los $43.000 millones y beneficiaron a Tucumán, Misiones y Chaco. Ayer, además, envió la reforma de la Ley de Glaciares, un viejo anhelo de mandatarios cordilleranos para destrabar inversiones millonarias en sus territorios.

La disidencia de Pro, en tanto, incluyó un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño exige el pago de $274.000 millones y que el Presupuesto 2026 incorpore una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, tal como se acordó tras un fallo favorable de la Corte Suprema.

El dictamen de minoría de Unión por la Patria fue presentado por su jefe de bloque, Germán Martínez, quien detalló una propuesta alternativa centrada en garantizar el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.

Además, propone recuperar el Fondo de Incentivo Docente y el fondo compensador salarial, garantizar paritarias docentes y no docentes, fortalecer el sistema de becas y priorizar carreras estratégicas. Incluye partidas para obras paralizadas, proyectos de infraestructura como el canal Magdalena y el puente Chaco-Corrientes, la restitución de fondos a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, una mayor participación de las provincias en el impuesto a los combustibles líquidos, una distribución más previsible de los ATN, incentivos a las energías renovables y financiamiento para el ENARD.

Julia Strada, de UP, hizo un repaso de todos los recortes del Gobierno con respecto al último presupuesto, el de 2023, y terminó con una chicana. “Hay algo que aumentaron: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) creció un 19%. Un aplauso para la SIDE que se llevó el único aumento del presupuesto”.

Otros puntos del proyecto

El proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. O sea, más bajo que el valor actual, pese al esquema existente y el que anunció el Gobierno para 2026, que aumentará la devaluación de la divisa norteamericana.

Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero −una vez pagados los intereses de la deuda− del 0,2% del PBI.

Estas proyecciones difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 prevé un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.

El dictamen incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo es compensar picos de demanda que no puedan ser cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.

El texto mantiene, además, la derogación de las metas de financiamiento mínimo para las áreas de educación, ciencia y defensa.

También introduce cambios en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras: donde antes se establecía que la autoridad de aplicación “determinará las diferencias de ingresos”, ahora se indica que “podrá determinar” esas diferencias, lo que flexibiliza la obligación del Estado.

Por último, el proyecto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable.

Regla Fiscal e Inocencia fiscal

El Gobierno también dictaminó sobre el proyecto que impone una regla fiscal y prohíbe el déficit. Se alzó con el despacho de mayoría, con 28 firmas y cuatro disidencias.

La propuesta incluye la obligatoriedad de un presupuesto equilibrado o superavitario. Además, el proyecto incorpora modificaciones al Código Penal para sancionar a funcionarios públicos que autoricen gastos sin recursos o que promuevan la emisión monetaria irregular.

Los libertarios también se alzaron con el dictamen del proyecto que establece como principio la inocencia fiscal de los contribuyentes a partir de un cambio de paradigma: se los considera inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario. De este modo, se invierte la lógica histórica basada en la presunción de evasión.

En función de ello, el proyecto dispone tres ejes: propone un fuerte aumento de los umbrales para que las personas sean investigadas por el fisco por los delitos de evasión fiscal simple y agravada; se acorta de cinco a tres años el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias (para limitar el tiempo en que el Estado puede revisar períodos fiscales anteriores) y se establece un régimen simplificado de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias.

Este último punto es clave para incentivar el uso de los “ahorros en el colchón”. Actualmente, el impuesto a las Ganancias requiere que los contribuyentes justifiquen la variación de su patrimonio año a año. Si el consumo declarado más la variación de bienes supera las rentas declaradas, ARCA presume ganancias no declaradas.

Con este nuevo esquema, el contribuyente ya no tendría que demostrar mes a mes las variaciones de su consumo. Si sus bienes al cierre del año son compatibles con sus ingresos declarados, el detalle del consumo deja de ser un factor de fiscalización. Esto incentivaría el uso del dinero no declarado.

El juez le dio al Gobierno hasta el 4 de febrero próximo para que dicte la reglamentación.

En diciembre pasado, González Charvay falló en contra del decreto de Milei que dispuso la suspensión de la ley. En su fallo de hoy, le ordenó al Gobierno que pruebe que está cumpliendo con aquel fallo.

“Intímese a la demandada para que en el plazo de cinco días informe y acredite con las constancias respectivas, el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada en autos”, dice la resolución de González Charvay de hoy.

Y sigue: “Al respecto y toda vez que la Ley de Emergencia citada debe estar reglamentada dentro de los treinta días (conf. art. 21 de la misma) hágase saber a las partes que, tomando como inicio del cómputo el proveído de fecha 18/12/2025 que concedió el recurso de apelación con efecto devolutivo, la ley en trato deberá estar en plena ejecución para el día 04/02/2026, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior”.

El fallo contra el decreto de suspensión hizo lugar a un amparo colectivo contra la decisión de Milei que frenó la aplicación de la ley y obligó al Congreso a decir de dónde debían sacarse los fondos para la implementación.

La ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por el Senado el 10 de junio último. El 4 de agosto, el Presidente la vetó en su totalidad, pero la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley, con una mayoría de dos tercios, y dejaron sin efecto el veto.

Por eso, el Poder Ejecutivo debió promulgar la norma. Sin embargo, en el decreto de promulgación señaló que hasta que el Congreso no indicara cuáles serían las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley quedaba suspendida.

Ahora, que la ley de emergencia en discapacidad recuperó su plena vigencia, se deberán pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

Asimismo, la ley dispone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Además, reforma el sistema de pensiones no contributivas, con un financiamiento adecuado, y dispone auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.

También prevé actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.

La decisión de González Charvay que restableció la ley surgió tras un amparo colectivo impulsado por padres de niños con discapacidad y diversas asociaciones civiles, quienes denunciaron que el Gobierno, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la ley, pero suspendió sus efectos.

El juez sostuvo que hubo una violación a la división de poderes y un “veto encubierto”, cuando el Presidente tenía la obligación de promulgar la norma. Para el magistrado, el Presidente ejerció facultades que no le eran propias y transgredió el principio republicano de división de poderes.

El fallo del juez consideró además que el argumento de que la ley no dice de dónde saldrán los fondos para solventarla fue una falacia. El fallo destacó que la ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia.

Fuentes cercanas a la gestión libertaria confirmaron a LA NACION que el incremento será de entre el 29,7% y el 35,4% y se aplicará en tres tramos en octubre, noviembre y diciembre.

Se trata de una decisión acordada entre la Agencia Nacional de Discapacidad, PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud en una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. También estaba presente un representante de los prestadores de servicios elegidos por el Comité Asesor de la Andis, Daniel Lipani, y el representante del Cofedis, que no tenía voto.

Para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y de apoyo, los aumentos serán de 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre. El total acumulativo es del 34,53%.

En tanto, el resto de las prestaciones tendrán una suba del 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre. El total es del 29,73%. Fuentes cercanas al Gobierno aseguraron que, con la actualización, el incremento estará por encima de la inflación proyectada para todo el año.

Además, señalaron que la decisión fue posible gracias al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que otorgó una partida adicional para hacer frente a las subas del tercer trimestre.

Lipani votó en contra de la propuesta del Gobierno y presentó una serie de mociones, entre ellas, que se otorgue a partir de octubre un aumento del 70% sobre el valor vigente a todas las prestaciones del Sistema único de prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad. Para mantenerlo, solicitó reasignar las partidas necesarias para dar con su cumplimiento.

En un comunicado, el Foro Permanente de Discapacidad se manifestó en contra de la medida de la gestión libertaria e informaron que “continúan en estado de alerta”.

“Desde el FORO consideramos que el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. Estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026. El Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad”, reclamaron.

Fuentes cercanas al Ministerio de Salud apuntaron contra quienes “hicieron política” en el último tiempo con este tema y que en 2023 “aumentaron el nomenclador un 93% contra un 211% de inflación”. También criticaron que las provincias pagan “la mitad de lo que paga Nación cuando quieren”, y ejemplificaron con lo que ocurre con IOMA en territorio bonaerense.

La semana pasada, el Gobierno había acatado parcialmente la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, para restituir 3644 pensiones por incapacidad laboral que la Andis había pausado en la provincia tras una auditoría de carácter nacional. Se habían dado de baja más de 110.000 pensiones.

🔔Informe del representante de los prestadores ante el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad sobre la reunión del 28 de Octubre de 2025 a las 15.00 en la Andis: https://t.co/kvBD0Xz8Sc pic.twitter.com/pAuvEXIvC1

— Foro Permanente Discapacidad (@PermanenteForo) October 29, 2025

Díaz Martínez había ordenado que se restablezcan en todo el país las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas por la gestión libertaria. También ordenó el cese de las auditorías y prohibió que se establezcan nuevas suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva.

Andis se opuso a la decisión, interpuso un recurso y solo reactivó las correspondientes a Catamarca.

La medida de este miércoles ocurre en medio de fuertes tensiones con la Andis tras el escándalo por un presunto esquema de corrupción que ocurría en el organismo y que involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. Desde entonces, la agencia se encuentra intervenida.

Más allá de las manifestaciones en el Congreso que pedían recurrentemente por la aplicación de la ley de discapacidad, que fue ratificada por ambas cámaras luego de Javier Milei la vetara, hace dos semanas se desató una fuerte polémica en la Andis.

Un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza en el edificio del organismo. Los involucrados habían solicitado que las autoridades los reciban, pero sin éxito. Fue tras ello que irrumpieron en la sede para pedir aumentos en las prestaciones y la aplicación de la ley.

Fueron alrededor de 200 manifestantes, que incluían autoridades de centros de atención, profesionales de la salud y familiares de personas con discapacidad, quienes ingresaron al lugar y denunciaron la situación “desesperante” que vivían.