Fuerte embestida judicial contra Uber y sus choferes

Los datos completos de los 3978 choferes de Uber, la aplicación móvil que conecta conductores particulares con pasajeros y fue considerada ilegal por el gobierno porteño, ya están en poder de la Fiscalía de la Ciudad. En los próximos días, esta información será enviada al Poder Ejecutivo para que durante los controles de tránsito la policía secuestre los vehículos a estos conductores y los notifique de las contravenciones cometidas.

Según informó ayer el organismo, los datos fueron obtenidos durante un allanamiento a la oficina de Payment Collection SRL, la empresa que realiza los movimientos comerciales de la firma Uber y ejecuta los pagos a sus choferes. Allí, además, se consiguieron documentos sobre la información financiera de la aplicación.

“Contamos con la información de sus cuentas bancarias y movimientos de dinero. Esto hace posible afirmar que la empresa supera el monto mínimo imponible. Los directivos de Uber –Enrique Ricardo Mihanovich Murphy, Gustavo Gilbert, Fernando Horacio Cao, Diego Mariano Olivera, Mariano Xavier Otero, Soledad Lago Rodríguez y Miguel Roberto Rattagan– serán acusados por evasión impositiva, que puede ser penada con entre dos y seis años de prisión o reclusión”, dijo el fiscal de Cámara Martín Lapadú, que lidera el caso.

Uber fue clausurada el 22 de abril por infringir el artículo 83 del Código Contravencional, que castiga a quienes ejercen actividades comerciales en el espacio público sin autorización. En tanto, a sus gerentes se les imputa haber violado esta clausura y continuar infringiendo ese artículo.

En cambio, luego de una denuncia impulsada por agrupaciones de taxistas contra 33 choferes de Uber, la justicia nacional consideró que los choferes de Uber no cometen un delito. La Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó ese fallo de primera instancia.

“Esa decisión no interfiere con nuestra investigación”, indicó a LA NACION el fiscal Lapadú.

A los choferes los acusa de infringir los artículos 83 y 74 del Código Contravencional. Este último sanciona a quienes exceden los límites de su licencia de conducir, con penas de hasta diez días de arresto: los choferes de Uber realizan viajes profesionales con licencias particulares.

En los próximos días, anticipó la Fiscalía, comenzarán las audiencias indagatorias a los diez choferes que fueron allanados el 8 de septiembre y, antes de fin de año, se pedirá que vayan a juicio.

Los allanamientos se ampliarán a más choferes de Uber, ahora con toda la información necesaria disponible para localizar sus viviendas y sus automóviles, anunció la fiscalía porteña.

Consultados por LA NACION, voceros de Uber fijaron la posición de la empresa: “Reiteramos nuestro respaldo absoluto para los socios conductores y nuestro compromiso de continuar brindando a los usuarios viajes seguros y confiables al toque de un botón en su celular. Uber seguirá ejerciendo su defensa y acudiremos a las instancias que nos otorga la ley”. Agregaron que continuarán buscando espacios de diálogo con las autoridades para trabajar en alternativas regulatorias.

Según pudo comprobar LA NACION, luego de que Uber fue considerado ilegal en abril, el sistema comenzó a sufrir algunos problemas operativos. No obstante, se estima que el sistema cuenta en Buenos Aires con unos 29.000 usuarios.

“Siempre pagaba Uber con tarjeta, pero el último viaje no pudieron cobrármelo porque los bancos no estarían homologados y rechazan el pago. Hasta que se le acredite a Uber ese importe, no podré viajar más”, se lamentó Delia Martínez, de 52 años, vecina de Olivos. Otros usuarios empezaron a utilizar el pago en efectivo, aunque advierte que el sistema lo acepta o no en forma aleatoria.

LA NACION intentó comunicarse con el gobierno porteño para conocer qué pasos seguirá a partir de la información que le remita la Fiscalía de la Ciudad, pero no obtuvo una respuesta. “Uber quiebra la ley y no lo podemos convalidar como negocio”, dijo oportunamente Juan José Méndez, secretario de Transporte porteño. Según la Ciudad, Uber infringe el Código de Tránsito y Transporte local, que especifica que sólo los radiotaxis están autorizados a realizar viajes de pasajeros, ofrecer la modalidad de pago electrónico y aceptar pedidos mediante smartphones.