Cómo implementará la Ciudad el acarreo de vehículos tras la toma de control del servicio

Ayer por la mañana, el Gobierno de la Ciudad anunció que tomará el control del servicio de acarreo de autos mal estacionados al menos hasta el 4 de diciembre, cuando termine el proceso de licitación y se defina quiénes serán las nuevas empresas concesionarias. El anuncio sorprendió y dejó muchos interrogantes abiertos porque la medida no había sido mencionada con anterioridad, ni siquiera en las condiciones de licitación divulgadas apenas dos semanas atrás.

Ante las versiones de que Elisa Carrió presionó a Horacio Rodríguez Larreta para tomar la decisión, desde el Gobierno porteño deslizaron que esta era una decisión que “ya venían analizando desde hacía un tiempo”.

El decreto N°284/22 publicado esta mañana resolvió dejar sin efecto la continuidad de la prestación del servicio de control y sanción del estacionamiento indebido a cargo de las empresas Dakota-STO y BRD-SEC —que operaban con contratos vencidos desde 2001 y sucesivas prórrogas por un canon mensual de 55.000 pesos cada una— y transferirlo transitoriamente a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) hasta tanto la licitación en curso determine quiénes serán las nuevas empresas concesionarias.

El texto del decreto no precisa fecha ni detalles de implementación de la medida, pero según pudo saber LA NACION, el proceso de licitación finaliza el 4 de diciembre y, mientras tanto, la operatoria del servicio que prestará ahora la Ciudad será igual a la actual. “Hasta que sea adjudicado el nuevo servicio vamos a hacer la misma operación: lo que sí va a cambiar es la impronta. Vamos a priorizar a los vehículos que están en infracción, no un auto que queda cerca de la playa de acarreo y que se le venció el tiempo hace 10 minutos. Al que se le venció el pago pero está bien estacionado no lo vamos a llevar porque es un lugar que está previsto que esté ocupado. Se le hará una multa, pero no se acarreará. Nos vamos a orientar a los que están estacionados en infracción”, confiaron fuentes del Gobierno porteño.

Uno de los puntos a resolver en los próximos días es qué grúas se van a utilizar para brindar el servicio. Las opciones que barajan son que las empresas que realizaban el servicio puedan aportar algunas; hacer uso de grúas de otros servicios de la administración porteña; o también alquilar vehículos a otras empresas por algunos meses”.

¿Cuándo podría hacerse el traspaso definitivo? Fuentes de la Ciudad aseguraron que se va a trabajar para que sea “lo más rápido posible”, lo que podría tardar una semana, 10 días o 15. “Las cuestiones operativas y de recursos humanos son las más relevantes. Si resolvemos eso con cierta celeridad, va a ser muy rápido el traspaso”, dijeron.

Un conflicto que lleva años

Desde 2013 la Ciudad intenta regularizar el servicio de estacionamiento medido y de grúas de acarreo de vehículos, pero los proyectos de ley elaborados por el oficialismo chocaron contra impugnaciones en la Justicia de empresas que participaron de los procesos licitatorios, a la par de los recursos de amparo interpuestos por legisladores de la oposición. Todas esas intervenciones provocaron que al menos seis proyectos se dieran de baja.

Hasta la decisión de ayer del Gobierno porteño, las empresas Dakota-STO y BRD-SEC se dividían el monitoreo de diferentes sectores de la ciudad. La primera patrullaba el mal estacionamiento en Recoleta, Retiro, Palermo, Colegiales y Villa Crespo, y la segunda cubría La Boca, Barracas, Parque Patricios, San Telmo, San Nicolás y Monserrat.

Ambas operaban en forma irregular y con un canon que rondaba los $55.000 mensuales. En promedio levantaban unos 350 vehículos por día y en 2021 realizaron alrededor de 125.000 acarreos. El costo que debe afrontar el infractor para recuperar su vehículo es de $6525 más el costo de la multa.

El anuncio de ayer causó sorpresa hasta en el interior del Gobierno y se desencadenó por una cuestión política que ocurrió en la Legislatura. Según supo LA NACION, los bloques de la oposición preparaban un pedido para tratar, en sesión especial, la suspensión del servicio de acarreo por las irregularidades en los contratos, pero no alcanzaban el quorum propio de 31 legisladores. Hasta que Elisa Carrió entró en escena y ordenó que los diputados de la Coalición Cívica se unieran al frente opositor en el reclamo para llegar al número necesario y elevar el pedido en el recinto; lo que desencadenó finalmente la reacción del oficialismo y el decreto.

Informe de Mauricio Giambartolomei y Josefina Gil Moreira