De nada sirvieron en esos momentos los helicópteros que sobrevolaron el complejo habitacional conocido como Fuerte Apache para capturar al “Gordo Tilín”: esa vez, el narco que aterrorizaba a los habitantes del barrio de Ciudadela, donde imponía su dominio para controlar el territorio a fuerza de tiros, logró escapar de los uniformados.

Pero en las últimas horas, efectivos de una unidad operativa de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte II apresaron a Jerez cuando circulaba por una calle del partido de Moreno a bordo de un auto de una aplicación de viajes. Jerez tenía una orden de captura dictada por el Ministerio Público de San Martín, que lo tiene imputado por homicidio agravado, amenazas coactivas, usurpaciones y venta de drogas.

Cayó tres meses y medio después de aquel operativo de julio pasado, cuando 500 efectivos de la fuerza de seguridad provincial irrumpieron en Fuerte Apache para tratar de capturar a un menor de 17 años conocido como “Tato” por el homicidio del policía bonaerense Alan Molina.

Cuando los uniformados ingresaron en los laberínticos pasillos del complejo de Ciudadela no encontraron a Tato, que es sicario para la banda de narcos liderada por el mencionado Jerez.

Durante el operativo, realizado con el apoyo de dos helicópteros y drones y de cientos de policías que se habían reunido previamente en las adyacencias de Tecnópolis, fueron detenidos 12 sospechosos que no tenían ninguna relación con el homicidio de Molina. Sí secuestraron armas y drogas.

Fuentes de la investigación indicaron que el Gordo Tilín sería el jefe de una banda dedicada al narcomenudeo que opera en la denominada Villa Matienzo, un asentamiento situado entre Fuerte Apache y la avenida General Paz. Pero desde principios de este año, Jerez habría decidido extender sus actividades de venta de droga a cada rincón del barrio Ejército de los Andes. Eso dio paso a una guerra por el dominio del territorio que tuvo el pico de violencia entre el 19 y el 20 de abril pasados, cuando a Jerez le sustrajeron una mochila con armas.

Ante ese robo, el Gordo Tilín habría convocado a sus soldaditos para recuperar las armas y así comenzó a atacar las viviendas de los integrantes de la banda rival.

Uno de los sospechosos abatidos en ese raid de sangre y balas de cuatro horas entre el domingo 19 de abril y la madrugada del 20 de abril fue identificado como Mario Carrizo, alias Marito o Muela. Además de Carrizo, mataron a otro sospechoso del robo de las armas, Federico Denus.

A partir de la reconstrucción de ambos homicidios realizada por los investigadores se habría determinado que Carrizo formaría parte de la banda dedicada al narcomenudeo que opera en el nudo 13 de Fuerte Apache.

A través de un comunicado, los representantes de la Clínica Solar Colonial, de Castelar, expresaron que el exlíder de Viejas Locas debió concurrir a una audiencia, pero el enfermero que lo acompañaba no pudo ingresar al recinto debido a las restricciones impuestas por el tribunal. Eso, explicaron, le impidió realizar su tarea de acompañar y cuidar al músico durante la audiencia.

Al retornar a la clínica, explicaron, el personal revisó las pertenencias de Álvarez y además lo vio aspirando una “sustancia blanca”. Cuando se le consultó dónde la había obtenido, admitió que se la habían dado dentro del tribunal, aunque se negó a revelar la identidad de quién lo había hecho. “Secreto de adicto…”, dijo.

Las autoridades de la clínica desaconsejaron y contraindicaron “tajantemente” los traslados del paciente para el proceso penal en el que está siendo enjuiciado ante la imposibilidad de “controlar y supervisar a los miembros de su entorno para sostener la abstinencia” del cantante.

Asimismo, y en el caso de que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados deba concurrir al tribunal, desde la clínica pidieron que “se tomen todas las medidas necesarias con el paciente para evitar que ocurran hechos que solo perjudican su estabilidad psíquica”.

El juicio contra Pity, acusado de haber asesinado de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018, se reanudará este viernes con la declaración de la hermana del cantante y los alegatos de la querella.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la jornada comenzará a las 11.30 en el Tribunal Criminal y Correccional N° 29 con la última testimonial, y luego comenzará la etapa de los alegatos de clausura a cargo del abogado Fabián Améndola -socio de Fernando Burlando-, uno de los representantes legales de la familia de la víctima.

Álvarez compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que “se sintió acorralado por un tipo peligroso”, mientras que aseguró: “Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo”.

“Hoy, al mediodía, el fiscal general Carlos Amad fue notificado de la resolución dictada por la jueza con funciones de Ejecución y Sentencia Gabriela Catalano, que hizo lugar a un pedido de la defensa de Reynoso. El representante del Ministerio Público adelantó que apelará el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal por considerar arbitraria la decisión”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

En 2019, Reynoso fue condenado a la pena de 13 años de cárcel al ser considerado jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero y obtenía bienes a cambio de favorecer con resoluciones judiciales a los narcos imputados.

Además, en 2024, recibió otra sentencia en su contra: fue condenado a una pena de cinco años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y concusión.

Reynoso, según la Justicia, simuló haberle tomado declaración indagatoria a un poderoso capo narco, Delfín Reynaldo Castedo, apodado El Patrón del Norte, cuando tenía pedido de captura. En el Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán, que durante poco más de una década estuvo a su cargo, se presentó un “doble” del prófugo.

“Analizando el caso en concreto de la documentación incorporada, surge que Reynoso, de 67 años, padece diabetes mellitus tipo 2 insulinorrequirente, con control metabólico no óptimo y requiere aplicación diaria de insulina NPH inyectable con cadena de frío y control glucémico periódico, dieta específica y actividad física regular. Padece, asimismo, hipertensión arterial, diagnosticada por su cardiólogo. La evolución de ese cuadro tras la detención es elocuente: el 15 de octubre pasado en horas de la noche, el personal de custodia debió trasladarlo de urgencia al hospital por un elevado valor de glucemia que puede derivar en complicaciones severas. El episodio no es un dato aislado, sino la manifestación concreta del riesgo que los profesionales venían señalando para el caso de que no se aseguren los controles y la administración de la medicación en tiempo y forma”, sostuvo la magistrada al fundamentar la decisión de otorgar el beneficio del arresto domiciliario.

Y agregó: “La modalidad domiciliaria no extingue ni reduce la pena, ni obsta a su cumplimiento efectivo, sino que la sustituye en su forma de ejecución, y puede ser acompañada de condiciones que neutralicen cualquier riesgo de sustracción a la ejecución”.

“Los dos sospechosos detenidos están acusados del secuestro y asesinato de Nadav”, informó la PFA en un comunicado de prensa. Se enfrentan a una pena máxima de 30 años de prisión.

Los supuestos homicidas, identificados como Kauã Kazahaya de Arruda, de 20 años, y Angelina Oliveira da Silva, de 19, quedaron a disposición del juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien estará a cargo del juicio de extradición.

“El homicidio ocurrió en septiembre pasado en Jardim Novo Horizonte I, en Maringá, en el estado brasileño de Paraná. En el interior de una casa fue hallado el cadáver de Nadav en avanzado estado de descomposición. El cadáver estaba atado de pies y manos a la cama. Los dos sospechosos residían en el domicilio de la víctima y habrían ocultado su desaparición”, informaron fuentes al tanto de la detención de los sospechosos.

Nadav estuvo desaparecido dos semanas, desde el 3 de septiembre. Los dos jóvenes le habrían dicho a la exesposa de la víctima que el desarrollador de videojuegos se había ido de viaje.

“Las investigaciones de los detectives brasileños determinaron que los sindicados homicidas habrían utilizado recursos financieros de la víctima después de su desaparición para hacer compras, como dos relojes valuados en 9800 reales que fueron abonados por medio de una transferencia de la aplicación Pix vinculada a la cuenta de Nadav para simular que aún seguía con vida y en actividad habitual”, explicaron desde la PFA.

Pero la pareja, de un momento a otro, abandonó la residencia de la víctima y huyó. En los últimos días, a las oficinas del Departamento Interpol de la PFA llegó un pedido de “cooperación internacional” ante la sospecha de que los homicidas estaban en la provincia de Tucumán. Había constancias de su paso por Paraguay, previo a su ingreso a la Argentina.

“A partir de la información recibida, detectives de la Delegación Tucumán de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la PFA desplegaron distintas tareas que permitieron establecer el posible paradero de los sospechosos y concretar finalmente sus detenciones”, dijeron en el citado comunicado. Kazahaya de Arruda y Oliveira da Silva fueron atrapados en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

“Ambos figuraban en un listado de prófugos de alto interés del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCTO 2.0), en el marco de las actividades de la unidad de apoyo a las investigaciones sobre prófugos (FIS) de Interpol, destinadas a la localización y captura de fugitivos internacionales, circunstancia que otorga especial relevancia al procedimiento realizado destinado a localizar fugitivos buscados por delitos graves”, sostuvieron desde la PFA.

Según publicaron medios brasileños, Nadav tenía más de 20 años de experiencia en la industria de los videojuegos. Entre los títulos en los que había trabajado se encuentran Minecraft: Story Mode, The Walking Dead: A New Frontier, Batman: The Telltale Series, Marvel Guardians of the Galaxy: The Telltale Series y NBA 2K19.

La propuesta de la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) establece que no prescribirán los delitos de abuso sexual, corrupción de menores, prostitución y explotación sexual de menores, pornografía infantil, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes. Eso implicará la incorporación de un nuevo artículo en el Código Penal: el 62 bis.

“Existen conductas cuya gravedad y cuyo impacto sobre las víctimas exigen que el Estado conserve, sin límite temporal, la potestad de investigarlas y sancionarlas”, sostiene el texto enviado al Congreso.

En los fundamentos de su proyecto, Bullrich repasó la evolución normativa en la materia. Recordó que hasta 2011, antes de la sanción de la llamada “Ley Piazza”, los delitos de abuso sexual infantil prescribían desde la fecha de comisión del hecho, incluso cuando las víctimas eran menores de edad. Esa reforma dispuso que el cómputo comenzara cuando la víctima alcanzara la mayoría de edad.

En 2015, la Ley 27.206 de “Respeto al tiempo de las víctimas” decretó la suspensión del curso de la prescripción en tanto la víctima fuera menor y hasta que, alcanzada la mayoría de edad, pudiera formular o ratificar la denuncia por sí misma.

El nuevo proyecto pone el acento en que con aquellas normas “los delitos igualmente prescribían”, mientras que con la reforma propuesta por Bullrich “la comisión de delitos de abuso sexual no prescribirá nunca, cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido desde la comisión del hecho”.

En los fundamentos del proyecto, Bullrich sostuvo que la reforma busca garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia aun cuando hayan transcurrido muchos años desde los hechos. “Esta reforma garantiza el derecho de las personas víctimas y de toda la sociedad a que se investiguen los hechos de abusos sexuales aun cuando, por cualquier circunstancia, no se haya podido hacerlo con anterioridad, evitando que el transcurso del tiempo constituya una causa de impunidad para los autores de esos graves delitos”, señala el documento.

Otros supuestos

El proyecto modifica el régimen general de prescripción penal. Amplía los plazos de extinción de la acción penal. En los delitos con pena de prisión o reclusión perpetua, el plazo pasaría de 15 a 20 años; también se elevan los plazos mínimos y máximos de prescripción para otros delitos y se incorpora una regulación específica para las personas jurídicas.

Otro de los ejes centrales es la reincorporación de la condición de prófugo o rebelde como causal de suspensión de la prescripción. El proyecto establece que el plazo dejará de correr cuando el imputado se encuentre prófugo o haya sido declarado en rebeldía, así como cuando exista un pedido de extradición dispuesto por un tribunal argentino.

La propuesta recoge expresamente las discusiones generadas por un caso ocurrido en la ciudad bonaerense de Puán en 2009, en el que un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años logró beneficiarse con la prescripción después de haber permanecido prófugo durante casi 15 años hasta su detención, en Florencio Varela. Ese episodio “expuso las limitaciones del sistema vigente” y motivó el impulso de la denominada “Ley Segovia”, que buscaba impedir que el plazo de prescripción siguiera corriendo mientras el imputado está en rebeldía.

“Con las reglas actuales, la sustracción deliberada del imputado al proceso puede convertirse en una vía para alcanzar la impunidad”, afirma el proyecto. Y agrega que ese resultado es incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En esa línea, los fundamentos señalan que legislar la fuga y los pedidos de extradición como causales de suspensión tiene un efecto práctico decisivo, porque permite que el proceso siga vigente durante todo el tiempo en que el acusado permanezca fuera del alcance de la Justicia.

“Se evita así que, mientras el imputado esté prófugo de la Justicia, el tiempo de la fuga vuelva a computarse a favor de quien la provoca”, sostiene el texto.

La iniciativa también modifica aspectos vinculados a la prescripción de la pena, incorpora precisiones sobre recursos judiciales y amplía los supuestos de interrupción de la prescripción en los delitos de acción privada. Según Bullrich, el objetivo es actualizar un sistema que presenta vacíos legales y cuya aplicación ha generado controversias tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

Al cierre de los fundamentos, la senadora sostiene que la propuesta da continuidad al camino iniciado por las leyes 26.705 y 27.206, al reconocer que “los tiempos de la víctima menor de edad no son los tiempos del proceso ordinario”. Y concluye que la reforma busca que “el paso del tiempo deje de ser un aliado de quien elude deliberadamente la acción de la Justicia”.

La secuencia comenzó a las 6.23 de este jueves, cuando una oficial de monitoreo observó, a través de las cámaras ubicadas en la intersección de Riobamba y Hudson, a una persona que trepaba una reja para ingresar a una propiedad. Mientras tanto, otras dos permanecían en las inmediaciones, aparentemente vigilando el movimiento en el lugar.

Minutos después, esos dos jóvenes también entraron en la vivienda. La operadora siguió la maniobra en tiempo real y dio aviso inmediato al personal policial, lo que permitió poner en marcha un operativo cerrojo en el sector.

A partir de la coordinación del COM, los efectivos desplegados recorrieron las propiedades de la zona y lograron aprehender a los tres menores, oriundos del barrio La Cava, de Beccar.

Los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, por escalamiento, por efracción y en grado de tentativa.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, a cargo del fiscal Andrés Zárate.

Otros dos menores arrestados

Este caso se suma a uno reciente en el que otros dos menores de edad fueron arrestados en San Isidro.

El 26 de octubre pasado, allanamientos en el barrio Los Sauces, en San Isidro, derivaron en la captura de dos adolescentes de 15 años, que eran buscados por el violento robo que sufrió el domingo pasado Tomás Makintach, hermano de la destituida jueza Julieta Makintach.

Esos sospechosos fueron detenidos por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro y personal de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge, ambas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Con esos arrestos, la causa suma tres menores detenidos bajo la acusación de haber sido responsables del robo cometido en un barrio privado situado en la localidad de Beccar. Antes había sido atrapado un joven de 14 años.

Casi cuatro años después, el Tribunal Oral Federal N° 1 de esta ciudad lo condenó a un año y seis meses de prisión efectiva y tres de inhabilitación especial por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena fue pactada en un juicio abreviado que homologó el juez Ricardo Vásquez el 20 de octubre pasado. Por el tiempo que llevaba detenido, Jokanovich quedó en libertad, que a esta altura era lo único que buscaba.

El fallo reconstruye el papel de este abogado de 54 años, sin antecedentes penales hasta su detención, en la trama que le permitió a Juan José Raffo, excomisario que era integrante de la banda de Los Monos, eludir la captura durante más de dos años. Raffo fue detenido en marzo de 2025 en el barrio de Barracas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La sentencia incorpora documentación desclasificada del organismo de inteligencia que desmiente el cargo que Jokanovich se atribuyó ante los gendarmes. Según las notas AFI 005/2023 y 006/2023 y la resolución 07/2023, emitidas el 10 de enero de 2023, cuatro días después del secuestro del teléfono, tuvo dos pasos por la agencia de inteligencia: entre el 18 de mayo de 2015 y el 28 de enero de 2016, y entre el 1° de enero de 2021 y el 6 de enero de 2023. Su vínculo con el organismo terminó el mismo día en que Gendarmería le quitó el celular. En ese momento, la exAFI le soltó la mano.

En ese último período no figura como jefe sino como agente de la Unidad Operacional Rosario, con tareas de “reunión de información”. Entró a la AFI el año de su creación, salió semanas después de la asunción de Mauricio Macri y volvió durante el gobierno de Alberto Fernández.

Hay otro documento clave en la causa: la resolución “S” 293/2024, del 15 de octubre de 2024, en la que la exAFI informó que no existían registros de que Jokanovich hubiera recibido órdenes o autorización para intervenir en actividades relacionadas con la causa en la que se investigaba a Raffo. Todo lo que sabía de esa pesquisa lo había obtenido por fuera de cualquier canal institucional.

La causa nació de un imputado colaborador que contó que la red de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, y de Leandro “Pollo” Vinardi en San Lorenzo y Granadero Baigorria seguía activa a través de Guillermo “Chupa” Sosa, un hombre ligado al narcotráfico y a la barra brava de Newell’s. Los teléfonos de Sosa, detenido en mayo de 2022 por el homicidio de Nelson Saravia, llevaron a Raffo, y la pista de este excomisario narco llevó al espía.

Según los hechos que Jokanovich aceptó, entre agosto de 2022 y mayo de 2024 le pasó a Raffo datos de la investigación federal: los seguimientos de Gendarmería y las escuchas de la línea del expolicía. Eso, según el fallo, le permitió eludir la detención ordenada en la causa provincial por el crimen de Saravia.

En los allanamientos del 3 de marzo de 2023, uno de ellos, en Julio Marc 3010, en Rosario, no lo encontraron. La acusación atribuye a la ayuda del espía la “pérdida de eficacia” de los seguimientos y las escuchas. No hay muchos casos en los que un agente de la SIDE haya admitido haber ayudado y haber pasado información a un narco.

La sentencia detalló también cómo Jokanovich alertó a Mariano Ríos Artacho, entonces fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las tareas de vigilancia establecieron que Raffo usaba, al menos desde el 18 de octubre de 2022, un Chevrolet Cruze registrado a nombre del fiscal. El 14 de noviembre de ese año fue visto con ese auto en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Mariano Ríos Artacho renunció a su cargo en 2024 y fue imputado el 8 de septiembre pasado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al desvío de aproximadamente 425 millones de pesos de cuentas judiciales entre 2017 y 2024.

El 27 de diciembre de 2022, Jokanovich contactó a Ríos Artacho y le contó que la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) investigaba a Raffo por narcotráfico; le preguntó si era dueño de un Cruze oscuro y le dijo que ese vehículo había sido fotografiado en Ezeiza. Según el relato que el propio Ríos Artacho hizo después, el agente le aseguró que podía manejar la situación desde el ámbito nacional y que lograría apartarlo de la investigación federal.

Dos días más tarde, el 29 de diciembre, Ríos Artacho se presentó espontáneamente ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada del MPA. Dijo que le había vendido el auto a Álvaro Rosales el 15 de octubre de 2022. Pero los registros del automotor muestran otra cosa: la denuncia de venta se hizo el 15 de diciembre, un mes después de que Raffo fuera visto con el auto en Ezeiza.

Para el tribunal, esto prueba que Jokanovich conocía una investigación en la que no tenía intervención y que le había contado sobre ella a uno de los involucrados. Por contactar a un funcionario judicial sin autorización de la conducción de la AFI se le imputó, además, una infracción a la ley de inteligencia.

El peritaje sobre el celular Xiaomi de Jokanovich permitió encontrar un contacto agendado como “JUAN”, que correspondía a la línea de Raffo, y comunicaciones con Ríos Artacho. Pero muchas conversaciones no tenían contenido visible. Los registros de varios chats de WhatsApp empezaban el 4 o el 5 de enero de 2023: el juzgado había ordenado el secuestro del teléfono el día 5. Había, además, mensajes con la leyenda “Borraste este mensaje”.

Quedaron otros rastros. Uno de ellos fue una factura por el alquiler de un departamento en San Martín 1619, piso 3 B, en Rosario, de noviembre de 2022, por $20.000, a cargo de Raffo. El documento consignaba como domicilio comercial Ituzaingó 1055, la dirección de Jokanovich. En esos meses Raffo ya era seguido por la Gendarmería.

El otro hallazgo abre una línea que el fallo no desarrolla: en el celular había documentos de la causa FRO 26709/2022, una investigación federal por narcotráfico en la Terminal Puerto Rosario, ajena a las funciones del agente.

Entre junio y julio de 2022 se detectó la salida de 1434 kilos de cocaína fraccionados en panes y camuflados mediante el método rip-off dentro de contenedores que transportaban maní originario de Córdoba. Pero se sospecha que otro cargamento de más de 1600 kilos de cocaína, que fue secuestrado en agosto de 2026, en un galpón en el barrio de Empalme Graneros, también iba a salir por aquella terminal.

El 10 de mayo de 2024 se allanaron dos propiedades de Jokanovich, en Ituzaingó 1055 y 1065. El tribunal ordenó el decomiso de todo lo secuestrado. La lista incluye una pistola Glock 25 calibre .380 con 14 balas, tres revólveres calibre .22 —dos Bisonte y un Taurus—, una escopeta semiautomática Benelli, 133 cartuchos calibre 12 y 700 municiones de 9 milímetros, para las cuales no se secuestró ningún arma. También había 4.751.800 pesos, 110 dólares, una máquina para contar billetes, una caja fuerte, dos DVR de cámaras de seguridad, dos cámaras fotográficas profesionales, al menos seis teléfonos celulares, varias computadoras, discos y memorias externas, y manuales de inteligencia.

En Ituzaingó 1065 se encontraron, además, seis cajas de lidocaína, con 100 ampollas de cinco mililitros cada una: 600 ampollas de un anestésico que suele aparecer como sustancia de corte en la cocaína. El fallo no explica por qué estaban en la casa del agente.

Los manuales serán enviados a la SIDE, a la que el tribunal le dio diez días hábiles para informar si quiere acceder al contenido de los dispositivos electrónicos.

Jokanovich fue detenido en mayo de 2024 y un mes después, en junio, el entonces juez federal Marcelo Bailaque –actualmente preso en su domicilio– le concedió la excarcelación; la Cámara Federal de Rosario la revocó en agosto, pero el agente siguió libre mientras recurría la decisión judicial. El 29 de mayo de 2025, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible su recurso y al día siguiente se ordenó de nuevo su detención. Desde entonces estuvo alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

En la audiencia del 16 de octubre pasado aceptó las acusaciones en su contra por encubrimiento agravado, que prevé de 1 a 6 años de prisión. El juez mencionó la “particular posición institucional” del acusado, pero valoró a su favor el reconocimiento y la falta de antecedentes.

La condena quedó cerca del mínimo, algo complejo de explicar al tratarse de un agente de inteligencia que era socio de quienes debía investigar.

El episodio ocurrió ayer a la mañana, durante la despedida de un joven que había muerto días antes en un accidente de tránsito. La intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires permitió interceptar a dos sospechosos cuando intentaban abandonar el predio.

El operativo comenzó después de que el Comando de Patrullas recibiera una alerta por detonaciones de arma de fuego dentro del cementerio, situado en Firpo y 1° de Mayo. A partir de las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por testigos, los efectivos desplegaron un procedimiento para identificar a los presuntos responsables.

Con el apoyo de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal (COM), los policías cerraron los accesos al establecimiento y localizaron a dos jóvenes que intentaban retirarse. Ambos, de 23 años y domiciliados en Pablo Podestá, fueron reducidos e identificados por sus iniciales como L. J. A. y N. M. L., según informaron fuentes policiales.

Durante el procedimiento fueron secuestradas tres motos que estarían vinculadas con el episodio: una Mondial azul, una Bajaj Rouser gris y una Honda Tornado roja y blanca que circulaba sin patente colocada. Además, en una requisa preventiva, los agentes encontraron una réplica de arma de fuego tipo pistola. Hasta el momento no se informó del secuestro de un arma real ni se estableció quiénes efectuaron las detonaciones.

Uno de los detenidos registra antecedentes judiciales por una causa por tentativa de usurpación en el Departamento Judicial de San Martín, según las consultas realizadas por los investigadores en el sistema policial.

Despedida

El episodio se produjo durante el entierro de un joven de 22 años que había muerto el 30 de octubre, luego de protagonizar un accidente de tránsito en Pablo Podestá.

Según la reconstrucción del caso, el joven circulaba en una moto Honda 250 sin dominio colocado cuando, a las 21.07, chocó contra un Fiat Cronos en la intersección de la avenida Presidente Juan Domingo Perón y Martín Peschel.

El joven fue asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladado en estado crítico al Hospital Bocalandro. Pocas horas después murió como consecuencia de los politraumatismos sufridos.

Tras su fallecimiento, familiares y allegados organizaron una despedida que se extendió durante varios días y generó preocupación entre vecinos de Loma Hermosa. Según las versiones difundidas, hubo caravanas de motocicletas, detonaciones y una suerte de santuario instalado en la vía pública. La situación derivó en un operativo de seguridad durante el traslado del cuerpo al cementerio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, que avaló el procedimiento y dispuso el traslado de los dos aprehendidos a la sede judicial. La causa fue caratulada como abuso de arma.

La consecuencia inmediata de la decisión de los jurados es la suspensión del camarista y el embargo del 40% de su sueldo; además, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no podrá aceptar la renuncia presentada por García Maañón cuando estalló públicamente el escándalo, explicaron a LA NACION fuentes oficiales.

De ser encontrado culpable en un jury, el magistrado podría ser destituido. El expediente se inició tras la denuncia presentada hace un año por el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense.

En la resolución donde se decidió suspender a García Maañón, el jurado les dio diez días de plazo a las partes para que ofrezcan “las pruebas que pretendan utilizar en el debate”.

El jurado es presidido por el juez Sergio Gabriel Torres (presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense) y está integrado por los “conjueces abogados” Jorge Ludovico, Iván Ponce Martínez, Lisandro Benito, Beatriz Domingorena y Marcela Wambold y los “conjueces legisladores” Juan José Esper Zamar, Diego Garciarena, Gustavo Cuervo, Natalia Miriam Blanco y Florencia Arietto.

Al resolver, los integrantes del jurado tuvieron en cuenta una serie de testimonios, entre ellos, el de G. B. S., la denunciante, quien relató “episodios de acercamiento físico en el despacho, entre ellos, uno en el que García Maañón se aproximó de manera intimidante y otro en el que la tomó de la cintura e intentó deslizar su mano hacia sus glúteos”.

Además de la causa que puede poner fin a la carrera judicial de García Maañón, de 78 años, existe un expediente abierto en la Justicia penal de San Isidro, a cargo del fiscal José Amallo.

Ese expediente se inició tras la denuncia presentada por G. B. S., la secretaria letrada que acusó de acoso sexual y laboral al magistrado ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

G. B. S., que hasta el momento de la denuncia y desde 2016 cumplía funciones “propias y exclusivas” en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, está representada por el abogado Juan Saucedo.

El escándalo estalló a mediados de julio del año pasado, con la denuncia presentada por G. B. S. ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Como se informó en esa oportunidad, la presentación de la denunciante comenzó con un relato pormenorizado de las situaciones de abuso que G. B. S. afirmó haber vivido desde fines de febrero de 2025, cuando García Maañón estaba a punto de volver a ejercer la presidencia de la Cámara que es rotativa.

Según recordó la funcionaria, el 20 de febrero del año pasado fue convocada a la oficina del magistrado “para ultimar detalles con relación a su futura presidencia” a partir de marzo. Entre otras cuestiones, hablaron de pautas de trabajo.

“Desde esa fecha comenzó un vínculo cordial, basado en el respeto y la confianza, de índole laboral, al menos de mi parte. Sin embargo, con el correr de los días comenzó a mencionar, mediante mensajes o en forma personal, que le parecía atractiva, que no me tirara a menos, que así tenía que ir por la vida, señalando que la suya era una ‘opinión masculina experta’”.

El 25 de febrero de 2025, en el contexto de una conversación por WhatsApp, le dijo: “Cuidá tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo, look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado”, según la denuncia.

G. B. S. trató de ser cordial en la respuesta, pero nunca más se puso el vestido que le había pedido el juez, explicó en su denuncia.

El 30 de marzo de 2025, un mes después de que García Maañón asumiera la presidencia, la denunciante comenzó a recibir mensajes de WhatsApp en horas de la madrugada. “¿Despierta?”, le preguntó un día a la 1.12, según dijo G. B. S.; acto seguido, le escribió: “La noche es como el vino, te desinhibe. La noche es deseo, la pasión, la aventura”.

G. B. S. hizo referencia a una invitación del magistrado para que fuera a comer un asado a su casa, donde iban a estar un comisario, uno de sus hijos y un custodio. Pensó varias veces cómo decir que no a esa “reunión de trabajo” programada para un sábado; finalmente se enfermó y no fue.

El 2 de abril, explicó la denunciante en su presentación, García Maañón le dijo que era un “cazador” y que le gustaban la “presa difícil”, “el caballo que le costaba domarlo” y las “mujeres que no eran sumisas”.

“Ni una sola vez le di a entender al doctor García Maañón que había posibilidad de un vínculo del tipo que intentaba”, sostuvo G. B. S. en su relato de los hechos.

Al promediar la presentación, la funcionaria recordó una situación en la que, por primera vez, se había sentido intimidada.

“En una ocasión en la que nos encontrábamos a solas, me ordenó: ‘Sentate en ese lugar’, señalando un cuerpo de un sillón, haciendo alusión a un sillón de tres cuerpos. Me senté y el almohadón se hundió considerablemente y quedé como hundida, pequeñita. Entonces se sentó a mi lado y, mientras yo intentaba leer y explicarle temas [de trabajo] que había llevado escritos en hojas, su mirada y su cuerpo se giraron considerablemente sobre mi cuerpo y su mirada se posó por encima de mi hombro. Fue la primera vez que me sentí intimidada por el doctor García Maañón. Era el presidente, mi jefe; nunca antes había vivido tal incomodidad. La luz tenue innecesaria y la cercanía de su cuerpo me incomodó, sentí como que respiraba casi sobre mi cara. Yo miraba hacia abajo las hojas, tratando de leer de manera rápida la firma para retirarme y él, en un tono lento, me miraba haciendo como que le interesara lo que leía. Me intimidó con su cercanía y lo notó. Luego, con voz suave, me preguntó: ‘¿Te incomoda?’. Sí, le contesté con firmeza. Automáticamente, se levantó y se sentó en otro sillón y me dijo, como desentendiéndose de la situación, ‘tendré que cambiar ese almohadón’“, sostuvo G. B. S. en su denuncia.

En un momento, como esa relación “jefe-empleada” le pesaba y la ahogaba, G. B. S. aceptó ir a cenar a un lugar público.

“Me dijo: ‘Con que cenemos juntos me basta. Por mí podés venir desnuda, jaja…’. Sin embargo, no le pude poner freno. En horario laboral me citó en el despacho. García Maañón estaba en una postura juvenil, como excitado. Salió de su escritorio y me detuvo en el medio de su despacho [después de contarle que había averiguado un lugar con menú celíaco]. Me tomó de la cintura e intentó bajar la mano hacia mi cola, me sorprendí y di un paso hacia atrás. Le dije: ‘¿Pasó algo?’. Me dijo: ‘No, solo quería verte’”, contó la funcionaria. Ella se fue del despacho.

Una de las últimas situaciones de acoso que describió G. B. S. en la denuncia fue el 19 de junio del año pasado, casi un mes antes de su denuncia, en el despacho del magistrado. García Maañón ya le había dicho que era instructor de tiro.

“Me dijo que me sentara. Se levantó, sacó del cajón su arma, le puso el cargador, le sacó el seguro o se lo puso, dado que solo escuché el ruido, y en un movimiento rápido la pasó cerca de mi cara. No recuerdo si la puso delante de su pantalón o detrás, quedé como helada de haber visto el cañón del arma pasar cerca de mi cara. Él salió del escritorio, tomó un bolso y dijo: ‘Me retiro’. Salí del despacho y fui a mi despacho y comencé a llorar”, sostuvo.

Además de las afirmaciones que hizo en su denuncia original, G. B. S. declaró ante el fiscal Amallo en la causa penal.

Entre otras cosas, dijo: “Con su mano y brazo me envolvió a la altura de la cintura y con fuerza llevó mi cuerpo muy cerca del suyo, quedando de esta forma cara a cara, como con intenciones de darme un beso o de una situación muy íntima. Al bajar yo el rostro para evitar que me besara es cuando me desliza la palma completa de su mano derecha desde la cintura hacia mi cola, por el medio, tocándomela y haciendo un poco de presión, como intentando acercar más mi cuerpo al suyo, ante lo cual di unos pasos hacia atrás. Entonces él me mira como sorprendido, a lo que yo le pregunto: ‘¿Pasó algo?’. Él me respondió: ‘Solo quería verte’. Yo le contesté: ‘Bueno, ya me vio’. Haciéndose el desentendido y como si nada hubiese pasado, me habló de trabajo, pero yo estaba en blanco. Por el estado de shock no escuché nada de lo que me dijo”.

A fines de julio del año pasado, García Maañón presentó su renuncia. En una carta dirigida al gobernador Kicillof, sostuvo que lo hacía para “preservar 38 años de ejercicio irreprochable de la magistratura”. El mandatario bonaerense, hasta el momento, no le aceptó la dimisión. Y con la última novedad del jury, ya no podría hacerlo.

Los atacantes conforman una banda compuesta por varias decenas de jóvenes y adolescentes. Muchos de ellos integran colectivos dedicados a la práctica del stunt bike, tal como se denomina a la realización de piruetas urbanas en bicicleta.

Al menos seis cuentas de Instagram estuvieron involucradas en la organización de la cuestionada bicicleteada: @candehg_, @tizisst10, @ssantuu._, @047.ianmateo, @quilmes.grau (del grupo Quilmes al Grau, que comparte contenido de ciclismo) y @joni_sst.

Esas cuentas publicaron un video un día antes del evento titulado “La noche más esperada del año”. En la grabación se veía a decenas de jóvenes disfrazados por Halloween y circulando en bicicleta. De fondo, el audio de la conocida película de terror La Purga, donde hablaba de una “noche de depuración”.

Desde el grupo Quilmes al Grau compartieron un comunicado donde aclararon que el recorrido “no fue completado” porque “gente que no formaba parte llevó y guió a un grupo de gente a un lugar en el cual no iban a pasar”.

Señalaron que, en relación a los Bosques de Palermo, solo iban a “bordearlos” para “no generar quilombo”. “Se supone que las nocturnas son para disfrutar y pasarla bien, practicar y hacer visualizar nuestro deporte; no es para que villeros [SIC] y gente que no pertenece a los grupos líderes hagan este tipo de cosas”, afirmó el colectivo.

El texto cerró con una aclaración: “No apoyamos este tipo de comportamiento y repudiamos a todos los involucrados en el bardo que se generó”.

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Uno de los convocantes, llamado Mariano, escribió una publicación en nombre de la organización de la bicicleteada. “Quiero expresar mis disculpas en nombre de quienes formamos parte de la comunidad del stunt bike por los hechos ocurridos recientemente en los Bosques de Palermo. Éramos más de 300 personas reunidas. Es importante aclarar que las actitudes que desencadenaron los conflictos provinieron de un grupo muy reducido, aproximadamente 10 personas, y no representan a la totalidad de quienes estábamos presentes”, se excusó.

Cómo sigue la investigación

De acuerdo con las pericias preliminares, el ataque no fue casual sino que llevaba semanas de planificación a través de las redes sociales. Desde la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a LA NACION que trabajan en una denuncia penal contra los involucrados.

Según pudo saber este medio, la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) fue la primera en ser notificada del ataque, luego de recibir la información sobre un joven herido. Por eso se solicitaron las cámaras de la zona y se tomó declaración a testigos para esclarecer lo sucedido. La Fiscalía Especializada en Discriminación de la ciudad de Buenos Aires también inició una investigación de oficio de manera inmediata tras la viralización de las imágenes.

La fiscalía citó a declarar a las mujeres trans damnificadas para que aporten su testimonio y entreguen el material digital que lograron resguardar antes de que muchos agresores borraran sus cuentas o cambiaran su privacidad. Mientras eso ocurre, y como parte de la investigación, la Policía de la Ciudad seguía trabajando este jueves, según pudo saber LA NACION, en el relevamiento de las cámaras de seguridad y domos de los Bosques de Palermo para reconstruir el recorrido del grupo, precisar con exactitud cuántas personas participaron y lograr su respectiva identificación biométrica.

“Vienen a cazarnos”

Las víctimas del ataque en los Bosques de Palermo hablaron de la violencia que sufren a menudo en esa zona. En una conferencia de prensa brindada en la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas, las mujeres trans que sufrieron agresiones de parte de un grupo de jóvenes ciclistas brindaron detalles de lo sucedido: “Nos atacaron con palos, botellas, conos y piedras. Tengo el ojo morado. Y en la zona roja no hay palos, fierros, ni nada. Ellos vinieron preparados para esto”.

La “zona roja” funciona como una denominación informal para la zona del Parque Tres de Febrero donde se brindan servicios sexuales por dinero. Esto ocurre particularmente en los alrededores de las avenidas Los Ombúes y Andrés Bello y las zonas cercanas a la Plaza Florencio Sánchez y el Rosedal. Las víctimas denunciaron que se trata de una “zona liberada”. ”La policía tardó entre 20 y 30 minutos en llegar al hecho. Llamé tres veces", reclamó una de las mujeres.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos presentes, la pelea empezó alrededor de las 1.20 en la intersección de las calles Churruarín y Güiraldes, en el ingreso al barrio Municipal de la capital entrerriana. La víctima, identificada como Ariel Gustavo Álvarez y quien vivía en el barrio 4 de junio, cayó sobre el pavimento tras ser golpeado durante la pelea.

El llamado de los testigos al servicio de emergencias alertó sobre la situación y una ambulancia llegó al sitio, aunque los profesionales de la salud comprobaron que el hombre de 46 años ya no tenía signos vitales, según informó el medio local Análisis Digital.

En el lugar del hecho, los policías a cargo del operativo identificaron al sospechoso de 65 años, quien dio su versión de lo ocurrido y dijo que había tenido una discusión con Álvarez y que le dio un golpe que provocó su caída sobre la calzada. De momento se desconocen los motivos particulares que iniciaron la pelea entre ambos.

Minutos más tarde, la tensión escaló cuando un sobrino del fallecido se presentó en el lugar e intentó atacar al acusado del crimen, lo que motivó una rápida intervención de los efectivos para demorar al joven de 28 años, a quien le secuestraron un revólver calibre 32 largo en desuso que llevaba oculto entre sus prendas.

La fiscal Patricia Yedro, a cargo de la Unidad de Delitos Complejos, dispuso la participación de la División Homicidios, Policía Científica y el médico policial en las primeras diligencias, además de ordenar que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la práctica de la autopsia de rigor, según pudo saber el medio local UNO Entre Ríos.

Por su parte, el presunto agresor quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales, sujeto al avance de la causa. Mientras tanto, el familiar de la víctima fatal fue identificado y el arma incautada quedó a disposición de la fiscalía.

Los sospechosos, de 17 y 22 años, circulaban en una moto con pedido de secuestro por hurto y llevaban una pistola calibre .22 con una bala en la recámara, lista para disparar.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad observó a los dos ocupantes de una moto que circulaba sin patente y cruzaba semáforos en rojo. Los policías les hicieron señales lumínicas y sonoras para que los motociclistas detuvieran la marcha, pero desobedecieron la orden y aceleraron para escapar.

Durante la persecución, los sospechosos ingresaron en contramano por la avenida Independencia. Al llegar a la altura del 1700, entre Solís y la avenida Entre Ríos, chocaron de frente contra un automóvil. El impacto provocó que ambos cayeran sobre la calzada, donde fueron alcanzados y detenidos por los efectivos.

En ese momento, los policías observaron que de las prendas de uno de los jóvenes se desprendió una pistola calibre .22. El arma tenía una munición en la recámara y, según las pericias iniciales, era apta para el disparo.

Durante la requisa también fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una ganzúa, un elemento que suele utilizarse para forzar los sistemas de encendido de vehículos.

Las consultas posteriores permitieron establecer que la motocicleta en la que circulaban tenía un pedido de secuestro activo por hurto desde el 11 de octubre de 2026, solicitado por la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

Los detenidos fueron un adolescente de 17 años, domiciliado en Dock Sud, y un joven de 22, residente en Villa Domínico, en Avellaneda.

El mayor de los sospechosos registra antecedentes por tentativa de robo y encubrimiento agravado, en una causa iniciada el 2 de febrero de este año.

En la causa interviene el Juzgado Nacional de Menores N° 1, que dispuso la detención de ambos imputados y el inicio de actuaciones por encubrimiento, resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego. También ordenó el secuestro de la motocicleta, la pistola, los celulares y la ganzúa, además de otras medidas de rigor.

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando la mujer —que también se dedica al ámbito de la salud— concurrió a un turno. La víctima advirtió que el médico la tocaba en partes que no eran las habituales para el tipo de estudio e incluso le hizo comentarios fuera de lugar como “tenés los ovarios de una pendeja” o “nenita”. En medio de esta situación, reconoció que el hombre llevaba puestos los lentes Ray-Ban Meta, que traen una cámara incorporada que permite grabar y sacar fotos.

El abogado de la denunciante, Gustavo Anna, detalló que la paciente manifestó su incomodidad durante la consulta y que, ante esto, el ginecólogo trató de justificarse y aclaró que lo que pasó fue un “roce natural”. “Ella también advierte que los lentes que tenía eran los que graban. Después de dialogar con un colega, decide formular la denuncia”, explicó el abogado en declaraciones consignadas por Eldoce.

Tras la denuncia, la Justicia consideró que el acusado había cometido una contravención de maltrato agravado por razones de género. Según el magistrado, no se encontraron “pruebas suficientes” de los contactos físicos que habían sido denunciados y el profesional no tenía una obligación legal de contar con otro médico auxiliar en la sala, tal como había requerido la paciente.

De esta forma, el juez José Milton Peralta, del Juzgado de Control y Faltas N.º 7 de la ciudad de Córdoba, revocó una absolución previa que había dictado la Unidad Contravencional de Género y declaró responsable al profesional. El fallo determinó que las expresiones del acusado resultaron “infantilizantes y descalificantes” en el contexto de una consulta sobre salud reproductiva.

Sí bien el juez probó que el médico utilizó los anteojos Ray-Ban Meta sin informarle a la paciente, no se pudo corroborar que haya tomado fotografías ni realizado filmaciones. Usar esos dispositivos sin avisar durante una práctica que compromete la intimidad de la mujer, consignaron las autoridades, podía generar inseguridad, incluso si nunca habían sido encendidos.

Al no encontrarse registros de grabaciones, la Justicia avanzó y declaró al médico responsable: tuvo que pagar la multa de menos de un millón de pesos y deberá asistir a un curso educativo sobre género. El abogado cuestionó los tiempos de la investigación y señaló que entre la denuncia y el allanamiento transcurrieron varios días. “No pudieron secuestrar imágenes”, lamentó.

El antecedente de Chaco

El caso ocurrió poco después de la polémica por la detención del ginecólogo Gustavo Kumiega, quien acumula al menos ocho denuncias penales por episodios de abuso sexual, violencia médica y mala praxis en Chaco.

La investigación penal se inició a partir de la denuncia formal radicada el 29 de septiembre por una joven de 26 años, Karla Herrán, quien relató presuntas conductas inapropiadas durante estudios e intervenciones médicas.

A partir de la difusión de su caso, otras mujeres fueron a los tribunales para denunciar situaciones similares ocurridas durante la atención médica. En paralelo, se difundieron capturas de pantalla de conversaciones atribuidas al médico con expresiones como “¿Te vendría bien un doctorcito amoroso generoso?”.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando la funcionaria de seguridad, que se encontraba de licencia, persiguió a dos hombres que minutos antes habían tenido la intención de sustraerle su teléfono mientras circulaba en motocicleta.

Según informó el medio local Diario Panorama, la víctima, numeraria de la comisaría tercera, contó a los investigadores que el día del hecho circulaba en su rodado hacia su domicilio, en el barrio Sarmiento, cuando fue sorprendida por dos motochorros que intentaron sustraerle el teléfono celular. Sin poder conseguir su objetivo, los ladrones continuaron con su marcha. Fue entonces que la policía decidió seguirlos.

Cuando los tres estaban en las inmediaciones del barrio Los Inmigrantes, la sargento alcanzó a uno de los delincuentes con la intención de reducirlo, pero el otro ladrón intervino y ambos la agredieron violentamente. De acuerdo a su denuncia, los sospechosos la arrastraron hacia una zona oscura y sin circulación abusaron de ella y luego se dieron a la fuga.

La víctima fue encontrada en estado de extrema vulnerabilidad y recibió asistencia médica de urgencia hasta su traslado al Hospital Regional. En el centro de salud, los profesionales le diagnosticaron un traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento, además de hematomas importantes en la pelvis y las piernas, y lesiones en la espalda y el pecho, agregó el medio local.

La causa, caratulada como abuso sexual y lesiones por la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Daniela Yslas, avanzaba ahora para intentar determinar la identidad de los agresores mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de los restos biológicos que podría tener la víctima.

Se trata de Pablo Macalopu Cafferata, un capo narco peruano de 35 años que la semana pasada fue procesado con prisión preventiva por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado como “organizador del tráfico de estupefacientes en sus modalidades de almacenamiento, transporte, comercio y tenencia con fines de comercialización”.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La investigación de la jueza Arroyo Salgado, que cuenta con la colaboración de detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), comenzó el año pasado tras la detención de un narco al que le habían secuestrado 15 kilos de cocaína.

A partir de la información que se pudo recuperar del teléfono celular incautado al sospechoso y de las tareas de campo, seguimientos e intervenciones telefónicas desarrolladas por los detectives de la PSA, se pudo llegar a los eslabones superiores de la banda narco comandada por Roger, según se desprende del expediente.

“Macalopu Cafferata, Roger, para sus interlocutores y Cody en la aplicación de mensajería Zangi, dirigiría la organización criminal: coordinaría con el transportista la recepción de los cargamentos, designaría a quién debía recibirlos, dispondría del lugar de acopio y de su custodio, ordenaría las entregas y concentraría el dinero producido”, explicó la jueza en la resolución donde procesó al capo narco, a la que tuvo acceso LA NACION.

A principios del mes pasado, por orden de Arroyo Salgado, la PSA hizo una serie de allanamientos que concluyó con el secuestro de 222 kilos de cocaína.

La mayor parte (207 kilos) fue secuestrada en una propiedad situada en La Reja, partido de Moreno. Otros 15 kilos fueron decomisados en un domicilio del barrio porteño de Parque Avellaneda.

“Deviene necesario poner énfasis en que las constancias reunidas permiten sostener que Macalopu Cafferata no solo integraría la empresa criminal, sino que se erigiría como su organizador. Ese rol, además, no se circunscribiría únicamente a las maniobras de tráfico de estupefacientes, sino que se extendería a otras conductas de naturaleza violenta y de suma gravedad”, explicó la magistrada.

Arroyo Salgado se refería a la vinculación de Roger con el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre del año pasado y asociado a una venganza de una organización narco peruana por el robo de un alijo de droga. Y la investigación de la jueza y de los detectives de la PSA terminó por confirmar que ese era el móvil a partir del hallazgo fílmico en un teléfono celular de uno de los imputados.

Según surge del expediente judicial, en el análisis de la extracción forense del teléfono celular de Daniel Tello Chacón —integrante de la banda de Roger y también procesado por Arroyo Salgado— se recuperó “un archivo de video” que había sido borrado de la aplicación de mensajería Zangi, por medio de la cual se comunicaba la organización narco. La filmación había sido recibida el 24 de septiembre pasado a las 3.38, es decir, un año después del triple crimen.

“Ese registro se vincularía, con un grado de probabilidad significativo, con el suceso conocido públicamente como el triple crimen de Florencio Varela, del que resultaron víctimas Gutiérrez, de 15 años, y del Castillo y Verdi, de 20. En esa filmación se observa a una persona de sexo femenino siendo atacada por cuatro personas de sexo masculino, en una agresión que culmina con la amputación del dedo índice de una de sus manos”, describió la magistrada en la citada resolución.

La causa del triple crimen de Florencio Varela tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, y cuenta con la participación de la fiscal Mariela Labozzetta.

“Lo relevante, a los fines que aquí interesan, no es solo lo que se ve, sino lo que se oye. Quien grabaría la filmación no es un mero espectador: es quien la conduce. La víctima, implorando clemencia, se dirige a él como Roger, apelativo que, como se indicó precedentemente, sería atribuible a Macalopu Cafferata. Es esa misma voz la que, a lo largo de toda la grabación, interrogaría, amenazaría e impartiría las órdenes que marcan el curso del ataque. De la transcripción del audio surgen diversos elementos de relevancia que corresponde analizar en profundidad”, describe la magistrada de San Isidro.

El vídeo del ataque comienza con la voz del hombre a quien la víctima (Lara Gutiérrez) identifica como Roger y le pregunta: ‘¿Qué pasó ese día?’ y reitera: ‘¿Entonces, vas a hablar o no?’ y ‘Te vas a ir viva… pero ¿vas a hablar o no?’. “Quien habla sabe que existiría un hecho precedente concreto y determinado y exigiría a la víctima una explicación. La violencia aparece aquí como medio para la obtención de una respuesta”, interpretó Arroyo Salgado.

“En segundo lugar, la amenaza, que se gradúa a medida que avanza el ataque: ‘Te voy a volar el dedo’, ‘Te vuelo dedo por dedo’. No se trata de un arrebato, sino de una escalada anunciada, en la que el castigo se dosificaría y se condicionaría a la respuesta de la víctima. Lo mismo sucede con la expresión ‘te vas a ir viva’, que pone de manifiesto que quien habla se atribuiría el poder de decidir sobre la vida o la muerte de la persona sometida”, resalta.

“En tercer lugar, y de manera determinante, las órdenes: ‘Agarrala, agarrala, ‘causa’... ante lo cual puede observarse a quien sería Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J lanzarse sobre la víctima para reducirla; ‘Vuélale el dedo’, ‘vuélale un dedo a esa concha de su madre’, ‘vuélale’ y, finalmente, ‘eso eso’, con lo que celebraría la ejecución de lo ordenado. Quien habla no pide: ordena reiterativamente y convalida una vez cumplido su mandato. Y quienes lo rodean no deliberan: ejecutan. Esa es, en escala reducida y en su expresión más brutal, la misma lógica que se verificaría a lo largo de toda la operatoria de tráfico de estupefacientes investigada. Macalopu Cafferata no cargaba los paquetes, no conducía el camión ni custodiaba el depósito: dispondría quién lo haría, cuándo y cómo. En el video tampoco empuña el instrumento. Decide, y otros cumplen”, afirmó la jueza Arroyo Salgado.

Pequeño J, un joven peruano de 21 años, había sido señalado, poco después de hallar los cuerpos de las víctimas, como el presunto líder de la banda y quien estaba detrás del triple crimen. Ahora se sabe que no: él también tenía un jefe.

“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, había dicho el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el 25 de septiembre del año pasado, tras el hallazgo de los cuerpos de las víctimas. Se refería a que, según los investigadores, las torturas habrían sido transmitidas en vivo por medio del servicio de mensajería instantánea Zangi.

En la citada resolución, la jueza había explicado: “Las propias palabras de quien dirigiría el ataque despejan cualquier duda sobre su finalidad, en tanto le refiere a la víctima que aquel acto de violencia ocurre ‘por chorra’; extremo que en el contexto de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, no podría sino tratarse de dinero o mercadería”.

Oportunamente, LA NACION reveló que el móvil detrás del triple crimen, ocurrido entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2025 en Florencio Varela, habría sido una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína presuntamente cometido por un conocido de una de las víctimas.

La jueza Arroyo Salgado, el 16 de octubre pasado, le envió la filmación a su colega Rodríguez. Finalmente, ayer, el magistrado federal de Morón ordenó la detención de Roger en el marco de la causa del triple crimen.

La joven había sido vista por última vez el lunes a la mañana, cuando dejó a sus hijas –de 6, 11 y 13 años– en la Escuela Primaria N° 9, en Juana Azurduy y Remedios de Escalada.

Las autoridades escolares alertaron a la familia de que nadie había ido a buscar a las menores en el horario de salida, lo que movilizó a sus familiares y allegados.

Los detectives policiales activaron el protocolo de búsqueda. Entre otras cosas, realizaron un allanamiento en la casa de la mujer y allí encontraron sus pertenencias, lo que les daba un indicio fuerte de que había regresado a su hogar.

Pudieron confirmarlo una vez que, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la vía pública, lograron reconstruir el derrotero de Estefanía desde la escuela hasta su casa.

Así las cosas, comenzó a tomar fuerza la hipótesis de que Monzón podía haber sido víctima de un crimen intrafamiliar. Los testimonios recogidos por los investigadores -entre ellos, los de las hijas de la mujer- revelaron que Estefanía era habitualmente víctima de malos tratos de parte de su pareja.

El hallazgo del cadáver confirmó las peores presunciones y la policía, en consecuencia, arrestó a Lencina por el femicidio.

Una vecina que vive en Aimara al 700 llamó al 911. Una ambulancia del SAME llegó a la escena de la balacera y trasladó a los heridos al Hospital Fernández. Allí falleció Guillermo Sandoval, de 27 años, un narco con domicilio en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, pero que tenía su base de operaciones en el enclave de Retiro.

Aparentemente, una banda de traficantes rival lo atacó porque sabía que había regresado al barrio tras la detención de su jefe. Cuando los integrantes de la organización rival lo encontraron, le dispararon. El cómplice que lo acompañaba, de 17 años, fue herido en un hombro; sigue internado.

Entre los antecedentes de Sandoval figuran al menos nueve causas penales por narcomenudeo. En uno de los primeros expedientes en su contra en la Justicia federal aparecía como coimputado con Juan Ramón Ortigoza Acosta.

Este jefe narco que operaba en Los Polvorines y Moreno fue arrestado durante una serie de allanamientos que incluyó un domicilio en la Villa 31 donde la policía apresó a Ortigoza, quien había sido investigado en 2019 por haber armado una banda que comercializaba cocaína y pasta base en diversas localidades del oeste del conurbano y usaba como base de operaciones el asentamiento porteño.

El homicidio de Sandoval, ocurrido durante la madrugada del lunes, estaría relacionado con una pelea entre los cómplices de Ortigoza, que formarían parte de la denominada “banda del fondo” y el grupo de “Los turros de Güemes”.

Hasta ahora, la Justicia no ordenó la captura de ninguno de los integrantes de la banda “Los turros de Güemes”; los investigadores apuntaban a que el menor que sobrevivió al ataque podría aportar algún dato sobre los agresores.

Con respecto al herido, su identidad se mantendrá en reserva. No obstante, se pudo saber que fue detenido en seis oportunidades en dos años y que tenía antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y robo agravado. A pesar de haber cometido delitos graves y de haber sido detenido en tantas oportunidades, estaba en libertad.

La subcomisaria Marilú Vásquez, jefa de la División de Investigación Canina de la Policía de Salta, presentó, además, un pendrive con el video completo de la prueba de odorología que permitió detectar el olor del niño en el asiento trasero de la Ford Ranger y del Ford Ka de la pareja. En la camioneta, Pérez y Caillava habían ido al campo de Catalina Peña, la abuela de Loan, invitados a un almuerzo al que el chico fue con su padre. Tras esa comida, el menor desapareció en un naranjal.

Lo singular de esta novedad es que, hasta el momento, en el expediente solo había sido incorporado un video en el que constaban extractos del estudio y no la prueba completa, sin cortes. El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió incorporar la nueva prueba a la causa.

La subcomisaria Vásquez explicó que el procedimiento consistió en obtener muestras de olor de ropa de Loan mediante gasas que luego fueron utilizadas como referencia para su detección con perros especialmente entrenados, que ubicaron rastros compatibles con la impronta del niño en los asientos traseros de ambos vehículos.

Los resultados ya habían sido ratificados por el veterinario Mario Rosillo, quien también aclaró que este tipo de análisis permite identificar la presencia de un olor, pero no establecer cómo llegó hasta los vehículos ni en qué circunstancias.

También ratificó el resultado la licenciada en Criminalística Tamara Muniagurria, una de las testigos de la última jornada. Ante el Tribunal declaró haber presenciado el peritaje realizado el 21 de junio de 2024 junto a su compañera Esquivel.

Otro de los testigos fue Walter Emanuel Sosa, de la División Pericias Tecnológicas de la Policía Federal, quien se explayó acerca de las tareas de extracción de información de teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa.

Otros testigos, como los inspectores federales Hernán Paul Alfonzo y Uriel Rossi, se refirieron a labores realizadas con el equipo de criminalística que intervino en la inspección de la Ford Ranger del capitán Pérez el 30 de junio de 2024. Ninguno de ellos aportó información adicional o esclarecedora, según se informó.

La víctima fue identificada como Fernando Miguel Villada. Según los resultados de la autopsia, murió como consecuencia de “un shock hipovolémico provocado por una lesión cardíaca causada con un arma blanca”. El examen forense también estableció que el cuerpo no presentaba signos de defensa, un dato que será evaluado por los investigadores para reconstruir las circunstancias de la agresión.

Según la información oficial a la que tuvo acceso LA NACION, el hecho ocurrió pasadas las 14 del domingo, en un sector de actividad comercial próximo a la confluencia de las rutas nacionales 34, 50 y 5. Allí funcionan distintos comercios y locales gastronómicos instalados sobre la banquina.

Villada era conocido en la zona y, según testimonios de vecinos difundidos en redes sociales, solía limpiar los vidrios de los vehículos y colaborar en la atención de mesas de algunos negocios.

De acuerdo con una reconstrucción preliminar, el joven habría recibido la puñalada en el tórax dentro de un local gastronómico cercano. Luego salió a la calle, donde se desplomó. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar tras recibir una alerta, lo encontraron tendido en la vía pública.

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán. La funcionaria ordenó la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del organismo. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizó la autopsia.

Como resultado de las primeras diligencias, fue detenido un hombre de 37 años, sospechoso de haber participado en el crimen. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál habría sido el móvil del ataque ni qué vínculo existía entre el sospechoso y la víctima.

Ataque a la casa del acusado

Horas después de la muerte de Villada se registró un incendio en una vivienda del hombre detenido. El inmueble sufrió daños por el fuego y por el impacto de proyectiles, aunque no hubo confirmación acerca de quiénes participaron del episodio. Tampoco se informó si hubo personas heridas o detenciones por ese hecho.

Los restos de Villada fueron velados en el domicilio familiar, ubicado sobre la calle San Francisco, en la zona del Triángulo. En la convocatoria que hicieron sus seres queridos para darle el último adiós se leía la frase: ”Que brille para él la luz que no tiene fin".

Los imputados habían sido detenidos el 22 de octubre, durante el operativo “Ruta Austral” se realizaron 13 allanamientos en Chubut, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Mendoza. En ellos se secuestraron 61,453 kilogramos de cocaína, 57 gramos de cannabis sativa y 393 pastillas de MDMA (éxtasis). También fueron incautados siete vehículos, un arma de fuego, teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos.

La jueza federal de Garantías Eva Parcio de Seleme declaró legales las detenciones y dispuso la prisión preventiva de los siete acusados por un plazo de 30 días. Para una de las mujeres imputadas, residente en Comodoro Rivadavia, estableció la modalidad de arresto domiciliario, debido a que tiene a su cargo el cuidado de su hijo de un año.

La resolución fue adoptada el 25 de octubre, durante una audiencia de formalización de la investigación y control de las detenciones. La fiscalía les atribuyó el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en calidad de coautores.

De los siete imputados, cuatro son de Comodoro Rivadavia, dos de Mendoza y uno de la provincia de Buenos Aires. La magistrada también declaró compleja la investigación y estableció un plazo de dos años para su desarrollo. Además, ordenó mantener reservado el legajo durante 30 días para evitar que el conocimiento de las actuaciones pudiera perjudicar la pesquisa. Cumplido ese período, se revisará la continuidad de las medidas de coerción.

La decisión incluyó otras medidas: se dispuso un abordaje clínico para los dos imputados provenientes de Mendoza, quienes manifestaron padecer problemas de salud, y se autorizó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero ante la Unidad de Información Financiera (UIF), además de distintos peritajes sobre los elementos secuestrados.

Un año de investigación

La causa se había iniciado un año antes a partir de la declaración de un imputado que aportó información sobre un grupo de personas radicadas en el norte argentino que, según su testimonio, abastecía de estupefacientes a una organización con actividad en Comodoro Rivadavia.

A partir de las tareas de investigación de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), los investigadores identificaron a los presuntos proveedores y reconstruyeron parte de la logística utilizada para el traslado de la droga.

Según la pesquisa, los sospechosos viajaban al norte del país en distintos vehículos para acondicionarlos y ocultar allí los estupefacientes antes de trasladarlos hacia la ciudad chubutense. También se detectaron vínculos personales entre los integrantes del grupo y numerosas transferencias de dinero entre ellos.

El 22 de octubre, cuando los investigadores detectaron la llegada a Comodoro Rivadavia de uno de los vehículos bajo seguimiento, proveniente del norte argentino, se puso en marcha el operativo “Ruta Austral”.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza Parcio de Seleme, con la intervención de la fiscal general Verónica Escribano, titular de la Unidad Fiscal Comodoro Rivadavia, y de los auxiliares fiscales Andrea Whitty, Ricardo Pettinari y Julián Coronel, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos.

“Nos atacaron con palos, botellas, conos, piedras. Yo tengo el ojo morado. Y en la zona roja no hay palos, fierros, ni nada. Ellos vinieron preparados para esto”, precisó una de ellas.

La “zona roja” funciona como una denominación informal para la zona del Parque Tres de Febrero donde se brindan servicios sexuales por dinero. Esto ocurre particularmente en los alrededores de las avenidas Los Ombúes y Andrés Bello y las zonas cercanas a la Plaza Florencio Sánchez y el Rosedal.

Las víctimas denunciaron que se trata de una “zona liberada”. ”La policía tardó entre 20 y 30 minutos en llegar al hecho. Yo llamé tres veces", reclamó.

Otra de las víctimas detalló que la mayoría de los individuos que protagonizaron los ataques eran menores de edad. “Nosotras necesitamos trabajar. Dependemos de la prostitución y necesitamos trabajar todos los días. Yo así [muestra el ojo morado] no puedo ir a trabajar”, expresó.

Además, señaló que no es la primera vez que ocurre un ataque de esta índole. “Es como la tercera vez que pasa en el año. Esto pasa todo el tiempo”, lamentó, y sumó: “Necesitamos justicia. Basta de tanto odio. Damos la cara porque necesitamos estar tranquilas”.

El ataque ocurrió durante la noche cuando un grupo de jóvenes, que practican ciclismo stunt, ingresó a los Bosques de Palermo y atacó a las mujeres trans que se encontraban en la zona. Varios las tocaron sin su consentimiento mientras se encontraban en sus bicicletas, otros les pegaron con conos de tránsito, palos, y piedras.

Se reportaron al menos seis lesionadas: una de ellas sufrió cortes de vidrio en sus pies y otra perdió parte de su oreja.

Julieta, amiga de las víctimas, brindó más detalles sobre estos ataques coordinados. “No es la primera vez que presenciamos esto, ahora más con este contexto que vivimos, con los ciclistas. Para mí está planificado. Ponen como barrera a los más chicos para que se enfrenten con nosotras. No sé si están guiados por mayores de edad. No entendemos por qué van a los bosques”, comentó.

Y sumó: “Muchos pasan rápido y te tocan la cola. A veces no sabemos si nos quieren robar. Son un montón. Paran el tráfico y te da miedo, porque no sabemos cómo van a responder. Lo hacen cuando somos pocas chicas”.

Julieta contó que nunca hubo detenciones por este tipo de agresiones. “Yo vengo denunciando hace ya dos meses. No es la primera vez que vienen a filmarnos con el mismo propósito: ir a cazarnos”.

El episodio que derivó en la detención ocurrió el pasado martes 27 de octubre alrededor de las 11, cuando Nicolás y Juan, una pareja de comerciantes que administra un bar en La Granja, fueron a un local en la vecina localidad de Agua de Oro.

Una vez allí, advirtieron que un hombre al que reconocían por una persecución sistemática que ejercía contra ellos estaba escondido detrás de un árbol.

“Hace dos años que estamos con una persecuta de una persona que ya no nos deja vivir. Es una homofobia asquerosa. Dice que a los ‘putos’ hay que cagarlos matando y que tienen que desaparecer de La Granja”, contó Juan.

Ese día, al notar la presencia del sospechoso, Nicolás empezó a filmar con su teléfono celular para registrar cualquier posible agresión.

En ese momento, el detenido sacó un machete del baúl de su auto y se abalanzó sobre ellos para atacarlos. “No lo mató de milagro”, relató Juan, en declaraciones al medio local La Voz del Interior, sobre la agresión recibida por Nicolás.

Según su testimonio, el agresor tiraba machetazos en distintas direcciones mientras varias personas que transitaban por el lugar intentaban intervenir para frenar el ataque. Durante la agresión, el hombre lanzó insultos homofóbicos y amenazó a una de las víctimas: “Puto de mierda, te voy a matar”.

A raíz de los golpes que le causó el arma blanca, Nicolás sufrió lesiones y tuvo que recibir asistencia médica. Más tarde, la pareja hizo la denuncia policial en la comisaría de Agua de Oro por los delitos de lesiones y amenazas.

Las víctimas señalaron que la agresión no fue aislada, sino parte de una serie de situaciones de hostigamiento continuas. Además, agregaron que el detenido acumula denuncias previas en la zona, entre ellas un episodio de amenazas contra empleadas de la cooperativa de La Granja.

Efectivos de la Policía de Córdoba llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Animí, donde capturaron al acusado y secuestraron prendas de vestir junto con el machete que usó en el episodio.

Ante lo sucedido, la Municipalidad de La Granja emitió un comunicado en el que expresó un “repudio absoluto” y manifestó su “compromiso con la diversidad y los derechos de toda nuestra comunidad”.

En el escrito, la comuna repudió “enérgicamente los recientes hechos de violencia sufridos por dos vecinos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+” y sostuvo que “ninguna persona debe sufrir agresiones por su orientación sexual o identidad de género”.

Finalmente, la gestión municipal puso a disposición su Área de Género y Diversidades para brindar asesoramiento y acompañamiento a los afectados.

La filmación fue hallada en el marco de una investigación que lleva adelante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y le fue entregada a su colega Jorge Rodríguez, magistrado a cargo del expediente del triple crimen ocurrido en septiembre del año pasado en Florencio Varela.

En la grabación a Gutiérrez, de 15 años, le cortan un dedo por orden de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, apodado Roger. Se trata de un capo narco peruano que era investigado por Arroyo Salgado, con colaboración de detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La filmación fue hallada, explicaron fuentes judiciales, en el teléfono celular secuestrado en poder de uno de los integrantes de la banda de Roger.

La grabación fue registrada poco antes de que los narcos ejecutaran a Gutiérrez y las dos otras víctimas, Morena Verdi y Brenda del Castillo , de 20 años.

En la secuencia que ahora tiene en su poder el juez Rodríguez aparece en escena Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, un peruano de 21 años que en ese momento se sindicaba como jefe de la banda narco detrás del triple crimen.

Ahora, con la investigación de la jueza Arroyo Salgado, queda en evidencia que Pequeño J no era el líder de la organización criminal; era solo un eslabón más de la banda comandada por Roger, de 35 años.

El móvil detrás del triple crimen, ocurrido entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre del año pasado en Florencio Varela, habría sido una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína presuntamente cometido por un conocido de una de las víctimas. Y la filmación.

En la filmación, Roger le exigía a Gutiérrez que hablara. Le prometía que se iba a ir viva.

“¿Entonces, vas a hablar o no? ¿Vas a hablar?“, gritó el sindicado capo narco, según la grabación.

Como la adolescente lloraba, Roger volvió a gritar: “¿Vas a hablar, o no va a hablar? ¿Vas a hablar? Te vuelo un dedo por dedo, concha de tu madre".

Después, le ordenó a sus subordinados: “Vuélele un dedo a esa concha de tu madre, así. Vuélele un dedo, Vuélele un dedo, Vuélele un dedo. Vuélele un dedo a esa concha de tu madre, así. Vuélele . Concha de tu madre”.

En otro momento, Roger espetó: “Encima te hace la loca. Ábrele la mano, ábrele, ábrele. Ábrele la mano. ¿Ya? Vuélele el dedo a esa concha de tu madre, así. Vuélele el dedo, Vuélele el dedo. Así.”

Finalmente, los lugartetienientes de Roger cumplieron la orden y le cortaron a la adolescente el dedo de la mano izquierda.

“Por chorra. ¿Qué pensaste que los peruanos son giles, chorra?“, decía Roger cuando sus cómplices torturaban a la víctima.

Hoy a la tarde, el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, informó:“La Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, exhorta a los medios y profesionales de la comunicación a evitar la difusión de imágenes y videos vinculados con los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025. El pedido tiene como objeto evitar la revictimización de las tres damnificadas y sus familias debido a lo sensible del contenido así como también consolidar el resguardo de la investigación, que se encuentra en pleno trámite y bajo secreto de sumario. En el caso, se investigan hechos que involucran violencia contra las mujeres en un contexto de crimen organizado, por lo que resultan de aplicación los mandatos de tratados internacionales, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belén do Pará), así como las leyes de nuestro país que promueven el respeto de los derechos de las mujeres y las víctimas de delitos: Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y Ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos".

Procesado

La jueza Arroyo Salgado el 16 de octubre pasado le envió la filmación a su colega Rodríguez.

Diez días antes, tras un allanamiento en La Reja, en el partido de Moreno, la jueza Arroyo Salgado había secuestrado 207 kilos de cocaína a la banda de Roger.

“El jueves pasado, la jueza Arroyo Salgado procesó a toda la organización criminal por tráfico de estupefacientes con prisión preventiva y a Roger como organizador de la banda. Ordenó además que el Servicio Penitenciario Federal (SPFA) lo aloje como preso de alto riesgo y lo separe de los detenidos de la causa del triple crimen”, sostuvieron fuentes al tanto de la decisión de la magistrada.

Hoy, según pudo saber LA NACION, el juez Rodríguez ordenó la detención de Roger en el marco de la causa

“Ahora nos mudamos con ella acá. Es increíble lo que estamos viviendo. Las personas que la tenían que cuidar casi le arrebatan la vida. Ni con delincuentes hacen una persecución tan violenta, tan terrorífica. Fue una cacería. Queremos justicia”, dijo Elsa, la madre de Celeste, en diálogo con LA NACION, desde la puerta del Hospital San Martín de La Plata.

Después de ser atendida en primera instancia en un centro de salud de Arrecifes, donde ocurrió el violento episodio en el que, además de Montarana, fue baleada Maite Azcona, de 23 años, Celeste fue trasladada a un hospital de Pergamino, cerca de su vivienda familiar, pero como las autoridades médicas encontraron líquido acumulado en la región abdominal, decidieron que lo mejor era derivarla a la capital bonaerense. El traslado sanitario aéreo fue coordinado con el Ministerio de Salud provincial.

“Creí que me moría”, fue una de las pocas cosas que le dijo la joven a su madre, en medio del llanto; apenas pudo hablar de lo sucedido aquella madrugada del domingo 25 de octubre. La joven, “que está muerta de dolor”, según describió la mujer, permanece internada desde ese día, luego de haber sido baleada por policías durante un episodio ocurrido en Arrecifes, cuando viajaba junto a otros jóvenes en un Volkswagen Gol blanco de vidrios polarizados que quedó involucrado en una persecución luego de negarse a detener la marcha para un control. Como consecuencia del hecho, Montarana sufrió dos impactos de bala en la zona abdominal.

Antes de este hecho, Celeste había comenzado a estudiar la carrera de maestra jardinera y actualmente trabajaba como jornalera en el campo, tarea para la cual se solía levantar a las 3 de la madrugada.

Por su parte, la otra joven, Azcona, se encuentra fuera de peligro tras ser intervenida quirúrgicamente ese mismo domingo por un disparo que recibió en la zona del coxis. Días atrás, publicó en sus redes sociales una fotografía junto a su amiga con un mensaje contundente: “Hasta el final con mi compañera siempre, te amo, hermana. Justicia por nosotras”.

La investigación

Luego de que la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense desafectara de sus funciones a los dos policías involucrados en el hecho hasta tanto se determine su grado de responsabilidad, sus armas reglamentarias fueron secuestradas para determinar las responsabilidades penales.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 13 del Departamento Judicial San Nicolás, especializada en Violencia Institucional y a cargo de Darío Giagnorio. Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso a la causa caratulada hasta el momento como lesiones graves, la investigación está centrada en recabar pruebas y que se realicen las correspondientes pericias, que deben ser llevadas adelante por otra fuerza de seguridad distinta a la Policía Bonaerense.

Según el informe que entonces brindó la municipalidad local, el conductor del Gol —auto en que viajaban las jóvenes con otras cuatro personas— había sido observado realizando maniobras peligrosas y a exceso de velocidad en la zona urbana de la ciudad. Cuando los policías ordenaron la detención del vehículo “utilizando las sirenas y balizas y barral lumínico del patrullero”, agregó el comunicado, el conductor se dio a la fuga, “transitando por algunas calles a contramano”; fue entonces por lo que se inició una persecución.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “En principio, se investiga el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género”, sostuvieron voceros de la investigación.

La fiscal Scanga dispuso una serie de medidas de prueba e investigación para identificar a los autores y demás personas que participaron en el ataque transfóbico.

“La representante del Ministerio Público Fiscal le solicitó al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad que envíe todas las filmaciones de las cámaras públicas instaladas en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello y sus alrededores”, dijeron fuentes con acceso al expediente.

Para la investigación, dijeron las fuentes consultadas, sería de suma importancia que las víctimas se presentaran ante la fiscal Scanga para relatar, de su propia experiencia, el ataque sufrido.

El ataque se conoció durante la noche del lunes pasado, luego de que los agresores lo filmaran y lo subieran a sus redes sociales para “presumir”. Pero se supone que todo se habría planificado semanas atrás.

La causa que tramita Scanga no es el único expediente que se tramita en la justicia porteña. La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad lleva adelante un expediente que se inició por las lesiones que habría sufrido uno de los agresores ante el intento de defensa de las mujeres trans.

En las grabaciones subidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agresores utilizaron conos de tránsito para atacar a las víctimas.

“Dale, pu.., dale, travesti pu...”, insultaron los agresores a las mujeres trans que en los bosques de Palermo ofrecen servicios sexuales.

Uno de los agresores hizo una publicación en su perfil de la red social Instagram, donde se burlaba del repudio generalizado que hubo sobre el ataque.

“Me dicen ahora el matatrans”, escribió y le sumó emojis de sonrisas.

Los violentos, en las publicaciones en las redes sociales, incluyeron descripciones provocadoras a los videos subidos. “A correr los trabas (sic)”, escribió uno de ellos.

En el streaming TUGO, la politóloga y referente de la comunidad LGBT, Gabriela Ivy, brindó detalles de lo ocurrido. “Fueron contra varias chicas trans que trabajaban en los bosques de Palermo. Organizaron para ir a ‘cazar travas’. Eran entre 50 y 60 chicos”, dijo.

Ivy informó que las víctimas se encontraban “traumatizadas” por lo ocurrido, y que una de ellas terminó con heridas cortantes en sus pies: “Que aparezcan 50 pibes en bicicleta tirando palos y piedras... Una de las chicas tiene el pie cortado con vidrios”.

Reportó que uno de los involucrados es oriundo de Bernal, mientras que otro es de San Martín. “No son chicos de un grupo de amigos. Esto fue premeditado. El grabarlo, el reunirse a cierta hora donde ellas empiezan a trabajar. Es muy probable que haya sido por Telegram, que después no queda nada registrado. Pero todavía no se sabe nada de cómo perpetuaron esto”, expresó.

Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes.

Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes.

Les vamos a caer con todo el peso de la ley.

— Jorge Macri (@jorgemacri) November 3, 2026

Tras la repercusión mediática, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, condenó el ataque.

“Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad”, consideró Macri mediante un posteo en su cuenta oficial de X. “Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes”, dijo y agregó: “Les vamos a caer con todo el peso de la ley”.

El hallazgo de la filmación de las torturas previas a los homicidios fue revelado por el sitio de noticias Encripdata, especializado en narcotráfico y crimen organizado, y confirmado a LA NACION por fuentes con acceso al expediente.

El trámite de la causa ahora está en secreto de sumario, medida dispuesta por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, a cargo de la investigación, de la que también participa la fiscal Mariela Labozzetta.

La víctima torturada que aparece en la grabación es Gutiérrez, que tenía 15 años. Le cortaron un dedo con una tijera o pinza de podar, según la grabación a la que tuvo acceso LA NACION.

Como se dijo, la filmación fue hallado en una investigación por narcotráfico a cargo de Arroyo Salgado, con colaboración de detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La filmación tiene una duración de dos minutos y 39 segundos. En parte de la grabación, una voz masculina amenaza a la adolescente. Le gritó, entre otras cosas: “¡Te voy a volar el dedo, concha tu madre! Te vas a ir viva, concha tu madre, pero vas a hablar, ¿está bien o no?”.

La persona que amenaza a Gutiérrez es un capo narco peruano identificado por fuentes judiciales como Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido por el apodo de Roger, dijeron fuentes judiciales.

“En en el video se puede ver que Roger no toca a nadie: da las órdenes”, dijeron a LA NACION las fuentes consultadas. Sus subordinaron cumplieron la amenaza.

La jueza Arroyo Salgado, el 16 de octubre pasado, le envió la filmación a su colega Rodríguez.

Diez días antes, tras un allanamiento en La Reja, en el partido de Moreno, había secuestrado 207 kilos de cocaína a la banda de Roger.

“El jueves pasado, la jueza Arroyo Salgado procesó a toda la organización criminal por tráfico de estupefacientes con prisión preventiva y a Roger como organizador de la banda. Ordenó además que el Servicio Penitenciario Federal (SPFA) lo aloje como preso de alto riesgo y lo separe de los detenidos de la causa del triple crimen”, sostuvieron fuentes al tanto de la decisión de la magistrada.

“La filmación pudo ser recuperada en el teléfono celular secuestrado en poder de uno de los integrantes de la banda de Roger”, dijeron los investigadores.

El móvil detrás del triple crimen, ocurrido entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre del año pasado en Florencio Varela, habría sido una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína presuntamente cometido por un conocido de una de las víctimas.

El 25 de septiembre del año pasado, poco después del hallazgo de los cuerpos de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y Gutiérrez, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había dicho: “Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”.

Alonso hablaba de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, un peruano de 21 años que en ese momento se sindicaba como jefe de la banda narco detrás del triple crimen. En ese momento se sostenía que los homicidios habían sido transmitidos en vivo por redes sociales.

“En la filmación donde quedó registrada la tortura aparecería Pequeño J, pero no es él el que amenaza a Lara Gutiérrez”, dijeron a LA NACION las fuentes consultadas.

Catorce meses después se supo que por arriba de Pequeño J estaba su tío, Luis Alan Valverde Rodríguez, quien fue detenido a mediados del mes pasado en Perú.

Los homicidios de Verdi, Del Castillo y de Gutiérrez representan un “caso paradigmático de violencia extrema contra las mujeres por motivos de género en un contexto de criminalidad organizada que involucra el narcotráfico y la explotación sexual”.

Así lo habían afirmado el juez Rodríguez y el secretario penal Ignacio Calvi en una resolución firmada en junio pasado cuando procesaron con prisión preventiva a Pequeño J., después de su extradición desde Perú.

El joven fue procesado por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí. Se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1000 millones de pesos.

“Se ha podido establecer que Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”, se sostuvo en el auto de procesamiento.

Las víctimas fueron vistas por última vez a las 21.30 del 19 de septiembre del año pasado, cuando en el cruce de Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita, La Matanza, se subieron a una camioneta marca Chevrolet blanca. Pensaban que iban a una fiesta. Pero era una trampa. Fueron torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela. Las mataron esa misma noche.

Los condenados fueron identificados como Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, quienes reconocieron su participación en el hecho y aceptaron las penas propuestas por la fiscalía mediante acuerdos plenos. La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta.

La maniobra fue descubierta en marzo pasado, cuando los conductores llegaron al paso internacional de Aguas Blancas, en Salta, pese a que la autorización establecía que debían salir del país por otro cruce fronterizo.

Ambos fueron considerados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante el empleo de documentación adulterada, en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de esas sustancias a una zona de frontera sin autorización. Además de las penas de prisión, recibieron una inhabilitación absoluta por el mismo plazo y las sanciones accesorias previstas en el Código Aduanero.

El tribunal también dispuso el decomiso de los 35.144 kilogramos de acetato de etilo incautados, valuados en 167.608.459 pesos, y de los teléfonos celulares de los acusados.

En el caso de Puma García, la medida alcanzó, además, al tractor del camión y al semirremolque utilizados para transportar la carga.

La investigación, a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, comenzó el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones de transporte internacional en el paso Aguas Blancas-Bermejo. Los vehículos intentaban cruzar a Bolivia con 191 tambores de acetato de etilo: 95 en uno y 96 en el otro.

La documentación comercial establecía que la mercadería debía salir de la Argentina por el paso internacional de Salvador Mazza y continuar hacia Cochabamba. Sin embargo, los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas.

La operación involucraba a empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá. La documentación identificaba como transportistas a Melinor S.A. y a Cooperativa Tarija del Sur SRL, mientras que la adquirente era Southpac Corporation, con domicilio en Panamá. El destinatario final consignado era Corporación Mathiesen S.A., radicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

El acetato de etilo está incluido en el listado del Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), que somete su circulación a un régimen especial de fiscalización. Es un solvente que puede utilizarse en procesos de refinamiento para obtener clorhidrato de cocaína.

La documentación adulterada

Durante el control, los choferes presentaron los permisos correspondientes, entre ellos una autorización de tránsito internacional y el itinerario de la carga. Pero al cotejar los documentos con el Renpre, los investigadores detectaron que los dominios de los camiones no estaban autorizados para esa operación y que el recorrido realizado no coincidía con el aprobado.

La fiscalía determinó que la autorización había sido adulterada mediante un documento confeccionado con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), al que se incorporaron las patentes de los vehículos para dar una apariencia de legalidad al traslado.

Los conductores fueron detenidos y los camiones y la mercadería fueron secuestrados. Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina confirmó que la sustancia era acetato de etilo.

La investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que a través de la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas.

Ese trabajo permitió incorporar documentación de una investigación realizada en el país vecino, en el marco de la cual fueron allanados varios depósitos de acetato de etilo. Uno de ellos, ubicado en Cochabamba, pertenecía a la firma señalada como destinataria final de la carga incautada en Salta.

Las medidas determinaron que el inmueble no estaba habilitado para almacenar sustancias químicas, un elemento que reforzó las sospechas sobre el posible desvío del precursor.

El episodio, que se volvió viral en las redes luego de que un testigo filmara el momento del tiroteo, ocurrió durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 4.40, en la zona de calle 21 y las vías férreas, informaron los medios locales.

En las imágenes quedaron plasmadas varias detonaciones en distintas direcciones, en un sector donde también había jóvenes reunidos cerca de una plaza. “Le tira, le tira”, se escucha decir a una persona que registra la escena con su celular. “Pará, loco de mierda”, se oye en el video mientras un vecino pide que se alejen para quedar a resguardo.

La situación motivó la intervención del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III, cuyos efectivos lograron aprehender al sospechoso y secuestrar el arma de fuego, agregaron los medios. El hombre, de 43 años, quedó a disposición de la Fiscalía de Cañada de Gómez, que investiga las circunstancias del episodio. En su poder tenía un revólver calibre .357 Magnum, que fue secuestrado por la Policía.

Un policía es investigado por empujar y golpear a una joven

Un policía de La Pampa es investigado por empujar y golpear a una joven a la salida de un boliche. La secuencia quedó grabada por la cámara de un teléfono celular y el efectivo, ya identificado, deberá asistir el a una audiencia de formalización para explicar lo sucedido.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo frente a la Catedral situada en el centro de Santa Rosa, según contó la víctima, Priscila Grandon, en diálogo con el diario local La Arena. De acuerdo con su versión, todo comenzó con una discusión al interior de un boliche, cuando un joven comenzó a buscar a su grupo de amigos “para pelear”.

Se trata de Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, un peruano de 20 años que hizo “aportes esenciales” para concretar los asesinatos.

La orden de captura de “Papá” había sido ordenada el mes pasado por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, a cargo de la investigación del triple crimen.

Según la comunicación que recibieron detectives de la Dirección General de Cooperación Internacional del Departamento Interpol de la PFA, Valverde Rodríguez, de 40 años, fue detenido hoy en las inmediaciones del centro bancario conocido como Compartamos, en la zona de Huachipa, en Lima. Ahora se espera por la extradición a la Argentina del sospechoso.

“La ubicación y posterior captura del imputado fue el resultado de un riguroso trabajo de inteligencia estratégica que combinó observaciones, vigilancias y seguimientos, el manejo de fuentes humanas e inteligencia electrónica. Durante la intervención, se constató que Valverde Rodríguez utilizaba la identidad falsa de Miguel Gerardo Celestino Timana, un documento perteneciente a un ciudadano existente en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El uso deliberado de esta identificación para eludir el accionar de la Justicia evidencia el pleno conocimiento que el prófugo tenía sobre su situación legal y los pedidos de captura en su contra”, según se informó oficialmente.

Los homicidios de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y Gutiérrez, de 15, fueron planeados y ejecutados por una banda en la que “Papá” tendría un rol predominante, según pudieron reconstruir el juez Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi.

“Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15 horas, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga”, sostuvo la ministra de Seguridad Nacional en su cuenta de la red social X.

El móvil detrás del triple crimen habría sido una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína presuntamente cometido por un conocido de una de las víctimas.

Los homicidios de Verdi, Del Castillo y de Gutiérrez representan un “caso paradigmático de violencia extrema contra las mujeres por motivos de género en un contexto de criminalidad organizada que involucra el narcotráfico y la explotación sexual”.

Así lo había afirmado el juez Rodríguez en una resolución en junio pasado cuando procesó con prisión preventiva a Pequeño J.

El joven fue procesado por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí. Se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1000 millones de pesos.

“Se ha podido establecer que Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”, se sostuvo en el auto de procesamiento.

Las víctimas fueron vistas por última vez a las 21.30 del 19 de septiembre del año pasado, cuando en el cruce de Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita, La Matanza, se subieron a una camioneta marca Chevrolet blanca. Pensaban que iban a una fiesta. Pero era una trampa. Fueron torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela. Las mataron esa misma noche.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La renuncia de García Maañón, de 76 años, fue presentada ante la Secretaría de Personal del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires por su abogado defensor, Adrián Murcho.

“García Maañón tenía previsto presentar su renuncia para después de la feria judicial, pero, finalmente, decidió hacerlo un día antes de que termine el receso para estar más tranquilo y defenderse de las acusaciones en su contra, de las que estamos convencidos de su falsedad. Además, él cree que, de esta manera, se tiene mucha más libertad desde la fiscalía para investigar lo que creemos son hechos inexistentes”, sostuvo Murcho, tras presentar la carta de renuncia en la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Murcho se refería a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que lleva adelante el fiscal José Amallo. El expediente se inició después de la denuncia presentada en la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte y de que desde la Procuración General bonaerense, conducida por Julio Conte Grand, le dieran intervención a la Fiscalía General de San Isidro, a cargo de John Broyad.

“Esperemos que el gobernador Axel Kicillof no acepte la renuncia presentada por García Maañón y que se haga el jury, porque de aceptarla no solamente sería dotar de impunidad a casos graves como el denunciado, sino también brindarle un privilegio manteniendo su condición de juez. Además, sería un contrasentido de las políticas de género que Kicillof se jacta de implementar. De nuestra parte vamos a impulsar el jury y la causa penal. Hay elementos de juicio suficiente como para impulsar la causa penal por amenazas, acoso sexual, abuso de arma y violación de los deberes de funcionario público“, sostuvo Juan Eduardo Saucedo, abogado que representa a G. B. S., la mujer que denunció por acoso sexual y laboral al magistrado.

Ayer, LA NACION había dado cuenta de que en el marco del sumario administrativo iniciado en la Subsecretaría de Control Disciplinario del máximo tribunal bonaerense, tras la denuncia de una secretaría letrada de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro por acoso sexual y laboral, una testigo que trabaja en el tribunal de alzada denunció que también había sido víctima del magistrado.

“La declaración fue el lunes pasado, a última hora. La testigo había sido citada por el sumario administrativo abierto después de la denuncia hecha por G. B. S., secretaria letrada del tribunal de alzada de San Isidro, que denunció por acoso sexual y laboral a García Maañón. Pero su relato se convirtió en el testimonio de una víctima. Palabras más, palabras menos, contó que fue manoseada por el juez en su despacho. También dijo que hubo un intento de beso por parte del magistrado”, explicaron las fuentes consultadas.

Antes de que la testigo se presentara a declarar, según se reveló el programa de la LN+ Caso Abierto, García Maañón, que es experto en tiro y participó de numerosas competencias, le envió un mensaje de voz de Whatsapp a la testigo.

“Yo no quiero que declares a mi favor, pero tampoco quiero que declares en contra y mientas. Quiero que digas la verdad. Decí la verdad. Yo voy a seguir a muerte con la falsa denuncia. Esto lo sigo a muerte”, le dijo, entre otras cosas, García Maañón a la testigo, cuya identidad se mantiene en reserva.

El sumario administrativo fue abierto por la Suprema Corte de Justicia bonaerense el 16 de este mes, menos de 24 horas después de que G. B. S., que cumplía funciones como secretaría letrada en la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, presentara su denuncia.

“En horas de la tarde, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Soria, firmó la resolución por la cual se dispone dar inicio de un sumario por la denuncia contra García Maañón, la cual tramitará en la subsecretaría de Control Disciplinario”, habían explicado en ese momento fuentes del máximo tribunal.

Y agregaron: “A partir de ahora un abogado instructor perteneciente a esa área recabará pruebas, tomará testimonios y realizará cada una de las diligencias de dicha actuación en el ámbito del máximo tribunal de Justicia provincial”.

En el sumario administrativo, según pudo saber LA NACION, habían sido citados como testigos colegas de García Maañón en el tribunal de alzada de San Isidro.

Como se informó en su momento, la denuncia de G. B. S. ante la Subsecretaría de Control Administrativo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense comenzó con un relato pormenorizado de las situaciones de abuso que afirma haber vivido desde fines de febrero pasado, cuando García Maañón, de 76 años, estaba a punto de volver a ejercer la presidencia de la Cámara que es rotativa.

Según recordó la funcionaria, el 20 de febrero último, fue convocada a la oficina del magistrado “para ultimar detalles con relación a su futura presidencia” a partir de marzo. Entre otras cuestiones, hablaron de pautas de trabajo.

“Desde esa fecha comenzó un vínculo cordial, basado en el respeto y la confianza, de índole laboral, al menos de mi parte. Sin embargo, con el correr de los días comenzó a mencionar mediante mensajes o en forma personal que le parecía atractiva, que no me tire a menos, que así tenía que ir por la vida, señalando que era una ‘opinión masculina experta’”.

El 25 de febrero, en el contexto de una conversación por Whatsapp, le dijo: “Cuidá tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo, look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado”.

G. B. S. trató de ser cordial en la respuesta, pero nunca más se puso el vestido que le había pedido el juez, explicó en su denuncia.

El 30 de marzo pasado, un mes después de que García Maañón asumiera la presidencia, la denunciante comenzó a recibir mensajes de Whatsapp en horas de la madrugada. “¿Despierta?”, le preguntó un día a las 1.12, según dijo G. B. S. y, seguido, le escribió: “La noche es como el vino, te desinhibe. La noche es deseo, la pasión, la aventura”.

G. B. S. hizo referencia a una invitación del magistrado para que vaya a comer un asado a su casa, donde iba a estar un comisario, uno de sus hijos y un custodio. Pensó varias veces cómo decir que no a esa “reunión de trabajo” programada para un sábado, finalmente se enfermó y no fue.

El 2 de abril, explicó la denunciante en su presentación, García Maañón le dijo que era un “cazador” y que le gustaba la “presa difícil”, “el caballo que le costaba domarlo” y que le gustaban las “mujeres que no eran sumisas”.

“Ni una sola vez le di a entender al doctor García Maañón que había posibilidad de un vínculo del tipo que intentaba”, sostuvo G. B. S. en su relato de los hechos.

Al promediar la presentación, la funcionaria recordó una situación donde, por primera vez, se sintió intimidada.

“En una ocasión en la que nos encontrábamos a solas me ordenó: ‘Sentate en ese lugar’, señalando un cuerpo de un sillón, haciendo alusión a un sillón de tres cuerpos. Me senté y el almohadón se hundió considerablemente y quedé como hundida, pequeñita. Entonces se sentó a mi lado y, mientras yo intentaba leer y explicarle temas [de trabajo] que había llevado escrito en hojas, su mirada y su cuerpo se giró considerablemente sobre mi cuerpo y su mirada se posó por encima de mi hombro. Fue la primera vez que me sentí intimidada por el doctor García Maañón. Era el presidente, mi jefe, nunca antes había vivido tal incomodidad. La luz tenue innecesaria, y la cercanía de su cuerpo me incomodó, sentí como que respiraba casi sobre mi cara. Yo miraba hacia abajo las hojas, tratando de leer de manera rápida la firma para retirarme y él, en un tono lento, me miraba haciendo como que le interesara lo que leía. Me intimidó con su cercanía y lo notó. Luego, con voz suave, me preguntó ‘¿Te incomoda?’. Sí, le contesté con firmeza. Automáticamente, se levantó y se sentó en otro sillón, y me dijo, como desentendiéndose de la situación, ‘tendré que cambiar ese almohadón’“, sostuvo G. B. S. en su denuncia.

En un momento, como esa relación “jefe-empleada” le pesaba y la ahogaba, G. B. S. aceptó ir a cenar a un lugar público.

“Me dijo ‘con que cenemos juntos me basta. Por mí podés venir desnuda jaja…'. Sin embargo, no le pude poner freno. En horario laboral me citó en el despacho. García Maañón estaba en una postura juvenil, como excitado. Salió de su escritorio y me detuvo en el medio de su despacho [después de contarle que había averiguado un lugar con menú celíaco]. Me tomó de la cintura e intentó bajar la mano hacia mi cola, me sorprendí y di un paso hacia atrás, le dije ‘¿Pasó algo?’ Me dijo ‘no, solo quería verte’“, contó la funcionaria. Ella se fue del despacho.

Una de las últimas situaciones de acoso que describió G. S. B. en la denuncia fue el 19 de junio, casi un mes antes de su presentación, en el despacho del magistrado. García Maañón ya le había dicho que era instructor de tiro.

“Me dijo que me sentara. Se levantó, saco del cajón su arma, le puso el cargador, le sacó el seguro o se lo puso, dado que solo escuche el ruido, y en un movimiento rápido la pasó cerca de mi cara. No recuerdo si la puso delante de su pantalón o detrás, quedé como helada de haber visto el caño del arma pasar cerca de mi cara. Él salió del escritorio, tomó un bolso, y dijo ‘me retiro’. Salí del despacho y fui a mi despacho y comencé a llorar”, sostuvo G. B. S., según consta en el documento al que tuvo acceso a LA NACION.

En la parte final de la denuncia, después de hablar del temor reverencial, G. B. S. solicitó que se le autorice y se disponga el cambio de “dependencia laboral”, que se cite a una serie de testigos, que, “atento al cargo de García Maañón se tomen las medidas necesarias para lograr la mayor imparcialidad en la presente investigación” y, por último, pidió que “respecto de los delitos de acción pública” se le notifiquen el número y estado de la investigación penal preparatoria (IPP).

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La presentación dirigida a la presidenta de la Suprema Corte bonaerense y a la subsecretaria de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan, y Nora Farina, respectivamente, se decidió porque, según entendieron los magistrados, se podía estar ante una violación de la resolución 2206/19 del máximo tribunal bonaerense, de la ley provincial 13.168 y de las previsiones del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la resolución 2206/19, la Suprema Corte bonaerense dispuso “recordar a los integrantes del Poder Judicial que en el ejercicio de sus tareas y funciones deberán brindar un trato digno, con respeto y cortesía, evitando todo comportamiento o práctica que los aparten de las conductas que le son exigibles, y que puedan derivar en situaciones de violencia o acoso laboral. Asimismo, reafirmó que ante esa clase de situaciones existen vías específicas para canalizar la problemática, por intermedio de la Dirección de Resolución de Conflictos o de la Subsecretaría de Control Disciplinario”.

La ley de la provincia de Buenos Aires 13.168, también conocida como ley “Violencia Laboral”, establece un marco normativo para prevenir, controlar, sancionar, erradicar y atender la violencia laboral". Y, finalmente, el Convenio 190 de la OIT habla de la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

Como se consignó, la presentación se hizo el lunes pasado y lleva las firmas de los jueces Leonardo Pitlevnik, Carlos Blanco, Oscar Quintana, Luis Cayuela y Juan Stepaniuc, integrantes de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. La decisión se tomó después de una deliberación hecha el fin de semana, informaron fuentes judiciales.

El escándalo había estallado el viernes pasado en el grupo de WhatsApp llamado “Información-Presidencia”, integrado por los jueces, secretarios letrados (entre ellos G. B. S., la funcionaria que denunció a García Maañón) y auxiliares letrados con una serie de mensajes para votar sobre un “acuerdo extraordinario”.

Entre las cuestiones a votar, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, estaba “la concesión de licencia médica” para G. B. S., que hasta cumple funciones “propias y exclusivas” en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro desde 2016; antes, durante cuatro años, se desempeñó como auxiliar letrada.

Entre chat y chat, en un momento, García Maañón mandó un mensaje de voz que, palabras más, palabras menos decía: “Con G. B. S. realmente no trabajo bien. No trabajo bien porque se mandó un par de ‘macanas’ grandes. Así que no, no le tengo confianza. Se le dará un pase o se le dará una licencia, que yo ya hablé para pedirla [a la Suprema Corte]. Nadie me puede obligar a trabajar con ella”, sostuvo el presidente de la Cámara.

Veinticinco minutos después, intervino, G. B. S., que estaba de licencia psiquiátrica, pero no estaba fuera del grupo y envió el siguiente mensaje: “Mi familia me inculcó grandes valores, el respeto y la verdad ante todo. Y desempeñe mi cargo con mucho compromiso y responsabilidad durante 13 años. Y me considero una persona íntegra. Pero su audio duele porque falta la verdad. Le reenvío este audio para recordarle que me dijo que no sufriría represalias”.

Después de reenviar un mensaje de voz que en abril pasado le había mandado García Maañón se fue del grupo. Antes sostuvo: “Gracias doctores y disculpen, nuevamente”.

Entre otras cosas, en el mensaje que dura ocho minutos, el presidente de la Cámara, de 76 años, le decía: “Te fui tan sincero, no creo que otro tipo te lo haya dicho tan claro. Me parecés atractiva, y bueno, todo genial, me encantaría tener algo con vos”; “soy muy auténtico, te dije a vos que me atraías, que me hubiera encantado tener una relación con vos del nivel que sea”; “quería ir a comer con vos. Movernos en otro contexto, porque me parecés muy atractiva, hay mucha atracción sexual de mi parte, por lo menos”,“pero no importa, ustedes son muy, vos misma lo reconociste, muy complicadas y hay que entenderlas como son. Es así… yo si de algo entiendo es de mujeres y de caballos. Y no hago comparación, son dos seres complicados. He tratado de entenderlo lo mejor posible y me ha salido bien”.

Dos minutos después de que G. B. S. reenviara el mensaje de voz de García Maañón, el presidente del tribunal de alzada también mandó al grupo un chat que había intercambiado con la ahora denunciante, que decía: “Buen día doctor. Le hago saber que a partir del día de la fecha me encuentro en uso de licencia médica, por lo que solicito tenga a bien disponer reconocimiento médico que tiene que solicitarlo a Sanidad, por medio del sistema Gesper. Asimismo, realicé un informe para Usted indicando los trámites pendientes de la secretaría, solicité a la doctora [cuya identidad no se publica] que le haga entrega de la llave que Usted me entregó de la Sala Primera y pedí a la Suprema Corte cambio de dependencia Judicial. Lo saludo atentamente”.

El documento, como se dijo, fue entregado a la Suprema Corte el lunes pasado. Un día después, G. B. S. hizo la denuncia ante Subsecretaría de Control Disciplinario del máximo tribunal, donde hizo un raconto de todas las situaciones de abuso sexual y laboral que dijo haber sufrido desde que García Maañón, en marzo pasado, asumió la presidencia de la Cámara.

Por ejemplo, contó: “En una ocasión en la que nos encontrábamos a solas me ordenó: ‘Sentate en ese lugar’, señalando un cuerpo de un sillón, haciendo alusión a un sillón de tres cuerpos. Me senté y el almohadón se hundió considerablemente y quedé como hundida, pequeñita. Entonces se sentó a mi lado y, mientras yo intentaba leer y explicarle temas [de trabajo] que había llevado escrito en hojas, su mirada y su cuerpo se giró considerablemente sobre mi cuerpo y su mirada se posó por encima de mi hombro. Fue la primera vez que me sentí intimidada por el doctor García Maañón. Era el presidente, mi jefe, nunca antes había vivido tal incomodidad. La luz tenue innecesaria, y la cercanía de su cuerpo me incomodó, sentí como que respiraba casi sobre mi cara. Yo miraba hacia abajo las hojas, tratando de leer de manera rápida la firma para retirarme y él, en un tono lento, me miraba haciendo como que le interesara lo que leía. Me intimidó con su cercanía y lo notó. Luego, con voz suave, me preguntó ‘¿Te incomoda?’. Sí, le contesté con firmeza. Automáticamente, se levantó y se sentó en otro sillón, y me dijo, como desentendiéndose de la situación, ‘tendré que cambiar ese almohadón’“.

Sumario

Ayer, menos de 24 horas después de la denuncia de G. B. S., la Suprema Corte de Justicia bonaerense abrió un sumario administrativo para investigar al magistrado.

En paralelo, la denunciante fue trasladada a otra dependencia, a un juzgado de Garantías del Fuero Penal Juvenil.

.“En horas de la tarde, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Soria, firmó la resolución por la cual se dispone dar inicio de un sumario por la denuncia contra García Maañón, la cual tramitará en la subsecretaría de Control Disciplinario”, explicaron ayer fuentes del máximo tribunal.

Y agregaron: “A partir de ahora un abogado instructor perteneciente a esa área recabará pruebas, tomará testimonios y realizará cada una de las diligencias de dicha actuación en el ámbito del máximo tribunal de justicia provincial”.

Según pudo saber LA NACION, en el edificio de los Tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340, había cierta preocupación entre funcionarios y empleados del tribunal de alzada porque existe la posibilidad que sean llamados a prestar declaración cuando García Maañón todavía ejerce como presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

Ayer, el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) emitió un comunicado donde, entre otras cosas, sostuvo: “Repudiamos las conductas atribuidas [García Maañón] ratificamos la necesidad de que la magistratura comprenda acabadamente que la sociedad espera comportamientos intachables, dentro y fuera de su actividad jurisdiccional”.