Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. “Tras excluir todas aquellas condiciones que podrían haber afectado el manejo diligente del vehículo por parte de la encausada y, en consecuencia, haber tenido injerencia en el resultado, corresponde señalar que, en aplicación del principio lógico del tercero excluido, subsiste en autos, como única explicación compatible con la evidencia reunida, la posibilidad de que ella, mientras conducía el vehículo por la avenida Del Libertador, aproximadamente a la altura del Museo de Bellas Artes, haya experimentado un episodio epiléptico focal que, durante por lo menos 20 segundos, alteró de manera significativa su capacidad de autodeterminación”, se sostuvo en el fallo firmado ayer por los jueces Pablo Lucero y Rodolfo Pociello Argerich, integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Y se agregó: “Tal estado, aun sin permitir afirmar una cancelación absoluta de la conciencia, sí resulta idóneo para excluir la existencia de un control finalista del auto, impidiéndole ajustar voluntariamente su comportamiento a la realidad y derivando en las lesiones graves sufridas por Cleusa Adriana Nunes Pombo y el fallecimiento de Fernando Pereira De Amorim Junior. Descartadas todas las demás causales alternativas del suceso, la ausencia de acción se erige como la única conclusión jurídicamente sostenible”.

Tras conocer la decisión del tribunal de alzada, que confirmó el sobreseimiento de su asistida, el abogado Alfredo Huber, dijo a LA NACION: “Se pudo reconstruir lo que pasó y cuál fue la causa del accidente. Patricia lamenta lo que pasó, fue una desgracia. Fue un drama para todos”.

Los jueces Lucero y Pociello Argerich intervinieron en el expediente después de la apelación que presentaron los representantes legales de Nunes Pombo y de Gabriel Colla de Amorim, el hijo de la víctima mortal.

El trágico hecho, como se dijo, ocurrió la mañana del 1° de enero de 2025 a las 10.43 en la avenida del Libertador y la intersección con la avenida Alvear, en el barrio de Recoleta, cuando Scheuer “perdió el dominio” de su auto Nissan Kicks oscuro, “se subió al cordón” y embistió a las víctimas que “se encontraban paradas sobre la vereda frente a la senda peatonal en la venida del Libertador, esperando la habilitación del semáforo para cruzar, arrastrándolas hasta su posición final en la vereda contraria de la avenida Alvear, lo que provocó lesiones de gravedad en ambos”.

Nunes Pombo sufrió una “contusión cerebral, múltiples fracturas de clavícula, costillas y mano derecha”. Pereira De Amorim Junior tuvo politraumatismos y desgarros viscerales con hemorragia interna y externa, “compatibles con arrollamiento por accidente vehicular y que han tenido entidad suficiente para producir su fallecimiento inmediato, sin posibilidad de sobrevida”, según el expediente judicial.

La empresaria gastronómica estuvo detenida 24 horas. Fue excarcelada después de ser indagada por los delitos de homicidio culposo y lesiones. En su primera indagatoria sostuvo que no recordaba nada de lo que pasó y que, de repente, le “explotó” el airbag.

En una ampliación de la declaración indagatoria, Scheuer aportó los nombres de los profesionales médicos que la atendieron de un vahído similar al que dijo haber sufrido el día de la tragedia.

El episodio “fuera de lo común” anterior, según surge en el expediente judicial, había ocurrido en julio de 2024. “Un día me encontré en un pasillo de mi casa sin saber cómo había llegado hasta ahí. Nunca me pasó de sentirme así, como perdida. Pensé en Alzheimer, pensé en demencia”, dijo la empresaria al ampliar su declaración indagatoria.

Tras ese episodio, consultó especialistas. Le indicaron la realización de dos electroencefalogramas y una resonancia magnética, estudios que efectuó entre agosto y septiembre de 2024. “Tras los resultados, los profesionales que la trataron no advirtieron anormalidad alguna ni le recomendaron abstenerse de conducir”, se dejó constancia en la causa.

Entonces, el juez Lucero en su voto afirmó: “Estimo que la imputada obró de modo diligente y dentro de sus posibilidades, acudiendo oportunamente a los expertos señalados, quienes no le indicaron anomalía alguna. En definitiva, Scheuer, al momento del evento, no sabía de la patología neurológica que la aquejaba, de modo que este desconocimiento excluye cualquier deber objetivo de cuidado adicional y, a la vez, impide atribuirle una conducta u omisión previa que pueda adquirir relevancia jurídico penal en la producción del resultado. Más aún, el diagnóstico de epilepsia focal de causa estructural fue efectuado con posterioridad a la ocurrencia del siniestro".

“Yo no tuve influencias en cuestiones médicas de Maradona” , dijo Díaz en su declaración. El psicólogo es uno de los siete imputados sentados en el banquillo de los acusados en el juicio en el que se busca dilucidar eventuales responsabilidades penales por la muerte del astro mundial del fútbol.

Primero, Díaz explicó el contexto de una serie de mensajes que había intercambiado con Maximiliano Trimarchi, un paciente suyo que también trabajaba en el estudio de Matías Morla, el abogado que fue el último apoderado del Diez.

Justamente los chats habían sido reproducidos cuando declaró Trimarchi como testigo.

“Me parece que hay una especie de paranoia de Matías con los Trimarchi en general. Medio que generalizó a Andrea, a vos. No sé hasta qué punto no hay micrófonos o un informante en la oficina. Medio que el chabón está bastante paranoico. Además, hay otro tema que es muy relevante, que es que Diego está knock out, mañana lo internan contra su voluntad. Entonces, parece que quiere empezar a levantar campamento. Diego ya está roto, pero rotísimo. Yo te sugiero que te acerques y le preguntes cuáles van a ser tus condiciones de trabajo", fue uno de los mensajes que se ventilaron.

Entonces, Díaz habló sobre ese chat. Dijo que lo de “levantar campamento” era porque “Diego se iba a operar del cerebro [la intervención de un hematoma subdural], había pánico por la incertidumbre laboral y le dije a [Trimarchi] que hable [con Morla] por su continuidad laboral”.

Sobre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que también están sentados en el banquillo de los acusados, Díaz sostuvo: “El 29 de octubre [de 2020, un día antes de Maradona cumpliera 60 años] conozco a Luque y Cosachov y confié en ellos. Traté de armar lo más humanamente el tratamiento para que sea largo y no de dos semanas. Los fui conociendo. Con Cosachov comparto pacientes y es súper dedicada. Y a Luque le he derivado pacientes, familiares míos para que los opere. Confío un montón en ellos, que no me conocían, pero mi estilo es ir al frente, hacer reuniones, son prácticas que tengo”.

El imputado dijo que cuando comenzó a tratar a Diego como paciente, el entorno del astro le contó que “cursaba un cuadro de ánimo depresivo por la pérdida de familiares cercanos, sumado a la pandemia, el consumo de alcohol, el hematoma subdural y el control psicofarmacológico que no era estricto”.

Diego Olmedo, uno de sus abogados, le preguntó a Díaz qué tenía para decir del “plan criminal” al que hizo referencia el abogado Fernando Burlando, letrado que representa a Dalma y Gianinna Maradona, en los lineamientos de presentación de la acusación.

“El único plan que yo tuve fue lograr un tratamiento abstencionista para Maradona. Busqué que el paciente pueda revertir este cuadro. Estoy convencido de este modo de trabajar, es lo que hago con mis pacientes y el camino es todo. La familia desconfía por una obviedad, porque me llamó Matías Morla, pero mis intereses fueron los mejores para el paciente“, sostuvo el psicólogo.

Antes de que terminara su declaración, el juez Ortolani le preguntó al imputado si pudo o debió hacer algo para evitar el resultado muerte de Maradona. Díaz respondió: “No pude haber hecho nada distinto para intervenir un cuadro cardíaco. Me hubiera encantado, pero no podía haber intervenido”.

Todo ocurrió en la gomería ubicada sobre la avenida 520 en la localidad de Tolosa. Según reportó el comerciante en su denuncia policial, durante la mañana había recibido un llamado de un conocido donde le informaba que un exempleado del local comentó que había robado una gomería y que buscaba cambiar dólares, reportó el medio local 0221.

El sospechoso había realizado trabajos ocasionales para el comerciante. Ese mismo día el dueño de la gomería se dirigió al establecimiento y encontró la persiana de entrada violentada. Cuando ingresó, chequeó el baúl del vehículo y comprobó que se habían llevado el dinero.

El robo habría ocurrido luego del triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra por semifinales del Mundial. Una vecina le comentó al comerciante que escuchó ruidos durante la madrugada, pero asumió que se debía al movimiento que había en la zona por los festejos de la victoria, reportó el medio platense.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a que al menos uno de los autores del golpe conocía previamente dónde estaba escondida la fortuna. Además, los investigadores consideran que los delincuentes escalaron por una propiedad lindera y luego forzaron el acceso al establecimiento.

Por el momento, los responsables no fueron identificados y la Justicia trabaja para reconstruir los hechos. Medios locales remarcaron la preocupación por la inseguridad creciente en Tolosa, donde vecinos reportaron un aumento en robos a viviendas y negocios.

Millonario golpe de una banda de boqueteros en una distribuidora de bebidas

La policía local investiga el robo en una distribuidora de bebidas en Santa Fe, donde delincuentes que ingresaron por el techo del local se llevaron un botín de $120.000.000 y US$3000.

La zona elegida para romper el techo del inmueble y la búsqueda segura en el lugar donde estaba depositado el dinero, provocaron sospechas en los investigadores, que consideran que los delincuentes actuaron con conocimiento y piensan que habrían contado con apoyo interno.

Los ladrones desarmaron el sistema de alarma y se llevaron el dispositivo DVR que graba las imágenes, admitieron los investigadores.

Se trata del robo más importante, bajo esta modalidad, realizado en esta capital en los últimos años, agregaron las fuentes. Por el momento, no hay detenidos.

Mientras buscan pistas para identificar a los ladrones, a los investigadores les llamó la atención que, a pesar del dinero que allí se maneja, tanto en mercadería como en efectivo, el negocio no contaba con vigilancia presencial durante la noche, aunque sí disponía de un sistema de alarma monitoreada. Técnicos de la empresa de seguridad electrónica concurrieron al lugar para colaborar con la investigación y aportar los registros del sistema.

La decisión implica, en paralelo, abrir nuevamente el expediente por el asesinato de Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad salteña de Vaqueros para continuar con la búsqueda de los responsables del crimen.

Según el fallo firmado por los jueces Javier Francisco Araníbar y Ramón Medina, al que tuvo acceso LA NACION, se hizo lugar al recurso presentado por el abogado defensor Marcelo Arancibia y concluyó que la sentencia dictada en noviembre de 2025 incurrió en un error jurídico al atribuirle responsabilidad penal a una persona fallecida.

El Tribunal de Impugnación resolvió la declaración de nulidad de oficio de la mención de “certeza de autoría” de Javier Nicolás Saavedra y del denominado “Hombre 2” en la parte resolutiva de la sentencia original. Los jueces fundamentaron que, al haber fallecido Javier Saavedra antes del juicio, la acción penal quedó extinguida, lo que impide legalmente emitir un pronunciamiento de responsabilidad penal en el apartado final de la sentencia, aunque se mantenga el análisis de su conducta en los considerandos como contexto necesario para la causa.

Finalmente, el tribunal dispuso que el Ministerio Público Fiscal debe continuar con la investigación para identificar a otros posibles responsables.

A la vez, confirmó la absolución por el beneficio de la duda de Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, rechazando tanto el recurso presentado por de la fiscalía en busca de fijar condenas como la apelación de la defensa, que pretendía una absolución lisa y llana.

La investigación preliminar apuntaba a la participación de Javier Nicolás Saavedra en el asesinato y así se preparó la fundamentación de la acusación en el juicio. Pero ese principal imputado fue hallado muerto dentro de una celda de la Alcaldía General de Salta un día antes del inicio del debate oral. La autopsia determinó que se trató de un suicidio, lo que obligó a postergar el comienzo del juicio.

Pese a ello, el Tribunal de Juicio resolvió avanzar con el debate y, al momento de dictar sentencia, sostuvo que Saavedra había sido el autor material del femicidio. Al mismo tiempo, absolvió por el beneficio de la duda a sus hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra.

Durante aquel proceso, los jueces habían argumentado que, más allá de la muerte del imputado, correspondía analizar toda la prueba para determinar la verdad de los hechos.

Y los fiscales de juicio solicitaron durante el debate que se declare acreditado, a pesar del fallecimiento de Javier Nicolás Saavedra, que él fue el causante de la muerte de Salas. “Esto se fundamenta en el derecho a la verdad de las hijas y la familia de la víctima, como un imperativo ético y moral para que las niñas conozcan toda la cadena de responsabilidades en el hecho histórico”, señalaron en ese momento. El tribunal aceptó la propuesta, pero todo cambió ahora.

En diálogo con LA NACION, el abogado querellante, Pedro Arancibia, criticó con dureza la decisión del Tribunal de Impugnación de retirar la mención de Javier Nicolás Saavedra como autor material del femicidio en la parte resolutiva del fallo.

Arancibia criticó a los magistrados, acusándolos de priorizar un “tecnicismo arbitrario” por sobre la realidad probatoria del juicio. Sostuvo que “es una contradicción jurídica permitir que la autoría de Saavedra se mencione en los considerandos, pero se omita en la resolución final bajo el argumento de que la acción penal se extinguió por su suicidio, ya que la sentencia debe ser una unidad íntegra que refleje la certeza alcanzada mediante pruebas de ADN, testimoniales, de peritajes a su teléfono y otra gran cantidad de pruebas que lo involucraron y que son contundentes”.

Para la querella, esta omisión vulnera el derecho constitucional e internacional a la verdad que asiste a los familiares de Jimena Salas. Arancibia subrayó que el acceso a la justicia no solo implica la posible aplicación de una pena, sino el esclarecimiento total de los hechos: saber quién, cómo y cuándo mató a la víctima,.

En ese sentido, y debido a que considera que “el fallo actual carece de formación en derechos humanos y confunde principios procesales básicos”, el abogado querellante aseguró a LA NACION que recurrirá ante la Corte de Justicia de Salta “para que se restablezca en la sentencia el valor simbólico y reparador de identificar oficialmente al responsable del crimen”.

Un crimen que conmocionó a Salta

Jimena Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017 dentro de su vivienda situada en la localidad salteña de Vaqueros. La mujer recibió 57 puñaladas en un ataque de extrema violencia. El cuerpo fue encontrado por Nicolás Cajal Gauffín, esposo de la víctima. Ese hombre fue uno de los sospechosos a lo que apuntaron los responsables de la pesquisa.

La investigación atravesó múltiples cambios de rumbo durante estos años. En 2021, el marido de la víctima fue llevado a juicio acusado de encubrimiento, aunque terminó absuelto por falta de pruebas.

Tiempo después, una nueva línea investigativa orientó las sospechas hacia los hermanos Saavedra. La principal evidencia contra Javier Nicolás Saavedra fue un estudio de ADN que estableció una coincidencia positiva con uno de los perfiles genéticos hallados en la escena del crimen.

Sin embargo, la causa nunca logró explicar completamente otro de los rastros biológicos encontrados durante la investigación. Los peritos identificaron un segundo perfil genético, denominado “Hombre 2”, cuya identidad continúa siendo desconocida y que ahora vuelve a convertirse en una de las principales incógnitas del expediente.

Se consignó que el esposo de la víctima fue la primera persona llevada a juicio por el femicidio, en ese caso la acusación giró en un contexto de violencia de género. Sin embargo, la imputación para el marido de Salas fue de encubrimiento. Y en el mismo debate oral realizado en 2021 se acusó a Sergio Vargas como partícipe secundario, en rol de entregador. El tribunal no encontró pruebas suficientes contra esos hombres y resolvió la absolución por el beneficio de la duda. Los investigadores rotaron entonces la hipótesis del crimen. Tras el fracaso en el primer debate oral, la nueva teoría de la investigación señaló que el asesinato fue cometido durante un asalto. Y allí aparecieron los hermanos Saavedra, con antecedentes menores de robo y agresiones. Al juicio de 2021 se llegó dos ADN recolectados en la escena del crimen y que por entonces no se vinculaban con identidades para sostener una acusación. El perfil genético de los hermanos Saavedra dio otro giro en el caso.

Al fundamentar la acusación durante el juicio, la fiscalía había señalado que “uno de los elementos iniciales fue el análisis de las fotografías que la víctima tomó minutos antes de su muerte, en las que se observa a un hombre sosteniendo a un caniche gris con collar rojo. El animal, identificado como Bonis, pertenecía a Javier Saavedra y a su novia, y se convirtió en un elemento clave para la investigación”.

En esa hipótesis, el perro era utilizado como cebo para llamar la atención de vecinas y lograr el objetivo de entrar en sus hogares. En ese aspecto, la fiscalía destacó “el testimonio en debate de otra vecina, quien relató haber sido abordada ese mismo día, con la misma modalidad, pero que en este caso, no aceptó quedarse con la perra y ante el tribunal, reconoció a Javier Saavedra como la persona que la había visitado en su casa el 27 de enero de 2017″, el día del homicidio de Salas.

“Las pericias genéticas realizadas por el Servicio de Biología Molecular del CIF, constituyen uno de los pilares científicos de la acusación. En distintas muestras recolectadas dentro de la vivienda —entre ellas, de una remera perteneciente a una de las hijas menores de Jimena Salas, de una puerta interior, de un maletín y de un elemento metálico hallado en la escena— se detectó material genético coincidente con el perfil de Javier Nicolás Saavedra", se explicó en la fiscalía en el momento de definir la imputación. Y se agregó que bajo una uña de la víctima se encontró material genético de una persona que aún no fue identificada.

El Tribunal de Impugnación ordenó la reapertura del expediente y el seguimiento de esa pista en un caso que tuvo controvertidas idas y vueltas. Esas peripecias judiciales que derivaron en diferentes teorías del crimen y en las sospechas iniciales sobre la pareja de la víctima llevadas a un juicio trazan semejanzas entre el femicidio de Salas con las investigaciones de los homicidios de María Marta García Belsunce y Nora Dalmasso. En ese último expediente, solo se llegó a una presunta identificación de ADN una vez que la causa prescribió por el paso del tiempo.

Su muerte fue confirmada a La Capital por el centro de salud en donde fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas. La joven era jugadora de vóley en el club Once Unidos de Necochea, ciudad de donde era oriunda y a la que regresaba luego de una competencia.

De esta forma, la adolescente se convirtió en la segunda víctima fatal del siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 55, cerca del paraje San José. El conductor del Fiat Siena —identificado como Santiago Irigoyen, de 58 años—, que prestaba servicio de remís, falleció en el acto luego de que el vehículo chocara contra un camión frigorífico y su cuerpo quedara atrapado entre los hierros del automóvil.

Además de la joven fallecida, había otras dos personas a bordo, una de ellas una compañera de equipo, otra adolescente de 15 años. Ambas regresaban a su ciudad luego de participar de un partido de uno de los torneos organizados por la Asociación Marplatense de Vóley (AMV) en la ciudad costera. Los otros pasajeros sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron asistidos por los servicios de emergencia.

Tras el incidente, la otra menor fue atendida y recibió el alta médica, mientras que la mujer que las acompañaba —Ana Beatriz Del Ménico, de 68 años— presentó una fractura de costilla. Por su parte, Jesús Alberto Castillo, conductor del camión Iveco contra el que impactó el auto, también resultó herido y fue trasladado a un centro de salud con una fractura en una pierna.

Desde el club Once Unidos habían convocado a una cadena de oración por la joven y este jueves, luego de que se conociera la noticia de la muerte, publicaron un mensaje. “Con profundo dolor despedimos a Anita Peralta Rondanina, jugadora de nuestra familia del vóley. Hoy nos invade la tristeza por su partida, después de una inmensa lucha que afrontó con una fortaleza que siempre será recordada”, escribieron en un posteo de Instagram.

“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amistades, compañeras, compañeros, entrenadores y a cada persona que compartió con Anita momentos dentro y fuera de la cancha. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestra comunidad. Que descanse en paz”, cerraron.

Desde la AMV, la entidad que organizó la competencia en Mar del Plata, también emitieron un comunicado. “La Asociación Marplatense de Voleibol expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Anita Peralta. Acompañamos con inmenso dolor a su familia, seres queridos, compañeras, cuerpo técnico y a toda la comunidad del Club Once Unidos y del vóley de Necochea en este difícil momento”, lamentaron.

Y cerraron: “Anita será recordada por su amor al deporte, su esfuerzo, compromiso y la pasión con la que perseguía sus sueños. Su partida enluta a toda la familia del voleibol. Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que sus afectos encuentren consuelo y fortaleza para atravesar este inmenso dolor".

Ahora, el médico anestesista fue condenado por maltrato en contexto de violencia de género, que sanciona “expresamente el maltrato psíquico, sea mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o cualquier otra forma de ataque a la dignidad”, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en un comunicado de prensa.

Al facultativo, además de la pena impuesta, se le fijaron una serie de pautas de conducta como la prohibición de contacto y acercamiento a la víctima durante un año, la prohibición de acercamiento al hospital Durand durante 12 meses, la realización de un curso sobre violencia de género y 30 horas de trabajo comunitario.

Así lo resolvió la jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña Natalia Molina al homologar un acuerdo de juicio abreviado que habían alcanzado el fiscal Martín Perel y la defensa del imputado. La causa se había iniciado con la denuncia de la víctima.

“El hecho ocurrió cuando la denunciante debió ser internada para un parto prematuro. En ese contexto fue atendida por el imputado, que le habló de mala forma, de manera despectiva y sin ningún tipo de reparo respecto de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la paciente. Según el relato de la víctima, antes de comenzar la intervención, le dijo que tenía ganas de vomitar y el imputado le gritó: ‘Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela’”, según se explicó en el citado comunicado de prensa.

El fiscal Perel tuvo en cuenta no solo la declaración de la víctima, sino también las palabras de las médicas neonatólogas que atendieron a la paciente y fueron testigos de la situación.

Una de las médicas relató lo que fue testigo el imputado sentó a la víctima para aplicarle la anestesia raquídea: “Lo hizo con una fuerza innecesaria, de una forma muy brusca. La paciente comenzó a tener dolor, y el doctor con modos poco amables, bastante brutos y, elevando el tono de voz, le decía que se quedara quieta, que no le dolía, que no le podía doler”.

La víctima también sostuvo que cuando se quejó del dolor, el condenado le dio unas palmadas en la frente y le respondió: “Callate la boca porque vas a vomitar”. Otra de las médicas que declaró como testigo afirmó: “En estas situaciones, el equipo anestesista suele llevar tranquilidad a la paciente, lo que no sucedió en este caso”.

Además, cuando la paciente pidió que dejaran entrar a su pareja al quirófano, el imputado gritó: “¿Por qué lo van a hacer pasar? Si se llega a desmayar, lo van a tener que atender ustedes”.

La agresividad, según las testigos, continuó después del parto, cuando acercaron a la beba con su madre para que tuvieran su primer contacto.

Durante el proceso judicial, la denunciante fue asistida por las profesionales de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (Ofavyt) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quienes le brindaron asesoramiento y contención.

“El informe elaborado por la Ofavyt concluyó que se trató de un caso de violencia contra la mujer en su modalidad obstétrica, en virtud del trato deshumanizado desplegado por el imputado, en atención al contexto de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba la paciente y la relación desigual de poder que mediaba entre ambos. Finalmente, a través de un juicio abreviado, la Fiscalía logró la condena para el imputado por la contravención de maltrato en contexto de violencia de género, que sanciona expresamente el maltrato psíquico, sea mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o cualquier otra forma de ataque a la dignidad”, dijo el Ministerio Público Fiscal porteño.

Ahora Gómez está preso y Lombardo prófugo. Así se desprende de una investigación que lleva adelante el fiscal de Ituzaingó Lucio Rivero, el mismo que tuvo a su cargo el expediente que se inició tras la muerte de Carlos Solari, el Indio.

Lombardo se presentaba con tarjetas personales como director de Administración y Finanzas del Comité Argentino de la Cámara de Comercio del Mercosur. Era toda una puesta en escena.

“Lombardo y Gómez, como ardid, se presentaban como socios y dueños de una firma de inversiones, Avalon Capital Futures Investments. Se valían de publicidad engañosa en redes sociales y decían ser operadores de inversiones en distintas actividades financieras, ofreciendo una rentabilidad dineraria superior a la del mercado financiero. Además, Lombardo simulaba pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina”, según consta en el expediente judicial.

Si bien hay cinco damnificados identificados en la causa, los investigadores no descartan que haya más víctimas de los “operadores financieros”.

La estafa piramidal habría comenzado hace 21 meses, en octubre de 2024. Por lo menos así lo refleja la denuncia de la primera víctima, que puso 50.000 dólares. Lombardo y Gómez le dijeron que iban a invertir en soja y que, en 180 días, le iban a devolver el dinero, más un interés del 2% mensual en dólares.

Los primeros meses, como suele ocurrir con las estafas piramidales, los inversores recibían el dinero prometido como interés. Eso llevó a la víctima a volver a “apostar” por el negocio propuesto por Lombardo y Gómez. Suscribió un contrato a 180 días en el que ahora le prometían una rentabilidad del 3% mensual. Pero nunca más le devolvieron nada.

La segunda víctima, en marzo del año pasado, invirtió 350.000 dólares en los negocios que decían Lombardo y Gómez que llevarían adelante. Supuestamente el dinero le iba a ser devuelto en seis meses con un interés mensual del 2,5%. Pero con el correr del tiempo advirtió que había caído en una estafa; las explicaciones que le daban los socios no la convencieron.

Después, en mayo del año pasado, Lombardo sedujo con su oferta a un vecino del Barrio Buenos Aires Golf Club, de Bella Vista, en el partido bonaerense de San Miguel, donde vivía por ese entonces.

Después de escuchar a Lombardo, su vecino tuvo interés en invertir dinero en los negocios relatados. La rentabilidad que le prometía no era para despreciar. Entonces, el 19 de mayo de 2025 le entregó 100.000 dólares.

“Lombardo y Gómez se comprometieron, por medio de un ‘contrato de comisión para operaciones realizadas en el mercado de futuros’, a devolver el dinero invertido en un plazo mínimo de 180 días más un interés mensual del 3%”, según se desprende de la causa judicial.

Para los detectives policiales y judiciales que participan de la investigación, Lombardo y Gómez nunca tuvieron la intención de cumplir con lo pactado.

Los sospechosos “solo efectuaron retornos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, tal como funciona el esquema Ponzi montado. Con los opulentos retornos convencieron a la víctima de aportar otros 30.000 dólares más en el mes de octubre [de 2025], para luego de ello cesar los pagos y mediante evasivas evitar a la víctima, causando de esa manera engañosa un efectivo perjuicio en el patrimonio del denunciante”, según surge de la imputación.

Hubo otras dos víctimas: una invirtió 250.000 dólares y le prometieron un interés del 5% mensual; la otra entregó US$65.400 bajo la promesa de una rentabilidad del 4%.

Para el fiscal Rivero, los cinco casos “constituyen, prima facie, el delito de estafa reiterada, todo ello en concurso real".

Gómez, de 45 años, fue detenido en su casa de Ituzaingó por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Lombardo no fue ubicado en la casa del country donde se suponía que vivía. Se presentó un abogado, dijo que se ponía a disposición e informó otro domicilio donde el imputado tampoco fue encontrado. Se ordenó su captura y ahora está prófugo”, informaron fuentes judiciales.

Hubo un allanamiento en la oficina de Avalon Capital Futures Investments donde los detectives de la policía bonaerense secuestraron tarjetas personales a nombre de Juan Ignacio Lombardo (algunas con la leyenda Founder & CEO y otras Director Administración y Finanzas, Mercosur Cámara de Comercio), contratos de comisión para operaciones realizadas en el mercado de criptomonedas a nombre de distintas personas por montos en dólares y correspondientes a 2023 y 2025; contratos de inversores para operaciones realizadas en el mercado commodities, folletos varios, sobres en blanco y carpetas, todos ellos con la inscripción Avalon Capital y documentación variada a nombre de Juan Ignacio Lombardo.

También hubo procedimientos en la casa de Gómez, donde el abogado fue detenido. Se secuestraron un pendrive, dos notebooks, dos teléfonos celulares y una carpeta con la inscripción Avalon Capital Futures Investments.

Por orden de la Justicia, la policía bonaerense decomisó tres vehículos: un Mercedes Benz SLK 350, un Austin Mini Countryman y una camioneta Dodge RAM 1500.

El joven sufrió graves quemaduras y, pese a haber sido trasladado de urgencia y posteriormente derivado al Instituto del Quemado de la capital provincial, murió durante la madrugada de este miércoles. Mientras la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez intenta reconstruir cómo se inició el fuego, la familia sostiene que Isaías fue prendido fuego y reclama que se investigue la posible participación de terceros.

La causa permanece abierta y, hasta el momento, no existe una hipótesis confirmada oficialmente. Los investigadores realizaron peritajes en la vivienda donde residía el joven y tomaron declaración a su pareja, quien aseguró desconocer cómo habían comenzado las llamas.

Quién era Isaías Barrera y qué se sabe de sus últimas horas

Isaías Barrera tenía 20 años y vivía en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez. El sábado pasado, durante la tarde, fue visto corriendo con el cuerpo envuelto en llamas por Zeballos al 1200, en Barrio Sur, a pocos metros de su vivienda.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa al joven desplazarse por la calle mientras el fuego cubre gran parte de su cuerpo. Vecinos que advirtieron la situación salieron inmediatamente para intentar socorrerlo.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez. Debido a la gravedad de las quemaduras, posteriormente fue derivado al Instituto del Quemado de Córdoba, donde permaneció internado hasta que los médicos constataron su fallecimiento.

“En horas de la madrugada, médicos del Instituto del Quemado constataron la muerte de un joven de 20 años, el cual había ingresado el día sábado trasladado desde el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez”, informó la Policía de Córdoba.

Tras conocerse la muerte, los investigadores profundizaron las medidas destinadas a reconstruir qué había ocurrido antes de que Isaías apareciera envuelto en llamas.

Qué dijo su pareja y cuál es la hipótesis que investiga la Justicia

Uno de los testimonios incorporados a la investigación fue el de Sabrina S., de 20 años y pareja de Barrera, con quien la Policía se entrevistó el mismo día del episodio.

Según su declaración, la joven dijo desconocer cómo se había iniciado el fuego. Sin embargo, aportó un dato sobre los momentos previos: afirmó que lo último que había visto era a Isaías limpiando su moto.

Como parte de las pesquisas, efectivos de la Policía Judicial y de la Subdirección General de Bomberos realizaron peritajes en la vivienda donde residía Barrera. Los resultados de esas tareas serán fundamentales para establecer el lugar exacto en el que comenzó el fuego, la posible presencia de sustancias inflamables y la mecánica del episodio.

“Personal de Investigaciones continúa con las pesquisas para dilucidar las circunstancias del hecho bajo las órdenes de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez”, señaló la fuerza provincial.

La hipótesis de la familia

Frente a las incógnitas que todavía rodean el caso, la familia de Isaías sostiene una hipótesis diferente a la de un posible accidente. Sus allegados afirman que el joven habría sido prendido fuego y reclaman que la investigación determine si hubo participación de terceros.

Con ese planteo, familiares y personas cercanas a la víctima realizaron una manifestación para pedir Justicia y exigir el esclarecimiento de su muerte.

La víctima fue identificada como Domingo Celestino Silva, de 71 años, quien había concurrido poco después de las 9 a una sucursal del Banco Macro situada en la intersección de las calles Belgrano y Buenos Aires para retirar una tarjeta de débito.

Según la información suministrada a LA NACION por la Policía de Misiones, antes de ingresar al banco el hombre había comprado un chipá, uno de los tentempiés más tradicionales del noreste argentino y de Paraguay. Mientras aguardaba a que llegara su turno comenzó a comer el panificado, pero un trozo quedó alojado en sus vías respiratorias y comenzó a respirar con dificultad.

La situación generó momentos de desesperación dentro de la sucursal. Los pedidos de ayuda movilizaron rápidamente al personal de seguridad del banco y a efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones, quienes acudieron de inmediato para asistir al jubilado.

Los primeros en intervenir le practicaron la maniobra de Heimlich y lograron extraer el trozo de alimento que obstruía la tráquea. Sin embargo, para ese momento Silva ya había perdido el conocimiento.

Pocos minutos después arribó una ambulancia con personal médico, que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por revertir el cuadro. Durante varios minutos los profesionales realizaron tareas de resucitación, pero finalmente debieron constatar el fallecimiento del hombre en el lugar.

Tras el desenlace, la Policía preservó la escena y dio intervención a la Justicia. El juez de Instrucción Miguel Mattos se presentó en la sucursal junto con la médica policial, quien certificó que la muerte se produjo como consecuencia de un “paro cardiorrespiratorio no traumático por obstrucción de las vías respiratorias por cuerpo extraño”.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial hasta tanto los familiares completaran los trámites correspondientes para su entrega.

En paralelo, los investigadores tomaron declaración al personal de seguridad y a empleados de la entidad bancaria, mientras efectivos de la Dirección de Cibercrimen realizaron una copia de las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia para incorporar al expediente y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Fuentes vinculadas con la investigación señalaron que Silva había llegado solo al banco y descartaron que antes de sufrir el atragantamiento hubiera mantenido algún tipo de discusión o incidente con empleados o clientes de la sucursal.

El caso generó una fuerte conmoción entre quienes se encontraban en la sucursal bancaria al momento del hecho y entre los propios trabajadores, que fueron los primeros en asistir al hombre e intentaron mantenerlo con vida hasta la llegada del servicio de emergencias.

Barrera, de 20 años, finalmente falleció en el Instituto del Quemado de Córdoba. La hipótesis principal de la investigación es que se trató de un trágico accidente cuando la víctima hacía arreglos en su moto.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Barrera vivía en la casa de su novia, Sabrina S., de 20 años. Se trataba de una pareja con problemas de consumo de alcohol y de estupefacientes, dijeron los voceros consultados.

También, según explicaron las fuentes consultadas, Barrera y Sabrina S. tenían denuncias cruzadas por violencia de género.

Es más, según agregaron fuentes del caso, una hora antes de que Barrera apareciera envuelto en fuego corriendo por la calle Zeballos al 1200, los vecinos escucharon al joven y a su novia pelear.

La investigación de la muerte de Barrera está a cargo del fiscal de Marcos Juárez Fernando Epelde, que ya recibió un informe de los peritajes hechos por especialistas del Gabinete Científico del Poder Judicial y de Bomberos, que trabajaron en la escena donde se inició el fuego.

“Todo indica que el fuego se inició cuando el joven hacía arreglos en su moto. Había desconectado el tanque de nafta mientras fumaba, pero se había caído líquido combustible en el piso”, explicó a LA NACION una fuente que participa de la investigación.

Eran las 19.35 del sábado pasado cuando personal de la Policía Departamental de Marcos Juárez llegó a Zeballos al 1200, en Barrio Sur, alertado por una llamada de urgencia.

“Cuando la policía llegó al lugar, había un joven con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Su pareja dijo desconocer cómo se inició el fuego, pero que al parecer había estado limpiando su moto”, según se explicó en su momento en un parte policial.

Una cámara de seguridad registró el momento en que Barrera, envuelto en fuego, corría por la calle y la vereda. En la filmación se puede observar cómo unos vecinos lo socorrieron y cómo lograron apagar las llamas.

“Antes de que llegara la ambulancia, la víctima llegó a decirles a sus vecinos ‘me explotó el tanque de la moto, me prendí fuego’ y la misma frase se la repitió a los profesionales médicos que le dieron atención en un primer momento”, sostuvo a LA NACION una fuente de la causa.

Barrera fue trasladado de urgencia al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, pero por la gravedad de las quemaduras fue derivado al Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, donde finalmente falleció.

La familia de la víctima denunció que hay un testigo que afirma haber visto cómo a Barrera lo rociaron con un líquido combustible y lo prendieron fuego. Pero ese testimonio no existe ni en el sumario policial ni en el expediente judicial.

“Si la familia de Barrera tiene conocimiento de que un testigo observó algo que puede desvirtuar la hipótesis del accidente, es importante que lo acerque a una dependencia policial o a la fiscalía. Por el momento, las pruebas testimoniales y científicas indican que el fuego se inició cuando el joven hacía un arreglo en el tanque de combustible de su moto”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente de la investigación.

La zona elegida para romper el techo del inmueble y la búsqueda segura en el lugar donde estaba depositado el dinero, provocaron sospechas en los investigadores, que consideran que los delincuentes actuaron con conocimiento del inmueble y piensan que habrían contado con apoyo interno. Los ladrones desarmaron el sistema de alarma y se llevaron el dispositivo DVR que graba las imágenes, admitieron los investigadores.

Por el monto, se trata del robo más importante, bajo esta modalidad, realizado en esta capital en los últimos años, agregaron las fuentes. Por el momento, no hay detenidos.

Mientras buscan pistas para identificar a los ladrones, a los investigadores llamó la atención que, a pesar del dinero que allí se maneja, tanto en mercaderías como en efectivo, el negocio no contaba con vigilancia presencial durante la noche, aunque sí disponía de un sistema de alarma monitoreada. Técnicos de la empresa de seguridad electrónica concurrieron al lugar para colaborar con la investigación y aportar los registros del sistema.

Planificación del robo

Según informes a los que tuvo acceso LA NACION, el dispositivo de robo ejecutado por los delincuentes habría comenzado alrededor de las 21 del lunes pasado al local de la firma Noster SRL Mayorista de Bebidas, ubicado en Calchines al 1100, en el barrio Candioti Sur, a unas 10 cuadras al este de la terminal de ómnibus de esta capital. A esa hora, según comprobaron los técnicos del proveedor del servicio, fue desconectada la alarma.

Se presume que los delincuentes aguardaron varias horas hasta trabajar en el techo realizando cuatro boquetes por donde se desplazaron al interior del depósito. Esta tarea se habría realizado en horas de la madrugada del martes.

Luego, ya en el interior del depósito, los ladrones fueron directamente hasta uno de los escritorios del sector de administración donde se encontraba el dinero.

Antes de retirarse del lugar, sin dejar huellas digitales, por lo que se presume que actuaron utilizando guantes, los asaltantes se hicieron de varias cajas con vino, pero no abrieron botellas en el lugar.

El hecho fue descubierto el martes minutos antes de las 8 cuando arribaron al lugar los propietarios del depósito, quienes dieron aviso al 911.

La investigación quedó a cargo de la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Clelia Trossero, quien ordenó una serie de medidas para tratar de esclarecer lo sucedido en el depósito, ubicado en las inmediaciones de la planta de Cervecería Santa Fe.

Se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones y se analizan distintos registros para reconstruir los movimientos de los delincuentes antes y después del robo, como la utilización del sistema de geolocalización policial y el análisis de patentes captadas por el centro de monitoreo de la ciudad como parte de las medidas destinadas a esclarecer el hecho.

Entre los pesquisas se admite que la modalidad de acceso adoptada por los delincuentes (boquetes en el techo), la neutralización de los sistemas de seguridad a los que vulneraron, y la cantidad de dinero en efectivo que estaban guardados en la empresa, llevan a una conclusión: los delincuentes conocían, por si o por datos de terceros, cómo debían realizar el trabajo. Esa es una de las hipótesis que cobra fuerza entre los investigadores.

Hace 48 horas, el cuerpo de la testigo fue hallado en su casa situada en Brandsen al 3500, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Según fuentes de la investigación, la autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento.

Al revisar la vivienda, los investigadores policiales y judiciales no hallaron indicios sobre la presencia de extraños en la casa. Tampoco había señales de violencia o de lucha.

Los familiares de la testigo fueron los primeros en llegar a la casa. Al encontrar el cuerpo alertaron a la policía y pidieron una ambulancia. Les pareció que González todavía presentaba signos vitales. Cuando los médicos llegaron para intentar auxiliar a la mujer, de 35 años, comprobaron que había fallecido.

Ante los investigadores, los familiares de González dijeron que la testigo les había enviado un mensaje en el que les comunicaba que quería quitarse la vida.

El representante del Ministerio Público de La Matanza a cargo de la investigación secuestró el celular de González y encontró el mensaje; en las próximas horas tomará declaración a los familiares de la testigo para tratar de reconstruir cómo fueron los últimos días de la mujer.

Otra de las medidas dispuestas por el fiscal Adrián Arribas fue solicitar al Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora las copias certificadas de la declaración de González, del expediente y de la audiencia en la que expuso l.

González confirmó que Pilepich era el dueño del predio en el que Pérez Algaba, también conocido como “Lechuga” fue asesinado de un tiro en la cabeza en julio de 2023 y dijo que su pareja era “manipulador, narcisista y un enfermo”.

Si bien, hasta el momento, la principal hipótesis apunta a un suicidio, el fiscal agotará todas las posibilidades y revisará las últimas comunicaciones de la víctima para tratar de establecer si había sufrido amenazas.

“A Fernando lo mataron por plata. Y eso es lo que acá se ha comprobado. El 18 de julio de 2023, pasadas las 22 horas, en el predio Renacer, los señores Pilepich, Gil y Vargas acordaron tiempo atrás, junto con otras personas, sacárselo de encima a Pérez Algaba. No tengo probado si fue Pilepich o Vargas el que gatilló el arma, si fue uno, si fue el otro o si estaban los dos juntos poniendo el dedo en el gatillo. Pero estuvieron los dos ahí, antes y durante, y se quedaron juntos después; eso demuestra que hubo un acuerdo de voluntades”, expuso en su alegato la fiscal de Lomas de Zamora, Marcela Dimundo, al fundar el pedido de prisión perpetua.

Pérez Algaba fue asesinado en un predio de General Rodríguez, donde su exsocio Pilepich lo había convocado mediante un engaño con la promesa de pagarle 400.000 dólares que le debía. En esa propiedad solo había una vivienda. Allí residió la testigo; por ese motivo, y por su relación con Pilepich, conocía detalles del homicidio.

Después de descuartizar el cuerpo de Pérez Algaba, los autores del homicidio lo trasladaron a Lomas de Zamora y lo descartaron en una valija y en un bolso que arrojaron al Riachuelo.

Tras elogiar el alegato de la representante del Ministerio Público, el abogado que representa al hermano de la víctima, Javier Baños, dijo que el de Pérez Algaba fue un “crimen horrendo y cometido de manera alevosa, a traición y sobre seguro”.

“Voy a cerrar simplemente con una frase de una de las testigos, Ariana González, cuando dijo que ella no tenía la culpa de haberse enamorado. Y cito textual, porque se refería a Pilepich. Dijo: ‘Estuve con un asesino’. Lo repito. Dijo ‘estuve con un asesino’. A él lo llamó asesino”, expresó el abogado Baños, en las conclusiones de su presentación ante el jurado popular que dictó el veredicto de culpabilidad contra los acusados Pilepich, Gil y Vargas.

El celular de González será revisado por técnicos de la Policía Federal, con el objetivo de determinar, además de si hubo amenazas, cuáles fueron las últimas personas con las que se comunicó.

Con respecto a esos últimos minutos previos a la muerte, se estableció que que en el mensaje que les mandó a sus familiares, la testigo anunció que se despedía.

“En realidad, nosotros en este juicio estuvimos con tres asesinos. Así que cuando se retiren a deliberar, después de escuchar los alegatos de los defensores, yo lo único que les voy a pedir es que piensen no solamente en Lechuga o en su hermano, que está acá presente; ni solamente en las prácticamente dos mil muertes, los dos mil homicidios que se cometen por año en la provincia de Buenos Aires, conforme a las estadísticas de oficiales. Pido que piensen simplemente en esto que les ponía ahí: si yo amenazo con una pena, pero después de un juicio esa pena no se cumple efectivamente, la gente, la sociedad y los asesinos no se van a tomar en serio la amenaza”, sostuvo el letrado al concluir su exposición.

Según fuentes de la investigación, los forenses que realizaron la autopsia de González indicaron que la causa de la muerte fue un ahorcamiento producido en la casa de la testigo. No habría señales de que alguien hubiera forzado una puerta o ventana y los indicios indican que la víctima estaba sola.

Pero los efectivos porteños no serán los únicos alistados para intervenir en caso de que se registren disturbios y desmanes. Las fuerzas federales que habitualmente están apostadas en las adyacencias del Congreso los miércoles, día de protestas de jubilados y de organizaciones políticas contra el Gobierno, también tienen instrucciones para un eventual despliegue adicional, en coordinación con los policías de la Ciudad, ante situaciones que pudieran suscitarse en otros puntos o en objetivos especiales vinculados con intereses británicos.

A tal efecto, el Comando Unificado está monitoreando desde muy temprano todos los movimientos con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, al frente en la sala de situación.

Según pudo saber LA NACION de calificadas fuentes del Gobierno, en principio no hay informes de inteligencia que refieran la posibilidad concreta de algún evento premeditado. “En principio no tenemos datos que nos indiquen que pueda haber problemas, por lo que no está planeado desde Nación reforzar la prevención en algún lugar en particular. Eso se hará solo si aparece alguna información nueva al respecto o si lo solicita especialmente la Ciudad, que es la que está realizando el despliegue”.

Dos circunstancias juegan a favor de una eventual intervención rápida. Por un lado, la embajada del Reino Unido en la Argentina −un objetivo probable ante una hipotética protesta− está situada a solo media cuadra del Ministerio de Seguridad Nacional. Por otro lado, al ser miércoles ya hay fuerzas federales desplegadas en la zona del Congreso, por lo que si hubiera alguna “corrida” podrían movilizarse de inmediato, según pudo saber LA NACION.

Como ya se informó, la Ciudad instrumentará un operativo especial de seguridad y prevención en la zona del Obelisco que contará con entre 700 y 800 efectivos pertenecientes a la Dirección de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada (GAM), brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

El megaoperativo será monitoreado en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y se realizarán cortes preventivos de tránsito para ordenar la circulación y facilitar el desplazamiento de las personas.

Una vez finalizado el partido y de acuerdo con la cantidad de personas que se acerquen a la zona, se dispondrá el cierre del vallado en los siguientes puntos:

• Corrientes entre Libertad y Cerrito.
• Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha.
• Roque Sáenz Peña entre Cerrito y Libertad.

Además, como medida preventiva y para proteger el monumento, se instalaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco.

“El objetivo del operativo es acompañar una eventual celebración, ordenar la circulación y garantizar que los festejos puedan desarrollarse de manera segura”, se informó en un comunicado.

“Estos resultados reflejan el impacto del nuevo esquema de seguridad implementado en La Cava a partir del ingreso de la Patrulla Municipal y del trabajo articulado con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. La estrategia combina operativos diarios, presencia permanente de las fuerzas de seguridad y patrullajes preventivos en los sectores de mayor conflictividad”, informó el gobierno comunal en un comunicado.

Desde el Poder Ejecutivo de San Isidro destacaron que “por primera vez en la historia del barrio, las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal ingresan diariamente a La Cava para trabajar en conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional”.

Según explicaron desde la Secretaría de Seguridad, el objetivo es “reforzar la presencia del Estado en el territorio, prevenir el delito y brindar una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo”.

En referencia al nuevo esquema de seguridad implementado en La Cava, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, sostuvo: “La decisión fue recuperar el territorio con una presencia permanente del Estado. Hoy los resultados muestran que ese camino era el correcto”.

La nueva estrategia dejó atrás los operativos fijos realizados desde contenedores ubicados lejos de los puntos críticos. En su reemplazo, se implementó un esquema de controles estáticos y dinámicos, con recorridas permanentes y presencia activa en las zonas de mayor conflictividad. A este dispositivo se suman los operativos “Vuelta a casa”, que refuerzan la prevención en los horarios de mayor circulación de vecinos.

Además de las detenciones y los controles preventivos, el trabajo coordinado permitió reunir pruebas que derivaron en múltiples órdenes de allanamiento libradas por la Justicia, principalmente en investigaciones por tenencia ilegal de armas y comercialización de drogas.

Como resultado de estos procedimientos, se secuestraron drogas, armas de fuego de distintos calibres y cartuchos de munición. De los operativos participan las Brigadas de la Patrulla Municipal de San Isidro junto con el Grupo Táctico Operativo (GTO), la Dirección Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDITDI), la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y la Gendarmería Nacional, en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de San Isidro.

Entre los procedimientos más recientes, los oficiales detuvieron a un joven que intentó escapar al advertir la presencia policial. Durante la requisa le secuestraron una pistola automática calibre 22 con ocho municiones, por lo que fue aprehendido por portación ilegal de arma de uso civil.

En otro operativo, un hombre arrojó dos bolsas de nylon por encima de los techos de viviendas linderas al detectar la presencia policial. Al recuperarlas, los efectivos comprobaron que contenían 30 envoltorios con un total de 70,3 gramos de cocaína, por lo que también fue detenido.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron: “La presencia permanente de los equipos, tanto de día como de noche, fortaleció la prevención del delito y mejoró la percepción de seguridad entre los vecinos. La articulación entre las fuerzas federales, provinciales y municipales consolidó un modelo de intervención basado en la ocupación territorial, la presencia constante y el trabajo coordinado para recuperar el orden y seguir reduciendo la violencia en La Cava”.

Scheuer, a diferencia de la semana pasada, que cuando fue indagada por primera vez y estaba en estado de shock, lució más compensada y respondió preguntas de los funcionarios judiciales a cargo de la investigación, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes del caso.

“Se sentó y respondió preguntas”, agregaron los voceros consultados. La ampliación de la declaración indagatoria fue dispuesta por el juez Martín Peluso tras un pedido del abogado defensor de la imputada, Alfredo Huber. De la audiencia participó la fiscal Paula Asaro.

La semana pasada, tras la primera declaración indagatoria, una fuente judicial había dicho a LA NACION: “No contestó preguntas. Solo dijo no recordar nada de lo que había pasado. Explicó que solamente vio el Museo de Bellas Artes y a partir de ahí ya no recuerda de nada. Y relató haber vivido un suceso similar, pero en su casa”.

Este jueves dio mayores precisiones sobre el momento en que ocurrió el “desvanecimiento” que dijo haber sufrido en su casa. “Era importante conocer la fecha de ese suceso para saber si fue antes o con posterioridad a haber renovado el registro de conducir”, explicaron las fuentes consultadas.

La Justicia, según explicaron a LA NACION fuentes de la investigación, busca determinar si el “vacío” o “desconexión” que la actriz y empresaria dijo haber vivido antes de atropellar a los turistas brasileños se debió a un problema de salud o a una distracción que se podría haber dado, por ejemplo, para buscar el teléfono celular que se le había caído.

En principio, los resultados de un electroencefalograma y una resonancia magnética dieron normales. Scheuer hizo referencia a que era atendida por un médico psiquiatra, pero no por una patología declarada, sino por una cuestión de “nervios y depresión” y que el profesional le recetaba medicamentos para poder conciliar el sueño.

“Los exámenes toxicológicos y el test de alcoholemia dieron negativos. Es decir que en el momento en que ocurrió el hecho no estaba bajo los efectos de alguna medicación. Sí se puede decir que en la declaración jurada que hizo cuando renovó el registro de conducir omitió decir que estaba bajo tratamiento psicológico”, explicó una fuente con acceso al expediente.

Fuentes judiciales explicaron que se ordenó hacer un peritaje sobre el teléfono celular de Scheuer, un iPhone 14. “Ella sigue diciendo que no recuerda qué paso”, dijo una fuente judicial.

Se subió a la vereda

Según testigos y las primeras investigaciones, la mujer perdió el control de su Nissan Kicks en el cruce de las avenidas Libertador y Alvear, se subió a la vereda y atropelló a los dos extranjeros. Por el fuerte impacto murió el hombre, que tenía 60 años. La mujer, por su parte, sufrió politraumatismos.

La víctima mortal fue identificada como Fernando Pereira de Amorín Junior. Su pareja se llama Cleusa Adriana Nunes Pombo.

El primer día del año, pasadas las 10, personal de la Comisaría Vecinal 2A se trasladó a la zona tras ser informado del accidente de tránsito. Los efectivos hallaron al hombre muerto y a su acompañante, de unos 50 años, malherida, según informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

En tanto, el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a la mujer al hospital, donde se le realizó una tomografía por un traumatismo de cráneo; la paciente se encuentra con pronóstico reservado.

Al dar el parte médico sobre su estado, las autoridades indicaron que la víctima sufrió un trauma cerrado de tórax y craneoencefálico, múltiples fracturas costales y en la clavícula izquierda con hemotórax izquierdo laminar, y una contusión hemorrágica temporal derecha con hemorragia subaracnoidea traumática.

El nombre de la conductora se dio a conocer poco después del accidente. Scheuer se dedicó por varios años a la actuación y al canto de forma profesional. Estudió teatro, pasó por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) y trabajó como cadete en una escribanía.

Años después incursionó en el rubro gastronómico y pasó a ser una referente del sector tras crear, junto a su socio Luis Morandi, el Gran Bar Danzón, Sucre, Bar Uriarte, Arturito –en San Pablo, Brasil– y BASA, en Retiro, entre otros.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales. La excarcelación de Scheuer fue dispuesta por el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Peluso, magistrado a cargo de la causa. En el expediente, el Ministerio Público está representado por la fiscal Paula Asaro.

Scheuer declaró por Zoom desde la Alcaidía N°15 de la Policía de la Ciudad, acompañada por su abogado, Alfredo Huber. “En breve se hará efectiva la soltura [sic] de Scheuer”, explicaron fuentes policiales.

“Durante su declaración indagatoria no contestó preguntas. Solo dijo no recordar nada de lo que pasó. Explicó que solamente vio el Museo de Bellas Artes y ahí ya no recuerda de nada. Y relató haber vivido un suceso similar, pero en su casa”, dijo a LA NACION una fuente judicial al tanto de la audiencia.

Según testigos y las primeras investigaciones, la mujer perdió el control de su Nissan Kicks en el cruce de las avenidas Libertador y Alvear, se subió a la vereda y atropelló a los dos extranjeros. Por el fuerte impacto murió el hombre, que tenía 60 años. La mujer, por su parte, se encuentra internada en el Hospital Fernández con varios traumatismos y pronóstico reservado.

La víctima mortal fue identificada como Fernando Pereira de Amorín Junior. Su pareja se llama Cleusa Adriana Nunes Pombo, quien terminó herida.

Ayer, pasadas las 10, personal de la Comisaría Vecinal 2A se trasladó a la zona tras ser informado del accidente de tránsito. Los efectivos hallaron al hombre muerto y a su acompañante, de unos 50 años, malherida, según informaron las fuentes consultadas por LA NACION. En tanto, el SAME derivó a la mujer al hospital, donde se le realizó una tomografía por traumatismo de cráneo; la paciente se encuentra con pronóstico reservado.

Al dar el parte médico sobre su estado, las autoridades indicaron que la víctima sufrió un trauma cerrado de tórax y craneoencefálico, múltiples fracturas costales y en la clavícula izquierdas con hemotórax izquierdo laminar, y una contusión hemorrágica temporal derecha con hemorragia subaracnoidea traumática.

El nombre de la conductora se dio a conocer poco después del accidente. Scheuer se dedicó por varios años a la actuación y el canto de forma profesional. Estudió teatro, pasó por la facultad de derecho de la Universidad Católica Argentina y trabajó como cadete en una escribanía.

Años después incursionó en el rubro gastronómico y pasó a ser una referente del sector tras crear, junto a su socio Luis Morandi, el Gran Bar Danzón, Sucre, Bar Uriarte, Arturito en San Pablo, Brasil, BASA en Retiro, entre otros.