El hecho ocurrió el 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, el personal de salud constató que estaba en paro cardiorrespiratorio; murió horas después.

El padre de Ángel denunció que a su hijo “lo mataron” y apuntó hacia la madre del menor, de la que esta separado, una versión que la propia mujer negó en declaraciones públicas.

Qué declaró el padrastro del nene

Maicol González, pareja de la madre de Ángel declaró este martes 14 de abril ante los tribunales durante la audiencia de control de detención por el crimen de su hijastro. El hombre rechazó las acusaciones de maltrato físico y brindó su versión de los hechos.

Durante su exposición, González negó los episodios de violencia que relataron los testigos de la causa y afirmó: “De esos maltratos que hablan, jamás. Al nene se lo corregía como a cualquier nene: sacándole la tele o un juguete. Pero no esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato o agua fría”.

Según el relato del hombre, él y Altamirano estaban tomando mate cuando notaron que el menor dejó de roncar y de respirar, intentaron reanimarlo y no pudieron, por lo que buscaron ayuda entre los vecinos hasta que llegó una ambulancia del servicio 107. “Nosotros también realmente queremos saber qué le pasó”, manifestó el acusado.

Por otro lado, el padrastro manifestó su preocupación por las repercusiones del caso en las redes sociales y relató: “Teníamos miedo de tantas cosas que habían puesto en redes sociales”. Explicó que incluso envió a su hija de seis meses a la casa de la abuela por temor a agresiones físicas y aseguró: “la doctora nos dijo que no nos acerquemos, que había personas del otro lado queriendo tomar represalias o algo así”.

Detuvieron a la mamá y su pareja por presunto homicidio agravado

Las fuerzas de seguridad detuvieron el domingo por la noche en Comodoro Rivadavia a Mariela Altamirano, madre de Ángel, y a su pareja, Maicol González. Ambos están acusados de “presunto homicidio agravado”.

La Justicia dispuso la prisión preventiva de los dos imputados. Según trascendió de fuentes policiales, el menor había sufrido un traumatismo previo antes de ingresar al Hospital Regional, donde se confirmó su muerte.

De acuerdo con lo informado por LN+, Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Habló la madre: “Yo no maté a mi hijo”

Tras las acusaciones del padre, Mariela Altamirano se defendió y aseguró que no mató a su hijo. En diálogo con ADN Sur, la madre sostuvo: “Lo protegí y lo busqué”.

En cuanto a la cronología del hecho, relató: "Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".

Según la madre, Ángel se encontraba durmiendo y “lo sentía roncar”. “Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice: ‘No respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida", agregó.

Al ser consultada por el posible autor de las lesiones del menor, respondió: "Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene", e insistió: “Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo“.

Los resultados de la autopsia

Según informó ADN Sur, los primeros resultados indicaron que Ángel tenía lesiones en la cabeza y que el menor falleció después que ingresó al hospital. Aunque aún no se conoce la causa de muerte, estos primeros indicios introducen un elemento decisivo en la investigación.

Las declaraciones del padre

En diálogo con la prensa, el padre de Ángel sostuvo: “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron“.

“Mi hijo siempre pidió por mí y nadie hizo nada. Me trataban de machista. Si yo estaba en esa situación [de la madre], me metían preso, pero como es mujer, no le hacen nada”, sumó.

El testimonio de la madre

La madre relató entonces a la Policía que su hijo estaba en su habitación y que alrededor de las 7 empezó a tener problemas para respirar.

Debido a causales de muerte dudosas, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. De acuerdo con lo que publicó el medio ADN Sur, la autopsia preliminar realizada en el cuerpo determinó lesiones internas en la cabeza.

Allanamiento en la casa de la mamá

Tras el resultado de la autopsia, el miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la madre, donde también vive la actual pareja de la mujer.

En el procedimiento se realizó una inspección ocular y se secuestraron teléfonos celulares, entre otros elementos.

Cómo avanza la investigación

Luis Cisneros, el jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, afirmó el miércoles que los médicos que atendieron al menor no detectaron indicios de violencia, pero insistió en que era necesario esperar el resultado final de la autopsia para conocer la causa de la muerte. “Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acostó y cuando lo encontraron estaba sin signos vitales”, dijo en diálogo con Seta TV.

En paralelo, en la sede de la Fiscalía, los padres, quienes están separados, tuvieron una fuerte discusión que requirió la intervención de los agentes policiales. Ambos mantenían una disputa judicial por la tenencia del niño.

Pero con Marcos tras bambalinas, las actividades de su banda no cesaron. Tal era el volumen de sus operaciones que, según estimó la Justicia, llegaron a facturar casi 960.000 dólares por mes.

La logística quedó a cargo de su hermano, Fernando, alias Piti, que en 2016 había sido el único miembro del triunvirato que encabezaba la organización −la otra era su cuñada, Silvana Alejandra Salazar, “la doña”− que consiguió evadir a la ley. Eso duró hasta mayo de 2023, cuando se entregó en la sede de la Procuraduría de Criminalidad (Procunar).

Ahora le llegó a él la hora de la sentencia. Esta tarde, el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) N°3 porteño, integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, condenó al Piti a 17 años y medio de cárcel por tráfico de estupefacientes y acopio de armas de fuego. Seguirá, así, preso en el penal de Marcos Paz, el mismo en el que estuvo preso su hermano, que tras su deportación vivió dos años en Lima como un hombre libre hasta que volvieron a arrestarlo, esta vez, acusado de lavar el dinero que a su organización del Bajo Flores le ingresaba como un torrente por la comercialización a escala de sustancias ilegales.

Según informaron fuentes judiciales, esta sentencia −dictada por mayoría− forma parte de “un nuevo tramo de la investigación llevada a cabo con relación a la comercialización de estupefacientes en la Villa 1-11-14, por la que, el 6 de noviembre de 2020, el mismo Tribunal condenó a Marco Antonio Estrada González a la pena de 17 años de prisión, accesorias legales, multa y costas”, que se unificó con una previa dictada el 23 de mayo de 2013 en la causa N° 1310/11, para llevar el castigo a 24 años de cárcel.

En esa misma causa, la mujer de Marcos, Salazar, fue condenada a la pena única de 18 años de prisión y otros 30 secuaces recibieron penas de distinta graduación.

A Piti, que purgó una pena por un homicidio de 1988 y estuvo prófugo casi 14 años, entre 2009 y 2023, los fiscales de instrucción le habían imputado haber organizado, junto con Marcos y su mujer, “una asociación integrada por un importante e indefinido número de personas, destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes (marihuana, cocaína y sus derivados) en grandes cantidades y pequeñas porciones para el consumo individual, en el interior y fuera de la Villa 1-11-14”, además del “almacenamiento y uso permanente de todo tipo de armamento, sus piezas, municiones y otros elementos de corte balístico con el claro objetivo de mantener la hegemonía territorial de la zona en la que produciría la mayor parte del emprendimiento criminal”.

Los fiscales señalaron que esas actividades atribuidas a Piti se extendieron entre el 9 de mayo de 2009 y el 25 de abril de 2023, tiempo en el que “habría liderado una facción de la organización mientras se encontraba prófugo”.

En este sentido, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que “la banda se valió de una compleja estructura de funcionamiento, dividiendo sus actividades en dos facciones, como así también en distintos estratos, personas con distintos roles y/o funciones, y un histórico sistema de turnos rotativos” de 28 días: uno a cargo de Marcos y, el siguiente, liderado por Piti, que mientras estuvo prófugo no soltó las riendas, pero delegó el control de las operaciones en familiares, gente de su círculo íntimo.

Según estimó la Justicia hace una década, llegó a facturar 900.000 euros mensuales. “Tres fuerzas de seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, llegaron a la misma conclusión: existía en la villa 1-11-14 una organización narcocriminal que era liderada por Marco Estrada Gonzales, Salazar y Piti. Hubo cambios de gobiernos, crisis económicas, pero desde 2009 hasta mediados de 2017 en su pedazo de territorio, siete hectáreas de la villa 1-11-14, nada cambió. En ese lugar siempre fueron Marcos, Salazar y Piti. Esperemos que este juicio logre cambiar algo", sostuvo en el primer juicio el fiscal general Diego Velasco.

Esa vez Piti no estuvo en el banquillo de los acusados. Pero eso no bastó para que evitara que le cayera encima −de nuevo− el peso del aparato judicial.

El medio local ADN Sur reportó que el juez rechazó las propuestas de las defensas públicas para Mariela Altamirano y Maicol González, atento al presunto maltrato infantil. Según el juez, la madre “no hizo nada para interrumpir el maltrato” ni “le dio auxilio”. La prisión preventiva se dictó ante el peligro de fuga y entorpecimiento.

El niño sufrió un paro cardiorrespiratorio tras una descompensación el pasado 5 de abril en la vivienda de Altamirano y fue trasladado al Hospital Regional para su asistencia, pero murió 48 horas después de la internación. Poco después de su fallecimiento, el padre de Ángel, Luis López, denunció que Altamirano y su pareja “mataron” a Ángel.

El informe técnico reveló que el menor registró lesiones traumáticas en el cráneo y signos de agresiones reiteradas. Además, descartó la posibilidad de un accidente doméstico o causas naturales: las lesiones traumáticas en la región craneal son compatibles con actos de violencia física de gran intensidad.

Los especialistas encontraron más de 20 golpes en la cabeza que invalidarían cualquier hipótesis de una causa accidental. Por ello, la querella acusa a la pareja de homicidio agravado y abandono de persona seguido de muerte.

El domingo por la noche Altamirano y González fueron detenidos por presunto homicidio agravado. Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Padre de Ángel: “Me siento aliviado”

Luego de que se dictara la prisión preventiva, Luis López aseguró en declaraciones televisivas que se sentía “aliviado”.

“Estoy seguro que no se van a escapar, pero no sé por qué le están dando tantas vueltas si ya tienen toda la evidencia ahí. Pero sí estoy contento por lo que sucedió hoy. Vamos a poder dormir un poco más esta semana porque sabemos que están tras las rejas y ya no tengo más ese miedo de que se escapen, se vayan y no encontrarlos nunca más”, detalló con C5N.

También sostuvo que la condena tiene que ser para ambos: “Si Maicol es el primer autor del asesinato, ella es la culpable de que pasara esto, porque tenía que proteger al nene... a mi hijo”. Luis y su pareja señalaron que González nunca mencionó a Ángel durante su declaración de este martes.

“En un momento me quería tapar los oídos porque es aterrador lo que le hicieron. No me cabe en la cabeza por qué ella quería tener a Ángel si no lo querían ni se preocupaban por él. Nos quisieron hacer a daño a nosotros. Sabían que sacándome a Ángel me iban a hacer daño. Y lo hizo para siempre”, lamentó.

El caso de Ángel

Ángel ingresó al centro de salud el sábado 5 de abril a las 8.36. Llegó luego de que el personal médico lo asistiera en su hogar por el paro cardiorrespiratorio. Durante el trayecto al hospital aplicaron maniobras de masajes cardíacos y ventilación con presión positiva. Le administraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona en un intento de estabilizar sus signos vitales.

En la guardia lo recibieron inconsciente, con una palidez generalizada y la ausencia total de respuesta ante estímulos externos. Tenía actividad cerebral nula. Horas después, murió.

Tras su fallecimiento, versiones cruzadas provenientes de los padres de Ángel comenzaron a salir a la luz. Por un lado, el padre y su pareja, Lorena Andrade, aseguraban que el niño vivía con Altamirano y González, y que ambos lo maltrataban. Incluso Andrade había difundido un video en redes sociales que mostraba a Ángel en una crisis de angustia porque no quería volver a la casa de su madre.

Altamirano y González negaron las acusaciones y, en paralelo, la madre de Ángel trató de “alcohólicos y drogadictos” a López y Andrade. Señaló que, la mañana de los hechos, la pareja fue a levantar al niño para que hiciera pis temprano en la mañana y se encontraron con que se había orinado en la cama. Tras ello, dijeron que dejó de respirar y le realizaron maniobras de reanimación mientras llamaban a la ambulancia.

“De esos maltratos que hablan, jamás. Al nene se lo corregía como a cualquier nene: sacándole la tele o un juguete. Pero no esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato o agua fría”, dijo González durante su exposición de este martes.

Las acusaciones sobre la madre de Ángel y su pareja

Con el avance de la causa judicial, el abogado del padre de Ángel, Roberto Castillo, sostuvo que González maltrataba al niño y que Altamirano sabía de las agresiones permanentes que su pareja ejercía sobre su hijo. También aseguró que la madre omitió alejar al niño de ese ambiente de riesgo y contribuyó a su vulneración.

En tanto, cuatro testigos directos relataron episodios de maltrato físico y escucharon los gritos del niño el día del hecho.

La parte acusadora denunció que los sospechosos quemaron pruebas para entorpecer la investigación judicial y advirtió sobre un plan de los acusados para escapar hacia la localidad de El Dorado, en la provincia de Misiones.

El fiscal Ferrari estuvo a cargo de presentar los lineamientos de la acusación pública ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, presidido por el juez Alberto Gaig e integrado por los vocales Alberto Ortolani y Pablo Rolón, magistrados a cargo del debate en el que, previamente, rechazaron el pedido del abogado Francisco Onetto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, de que el juicio sea transmitido en vivo en su totalidad.

“Tenemos una necesidad imperiosa: nosotros y la sociedad en su conjunto queremos que haya verdad. El derecho a la verdad es un derecho humano”, fueron las primeras palabras del representante del Ministerio Público Fiscal.

Y agregó que, desde hace más de cinco años se ha construido una acusación sólida y sin fisuras. El fiscal Ferrari le explicó a los jueces del tribunal que van a conocer las pruebas en “tres estamentos”: la prueba testimonial, la evidencia tecnológica y la esfera médica.

Los siete imputados sentados en el banquillo de los acusados son el neurocirujano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

“En ese marco, con toda la evidencia, los jueces van a conocer a un grupo de improvisados, que son los imputados, encabezados por Luque, sin dudas el médico de cabecera de Maradona, secundado por quien hacía de su psiquiatra”, explicó Ferrari.

Para el representante del Ministerio Público, los imputados incumplieron todos los deberes a su cargo. “Maradona fue abandonado a su suerte, condenado a la muerte”, afirmó Ferrari. El representante del Ministerio Público también adelantó que los jueces van a observar la prueba que va a mostrar que Diego tuvo una internación domiciliaria “sin precedentes, cruel y lapidaria, desprovista de todo”.

Para el acusador, los “imputados no hicieron nada para evitar que Maradona muriera”.

Ferrari afirmó que “Maradona comenzó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte” y que un traslado en auto o en una ambulancia a una clínica le hubiese salvado la vida.

El fiscal también habló de “silencio letal” e “indiferencia criminal”.

Después, su colega Cosme Iribarren, también fiscal general adjunto de San Isidro, hizo una descripción de las acciones que se les adjudican a cada uno de los imputados.

En medio de su presentación, Ferrari exhibió una hoja en blanco para representar lo que hicieron los imputados que estuvieron al cuidado de Maradona.

Los lineamientos del Ministerio Público Fiscal, los representantes del los particulares damnificados y la defensa son transmitidos por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Tras las palabras de los fiscales Ferrari e Iribarren, fue el turno de Fernando Burlando, uno de los abogados que representa a Dalma y Gianinna, dos de las hijas de Maradona.

“Asesinado”

“Diego fue asesinado”, afirmó sin tapujos, Burlando, al comenzar sus lineamientos.

Y explicó que para dicha tarea [por el asesinato] alguien “que hoy todavía está entre las sombras” convocó a un grupo de profesionales. Y habló de “acciones demenciales”.

“No fueron meras negligencias. Señores jueces, le van a hacer creer que la culpa fue del paciente, que la culpa fue de Maradona”, dijo Burlando.

El abogado de Dalma y Gianinna también dijo que los imputados “empujaron su vida a la muerte” y “Diego tenía miles de chances de vida”.

Para Burlando, “por toda esta gente [en referencia a los imputados], Diego nos dejó”. Habló de “la crónica de un crimen que pretendía quedar impune”.

Félix Linfante, abogado que representa a Jana, la otra hija mujer de Diego, explicó que “Maradona no estaba condenado a morir” y que hubo una inacción deliberada de quienes tenían el deber jurídico de cuidarlo.

“Hombre bueno”

Tras los lineamientos de los acusadores, fue el turno de las defensas. Comenzaron los abogados que representan a Luque.

Oneto hizo referencia a las inconsistencias de la imputación.

“Este juicio es un juicio injusto. Es injusto que esté sentado en el banquillo de los acusados el doctor Luque”, dijo su socio Roberto Rallin.

Y agregó: “Entendemos que este juicio no puede devolver la vida de nadie. A todos nos gustaría que Diego esté entre nosotros. Queremos un juicio justo, que resista a las presiones mediáticas. Si Diego estuviese vivo pediría que no condenen a Luque“. EN ese momento, en la sala de audiencias reinaron los murmullos, sobre todo de los familiares y allegados a Maradona.

Para finalizar, Rallin afirmó: “Luque es un hombre bueno que tiene que ser absuelto”.

La segunda defensa en presentar los lineamientos fue la de la psiquiatra Cosachov, a cargo del abogado Vadim Mischanchuk.

“Digamos las cosas como son. Acá además de la cuestión fáctica, médica y científica, hay una cuestión que surge de la autopsia. La defensa va a probar que, lamentablemente, el óbito del señor Maradona tiene que ver con un deterioro progresivo de su salud que en un momento dijo basta”, afirmó Mischanchuk.

A su turno, el abogado Diego Olmedo, defensor del psicólogo Díaz, sostuvo: “Vamos a demostrar a lo largo de este juicio que Diaz hizo todo lo posible para que Maradona tenga una vida mejor”.

El letrado explicó que su asistido llegó a la vida de Maradona 30 días antes de su muerte para tratar sus adicciones y que “murió sin drogas y alcohol en sangre”.

También afirmó: “No queremos una sentencia ejemplar, queremos una sentencia justa. Parece que tiene que haber culpable, porque si no hay culpable, la muerte de Maradona parece no tener sentido".

E hizo una referencia al periodista Miguel Wiñazki cuando habla de la noticia deseada: “¿Qué se desea de este juicio? Que mucha gente sea condenada porque a Maradona lo mataron. Y es mentira, no es así“.

Nicolás D’Albora, uno de los abogados defensores de Forlini, dijo: “Vamos a probar que lo ocurrido no fue una internación domiciliaria a cargo de la empresa de medicina prepaga [por Swiss Medical] sino cuidados domiciliarios a cargo de médicos personales”.

El letrado dijo que su asistida no cumplía una tarea de asistencia, sino operativa a pedido de los médicos tratantes y señaló a Luque y Cosachov.

Cruce

Una vez que las siete defensas terminaron de presentar los lineamientos de su estrategia, se presentaron las cuestiones preliminares y fue un momento de tensión entre el fiscal Ferrari, el abogado Oneto y el tribunal, quien había solicitado al tribunal que le pida al Ministerio Público que, 48 horas de cada audiencia, informe los testigos previstos.

El juez Gaig, como presidente del tribunal, hizo lugar a lo solicitado por la defensa de Luque. Oneto había fundamentado su pedido en la jurisprudencia

“Tengo que preservar la organización y desarrollo del debate. No solo la defensa tiene que saber qué testigos van a venir, también el tribunal”, dijo el juez Gaig, antes de retirarse a deliberar con sus colegas.

Finalmente, tras un cuarto intermedio, se decidió ordenar a las partes que se informe con un mínimo de 24 horas los testigos citados para la próxima audiencia.

Según pudo saber LA NACION, el hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 1924 del río Paraná, en el denominado Paraje Cantera, donde efectivos de la PNA que patrullaban la zona fluvial detectaron un lanchón que había partido de la costa de Paraguay cargado con gran cantidad de bultos.

Al reconocer a los efectivos de la fuerza argentina, los tripulantes de la embarcación regresaron rápidamente hacia la costa del país limítrofe, abandonaron la carga y huyeron por la vegetación. Cuando el personal policial se acercó a la lancha con los bultos, comenzó a ser agredido desde ambos márgenes del río con disparos de armas automáticas, escopetas y piedras, a lo que Prefectura respondió.

Por disposición de la Justicia Federal, se ordenó el repliegue de los efectivos hacia zona segura. Durante esa maniobra, se registró un nuevo ataque armado desde la costa paraguaya, momento en el cual resultó herida una integrante de la Agrupación Albatros, quien fue asistida de inmediato y trasladada a un centro de salud local, donde quedó alojada fuera de peligro, aseguraron desde la PNA.

Finalmente, se resguardaron los elementos secuestrados, que fueron trasladarlos a la dependencia local, donde se realizó la apertura de los bultos en presencia de testigos. La requisa constató que había en total 53 bultos que contenían electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas, artículos de valor comercial y otros elementos, todo de ingreso ilegal al país.

El total de lo decomisado supera los 245 millones de pesos.

En el operativo intervinieron además fuerzas federales y provinciales, y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes.

Cerca de las 6 de la mañana del domingo, un grupo de policías se acercó a una casa ubicada en la ciudad capital de Chaco ante la denuncia de que había un hombre malherido con arma de fuego en el marco de una fiesta de cumpleaños. La víctima, identificada como Jonathan Romero, pero que era conocida como “Wasón”, fue trasladada al Hospital Perrando, pero el padre de dos niños no sobrevivió.

Con una pesquisa en curso para intentar determinar qué había ocurrido en la reunión, los investigadores identificaron al presunto autor del hecho. Se trataba de Escalante, el dueño de casa y quien había invitado a la víctima al festejo de su cumpleaños. Tras el hecho, el joven emprendió la fuga del lugar.

Horas después, antes de entregarse en una seccional especial de Investigaciones policiales de Resistencia junto a su abogado, Escalante relató su versión de los hechos: “Fue solamente un segundo. Quiero explicar un poco. Es mentira que llegué a los tiros. Nunca en mi vida tiré tiros, siempre me manejé con perfil bajo”.

“[Romero] tuvo una discusión con mi mamá. Escuché que ella le decía que era un zarpado, que la quiso tocar. No sé qué hay de cierto en eso, pero reaccioné. Lo intenté sacar afuera hasta el portón”, prosiguió en su relato. Según Escalante, los hombres comenzaron a discutir, hasta insultarse. El ahora imputado admitió que le pegó una trompada. “Cayó al piso y salió corriendo a su auto. Volvió corriendo y me encajó un puntazo”, añadió mientras mostraba un supuesto corte en el antebrazo izquierdo.

“Me puse ciego, me dieron un arma y en defensa propia disparé. Ahí perdí la noción de un momento a otro“, dijo el joven. “Estoy totalmente arrepentido. Hablé con Dios, le pedí perdón y le pedí perdón a la víctima también”, añadió. En el cierre del video, afirmó que se pondría a disposición de la Justicia: “Me voy a entregar. Quiero hacerme responsable de los actos”.

Finalmente, Escalante se presentó este lunes por la mañana en el marco de la causa por homicidio que investiga la fiscal penal Ana González. Su madre, en tanto, ya estaba detenida desde el domingo. En diálogo con LA NACION, el abogado Ricardo Osuna, que representa al joven, dijo que la mujer fue aprehendida porque alguien habría atestiguado que ella también lo agredió. “No vio nada. No estaba en el lugar”, indicó.

De acuerdo a la versión de la defensa, que todavía no había podido acceder al expediente con los detalles de la pesquisa, Escalante actuó de esa manera “porque Romero manoseó a la madre del joven”. El letrado indicó que el imputado recuerda que disparó dos veces contra el otro hombre: una en el estómago y otra en una de las piernas. “Pero parece que hubo otra persona que tiró porque hay testigos que dijeron haber oído unas 12 detonaciones y, aparentemente, se habrían secuestrado en el lugar alrededor de una docena de vainas servidas de distintas armas”, indicó Osuna, que esperaba tener más precisiones en la tarde de este martes.

Según el abogado del joven detenido, Escalante y Romero se conocían porque el hermano de la víctima fatal era el cantante de la banda de música que estaba tocando en el cumpleaños. “Dicen que el hombre estaba como sacado, pasado de rosca, y que sacó el cuchillo con el que atacó a mi defendido de su cintura”, añadió el letrado que, en principio, argumentaría legítima defensa.

Al ser consultado por este diario sobre el origen del arma con la que el dueño de casa disparó al hombre, Osuna explicó que una persona en la fiesta se la alcanzó. “Escalante reconoció que disparó, pero hay que ver qué dice la autopsia al cuerpo de Romero”, dijo el abogado, dejando entrever que si los restos de la víctima tienen más lesiones, habría que determinar si son responsabilidad del imputado. Alrededor de este mediodía, la Policía de Chaco detuvo al joven que le habría facilitado el arma al detenido.

Versiones cruzadas de las familias

“Era la vida de Damián o la del chico”, dijo Sofía Sandoval, la pareja de Escalante, al portal de noticias Diario Chaco. “El otro vino con un cuchillo enorme y él [por su novio] puso el brazo para que la puñalada no fuera al pecho. Se asustó tanto del dolor que gatilló. Si no lo hacía, la otra puñalada le iba al cuello”, agregó la mujer.

“Quiero que paguen. Perdí a mi marido”, reclamó, en tanto, la esposa de Romero. Según su versión, la víctima fatal “sin querer empujó a la mamá [de Escalante]. Pidió disculpas y la señora se ve que se quiso hacer ver y empezó todo el quilombo”, añadió la mujer al diario local.

“Lo empezaron a empujar [a Romero] hasta afuera para sacarlo de la joda. Yo lo seguí. No encontrábamos las llaves del auto. El chico [por el acusado] empezó a disparar y mi marido corrió. El otro fue de una a matar, a vengarse de no sé qué”, agregó.

“Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada”, comenzó en su breve alocución. “Quiero ser respetuoso con la Justicia, estoy a disposición. También quiero agradecer a la institución, que siempre estuvo desde el minuto uno conmigo y mi familia, a la gente que me acompañó a mí y a mi familia en estas horas, y al hincha por su mensaje”, concluyó.

Este sábado, cuando el plantel del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy partía en un vuelo de Flybondi desde la capital jujeña rumbo a la ciudad de Buenos Aires, Endrizzi señaló a otro pasajero y dijo en voz alta: “Él lleva una bomba”. Si bien se trataba de un testimonio falso, su dicho generó temor entre los pasajeros y obligó a la tripulación a activar el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones.

Tras el episodio la aeronave fue trasladada a una zona aislada —ya prevista y ubicada a unos 500 metros—, se evacuó a los pasajeros y se realizó una requisa integral del avión y los equipajes, con intervención de personal especializado de la División de Explosivos de la Policía de la Provincia de Jujuy y de la Unidad de Control de Armas y Explosivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Fueron más de tres horas de exhaustivos controles hasta que se corroboró que no había ningún artefacto explosivo.

Por sus dichos, Endrizzi fue detenido. El comandante del vuelo denunció que fue el jefe de cabina quien escuchó al futbolista cuando hizo alusión a la supuesta existencia de una bomba en la nave. En la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure destacó el temor público y el contratiempo para el resto de los pasajeros generados por la falsa alarma, así como también el impacto operativo y económico del procedimiento, que implicó la movilización total de los recursos de seguridad disponibles, la toma de fotografías del operativo, la conformación de actas e informes y otras evidencias documentales.

El funcionario judicial consideró la gravedad del hecho, con una escala penal prevista de entre dos a seis años de prisión. Pese a que el fiscal requirió la prisión preventiva para el jugador por considerar, entre otros puntos, que existía posibilidad de fuga porque no es oriundo de Jujuy, el deportista logró, junto a su abogado, quedar excarcelado, aunque la imputación por el delito de intimidación pública, en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación, continúa vigente.

El juez federal de Garantías Nº 1 de Jujuy, Eduardo Hansen, dispuso la libertad provisoria del acusado, sujeta a una serie de medidas restrictivas, entre ellas la obligación de presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, las partes finalmente acordaron que declararán 92 personas. Entre ellos figuran familiares, personas cercanas al exfutbolista, profesionales médicos y efectivos policiales.

El escándalo Makintach

Todo lo actuado anteriormente en el juicio quedó sin efecto tras la nulidad del dictamen previo, ocurrido luego de que fuera descubierta la participación de Makintach en la producción de un documental sin consentimiento de las partes que pretendía contar las alternativas del debate donde se debía decidir si hubo responsabilidades penales en la muerte del exfutbolista.

El proyecto audiovisual que según las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal se iba a llamar Justicia Divina, hizo que el primer juicio fuera declarado nulo por los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, los dos colegas de Makintach que integraban el TOC N°3 de San Isidro y se tuvo que sortear un nuevo tribunal.

Los acusados

El nuevo proceso tendrá como imputados a siete integrantes del equipo médico que atendió a Maradona en sus últimos días: Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, además de otros profesionales que participaron del tratamiento. Todos enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual”, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Entre los acusados también se encuentran, como informó LA NACION, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

La acusación sostiene que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario”, y que los imputados “ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función”.

La muerte de Maradona

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, semanas después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural. El exjugador había sido internado el 2 de noviembre en una clínica de La Plata con un cuadro de anemia y deshidratación, y al día siguiente fue trasladado a la Clínica Olivos, donde fue operado. Tras recibir el alta el 11 de ese mes, se instaló en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde continuó bajo supervisión médica domiciliaria.

Según la hipótesis acusatoria, las condiciones de atención durante ese período no fueron las adecuadas y derivaron en un deterioro que culminó con su muerte. El proceso judicial que se inicia este martes deberá determinar si existieron responsabilidades penales en ese contexto y si los profesionales imputados incurrieron en las conductas que describe la acusación.

Oneto, que también es abogado del presidente Javier Milei, afirmó: “La República no juzga en la oscuridad; la tiranía juzga en la oscuridad”. Sostuvo que el primer juicio, declarado nulo tras el escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach −posteriormente destituida−, se arruinó por falta de publicidad de lo que ocurría en las audiencias.

El letrado, además, sostuvo que “el compromiso de garantizar la confidencialidad” de las grabaciones de las audiencias “es la antítesis de darle publicidad al juicio”.

Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, otro de los acusados, adhirió al pedido del defensor del neurocirujano Luque.

Tras la palabra de Oneto, el juez Gaig corrió vista a las partes para que emitan su opinión. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, se opuso al pedido de Oneto y dijo que la publicidad del debate está garantizada y que transmitirlo en vivo sería dar a conocer a otros testigos los testimonios de quienes declaren antes.

También se opuso el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Giannina, las dos hijas mayores del astro del fútbol fallecido el 25 de noviembre de 2020, se sumó a la opinión del Ministerio Público Fiscal.

El tribunal, finalmente, llamó a un cuarto intermedio para retirarse de la sala con el objetivo de deliberar y resolver el incidente.

El pedido de Oneto, que se sumó a la defensa de Luque tras la nulidad del primer juicio, fue escuchado por las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana; las hermanas del astro, Rita, Claudia y Ana; y Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del Diez.

Tras un cuarto intermedio, los jueces Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dieron a conocer su decisión. “La transmisión en vivo excede el alcance del principio de publicidad”, explicó el presidente del tribiunal al fundamentar al rechazo del pedido de Oneto.

Después, la audiencia continuó con la identificación de los siete imputados que comenzaron a ser juzgados hoy: Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Según consta en la causa, la profesional se presentó en el hospital con una receta apócrifa y logró retirar dos frascos de fentanilo y uno de midazolam, otro anestésico similar al propofol.

La maniobra quedó al descubierto cuando las autoridades verificaron que la paciente consignada en el formulario no figuraba ni como atendida ni como internada en la principal institución médica pública de Vicente López.

La situación también fue reconstruida a partir del análisis de las cámaras de seguridad del hospital, lo que permitió identificar a la médica y avanzar con la investigación judicial. Con esos elementos, la Justicia ordenó el allanamiento de su domicilio y su posterior detención.

Durante el operativo, los investigadores encontraron medicamentos de uso hospitalario pertenecientes a otros centros de salud, un hallazgo que reforzó la sospecha de que se trata de robos reiterados.

Las autoridades aclararon que la anestesista no integra la planta municipal del Hospital Houssay y que prestaba servicios de manera externa a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba), entidad encargada de la asignación de estos especialistas.

La sospechosa, habría sido identificado como Florencia Amaya, será indagada hoy por la fiscal Marcela Semeria, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº15 descentralizada de Vicente López-Munro, del Departamento Judicial San Isidro.

En seis allanamientos, los gendarmes encontraron un “indoor” con un sistema de cultivo, crecimiento, ventilación y secado de las plantas. A su vez, decomisaron 10 celulares, una notebook, tres balanzas de precisión, una tarjeta SD, un disco externo y 275 semillas de marihuana. “Ocho personas vinculadas a la organización dedicada al cultivo y comercialización de estupefacientes quedaron supeditadas a la causa”, indicaron desde Gendarmería.

Los operativos se concretaron después de que efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Bariloche realizaran a lo largo de tres meses distintas tareas de campo, análisis y constataciones.

A raíz de eso, la Unidad Fiscal Federal de esta ciudad ordenó seis allanamientos en el barrio Valle Escondido, a la altura del km 16 de la avenida Exequiel Bustillo. Las inspecciones fueron realizadas con apoyo del personal perteneciente al Escuadrón 34 “Cabo Primero Marciano Verón”.

En la primera vivienda allanada, los gendarmes encontraron un invernadero de cannabis a gran escala en donde se realizaba el cultivo de plantas de marihuana bajo distintos procesos de iluminación, resguardo, crecimiento, ventilación y secado. Allí se secuestraron 28 kilos y 447 gramos de cannabis.

Megaplantación

Hace menos de un mes, la Policía de Río Negro descubrió una megaplantación de marihuana en una isla ubicada a unos 7 kilómetros de la localidad de Lamarque, cerca de Choele Choel.

El operativo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) del Valle Medio culminó con el secuestro de 55 plantas de cannabis de gran tamaño y casi 16 kilos de flores de marihuana.

“Los efectivos de la BMA llegaron hasta un islote ubicado en la margen sur del río Negro donde detectaron, camuflado entre álamos y sauces, un cultivo montado de manera estratégica para pasar desapercibido y aprovechar el aislamiento natural del terreno”, señalaron desde el gobierno rionegrino.

El insólito descubrimiento se produjo durante vuelos de reconocimiento llevados adelante por la Policía de Río Negro en sectores rurales de difícil acceso en el contexto de la búsqueda de un un joven desaparecido.

Las plantas de cannabis medían cerca de tres metros de altura y estaban ocultas entre las malezas de la isla, “protegidas con trampas de las llamadas comúnmente cazabobos”, dijeron desde la Policía de Río Negro.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

“Queremos un juicio eficaz y sin dilaciones. La prueba abruma y la expondremos una vez más de distintos modos para que, de una vez y para siempre, los acusados respondan por lo que debieron haber hecho y no hicieron”, sostuvo a LA NACION Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, quien con su colega Cosme Iribarren estará a cargo de la acusación pública.

Tras el escándalo del proyecto audiovisual que, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal, se iba a llamar Justicia Divina, el primer juicio fue declarado nulo por los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, los dos colegas de Makintach que integraban el TOC N°3 de San Isidro. Se debió sortear un nuevo tribunal.

Los siete acusados que volverán a ser juzgados desde hoy son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna.

La octava imputada, la enfermera Gisella Dahiana Madrid, enfrentará a futuro un juicio por jurados, como pidió en su momento su defensa, a cargo de los abogados Rodolfo Baqué y Martín de Vargas.

El nuevo juicio llega después de que el TOC N°7, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro y el Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazaran una serie de recursos presentados por las defensas, entre ellos que se haga un único juicio (junto con el de Madrid) y el planteo ne bis in idem, o de “cosa juzgada”, según el cual una persona no puede ser juzgada más de una vez por el mismo hecho.

“Si bien mantenemos vivo el planteo en desacuerdo de que se haga otro juicio y que este se haya dividido en dos, estamos confiados en el resultado del debate que se inicia hoy, ya que durante la instrucción suplementaria y después de los tres nuevos peritajes médicos oficiales que se hicieron con médicos forenses de la Suprema Corte de Justicia bonaerense ha quedado absolutamente descartada la posibilidad de atribuirles responsabilidad penal dolosa a los imputados, como han pretendido las partes acusadoras. Solo quedará debatir entonces si hubo o no una posible mala praxis médica por parte de alguno de los acusados, cosa que desde ya adelanto no es posible porque la muerte del señor Diego Maradona probablemente se debió a un evento cardíaco denominado arritmia ventricular izquierda en un contexto que no era previsible sobre la base de los estudios cardiológicos previos”, dijo a LA NACION el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Cosachov.

Por su parte, el abogado Nicolás D’Albora, quien junto con su colega Agustín Varela está a cargo de la defensa de Forlini, explicó: “En primer lugar, este juicio no debería comenzar. Me gustaría que alguien le explicara a mi cliente por qué luego de un juicio en el que se escuchó a más de 40 testigos tiene que soportar uno nuevo porque en el anterior a una jueza se le ocurrió hacer un documental sobre el caso. Es una inaceptable doble persecución penal. Más allá de esto, tendría que haber un solo juicio y por jurados. Me animo a sostener que no existen antecedentes en nuestro país en los que, frente a un mismo caso, se hagan dos juicios en paralelo [el de Madrid y el del resto de los imputados]. En cuanto a las expectativas, solo pretendemos que se aplique el derecho. Porque si se aplica la ley, haciendo abstracción de la magnitud simbólica de la persona involucrada, Forlini debe ser absuelta".

Se trata de un paso trascendental en la causa: el fiscal general Facundo Oribones y el fiscal jefe Cristian Olazábal presentarán el caso y las pruebas para sostener la prisión de los sospechosos ante el juez penal Alejandro Solís. En ese momento, formalmente quedarán acusados por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que tiene la pena única de prisión perpetua.

“Vamos a ir por todo, como siempre. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los culpables tendrán que pagar”, dijo Luis López, padre del niño, a la salida de los tribunales, acompañado por su abogado, Roberto Castillo.

No se refería solo a su ex y al hombre al que conocía como Maicol: como lo adelantó el letrado que se hizo cargo de la querella, la ofensiva legal incluye el pedido de juicio político contra el juez de Familia Pablo Pérez, que firmó el fallo que ordenó la revinculación de Ángel con su madre (que lo abandonó cuando era un bebé para irse a vivir a Córdoba), y las denuncias penales contra las psicólogas y demás profesionales del equipo técnico interdisciplinario que participaron del expediente civil y respaldaron los argumentos para que la madre biológica quedara con la guarda del chico, que hasta entonces veía como su “mamá” a la nueva mujer de su padre, Lorena Andrade.

“Sin su firma, Ángel estaría entre nosotros”, sostuvo el abogado para justificar su intención de promover un jury de enjuiciamiento contra el juez Pérez para evaluar su desempeño y, eventualmente, removerlo del cargo y quitarle sus fueros de magistrado para que pueda enfrentar un proceso penal ordinario.

“Se metieron con la persona equivocada. Porque así como le puse a mi hijo Ángel Nicolás, Ángel va a hacer justicia”, sostuvo Luis López, que concluyó: “Como dice su nombre, él va a ser un ángel para todos esos niños que están sufriendo hoy en día y nadie lo ve”.

Lectura de pruebas

El abogado Castillo afirmó que existe abundante prueba para sustentar la acusación de homicidio contra Altamirano y González. Concretamente se refirió a una entrevista que la mujer dio al medio chubutense ADNSUR, en la que “dijo que supervisaba cómo respiraba Ángel, algo que no es normal a los cuatro o cinco años”. Sugirió que hacía eso, quizás, porque sabía que al chico le pegaba su pareja. “No cuenta algo que pasó antes de eso. Y aparecen testigos que complementan lo que no está contando públicamente. Es prueba que se le va a leer, junto con los cargos”, explicó el letrado a la prensa en la puerta de los tribunales del barrio Roca de Comodoro Rivadavia.

El fiscal Olazábal confirmó a ese mismo medio que a partir del informe preliminar de la autopsia y de testimonios obtenidos durante el fin de semana se había logrado “consolidar una hipótesis más firme sobre lo ocurrido”; presuntamente, golpes que el niño habría sufrido entre el 2 y el 5 de este mes, cuando llegó casi muerto al hospital regional.

En ese sentido, la prueba forense fue determinante para solicitar las detenciones. En el informe preliminar de la necropsia se describieron lesiones internas y externas compatibles con lo que el representante del Ministerio Público definió como “síndrome del niño maltratado”.

Una de las revelaciones más escalofriantes de la autopsia fue la detección de 22 traumatismos internos en la cabeza de Ángel. Algunos de esos golpes tendrían una data de unos diez días. No obstante, Olazábal aclaró que se trata de lesiones internas que no presentan una correlación visible con marcas externas. “Son todos traumas internos que no tienen una correspondencia con una lesión externa. Por eso fue difícil establecer cuál sería el mecanismo de producción”, sostuvo en diálogo con ADNSUR.

Amenazas a testigos

Por otra parte, el abogado de la querella también denunció públicamente que “están sufriendo amenazas los testigos del barrio donde vivían los homicidas”. Y añadió: “Nosotros preferimos primero denunciarlo y después de que tome conocimiento el fiscal se lo entienda públicamente. Es una persona que está amedrentando a los testigos, porque hay movimientos raros –cuanto menos, para ser generosos– en el barrio y evidentemente no quieren que sean evidenciados”.

“Lo que nosotros planteamos al fiscal es que entendemos que se debe dictar la prisión preventiva después de que se lean los cargos y tienen que esperar el juicio privados de su libertad”, afirmó Castillo, quien consideró que Altamirano y González “son un riesgo incluso teniendo una criatura de unos cuantos meses al cuidado de unos criminales”. Se refería a la bebé de seis meses, media hermana de Ángel e hija de la pareja detenida, que ayer fue trasladada a Córdoba para que quede al cuidado de la abuela paterna.

Precisamente uno de los aspectos contextuales que inciden en el análisis del caso son los antecedentes de ambos en cuanto al cuidado de sus otros hijos y a sus relaciones intrafamiliares.

Según informó La Voz del Interior, González –que había sido profesor de taekwondo– habría sido denunciado en Córdoba por episodios de violencia familiar. Una expareja lo acusó de haber ejercido violencia física contra su propio hijo, a quien además habría mantenido encerrado.

Ese antecedente, dijeron investigadores chubutenses, podría ser analizado como un probable patrón de conducta del imputado.

También se investigan eventuales episodios de violencia de Mariela Altamirano con otro de sus hijos, tiempo atrás, según informaron medios locales.

La fiscalía sostiene que este tipo de antecedentes aportan contexto y podrían servir para reconstruir el entorno en el que vivía Ángel y establecer si estaba expuesto a una situación sostenida de maltrato. Así, el análisis del entorno familiar y social del menor se transforma en una de las claves de la pesquisa.

Visiblemente afectado por la situación, reconoció que aún no puede dimensionar lo ocurrido: “No te puedo contar [lo que ocurrió] porque esto que estoy pasando es mucho para mí todavía”.

Reacción a las detenciones

El padre del menor también se refirió a las primeras medidas judiciales, en relación con la detención de la madre del niño y su pareja. “Claro, eso era en lo primero que se tenía que hacer, lo primero”, sostuvo.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el domingo por la noche en Comodoro Rivadavia a Mariela Altamirano, madre de Ángel, y a su pareja, Maicol González. Ambos están acusados de “presunto homicidio agravado”.

La Justicia dispuso la prisión preventiva de los dos imputados. Según trascendió de fuentes policiales, el menor había sufrido un traumatismo previo antes de ingresar al Hospital Regional, donde se confirmó su muerte.

Agradecimiento a su defensa

En otro tramo de sus declaraciones, Luis destacó el acompañamiento que recibe por parte de su abogado y su entorno.

“Es una gran persona y siempre lo voy a estar agradecido a él y a su mujer por las cosas que están haciendo”, señaló sobre Roberto Castillo y su pareja y estudiante de derecho, Cinthia Fernández.

“Se metieron con la persona equivocada”

“Se metieron con la persona equivocada. Porque así como le puse a mi hijo Ángel Nicolás, Ángel va a ser justicia”, sostuvo Luis. Y concluyó: “Como dice el nombre él, Ángel, va a ser un ángel para todos esos niños que están sufriendo hoy en día y nadie lo ve”.

Luis atribuyó el fallecimiento a un acto de “odio” y despecho, asegurando que su ex pareja no soportaba verlo feliz bajo el cuidado de otra persona.

“No puedo creer que una mujer haya hecho eso, que fuera capaz de hacerlo. Vino de Córdoba para terminar con la vida de mi hijo. Le dolió que mi hijo sea feliz y que diga ‘mamá’ a otra persona que no era ella. El tipo no quería a Ángel. El odio. El no poder hacer lo que ella quiso la llevó a eso”, declaró en dialogo con TN.

Y añadió: “Ella es la culpable de no cuidar al nene. El tipo lo mató a golpes. Todo los días venía recibiendo golpes por el capricho de ella, por el capricho de ver a su hijo feliz al lado mío. Él era un angelito. No hacia nada”.

Y volvió a cargar contra Mariela: “Yo no espero nada de esa mujer, porque ella es capaz de seguir mintiendo”.

Además, apuntó contra todo el sistema judicial de familia que otorgó la custodia a Mariela. El hombre aseguró que el niño de cuatro años no la conocía y que la llamaba por su nombre.

“Ellos son los razonables de que mi hijo no esté conmigo en ese momento. No investigaron a fondo. Mi hijo ni la conocía, le decía Mariela, imagináte. Cuando lo llevaron a la pocilga donde él estuvo viendo estos cinco meses de horror, él ni sabía quienes eran ellos, así y todo lo dejaron”.

Según se reconstruyó, el niño estaba bajo el cuidado de ella cuando se descompensó. El pasado 4 de noviembre se decidió la revinculación del chico con su progenitora. En los próximos días estaba prevista una audiencia para determinar el futuro de Ángel. Durante tres meses la madre biológica había puesto una perimetral que le impidió al padre acercarse al menor tras una discusión.

Consultado por la detención de su ex, Mariela Altamirano, y Maicol, afirmó: “Pude descansar una noche. La detención me dio alivio y una esperanza de justicia”.

Y agregó: “Tengo toda la fe del mundo. Sé que nuestro hijo nos está ayudando desde arriba. Se va a hacer justicia. Como él me cuida de arriba yo lo cuido de acá abajo”.

Luis también se refirió a otra línea investigativa del caso que asegura que su exesposa y su pareja incineraron la ropa del menor tras su muerte.

“Quemaron la ropa cuando mi hijo estaba en el hospital. Antes de enterarse que mi hijo estaba muerto, ellos llevaron a su abogado. Y luego cuando nos avisaron que había fallecido, a la tardecita salió el pedido de que no se la detenga. Se estaban adelantando a lo que se venía”.

En la presentación de la denuncia del abogado del padre, Roberto Castillo, a la que accedió LA NACION, se sostiene que la mujer habría cometido “omisión impropia en tanto habría conocido la violencia que Maicol González (su pareja) ejercía contra Ángel, habría omitido apartarlo del ámbito de riesgo y habría contribuido activamente al desamparo sanitario que agravó su vulnerabilidad, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte”.

La querella, además, cuestionó el accionar de funcionarios judiciales por presunto incumplimiento de deberes, al señalar que no habrían respondido a advertencias previas del padre del menor.

En el cierre de la entrevista con el medio citado, Luis adelantó que este martes a las 9.30 liderará una marcha en la puerta de la fiscalía para pedir justicia por Ángel.

El femicida escuchó la sentencia desde la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanece detenido desde el 4 de diciembre pasado, horas después de que fuera rescatado el cadáver y luego de que la autopsia descartara que se hubiese tratado de un accidente automovilístico con despiste y confirmara una agresión con más de 40 golpes consecutivos.

El ataque tuvo por lo menos un testigo presencial y registros de cámaras de seguridad que sumaron evidencias a la contundencia del informe de los forenses, que fue determinante para los jueces Luciana Irigoyen Testa, Ernesto Juliano y Diego Mónaco.

Testa, presidente del tribunal, leyó el fallo, que además de la condena impuso a Cerfoglio la realización de un tratamiento para “aprender conductas valiosas y desaprender las nocivas en una visión de vida con perspectiva de género”.

“Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que les produje a muchas personas”, dijo Cerfoglio luego de escuchar los alegatos del fiscal Marcos Bendersky, que reclamó reclusión perpetua para él, al igual que el letrado a cargo de la querella, Juan Manuel Iovine, que representa a la familia de Vera y a la que evitó pedirles perdón.

“Yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”, intentó justificar en su única declaración en esta causa, que hizo por videollamada desde la unidad penitenciaria donde ahora deberá purgar la pena.

A Cerfoglio se lo halló culpable de homicidio cuádruplemente calificado por vínculo, ensañamiento, alevosía y violencia de género. La defensa fue por una alternativa que los jueces descartaron pronto: pidió 20 años de prisión por tentativa de homicidio agravado con homicidio culposo en concurso real. La audiencia donde se leyó el veredicto fue transmitida por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La pareja tenía un hijo que entonces tenía 12 años. El 3 de diciembre de 2024 estuvieron en la fiesta de casamiento de una amiga de Vera. La víctima, que era repostera, fue la responsable de prepararle y llevarle la torta para la celebración.

Los testigos aseguraron que durante esa noche tuvieron una discusión y se retiraron del lugar de la boda a mitad de madrugada, pasadas las 3.30. Minutos después se obtuvo el registro de cámaras de seguridad que mostraron a Cerfoglio en plena golpiza contra su mujer, en el cruce de las calles 50 y 53.

Los peritos concluyeron que la víctima estaba inconsciente cuando el femicida la subió a su auto, un Honda Fit rojo que terminó hundido en aguas del río Quequén a unos 50 metros de la orilla. Quedó una ventanilla baja, por la que pronto ingresó el agua. Se supone que por allí salió Cerfoglio. El vehículo quedó a la vista, volcado, con la cabina sumergida y las ruedas que se veían sobre la superficie líquida.

El cadáver fue rescatado ya con luz de día, poco después de las 7. En la morgue confirmaron que la causa de muerte había sido asfixia por inmersión. Eso ratificó que Vera todavía vivía cuando su asesino la tiró al río.

Luego llegaría un informe ampliado de los forenses para ratificar las fracturas y otras lesiones que −en su mayoría− la mujer presentaba en el cráneo y el rostro. Tanto el fiscal como la querella remarcaron a los jueces la brutalidad del ataque: fueron golpes de puño y patadas.

“Nunca quise que terminaran así, de esta forma triste, nuestras vidas”, dijo Cerfoglio para cerrar su participación en aquella audiencia de alegatos y previa a esta de lectura de sentencia. En el debate solo había estado presente −por videollamada− en la jornada inicial. Se retiró antes de que terminara, supuestamente indignado por algunos testimonios que había escuchado.

Familiares y amigos de Vera se concentraron para seguir juntos frente a la sede de deliberaciones del tribunal la lectura del fallo.

Julio César Bibbó y Marilyn Brisa Vera González escucharon sus sentencias con una diferencia de seis días. De acuerdo con las pruebas obtenidas en la investigación, ambos participaron del ataque y asesinato de Martín Mora Negretti, cometido durante la madrugada del 19 de junio de 2022 frente a un shopping de la zona de la Vieja Terminal.

De la evidencia recolectada en este proceso judicial surgió que Bibbó fue quien asestó la puñalada mortal a Mora Negretti y otra que provocó lesiones leves a Bruno Valle, un amigo que acompañaba a la víctima. Sus respectivas parejas fueron testigos presenciales del crimen.

Los hoy condenados cometieron el hecho acompañados de dos menores de 13 y 14 años que habrían sido parte de una “travesura” que poco después desató este mortal desenlace: los adolescentes arrojaban cubos de hielo desde un departamento en altura y molestaban a Negretti y a quienes lo acompañaban. Se quejaron a gritos desde la calle, donde esperaban un taxi. Bibbó, Vera González y los dos menores bajaron, cuchilla en mano, y provocaron la tragedia.

Los adolescentes fueron considerados inimputables y quedaron marginados de la acusación. Luis Mora Negretti, padre de Martín, emprendió entonces una cruzada para que se baje la edad de imputabilidad. Juntó firmas, alentó un proyecto y el mes pasado tuvo como respuesta la aprobación de una nueva ley que a partir de septiembre, cuando entre en vigor, permite procesamientos y condenas a partir de los 14 años.

“Vine con una esperanza: una perpetua más. No entiendo por qué se llega a una calificación de coautor cuando fue autor del hecho”, afirmó el padre de la víctima tras escuchar el fallo y lamentar que la condena sea inferior a la que esperaba.

“Creo que mi hijo, por lo menos, va a sentir la satisfacción de que traté de hacer justicia por todos los medios y luché hasta el último segundo”, acotó, muy conmovido. Y recordó que le había prometido ante su tumba dos objetivos: que se juzgue y condene a los autores del asesinato y lograr una ley que baje la edad de imputabilidad. “Hoy estoy tranquilo”, aseguró.

Los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2, entendieron que Bibbó fue coautor del delito de homicidio agravado por intervención de menores de 18 años y también en grado de tentativa, por las lesiones al amigo de Mora Negretti.

La fiscalía había reclamado una pena de 40 años de cárcel y la querella pidió en su alegato que se lo condenara a prisión perpetua. La defensa abogó por una carátula de homicidio simple y lesiones leves.

Valle, que acompañaba a Mora Negretti y sobrevivió al ataque, testimonió durante el juicio y recordó que Bibbó fue hacia ellos con dos cuchillos que “arrastraba contra el piso”.

“¡Dale que te mato!, ¡¿Qué te pasa con mi mujer?!”, gritaba. Las dos jóvenes que acompañaban a las víctimas también hicieron relatos coincidentes en el debate.

En sus fundamentos, los jueces destacaron en particular el testimonio de una psiquiatra forense que definió a Bibbó como “una máquina de impulsos” y reseñaron antecedentes de salud más un retraso madurativo que afectarían su desempeño y reacciones. También descartaron que hubiese existido alevosía y concurso premeditado de dos o más personas.

Vera González, que era pareja de Bibbó al momento del crimen, llegó al juicio por jurados por recomendación de su defensa. Su situación parecía algo más aliviada en función de que ningún testigo la había visto empuñar el arma en función de ataque, aunque sí la tuvo en sus manos, según relataron testigos e incluso se pudo ver en registros de cámaras de seguridad, puntualmente, la del edificio del que habían bajado y donde vivían, al que tras el crimen volvieron cada uno con un cuchillo en mano.

El debate se desarrolló a fines de marzo y tuvo su resolución el martes pasado. El jurado popular la consideró culpable del delito de homicidio agravado por alevosía y allí mismo el juez a cargo, Fabián Riquert, le comunicó que su condena era de prisión perpetua.

Así lo sostuvieron los abogados defensores de Guzmán, Claudio Severino y Ricardo Sanetti, en una presentación hecha ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°24, que estará a cargo del debate oral y público.

“Este defensa particular invoca en su totalidad los alcances del segundo párrafo del artículo 364 [del Código Procesal Penal de la Nación] respecto del orden, moralidad y decoro que ha de tenerse durante el debate, manifestando enérgicamente la oposición lisa y llana a la presencia periodística dentro de la Sala de Audiencias del tribunal. Es suficiente elevar la vista al crucifijo que preside vuestra Sala y recordar el escarnio que ya padeció nuestro señor Jesucristo cuando fue crucificado. De igual manera se ha comportado todo el periodismo de medios virtuales, audiovisuales y escritos, llegando a anticipar condenas y a anticipar fallos respecto de nuestro ahijado procesal, antes y después de su detención“, sostuvieron los letrados en la citada presentación.

Los abogados defensores de Guzmán también hicieron una mención a la destituida jueza de San Isidro Julieta Makintach, quien el año pasado intervino en el juicio donde se debatían las eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona, que finalmente fue declarado nulo cuando se descubrió que la magistrada participaba de la producción de un documental que pretendía contar las alternativas del debate.

“El compromiso profesional de esta defensa particular es con nuestro asistido, el tribunal, el Ministerio Público Fiscal y las querellas. Basta traer como ejemplo a la jueza Makintach para ver cómo en nombre del menospreciado derecho a la información −que no es absoluto− se ha mancillado el prestigio, buen nombre de jueces y auxiliares de la Justicia”, explicaron los letrados en su escrito, según reveló el sitio de noticias TN.

Fuentes del TOC N°24 dijeron a LA NACION que, en principio, solo se permitiría a los medios de comunicación tomar imágenes en los momentos previos a dar por comenzado el debate y que no se podrá tomar nota de lo que suceda en el debate, pero igualmente invitaron a los periodistas a acreditarse.

Guzmán, de 45 años, está detenido y cumple prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I, en Ezeiza. Fue atrapado por la Policía de la Ciudad en el partido de Moreno después de haber estado 70 días prófugo.

“Ningún conflicto de relación amerita el despliegue de un atentado contra la vida de un ser humano. Considero que el móvil del homicidio de Germán Gabriel Medina se trataría de una cuestión de celos, odio y resentimiento profesional”, sostuvo oportunamente el juez nacional en lo Criminal y Correccional Javier Sánchez Sarmiento cuando procesó con prisión preventiva a Guzmán por el delito de homicidio agravado por alevosía en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada.

El magistrado también afirmó: “El imputado tenía pleno conocimiento y voluntad de la acción homicida que sobre las 20.08 del 20 de marzo pasado iba a desplegar contra Medina, para la cual había seleccionado los medios. Efectivamente, el día del hecho, Guzmán llevó un arma de fuego entre sus pertenencias a su lugar de trabajo, la guardó en un lugar donde dejaba sus cosas personales, esperó a que no hubiera clientes, encerró a sus compañeros sin que inicialmente ellos se dieran cuenta y luego mató de un disparo en la cabeza a su víctima, que estaba sentada y totalmente indefensa”.

En el requerimiento de elevación a juicio, al fundamentar el agravante de la alevosía, el fiscal Patricio Lugones dijo que Medina “no estuvo en condiciones de defenderse”, que Guzmán “aprovechó al máximo la situación de indefensión de la víctima” y que ejecutó al joven “de un modo traicionero”.

El día del homicidio, Guzmán, de 43 años, llegó a las 10.15 a la peluquería donde trabajaba desde hacía más de ocho años. Atendió a dos clientas que ya lo estaban esperando. A las 13 tomó su mochila y se fue sin decir nada. Volvió una hora después.

Después de atender a su última clienta se fue a la cocina del local sin hablar con ninguno de sus compañeros, “con quienes tenía conflicto, principalmente, por sus trabajos de alisado con formol, sustancia prohibida por sus efectos tóxicos, que el nombrado no dejaba de utilizar pese a las advertencias de sus pares, ocasionando malestar en el ambiente laboral”.

A la tarde, cerca de las 17, Guzmán invitó a tomar un café a Carlos Alberto Azorín, el encargado de la peluquería. Fueron a un local situado en Austria y Juncal. “Estoy cansado, necesito paz mental, ya me da todo lo mismo, necesito terminar el tema hoy, voy a hablar con el dueño”, le dijo el asesino.

Según los testimonios incorporados a la causa, Guzmán iba a ser despedido en forma inminente de la peluquería Verdini, “circunstancia conocida por el acusado, que quería resolver el ‘problema’ ese mismo día”.

El peluquero y el encargado del local regresaron a la peluquería a las 18. “Guzmán se sentó en una de las sillas que da a la calle y le pidió a Azorín que le cortara el cabello. Si bien inicialmente le cortó el pelo a los costados, el imputado le pidió que lo rapara; ‘así quedo más loquito’, dijo”, según la reconstrucción plasmada en el expediente judicial.

A las 20, Guzmán comenzó con su faena criminal. Fue hasta el exhibidor de productos ubicado en la parte delantera de la peluquería, tomó las llaves del local, bajó la persiana, cerró la puerta de ingreso y se guardó las llaves.

Sus compañeros de trabajo, entre los que estaban Medina, Azorín, Noelia Palazzo y el dueño de la peluquería, Facundo Verdini, charlaban y tomaban cerveza.

Guzmán se acercó a Verdini y le preguntó: “¿Vos tenés algo para decirme?”. El dueño del local respondió: “No, mañana vamos a hablar”. Fue en ese momento que el peluquero asesino sacó el arma que tenía oculta en la cintura, debajo de la ropa, y les espetó: “Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro”.

Luego visualizó a Medina, que estaba quieto, sentado en un sillón, le apuntó directo a la cabeza y le disparó. “La víctima quedó tendida sobre uno de los apoyabrazos del sillón, moribunda”, recordó el juez Sánchez Sarmiento.

Verdini fue a encerrarse en el baño. Palazzo se levantó para apartarse y Guzmán le espetó: “No tengas miedo que a vos no te va a pasar nada”.

Azorín subió la persiana de una de las ventanas, Guzmán saltó y se dio a la fuga por Beruti, en dirección a la calle Austria.

El peluquero asesino de Recoleta estuvo 70 días prófugo. Fue detenido por la Policía de la Ciudad en el partido de Moreno, después de que un testigo de identidad reservada llamara a la línea de denuncias 134 del Ministerio de Seguridad Nacional y aportara información precisa sobre dónde estaba Guzmán.

“El acusado premeditó todos y cada uno de los movimientos necesarios para llevar adelante su plan criminal, obtuvo un arma de fuego, escogió el día en que sabía que sus compañeros iban a quedarse en reunión en el local, encerró a todos los presentes en la peluquería y, sobre seguro, mató a su indefenso compañero Medina, con quien tenía particular recelo. Luego huyó saltando por la ventana del local y permaneció prófugo 70 días”, afirmó el juez Sánchez Sarmiento a la hora de procesar a Guzmán.

Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto del expediente judicial. El episodio ocurrió el sábado en el aeropuerto internacional gobernador Horacio Guzmán. Endrizzi había abordado junto con el resto del equipo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy el vuelo FO 5181 de la empresa Flybondi, que debía llevarlos hacia Buenos Aires −donde ayer jugaron contra Agropecuario, en la localidad de Carlos Casares−, por la fecha 9 del torneo de la Primera Nacional.

“El imputado, ubicado en la butaca 16C, señaló a otro pasajero y expresó en voz alta: ‘Él lleva una bomba’”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Eso obligó a la tripulación de Flybondi a activar el protocolo de seguridad y evacuar el avión para que los expertos en explosivos abordaran y determinaran la verosimilitud de la situación o la descartaran por completo, lo que finalmente sucedió. El futbolista fue detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a bordo mismo del avión, del que bajó esposado.

“El avión fue trasladado a una zona aislada −ya prevista y ubicada a unos 500 metros−, se evacuó a los pasajeros y se realizó una requisa integral de la aeronave y los equipajes, con intervención de personal especializado de la División de Explosivos de la Policía de la Provincia y de la Unidad de Control de Armas y Explosivos de la PSA, con sus respectivos trajes de seguridad. Durante el operativo se procedió a brindarle atención médica a los pasajeros y se mantuvieron entrevistas con los mismos, se requirieron imágenes de las cámaras de video del aeropuerto y de ellas se advirtió al jugador cuando hacía su ingreso a la sala de embarque y luego al avión. Tras más de tres horas de trabajo, se descartó la existencia de explosivos y se desactivó el protocolo", se explicó en www.fiscales.gob.ar.

La imputación por intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación fue formulada por el fiscal federal Sebastián Jure, a cargo del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy ante el juez federal de Garantías Eduardo Hansen.

“El magistrado tuvo por formulada la imputación y dispuso la libertad provisoria del acusado, sujeta a una serie de medidas restrictivas, entre ellas, la obligación de presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial”, se explicó en el citado sitio de noticias.

Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía, detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery. pic.twitter.com/wel9qBfom9

— POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (@seguridadpsa) April 12, 2026

El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado que se dictara la prisión preventiva y que el futbolista, de 32 años, fuera trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Endrizzi llegó detenido a la audiencia. No declaró. Su abogado, Sebastián Alsina, presentó diversa documentación destinada a acreditar su arraigo. De ser encontrado culpable en el juicio, podría recibir una pena de entre dos y seis años de cárcel.

Según www.fiscales.gob.ar, el fiscal general Eduardo Villalba, con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito de Salta −que abarca a la Unidad Fiscal Jujuy−, dijo que evalúa llevar adelante actuaciones complementarias en torno a lograr una reparación del daño causado, entre ellas, la posible intervención del Estado nacional como querellante, a través del órgano de contralor que corresponda.

Ayer, en su cuenta de la red social X, la PSA informó sobre lo sucedido: “Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía [por el sábado] detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery”.

Y agregó: “Seguidamente nuestro Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex) inspeccionó cada rincón del avión para descartar el peligro, corroborando finalmente que se trataba de una falsa amenaza”.

La mujer, de 32 años y nacionalidad chilena, era intensamente buscada desde el fin de semana, cuando se denunció su desaparición junto con la menor. Horas después fue localizada en la zona de las calles 122 y 50, en buen estado de salud, aunque sumida en un cuadro de desorden psiquiátrico que motivó su evaluación médica. En ese momento no fue detenida.

Sin embargo, con el avance de la investigación, personal de la Brigada Federal La Plata logró individualizar nuevamente a la mujer en 1 y 45, donde se concretó su detención por orden del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.

Camila de Viggiano Rojas, de 32 años y nacionalidad chilena, fue trasladada a la sede de la Policía Federal en La Plata, donde quedó alojada preventivamente, a disposición del juzgado federal, según informó la agencia informativa Noticias Argentinas.

El expediente −que inicialmente había sido rubricado como “averiguación de causales de muerte”− fue recaratulado como homicidio agravado por el vínculo.

El juez Ramos Padilla ordenó tomar declaración testimonial a todos los empleados de la obra en construcción donde fue hallado el cuerpo de la menor, realizar un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, solicitar la intervención de una brigada especializada en homicidios y trasladar a la detenida a los tribunales federales de la capital bonaerense para cumplir con el acto de indagatoria.

Según informó Noticias Argentinas, en paralelo, familiares de la menor ya reconocieron el cuerpo en el lugar del hallazgo, en medio de escenas de profundo dolor.

Mientras tanto, se aguarda el resultado de la autopsia, que será determinante para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la eventual responsbilidad de la madre.

El caso

Según pudo saber LA NACION por fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense −fuerza que intervino en el caso inicialmente−, la denuncia por la desaparición de la mujer y la bebé fue realizada por la familia de la joven este lunes a la madrugada. En la presentación ante la policía detallaron que ella y su pareja se habían acercado a un hospital local el domingo junto a su hija. En un momento, el hombre las perdió de vista y ahí comenzó la búsqueda.

Testigos en la zona le dijeron que la mujer había subido a un colectivo de la línea 506 y que la habían visto bajarse en la intersección de las calles 1 y 45, a pocas cuadras de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata.

En las primeras horas de la mañana de este lunes, un grupo de trabajadores de la obra que se lleva a cabo en la casa de altos estudios dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de la niña.

Por ser el terreno de la Universidad Nacional de La Plata jurisdicción federal, tomó intervención el juzgado federal N°1 de La Plata, cuyo titular encomendó las tareas de campo y de investigación a la Policía Federal Argentina.

Según trascendió, la mujer era paciente psiquiátrica y tenía un diagnóstico previo de esquizofrenia que requería de medicación específica para mantenerla estabilizada.

Sin embargo, debido a las recomendaciones habituales que se dan durante el embarazo y la lactancia, había interrumpido el uso de esa medicación. Ahora, la mujer permanece bajo custodia policial y a la espera de la resolución del fiscal.

Las tareas de una obra en construcción avanzaban con aparente normalidad este domingo por la mañana en un inmueble ubicado en el cruce de la avenida Quirós y Moreno hasta que “el olor nauseabundo que había en la obra” y el descubrimiento de una pared que no estaba en los planos de la obra llamaron la atención de los trabajadores.

En diálogo con LA NACION, el fiscal Alejandro Perroud detalló que el cadáver estaba envuelto en frazadas y tapado con cal bajo una escalera ubicada en el subsuelo. “También había algunas pertenencias y documentación. Una pared que no estaba prevista en los planos de la obra cubría el cuerpo”, indicó el funcionario judicial.

Hasta este lunes al mediodía, la víctima aún no había sido identificada, pero la fiscalía tenía sospechas de que podría tratarse del sereno de la obra, un hombre de nacionalidad paraguaya de 52 años. “Hace unos días que la gente de la empresa que tiene a cargo la obra no podía comunicarse con esta persona”, agregó el fiscal Perroud. Debido al mal estado del cuerpo, la autopsia se realizará recién el próximo jueves.

El funcionario judicial indicó que, por el hecho, se elevó un pedido de detención con captura nacional e internacional contra un hombre en situación de calle, oriundo de Buenos Aires pero que hace tiempo estaba en la ciudad entrerriana de Colón, que solía ser visto junto al sereno desaparecido cuando, por ejemplo, iban a hacer compras. “Aparentemente, el sereno no tiene familiares en Argentina”, dijo Perroud.

Si bien aún no realizó la autopsia al cadáver, un médico forense hizo un primer estudio externo del cuerpo y halló que tenía un traumatismo de cráneo. Además, se hallaron restos de sangre en un primer piso de la obra donde fue encontrada la víctima, indicó el fiscal.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de criminalística, mientras que la investigación quedó en manos del fiscal Perroud y de su colega Noela Batto, que intentarán determinar cómo ocurrió el hecho y si hubo participación de terceros. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se ordenó el traslado del cadáver para que sea sometido a la correspondiente autopsia, con la que se prevé que se aclarará la causa fehaciente del deceso y el tiempo que llevaba muerto.

Un hecho similar en Córdoba

Meses atrás, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado dentro de un placard empotrado en un departamento de la ciudad de Córdoba. El inmueble había sido ocupado días atrás por un expolicía condenado a 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo, de 6 años, muerto de un tiro de FAL en 2006.

El cadáver, según informó La Voz del Interior, fue encontrado por dos albañiles que habían sido contratados para realizar tareas de refacción y limpieza en el departamento 3.º B, aparentemente por mandato de Jorge Javier Grasso, hermano del exuniformado.

Los obreros advirtieron un fuerte olor proveniente de una de las habitaciones. Al abrir un viejo placard empotrado, se toparon con el cuerpo, que estaba envuelto en sábanas, acolchados y un nylon atado con cables, con restos de cemento y cal.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Seguridad bonaerenses, la denuncia por la desaparición de la menor y de su madre había sido realizada por la familia de la joven este lunes por la madrugada. La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, detalló que la pareja se había acercado a un hospital local el domingo junto a su hija. En un momento, el hombre las perdió de vista y ahí comenzó la búsqueda.

El relato de testigos en la zona le confirmaron que se había subido a un colectivo de la línea 506 y que la habían visto bajarse en la intersección de las calles 1 y 45, a pocos metros de donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la bebé.

Finalmente, en las primeras horas de la mañana de este lunes, un grupo de trabajadores de la obra que se está haciendo en el establecimiento educativo dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de la beba.

Horas más tarde, los efectivos de la Policía localizaron a la madre −de 32 años y nacionalidad chilena−, que se encontraba en una zona cercana y aparentemente caminaba sin rumbo. La mujer era paciente psiquiátrica y tenía un diagnóstico previo de esquizofrenia por el que debía estar medicada, tal como confirmó este medio.

Sin embargo, debido a las recomendaciones habituales que se dan durante el embarazo y la lactancia, había interrumpido el uso de la medicación. Ahora, la mujer permanece bajo custodia policial y a la espera de la resolución del fiscal.

El medio local El Día consignó que el caso quedó en manos del juez Alejo Ramos Padilla, ya que se dispuso que −al ser el lugar del hallazgo una universidad nacional y, por lo tanto, jurisdicción federal−, se convoque también a la Policía Federal Argentina (PFA).

El caso de Ángel

El pasado 5 de abril, Ángel López, un niño de 4 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Regional, en Comodoro Rivadavia, Chubut, tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre. La autopsia determinó que tenía lesiones internas en la cabeza. Su padre denunció que se trataba de un asesinato y apuntó contra la mujer, quien negó la acusación en declaraciones públicas.

Sin embargo, este domingo por la noche, Mariela Altamirano fue detenida junto a su pareja, Michel Kevin González, acusados de homicidio agravado. De acuerdo con lo informado por LN+, Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

El informe preliminar de la autopsia determinó que el menor tenía 22 traumas internos en distintas regiones del cráneo. “Le habrían propinado golpes reiterados que desencadenaron este final. Estas lesiones tuvieron que tener sintomatología y esto se ocultó hasta el domingo 5 de abril”, resaltó el fiscal de Chubut, Cristian Olazábal, uno de los letrados a cargo de la investigación.

La Justicia dispuso la prisión preventiva de los dos imputados. Según trascendió de fuentes policiales, el menor había sufrido un traumatismo previo antes de ingresar al Hospital Regional, donde se confirmó su muerte.

De acuerdo con lo informado por LN+, Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

“El fiscal general Facundo Oribones, junto Diana Guzmán, funcionaria de la fiscalía, solicitaron al juez penal de turno la detención de Altamirano y González, en relación a la investigación por la muerte d Ángel. Esto en base a los elementos recabados hasta el momento en la investigación. Las detenciones se producen luego de recibir la autopsia preliminar hoy y de un arduo trabajo de fiscalía en todos estos días. Así el pedido de detención fue autorizado por el juez penal de turno y en las próximas horas se fijará la correspondiente audiencia de control de detención”, sostuvo el Ministerio Público de Comodoro Rivadavia.

La detención de los sospechosos también había sido solicitada por el abogado Roberto Castillo, representante de Luis López, padre del niño, quien calificó el hecho como un “presunto asesinato”.

En la presentación, a la que accedió LA NACION, el abogado sostuvo que la mujer habría cometido “omisión impropia en tanto habría conocido la violencia que Maicol González ejercía contra Ángel, habría omitido apartarlo del ámbito de riesgo y habría contribuido activamente al desamparo sanitario que agravó su vulnerabilidad, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte”.

Castillo aseguró contar con testimonios que darían cuenta de episodios de violencia contra el niño, así como de las circunstancias del traslado al hospital y antecedentes de maltrato. También mencionó un supuesto plan de fuga.

La querella, además, cuestionó el accionar de funcionarios judiciales por presunto incumplimiento de deberes, al señalar que no habrían respondido a advertencias previas del padre del menor. “López me mencionó la cantidad de veces que tocó puertas y se incumplió en velar por los intereses del niño”, dijo Castillo.

E insistió en que una vez que Altamirano retomó la relación con el niño tras abandonar el hogar, beneficio judicial que obtuvo, según el abogado, porque denunció al padre del menor por un supuesto hecho de violencia previo. “El niño fue totalmente invisibilizado por la progenitora, resurgiendo en su interés únicamente cuando le resultó funcional para causar daño a su entorno protector [con su madre y su madrastra, Lorena Andrade]”, sumó.

La mamá de Ángel, por su parte, había dicho que ella no mató a su hijo.

El parte médico de Ángel, antes de su muerte

El primer parte médico de Ángel López dice: “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio. Refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”.

De acuerdo con el parte revelado por LN+, la víctima entró a ese centro de salud el 5 de abril a las 8.36. “Paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos”, se puede leer. Según el informe, mientras el niño era trasladado en la ambulancia, era ventilado con presión positiva y masaje cardíaco, y se le administraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona.

La defensa del padre del niño amplió este domingo la denuncia original por considerar que hay suficientes pruebas contra la madre de Ángel, que en el momento de quedar internado estaba al cuidado de la mujer.

El Ministerio Público Fiscal ordenó esta noche la detención de la madre y el padrastro de Ángel.

Según el funcionario judicial, el informe preliminar de la autopsia determinó que Ángel tenía 20 traumas internos en distintas regiones del cráneo. “Esto es lo que nos llevó a sostener sobre este maltrato reiterado”, subrayó. “Le habrían propinado golpes reiterados que desencadenaron este final. Estas lesiones tuvieron que tener sintomatología y esto se ocultó hasta el domingo 5 de abril [día en el que la víctima ingresó en ambulancia al hospital regional]”, resaltó el fiscal.

“Vamos a ir por todo. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los que sean culpables van a pagar”, dijo este lunes, tras salir de la fiscalía, Luis López, el padre de Ángel. “Esto que estoy pasando es mucho para mí”, enfatizó el hombre a LN+. “Necesitamos que hablen los testigos y veicnos [de los gritos y golpes que denuncian que sufría la víctima]”, reclamó el papá.

“Ángel, como lo dice el nombre que le puse, va a ser un ángel para todos esos niños que están sufriendo y nadie lo ve”, agregó el hombre en referencia a las denuncias que hizo, con el patrocinio de su abogado Roberto Castillo, de que su hijo no tendría que haber estado en custodia de la madre biológica por sus antecedentes y que hubo funcionarios judiciales que lo desoyeron. “El padre me mencionó la cantidad de veces que tocó puertas y se incumplió en velar por los intereses del niño”, dijo el letrado en diálogo con este diario.

Para la querella, una vez que Altamirano retomó la relación con el niño tras abandonar el hogar, beneficio judicial que obtuvo —según el abogado, porque denunció al padre del menor por un supuesto hecho de violencia previo—, “el niño fue totalmente invisibilizado por la progenitora, resurgiendo en su interés únicamente cuando le resultó funcional para causar daño a su entorno protector previo”, esto es, el padre y su madrastra, Lorena Andrade.

El abogado Castillo, acusó, en la ampliación de su denuncia, al juez de familia Pablo Pérez y a Verónica Roldán, asesora de familia, de haber escuchado al niño, que no reconocía a Altarmirano como progenitora, pero sí a Andrade, y que, pese a ello, “se dictó una restricción perimetral que prohibió a la familia paterna todo contacto con Ángel”.

Detalles de la investigación

En línea con la querella, la fiscalía consideró a ambos detenidos coautores del crimen. “El hombre por acción y ella por omisión”, precisó Olazábal en diálogo con Radio Mitre. Además, indicó que la investigación preparatoria tendrá un plazo de seis meses, de acuerdo con la normativa vigente en la provincia, lapso donde se reunirán las pruebas.

Este domingo por la noche, el fiscal general de Chubut, Facundo Oribones, junto a la funcionaria de Fiscalía Diana Guzmán, solicitó al juez penal de turno la detención de Altamirano y González, en relación a la investigación por la muerte de Ángel. Fuentes del caso indicaron que ambos fueron alojados en celdas diferentes y que, este martes, se hará la audiencia de lectura de cargos y tendrán la posibilidad de declarar en indagatoria. 

“Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. ¡¡No hay palabras para describir tanto dolor!! ¡¡¡Vuela alto, mi niña, y gracias por estar conmigo 31 años!!!”, escribió su madre.

El padre de la joven, Carlos Granado, en tanto, escribió: “Ayer, en un accidente de tránsito en Devoto, un colectivo me la arrebató”. La víctima se había recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e hizo sus prácticas de residencia en los hospitales Ramos Mejía y Posadas. Se dedicaba a atender pacientes con patologías neurológicas complejas.

La joven explicaba con pasión, en sus redes sociales, de qué se trataba su profesión: “Los neurólogos somos médicos clínicos especializados en el estudio de patologías del sistema nervioso central y periférico. Los pacientes acuden a consulta por dolores de cabeza, mareos, temblores y problemas de memoria, aunque también es necesaria la derivación ante síntomas como trastornos del lenguaje, problemas para caminar, dificultades motoras, convulsiones, trastorno visual o movimientos anormales, entre otros”.

Sus compañeros del Hospital Ramos Mejía también le dedicaron un cálido posteo. “Tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir cuatro años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas”, dijeron y destacaron: “Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo”.

Desde el centro médico Genea destacaron la labor de Granado Schonholz: “En su trabajo diario, [la joven] acompañó a cada paciente con responsabilidad y vocación. Su recuerdo permanecerá entre nosotros”.

El siniestro

Granado Schonholz falleció el pasado viernes en un accidente vial en el barrio porteño de Villa Devoto. El hecho se produjo cuando su mochila quedó enganchada en la puerta central de un colectivo de la línea 134, lo que la hizo caer al asfalto y ser atropellada por la misma unidad en la que viajaba.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre. Testigos declararon al personal del SAME que la mujer estaba bajando del colectivo por la puerta del medio cuando esta se cerró de forma imprevista y enganchó su mochila.

Al intentar librarse de esta situación, la joven cayó contra el pavimento justo cuando el conductor reanudaba la marcha. Sin ser consciente de lo que sucedía, el chofer avanzó y atropelló a la pasajera.

Personal médico del SAME arribó al sitio y confirmó su muerte, que ocurrió de manera inmediata. Efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para preservar las pruebas.

Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29 ordenaron la detención del conductor, un hombre de 41 años, y la Secretaría N.º 152 dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil. También participó la División de Ingeniería Vial Forense, cuyos peritos realizaron un test de alcoholemia al chofer.

La causa se caratuló como "averiguación de homicidio“. El personal policial recolectó los testimonios de los pasajeros que viajaban en el interno; esto podría determinar el curso de la investigación.

El hecho ocurrió el 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, el personal de salud constató que estaba en paro cardiorrespiratorio; murió horas después.

El padre de Ángel denunció que a su hijo “lo mataron” y apuntó hacia la madre del menor, de la que esta separado, una versión que la propia mujer negó en declaraciones públicas.

Detuvieron a la madre y su pareja por presunto homicidio agravado

Las fuerzas de seguridad detuvieron el domingo por la noche en Comodoro Rivadavia a Mariela Altamirano, madre de Ángel, y a su pareja, Maicol González. Ambos están acusados de “presunto homicidio agravado”.

La Justicia dispuso la prisión preventiva de los dos imputados. Según trascendió de fuentes policiales, el menor había sufrido un traumatismo previo antes de ingresar al Hospital Regional, donde se confirmó su muerte.

De acuerdo con lo informado por LN+, Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Habló la madre: “Yo no maté a mi hijo”

Tras las acusaciones del padre, Mariela Altamirano se defendió y aseguró que no mató a su hijo. En diálogo con ADN Sur, la madre sostuvo: “Lo protegí y lo busqué”.

En cuanto a la cronología del hecho, relató: "Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".

Según la madre, Ángel se encontraba durmiendo y “lo sentía roncar”. “Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice: ‘No respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida", agregó.

Al ser consultada por el posible autor de las lesiones del menor, respondió: "Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene", e insistió: “Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo“.

Los resultados de la autopsia

Según informó ADN Sur, los primeros resultados indicaron que Ángel tenía lesiones en la cabeza y que el menor falleció después que ingresó al hospital. Aunque aún no se conoce la causa de muerte, estos primeros indicios introducen un elemento decisivo en la investigación.

Las declaraciones del padre

En diálogo con la prensa, el padre de Ángel sostuvo: “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron“.

“Mi hijo siempre pidió por mí y nadie hizo nada. Me trataban de machista. Si yo estaba en esa situación [de la madre], me metían preso, pero como es mujer, no le hacen nada”, sumó.

El testimonio de la madre

La madre relató entonces a la Policía que su hijo estaba en su habitación y que alrededor de las 7 empezó a tener problemas para respirar.

Debido a causales de muerte dudosas, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. De acuerdo con lo que publicó el medio ADN Sur, la autopsia preliminar realizada en el cuerpo determinó lesiones internas en la cabeza.

Allanamiento en la casa de la mamá

Tras el resultado de la autopsia, el miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la madre, donde también vive la actual pareja de la mujer.

En el procedimiento se realizó una inspección ocular y se secuestraron teléfonos celulares, entre otros elementos.

Cómo avanza la investigación

Luis Cisneros, el jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, afirmó el miércoles que los médicos que atendieron al menor no detectaron indicios de violencia, pero insistió en que era necesario esperar el resultado final de la autopsia para conocer la causa de la muerte. “Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acostó y cuando lo encontraron estaba sin signos vitales”, dijo en diálogo con Seta TV.

En paralelo, en la sede de la Fiscalía, los padres, quienes están separados, tuvieron una fuerte discusión que requirió la intervención de los agentes policiales. Ambos mantenían una disputa judicial por la tenencia del niño.

De esta manera, en nombre de Luis López, padre del niño, el letrado amplió la denuncia original por considerar que hay suficientes pruebas contra la madre de Ángel, que en el momento de quedar internado estaba al cuidado de la mujer. Ahora, la fiscalía a cargo de la investigación, a cargo de Facundo Oribones, deberá analizar si eleva el requerimiento de detención de los sospechosos, algo que podría suceder entre la noche de este domingo y las primeras horas del lunes.

De acuerdo con el pedido de la querella al que accedió este diario, la mujer habría cometido “omisión impropia en tanto habría conocido la violencia que Maicol González [la pareja de Altamirano] ejercía contra Ángel, habría omitido apartarlo del ámbito de riesgo y habría contribuido activamente al desamparo sanitario que agravó su vulnerabilidad, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte”, indicó el abogado del padre del menor que falleció este 6 de abril mientras se encontraba en un centro de salud de Chubut con heridas de gravedad.

Castillo dijo tener prueba testimonial de al menos cuatro testigos directos que “acreditarían la violencia ejercida por González sobre Ángel, los gritos del menor, la quema de evidencia el día del hecho, las circunstancias del traslado al hospital, los antecedentes de maltrato de Altamirano contra su primer hijo y el plan concreto de fuga hacia la localidad de El Dorado, en Misiones”.

A su vez, en el mismo requerimiento, la querella apuntó contra los funcionarios judiciales que, en su momento, y en el marco de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, habrían desoído al papá de Ángel. “El padre me mencionó la cantidad de veces que tocó puertas y se incumplió en velar por los intereses del niño”, dijo Castillo en diálogo con LN+.

Para la querella, una vez que Altamirano retomó la relación con el niño tras abandonar el hogar, beneficio judicial que obtuvo, según el abogado, porque denunció al padre del menor por un supuesto hecho de violencia previo, “el niño fue totalmente invisibilizado por la progenitora, resurgiendo en su interés únicamente cuando le resultó funcional para causar daño a su entorno protector previo”, esto es el padre y su madrastra, Lorena Andrade.

Este viernes, Cristian Olazábal y Oribones, fiscal jefe y fiscal general de Comodoro Rivadavia, habían dicho en conferencia de prensa que, si bien se analiza el caso como un posible homicidio, no se descarta ninguna línea de investigación.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Ángel vivía en un estado de vulnerabilidad, entre denuncias cruzadas de sus padres. Pese a eso, agregaron los funcionarios judiciales, “no teníamos ningún indicador o alerta previa de que podía estar pasando algo con el menor. No había indicadores de alarma”. Antes de esa conferencia, Altamirano había hecho declaraciones en el medio local ADN Sur. “No maté a mi hijo, lo protegí”, dijo la joven, de 28 años.

Acusaciones contra la Justicia

En la ampliación de la denuncia, Castillo acusó al juez de familia Pablo Pérez y a Verónica Roldán, asesora de familia, de haber escuchado al niño, que no reconocía a Altarmirano como progenitora, pero sí a Andrade, y que, pese a ello, “se dictó una restricción perimetral que prohibió a la familia paterna todo contacto con Ángel”.

“El magistrado Pérez despachó favorablemente la restricción sin ponderar que, al cortar todo vínculo entre el niño y su entorno protector, lo estaba dejando en estado de absoluto desamparo, a merced exclusiva de una madre con antecedentes de maltrato y de un padrastro que ejercía violencia contra él. Esta restricción no fue una medida de protección: fue el acto final de la cadena que aisló a la víctima con sus agresores”, se agregó en el pedido de la querella.

El letrado Castillo puso énfasis en que el informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Ángel “reveló la presencia de lesiones traumáticas en la región craneal, incompatibles con un origen natural, consistentes con violencia física de significativa intensidad”.

Qué decía el primer parte médico cuando Ángel ingresó al hospital

En las últimas horas, se reveló el contenido del primer parte médico de Ángel cuando ingresó a la guardia del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio. Refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”, indica el informe preliminar.

De acuerdo al parte revelado por LN+, la víctima entró a ese centro de salud el 5 de abril a las 8.36. “Paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos”, se puede leer. De acuerdo al informe, mientras el niño era trasladado en la ambulancia, era ventilado con presión positiva y masaje cardíaco, y los médicos del rodado sanitario debieron administrarle dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona.

De acuerdo con el parte revelado por LN+, la víctima entró a ese centro de salud el 5 de abril a las 8.36. “Paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos”, se puede leer. Según el informe, mientras el niño era trasladado en la ambulancia, era ventilado con presión positiva y masaje cardíaco, y se le administraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona.

Más temprano, este domingo —mediante el patrocinio del abogado Roberto Castillo— el padre del menor pidió la detención de la madre y de la pareja de la mujer al ampliar la denuncia original. La querella acusa a Mariela Altamirano y a Maicol González de homicidio agravado.

Para el padre del menor y el abogado, hay suficientes pruebas contra la mamá de Ángel, quien al momento de quedar internado estaba al cuidado de la mujer. De acuerdo con el pedido formal que hizo la querella ante la Justicia, y al que accedió este diario, la madre de la víctima habría cometido “omisión impropia en tanto habría conocido la violencia que González [su pareja] ejercía contra Ángel, habría omitido apartarlo del ámbito de riesgo y habría contribuido activamente al desamparo sanitario que agravó su vulnerabilidad, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte”.

Castillo dijo tener prueba testimonial de al menos cuatro testigos directos que “acreditarían la violencia ejercida por González sobre Ángel, los gritos del menor, la quema de evidencia el día del hecho, las circunstancias del traslado al hospital, los antecedentes de maltrato de Altamirano contra su primer hijo y el plan concreto de fuga hacia la localidad de El Dorado, en Misiones”.

Según el abogado de la querella, el informe preliminar de autopsia reveló la presencia de lesiones traumáticas en la región craneal, consistentes con violencia física de significativa intensidad. “Este dato médico-legal descarta categóricamente toda hipótesis de muerte natural o accidental. La naturaleza de las lesiones, analizada en conjunción con el testimonio de dos testigos, permitiría reconstruir un cuadro de violencia reiterada con resultado fatal”, se resaltó en la ampliación de la denuncia.

Una investigación de la fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12, a cargo del fiscal Sebastián Fedullo, finalizó con una condena a prisión efectiva para un hombre con antecedentes penales tras un acuerdo que fue homologado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4, subrogado por la jueza Araceli Martínez en el que el imputado aceptó la imposición de una condena por el delito de daño agravado por tratarse de un bien de uso público.

La pena que recibió el imputado fue unificada en un año y medio de prisión de cumplimiento efectivo ya que tenía una condena condicional previa que fue revocada.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la esquina de las calles Constitución y Sarandí, cuando desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se advirtió que un hombre, valiéndose de un encendedor, inició el fuego de un contenedor, que se incendió por completo.

El fuego fue apagado por los Bomberos de la Ciudad, mientras que, con la descripción aportada por personal del CMU, que señalaba a un hombre vestido con campera gris y pantalones oscuros, el autor del incendio fue detenido a las pocas cuadras del lugar del hecho por la Policía de la Ciudad.

Durante años fue gratis romper todo.
Se terminó. Excelente decisión de la Justicia.
Destruir bienes públicos es delito. Adentro. https://t.co/yIJ9Uq1VfW

— Jorge Macri (@jorgemacri) April 12, 2026

Al tomar intervención la Fiscalía N°12 se recabaron las pruebas del hecho junto a declaraciones testimoniales, y de esta manera se imputó al hombre por daños agravados por tratarse de un bien público, según el artículo 184, inciso 5 del Código Penal.

Así se produjo el reconocimiento de la acusación fiscal y aceptación de la pena, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La mandamás del MPA hizo el llamado a debatir una iniciativa restrictiva de este tipo este jueves, al presentar su informe anual en la Legislatura. El de la violencia adolescente y juvenil fue el primero de los temas de su agenda.

Citó, como dramáticos ejemplos, las torturas durante dos años y el asesinato filmado de Jeremías Monzón a manos de un menor y un mayor (caso que motivó la baja de edad de imputabilidad aprobada en marzo pasado); el ataque a Delfina, una adolescente a la que otras chicas le desfiguraron el rostro con una navaja en San Cristóbal; el parricidio en el que un adolescente mató a su madre de un tiro en la nuca y el de “Pirañita”, un menor implicado en un grupo delictivo.

Y así llegó al tema prácticamente excluyente: el tiroteo en la escuela de San Cristóbal a manos de un adolescente de 15 años no punible y la grave problemática que se asomó en la investigación del caso: la participación del tirador y de otro chico detenido.

La fiscal general sostuvo que desde los catastróficos eventos del lunes 30 de marzo a las 7.12 el Ministerio Público de la Acusación tiene “una nueva mirada investigativa sobre los hechos” ya que hasta entonces, a nivel de procesos y procedimientos penales, se “desconocía el mundo paralelo, que es real, a través de las aplicaciones y las redes”.

Resaltó que en plataformas como Discord, en la cual los adolescentes implicados en el caso compartían contenido y planificaron el ataque, “los menores encuentran lugar de contención de un odio muy fuerte que tienen”, y agregó: “Esto no es solo un joven de San Cristóbal; está ocurriendo generacionalmente, en un sector de la población muy grande”.

Vlanicich explicó que estas aplicaciones “son naturales” para los jóvenes, pero entrañan una dificultad adicional para el trabajo de pesquisa penal, dado que “se comunican por aplicaciones que no dejan rastro, con lo cual también es difícil investigar”.

Ante los legisladores santafesinos, Vranicich expuso las iniciativas encaradas por otras naciones para enfrentar esta problemática. “Muchos países comenzaron a tomar decisiones de prohibición total de acceso a plataformas como TikTok, Instagram y X para menores de 16 años”, sostuvo.

“Australia tiene la ley más estricta del mundo y aplica multas de hasta 4,9 millones de dólares australianos a las empresas que no cumplan [con hacer efectivas las restricciones de acceso]. No se trata de si se deja o no usar el celular en la escuela: directamente les están prohibiendo el acceso a las redes”, detalló.

También puso el ejemplo de Indonesia, donde desde el mes pasado se prohibió a menores de 16 años el acceso a plataformas consideradas “de alto riesgo” y las han ido desactivando gradualmente. 

“Francia va a prohibir el acceso total a las redes a menores de 15 años desde este año. Grecia lo está proponiendo y tiene una prohibición anunciada para 2027 y así ocurre también con Austria, Portugal, Polonia y Eslovenia. El Reino Unido está haciendo una prueba piloto con 300 adolescentes para medir el impacto de las restricciones en el sueño y el bienestar de los niños”, precisó.

Vranicich concluyó: “Existe un movimiento global que, como fiscal general, empecé a entenderlo desde el lunes 30 de marzo respecto de lo que está ocurriendo y por qué estas medidas extremas [son necesarias]. Es el momento, y lo hago en esta Legislatura, para empezar a plantear y analizar los límites y los accesos a estas redes, como país y localmente”.

“La defensa quiere transformar el juicio en un canal de televisión o en una sala de teatro”, llegó a afirmar, palabras más, palabras menos, el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, quien junto con su colega Cosme Iribarren representa en el debate al Ministerio Público Fiscal.

Según pudo reconstruir LA NACION, se refería al pedido de Baqué de que sean citados como testigos el conductor de TV Marcelo Tinelli y la periodista especializada en noticias del espectáculo Marcela Tauro. También solicitó que declare Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado que representa los intereses de Diego Fernando Maradona, el hijo menor del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020. Las partes del debate pretendían hacer una lista de testigos “técnicos”.

La audiencia fue presidida por la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, que quedó a cargo de coordinar el jurado popular.

“Tras un cuarto intermedio, Baqué se retiró. Además, la defensa no quería admitir estipulaciones probatorias. Por ejemplo, el abogado de Vargas no quería admitir que Madrid, su asistida, era enfermera”, afirmaron dos participantes de la audiencia.

Las “estipulaciones probatorias” son hechos no controvertidos que las partes acuerdan no discutir en el debate por una cuestión de economía procesal: en este caso, por ejemplo, la fecha y el lugar donde murió Maradona.

Baqué negó ante LA NACION que la defensa se haya negado a admitir las estipulaciones probatorias, como dijeron fuentes que participaron de la audiencia.

“Admitimos cuatro estipulaciones probatorias. Es mentira que me ausenté de la audiencia. Después del cuarto intermedio tuve que participar por Zoom de otra audiencia que ya tenía programada. Pedimos la citación de Baudry porque habló con Madrid; ella le dijo que no le daban a Diego ninguna medicación para los problemas cardíacos. Los fiscales [Ferrari y Iribarren] se olvidaron de presentar los audios que serán prueba en el debate. Se les escapó la tortuga”, dijo Baqué, citando una de las célebres frases de Maradona.

Fuentes cercanas a los fiscales Ferrari e Iribarren negaron que se hubieran olvidado de presentar pruebas, como denunció Baqué en una serie de publicaciones en su estado de WhatsApp.

“La defensa no aportó sus videos y audios. El Ministerio Público no se olvidó de nada. Lejos de eso, aportó su nómina de testigos y se puso a disposición para hacer estipulaciones probatorias. En cambio, la defensa tuvo una posición ciclotímica”, dijeron las fuentes consultadas.

Fernando Burlando, abogado que representa a Dalma y Gianinna Maradona, aclaró que había acciones de la defensa que le daban la sensación de que la jueza se las debía rechazar porque no respetaban la audiencia de juicio y la igualdad de armas. “El defensor estaba proponiendo testigos de cargo abiertamente”, sostuvo el letrado.

La audiencia fue filmada y contó con un veedor del Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) por pedido de la defensa de la enfermera.

Finalmente se decidió fijar una próxima audiencia para el 6 de abril para definir las pruebas que se presentarán en el juicio por jurados.

Los otros siete acusados, entre los que se encuentran el neurocirujano Leopoldo y la psiquiatra Agustina Cosachov, serán juzgados por un jurado técnico. El debate debería comenzar el 17 de este mes y estará a cargo de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.