Imputaron a 43 padres por las tomas de colegios que hicieron sus hijos
El fiscal porteño Carlos Rolero Santurian imputó a 43 padres de alumnos de ocho colegios porteños por las tomas que hicieron sus hijos el años pasado. Los padres habían sido denunciados por la Procuración General del gobierno porteño por "impedir el ingreso o la salida de lugares públicos o privados", según el artículo 57 del Código Contravencional de la ciudad.
"Tienen que responder los padres porque tienen una obligación especial de tutela de sus hijos menores de 18: el hecho de no haber hecho algo les genera una responsabilidad", opinó Rolero Santurian, en diálogo con LA NACION.
El funcionario describió que está comprobado que, en algunos casos, hasta hubo apoyo de los padres que tomaron los establecimientos con los chicos y les proveyeron alimentos. "Lo importante, aquí, es que los padres conocían la situación", afirmó, que considera que la conducta de los adultos encuadra en una contravención.
Las tomas que se están investigando ocurrieron entre junio y octubre del año pasado en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, la Escuela Normal Superior N° 1 Presidente Roque Sáenz Peña, la Escuela Normal Superior N° 6 Vicente López y Planes, el Colegio Mariano Moreno, la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken y la Escuela Normal Superior N° 5 Martín Miguel de Güemes. Ante los medios, los estudiantes reclamaron por la legalización del aborto durante el debate de un proyecto en ese sentido en el Congreso y la aplicación efectiva del programa de educación sexual integral (ESI). Las tomas incluyeron la ocupación nocturna de los establecimientos.
Multa o trabajo comunitario
En la investigación fiscal, según indicó Rolero Santurian, de ser hallados culpables, los padres podrían recibir una multa o tener que hacer trabajos de utilidad pública. Pero, más allá de la sanción, el funcionario destacó lo relacionado con la revisión de la responsabilidad de los adultos en los actos de sus hijos menores. "Hasta ahora, esto nunca había ocurrido", sostuvo el fiscal.
La fiscalía notificó a los padres, que deberán designar un abogado defensor. Cuando todos lo hayan hecho, según aclaró el funcionario, se los comenzará a llamar para prestar declaración.
El año pasado, durante las tomas de junio, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario dispuso "hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos" por el Ministerio de Educación porteño tras la decisión de la jueza Elena Liberatori de desestimar la validez de un protocolo "antitomas".
Con 30 ocupaciones en 2017, el gobierno de la ciudad intentó comenzar el nuevo año lectivo con medidas para evitar la toma de los establecimientos educativos. En febrero del año pasado anunció la implementación de un protocolo para no solo evitar que las protestas estudiantiles deriven en la ocupación de las escuelas, sino preservar la integridad de los menores y el patrimonio edilicio.