Intercambio de cuerpos: a 25 días, no recuperaron aún a su familiar

La familia de Sandra Ábalos sigue sin poder darle el último adiós, a 25 días del intercambio del cadáver con el de Juana Aranda en el Hospital Muñiz. Primero fue el error en la morgue del hospital de Parque Patricios, donde le entregaron el cuerpo de Ábalos a la cochería contratada para retirar el otro cadáver. Luego, tras la espera de la orden de la Justicia para exhumar sus restos en el cementerio de Monte Grande, arrancó la feria judicial.

Anteayer se conoció que Patricia López Vergara, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de turno, hizo lugar al pedido del gobierno porteño para que se habilite la feria judicial tanto en la jurisdicción como en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de recuperar el cuerpo de Ábalos en el cementerio municipal de Monte Grande, tal como ordenó hace 15 días la jueza Romina Tesone, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la ciudad.

"No acceder a la habilitación de feria pretendida podría irrogar graves perjuicios a los familiares de las difuntas involucradas, en tanto se prolongaría aún más el estado de incertidumbre que recae sobre la identidad de los cuerpos", argumentó en su resolución López Vergara.

El juzgado de Lomas de Zamora en turno que recibió el exhorto cumpliría con el pedido de la familia esta semana, según se pudo conocer ayer.

Antecedentes

Ábalos, de 41 años, falleció el 6 de este mes en el Muñiz tras una internación de urgencia en la unidad de Terapia Intensiva por una afección respiratoria que se agravó. Juana Aranda, de 53, había muerto dos días antes a las 21.40 en el mismo hospital, según la reconstrucción judicial que citó Tesone.

"Al día siguiente [de la muerte] -detalló-, su hermana Juana Andrea Ábalos se presentó en la morgue del nosocomio a fin de reconocer y retirar el cuerpo, siendo anoticiada por el jefe de guardia de que debido a un error administrativo dicho cuerpo le había sido entregado a otra familia. Luego se determinó que el cuerpo había sido inhumado en el cementerio municipal de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, bajo el nombre de Juana Aranda, también fallecida en el Hospital Muñiz".

En su escrito, la magistrada determinó también que el Ministerio de Salud porteño asumirá los costos del procedimiento, incluidos los traslados de los familiares para el reconocimiento del cuerpo en Monte Grande, además de los insumos necesarios para su identificación dactiloscópica.

"En caso de producirse la constatación de que [los restos] se corresponden con los de quien fuera en vida Sandra Ábalos, cabe autorizar y ordenar su inhumación en el cementerio El Ceibo, elegido por sus familiares como lugar para su destino", precisó Tesone en su escrito. Se refería al cementerio Jardín de los Ceibos, de González Catán.

El intercambio de cuerpos se conoció cuando familiares de Ábalos volvieron al Muñiz a retirar el cuerpo. Por este error, que la investigación administrativa del Ministerio de Salud porteño atribuiría a un encargado de la morgue, fueron separados de sus cargos cuatro empleados y debió renunciar la entonces directora del Muñiz, Mabel Nogueras. La funcionaria había delegado por vía telefónica a los jefes de guardia y urgencias la atención del reclamo de las familias afectadas.

Ayer, el Ministerio de Salud porteño derivó las consultas de LA NACION a la Procuración General porteña. Ahí explicaron que el expediente es reservado, por lo que no pueden acceder a las actuaciones, y que desconocen qué letrado de los más de 400 que trabajan ahí está representando al gobierno porteño, aun cuando su actuación está citada en el caso.

Vicisitudes procesales

En la resolución de la jueza López Vergara para habilitar la feria judicial, que se conoció anteayer, atribuye a "distintas vicisitudes procesales ocurridas" esta espera prolongada de los deudos. "No puede soslayarse que el fallecimiento de la señora Ábalos ocurrió el día 6 de este mes y que, a la fecha, aún los familiares no han podido obtener el cumplimiento de la resolución dispuesta el 15 de este mes -escribió-. Ello, más allá del desprestigio social que conlleva, hablaría más que de una Justicia ciega para cumplir con el cometido de su obligación de imparcialidad, de una sordera a los reclamos de los litigantes y una total falta de empatía para con otro ser humano".

Y agregó: "Como jueces tenemos mayores obligaciones en no agravar los padecimientos de quienes ya han sido ultrajados en su dolor".

Según dejó constancia, dispuso la semana pasada enviar un tercer exhorto "con carácter urgente y con habilitación de días y horarios inhábiles" al Juzgado Civil y Comercial N° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Fue luego de que la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 del mismo departamento se declarara incompetente para disponer que la policía provincial y el personal del cementerio cumplan con el pedido. El siguiente exhorto fue, entonces, al Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que correspondía, por turno, a Monte Grande. "El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informa que el fuero competente para practicar la diligencia ordenada sería el Civil y Comercial", citó López Vergara en esta sucesión de errores y dilaciones.