La suspensión de las empresas de delivery se convierte en una extensa disputa judicial

Crédito: Ignacio Sánchez
Ante un nuevo fallo del juez Andrés Gallardo, el gobierno insiste en que apelará la medida
Mauricio Giambartolomei
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7 de agosto de 2019  

Cuando Uber comenzó a operar en la ciudad, en abril de 2016, en forma inmediata se inició una batalla judicial que continúa hasta hoy, más de tres años después. La suspensión de la actividad de las empresas de delivery, que ya tiene sentencia firme desde el lunes, amenaza con convertirse en una película similar, por el contexto y sus protagonistas.

De un lado un juez, Andrés Gallardo, el titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo, que la semana pasada le ordenó a Rappi, Glovo y PedidosYA que cesen su actividad hasta tanto no cumplan con una serie de requisitos establecidos en la reforma del Código de Tránsito y Transporte (ley 5526) aprobada en 2016.

Por otro lado, las empresas que ayer se unieron para comunicar su postura ante lo que, entienden, es una medida que atenta contra el derecho al trabajo. En el medio, la Secretaría de Transporte y Tránsito de la ciudad que ya había apelado un fallo anterior de Gallardo (de abril pasado) y que ahora amenaza con una acción similar en la Justicia. Y las tarjetas de crédito que recibieron la orden de bloquear la operación en las plataformas digitales. Demasiadas coincidencias para arriesgar que el conflicto se sumergirá en un fango judicial que podría durar meses. O años.

"Las plataformas ratifican el compromiso con la seguridad vial y el bienestar de sus repartidores, y expresan su preocupación y rechazo hacia una medida que busca suspender de modo arbitrario la fuente de ingresos de un gran número de personas. Las plataformas cumplen con las normas y regulaciones locales y nacionales, y respondieron en tiempo y forma las resoluciones dictadas por el juzgado. Por eso apelarán la sentencia y las medidas cautelares para lograr la suspensión de las mismas", dice el comunicado firmado por Rappi, Glovo y PedidosYA.

En su primera resolución Gallardo les había ordenado a las tres empresas que entregaran una lista completa de su personal, la constancia de haber otorgado a la totalidad del personal los elementos de seguridad vial exigidos por la ley (casco, indumentaria para visualización nocturna, fijación de caja en rodado), la acreditación que el personal de reparto posea libreta sanitaria vigente, y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART. Hasta anoche esa documentación no había sido presentada en la Justicia.

Por su parte, Rappi, Glovo y PedidosYA continúan operativas como lo estuvieron durante todo el fin de semana. "Las plataformas generan trabajo en blanco. Tanto a través de la creación de puestos de trabajo directos como indirectos. En todos los casos cumplen con los requisitos impositivos y cargas sociales previstas y, asimismo, con seguros complementarios tal como establece la regulación local", informaron ayer. Y agregaron que en lo que va del año entregaron 4800 cascos y 14.000 elementos de seguridad a sus repartidores.

El lunes, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se involucró en el tema. "Son empresas que están legalmente constituidas y que pagan sus impuestos. Son empresas legales. Entonces, una cosa es que trabajemos para ver cómo se regula y otra cosa es prohibirlo", dijo sobre el fallo del juez Gallardo.

El magistrado salió a responder a las críticas del gobierno. "El derecho a trabajar tiene que ser ejercido en forma regular. Las empresas tienen que adecuarse a la ley o volvemos a principios del siglo XVIII", sostuvo el juez. "Como la ley dice que las personas que trabajan realizando delivery lo hacen en relación de dependencia, las empresas quieren abstraerse de ese régimen y dicen que brindan un servicio informático, pero no se entiende entonces cómo ejercen logística, cobran comisiones sobre el transporte o realizan pagos", aseguró.

La disputa continuará, entonces, en la Justicia, en nuevas instancias de apelación que podrían dilatar la aplicación de la sentencia de fondo decretada el lunes. Mientras tanto, los operativos policiales, también ordenados por Gallardo, continúan en la calle para detectar repartidores en infracción.

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