La Ciudad acarreó un auto de Uber y rastrea las oficinas para clausurarlas
Una grúa oficial retuvo un vehículo y multó por $ 77.000 al chofer; Uber pagó la infracción y anunció que no se retira; la Justicia ordenó al gobierno que frene la actividad
Menos de 12 horas después de su lanzamiento en Buenos Aires, Uber encontró su primer inconveniente fáctico: anteanoche, agentes de tránsito del gobierno porteño detuvieron en Caballito un auto particular que había sido contratado para un viaje mediante la app, acarrearon el vehículo con una grúa y multaron con 77.000 pesos al chofer. El operativo se anticipó a un fallo de la justicia local, que ayer ordenó a la Ciudad que "arbitre todas las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle" la empresa norteamericana.
Anoche, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, informó que el servicio había sido "formalmente clausurado" por la vía administrativa y que en las próximas horas, junto con la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección de Fiscalización y Control, se realizarán operativos en domicilios donde se presume que hay actividad relacionada con la compañía, para imponer clausuras físicas.
Previamente, Uber había despertado el rechazo de los taxistas -que la acusan de competencia desleal e impulsaron un amparo que dio origen a ese fallo- y la amenaza del gobierno porteño de imponer sanciones a un servicio que consideran ilegal.
De acuerdo con el Código de Tránsito y Transporte de la Capital, sólo puede solicitarse un taxi en la calle o mediante una llamada a una firma de radiotaxi, que a su vez es la única entidad autorizada a disponer aplicaciones móviles, SMS o servicio online para pedidos.
Nada de esto detiene a Uber. Acostumbrada a irrumpir en contra de la normativa y luego negociar una regulación, la empresa gestionó ayer el pago de la penalización impuesta al chofer, que poco después volvió a circular. Además, sus voceros insistieron en que el servicio seguirá habilitado porque, argumentan, está enmarcado en el artículo 1280 del Código Civil y Comercial, que "establece la figura del contrato de transporte y regula la relación entre prestador y prestatario".
A pesar de contar con una flota de coches y choferes particulares que podía llegar a camuflarse en medio del tránsito diario del área metropolitana, el gobierno porteño desplegó una serie de controles y anteanoche detuvo en Directorio al 500 un auto. Tanto el conductor como su pasajero admitieron que acordaron un viaje mediante la aplicación, dijeron fuentes oficiales.
La grúa fue una de las medidas más visibles activadas por la Ciudad, que sólo cuenta con 300 agentes de tránsito. Son ellos los que deben identificar si un vehículo está al mando de un chofer de Uber, en una ciudad por la que a diario transita más de un millón y medio de autos.
Si lo encuentran en infracción, el coche se envía a un depósito y se le aplica una multa. Además, el chofer suma otra penalización monetaria si no posee un registro profesional. Así sucedió en Caballito. Y Uber cumplió con su compromiso de brindar apoyo total a los 18.000 conductores asociados al sistema, en gestiones administrativas o en el pago de las multas.
"El servicio que presta Uber es ilegal. No presentó la documentación correspondiente para prestar servicio, ni siquiera tiene CUIT", detalló Méndez.
Algunas de esas precisiones fueron solicitadas ayer por el juez Víctor Trionfetti, a cargo del juzgado N° 15 en lo contencioso administrativo y tributario porteño, que ordenó a la Ciudad a arbitrar medidas para suspender cualquier actividad que desarrolle Uber. Lo hizo en respuesta a un amparo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis, la Cámara Empresaria del Autotaxi, la Asociación Civil de Taxistas de Capital, la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro y la Unión de Propietarios de Autos Taxis.
El magistrado requirió a la Agencia Gubernamental de Control que informe si la empresa presentó algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros. También solicitó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos informar si Uber está registrada como contribuyente y a la Secretaría de Transporte, si existe alguna presentación para actuar en el rubro. A su vez, notificó sobre la existencia del proceso al Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad.
Las entidades sectoriales exigen que el gobierno porteño ejerza el poder de policía para evitar la prestación de un servicio que "lesiona el ordenamiento jurídico vigente" y además "causa una afectación inminente en el derecho a trabajar de aquellos que cumplen las normas locales y se someten a un sinfín de obligaciones que impone la Ciudad para realizar la actividad".
Efectivamente, los taxistas pagan seguros, licencias e impuestos que no abonan los choferes de Uber.
El malestar volvió a traducirse ayer en nuevos cortes de calles en distintos puntos de la Capital, protagonizados por taxistas que ven amenazados sus ingresos.
Del otro lado, Uber no está ajena a la controversia, que la rodeó en cada una de las 400 ciudades donde opera. En la Argentina, la empresa planifica llevar su propuesta a escala nacional, con 35.000 conductores en todo el país antes de fines de año.