Dice que se adaptaría a una reglamentación como en Uruguay o Chile
LA NACION
Después de una irrupción caótica, Uber pretende bajar el nivel de conflictividad y adaptarse a las reglas del juego de la Ciudad si hubiese un marco regulatorio que encuadre la actividad, como sucede en otros países de la región. Pero la postura del gobierno porteño es contundente y no se corre de lo que argumentó desde el primer día de funcionamiento de la plataforma digital: que es ilegal y que no habrá margen para negociarlo.
En la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña existe un proyecto de ley cuyo objetivo es regular la actividad de Uber bajo ciertos parámetros legales. La propuesta del diputado Hernán Rossi (Suma+) no consigue el aval de los integrantes de la comisión para pasar el filtro y que se debata en el recinto.
Uber insiste hoy en que se adaptaría a la norma que se apruebe, incluso si se trata de una regulación estricta como la de Montevideo, Uruguay, aprobada en junio de 2016. En Chile se está debatiendo una ley nacional para reglamentar Uber en las 19 ciudades donde ya está funcionando.
La regulación de Montevideo obliga a Uber a pagar un canon mensual al gobierno y que retenga impuestos a los choferes, unos 3000 activos en toda la ciudad. Cada uno debe ser el dueño de su vehículo y registrarse como empresa unilateral, lo que impide la creación de flotas y resguarda la competencia leal entre los conductores.
El pago en efectivo no está permitido y sólo se avalan las tarjetas de crédito, lo que representaría un problema para un argentino que quiera utilizar Uber, porque las tarjetas radicadas en la Argentina están bloquedas para pagar en la plataforma (sí se pueden usar las del exterior). Los vehículos deben tener una antigüedad de seis años o menos; superado ese límite no podrán circular. Además, ante cualquier ilegalidad, que no sea una multa de tránsito, la responsabilidad corre por cuenta de la empresa.
