La Justicia solicita el desalojo de la sala Alberdi y del San Martín

La fiscalía a cargo de la causa judicial por la ocupación de la sala Alberdi y del acceso al Centro Cultural San Martín solicitó que el establecimiento sea allanado con el objeto de desalojar y detener a los grupos de ocupantes que impiden el normal desarrollo de las actividades, y que enfrentan acusaciones por usurpación. El operativo fue requerido para hoy, por lo que no se descarta que el juzgado tome una decisión en las próximas horas.

Entre los fundamentos de su pedido, el fiscal Iván Coleff -funcionario de la Unidad Fiscal Sudeste- recuerda que, hasta el momento, los ocupantes del centro cultural (unos cuatro en la sala Alberdi y unos 40 en el ingreso de Sarmiento 1551) impidieron su identificación.

Asimismo, advierte que los intrusos entraron "ejerciendo violencia física sobre el personal de seguridad privada [...] como así también la rotura y el posterior derribe de la reja corrediza" colocada en el acceso al edificio, según demuestra material fílmico adjuntado al expediente, que instruye el juez penal Norberto Tavosnanska.

También indica que fueron instaladas carpas y un grupo electrógeno, "con la intención de permanecer en el lugar" que, en rigor, se observa plagado de desperdicios, suciedad, orina y materia fecal.

La escena es cotidiana, según las imágenes adjuntadas a la causa, en el patio cubierto en el que están emplazadas valiosas obras de arte de Curatella Manes, Julio Le Parc, Naum Knop y Julio Goya, con el consecuente riesgo de deterioro.

Otro peligro latente, reflejado en el informe del fiscal Coleff, radica en que los ocupantes "cuentan en su poder con alrededor de 15 armas no convencionales", conocidas como "facas", que confeccionaron con varillas de hierro y una moladora.

En tanto, en la sala Alberdi del sexto piso, "habría personas viviendo en condiciones totalmente precarias e inseguras".

La directora del centro cultural, Gabriela Ricardes, expresó su preocupación por el "peligro que representa esta toma para el personal" del establecimiento.

Tanto así es que, en una reciente resolución, decidió mantener cerradas todas las actividades teatrales y de talleres hasta que la Justicia resuelva la cuestión.

La toma de la sala Alberdi fue anterior a la del acceso al centro cultural. Comenzó en 2010 cuando el gobierno porteño intentó mudar las actividades de la sala, para proceder a su refacción. Originalmente, admiten las autoridades, hubo alumnos y docentes entre los ocupantes, pero ahora ya no queda ningún empleado ni asistente de los talleres entre los usurpadores.

El caso se judicializó y, en varias resoluciones, la magistrada Fabiana Schafrik ordenó que se efectivizara el traslado. La medida permanece incumplida. Por eso ahora, al finalizar la feria judicial, la fiscalía solicitó el desalojo y la detención de los ocupantes de ambos espacios, operativo que requiere ser comandado hoy personalmente por el jefe de la Policía Metropolitana.