Es vital pensar políticas integradoras
Por primera vez en la historia, la mayoría de la humanidad vive en ciudades. Sobre todo en América latina, donde la concentración urbana alcanza a más del 80% de nosotros, sus habitantes.
Este fenómeno tiene importantes consecuencias en relación con el cambio climático. Por un lado, las ciudades emiten la mayor cantidad de los gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono; por eso, es vital tomar medidas de reducción de esas emisiones mediante la bioconstrucción, la eficiencia energética, el transporte limpio, y el manejo de residuos sólidos.
Asimismo, los efectos del cambio climático impactan en la calidad de vida de los habitantes, lo que requiere prontas medidas de adaptación y resiliencia. El aumento de las temperaturas, la aparición de nuevas enfermedades y el aumento en la frecuencia y gravedad de lluvias y tormentas demandan infraestructuras y recursos adecuados para enfrentar las siempre crecientes y variadas necesidades.
Un inconveniente adicional suele plantearlo la superposición de distintas jurisdicciones en un mismo espacio urbano. La llamada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) designa la megalópolis que hoy constituyen la ciudad y el conurbano. A todos los efectos prácticos, se trata de una sola ciudad, donde los límites jurisdiccionales se superponen a un conjunto.
El AMBA, además de representar una ciudad continua, cuenta con redes integradas en materia de energía, transporte, comunicaciones, red sanitaria y suministro de agua potable. Sin embargo, sus sistemas de educación, salud, seguridad y emergencias están divididos por jurisdicciones; y, lo que es peor, esas jurisdicciones aplican políticas distintas y contradictorias.
Una estrategia racional en materia de cambio climático para el AMBA sólo puede lograrse mediante la cooperación de las jurisdicciones involucradas. Dado que la solución obvia de unificar el área urbana en una sola jurisdicción está fuera de alcance, los gobiernos involucrados (la ciudad, la provincia, los municipios y la Nación, en lo relativo a aspectos jurisdiccionales) deben elaborar políticas comunes y constituir algún proceso que les permita, en forma permanente y sistemática, comunicarse, intercambiar información, planear en conjunto y cooperar en las estrategias necesarias.
El cambio climático -y sus efectos- es demasiado importante para dejarlo librado a mezquindades y a rivalidades políticas.
Director Ejecutivo del Programa de Derecho del Cambio Climático, UBA
Claudio J. Lutzky