Las cantidad de actas de defunción alimentan las sospechas

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2 de mayo de 2013  

Sumados, los certificados de defunción emitidos en La Plata entre el 1° y el 14 de abril que obtuvo el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, antes de perder el control del expediente son elocuentes. Juntos, dan forma a una campana -con epicentro máximo entre el 2, 3 y 4 de abril- que excede por mucho el número de muertos de la lista oficial.

El salto sustancial en la cantidad de fallecidos que observó la oficina centralizadora de defunciones en La Plata del Registro Provincial de las Personas se replicó en casi todas las casas velatorias y en los cementerios público y privados de la región, según reconstruyó LA NACION.

Esos certificados que analizó Arias -que serían poco más de la mitad del total- acreditan cinco fallecimientos el lunes 1° de abril; al día siguiente se superaron los 60, para bajar a 24 el miércoles 3, a 12 el jueves 4, a 10 el viernes 5. De allí en más comienza una suave declinación.

Un pico similar se observó en los entierros practicados en el cementerio público y en los privados. La empresa controlante del Parque Campanario, por ejemplo, informó a la Justicia que "se ha percibido un incremento en la cantidad de sepulturas habituales que realiza el cementerio a partir del día 2 de abril".

Petitorio ciudadano

En esa línea, varias funerarias consultadas por el diario Perfil coincidieron en que el número de servicios fue "el doble de lo acostumbrado". En un caso significó, incluso, "una cifra récord". Más cauta, la tradicional Casa Betti indicó a la Justicia que "se percibió un incremento en la cantidad de sepelios habituales que se realizan [...] a partir del 2 de abril" pasado.

Con los primeros datos sobre muchos de esos decesos, en tanto, vecinos de esta ciudad agrupados en 22 asambleas barriales conformaron "Indignados La Plata", que el 23 de abril entregaron un petitorio a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner. Le reclamaron una investigación seria sobre la cantidad de fallecidos, obras hidráulicas, la derogación del Código de Planeamiento Urbano y protección para ellos mismos, por los aprietes de punteros que sospechan cercanos al intendente Pablo Bruera.

Disconformes con las respuestas oficiales, los asambleístas también comenzaron a armar su propio listado de fallecidos, que a los 52 oficiales suman otros 22, para un total de 74.

Los vecinos no son los únicos que recogen datos. Los sacerdotes agrupados en Cáritas concentran sus esfuerzos en ayudar a las familias más afectadas. "Lo último que escuchamos fue el relato de una familia sobre una anciana que murió 10 días después de la inundación de un infarto. Fue por el estrés vivido", dijo un religioso a LA NACION.

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