Anunciado por Macri, el proyecto está demorado en el Congreso
LA NACION
El ordenamiento territorial es una deuda en la Argentina. Una de las normativas de presupuestos mínimos que pretenden poner en agenda la cuestión es la anunciada ley de humedales. Se trata de una iniciativa oficial, el primer anuncio del presidente Mauricio Macri, pero que está demorada en el Senado por el propio oficialismo, según denuncian las organizaciones ecologistas.
Aunque no se conoce públicamente el texto consensuado del proyecto, la iniciativa busca contar con un inventario de humedales, que funcionan como reguladores y espacios de conservación, y que cada provincia realice un ordenamiento de aquéllos.
La falta de protección de estos espacios quedó en evidencia en los últimos años ante las cada vez más recurrentes crecidas de ríos y arroyos, así como también de lluvias cada vez más copiosas por efecto del cambio climático.
"Debemos recordar que el suelo, el aire y el agua son componentes básicos del ambiente y que forman parte de ese suelo los humedales y las superficies de inundación, que dan vida y seguridad a la población. Cumpliendo con la Constitución, cuando dispone el derecho a un ambiente sano, debería existir legislación federal que fije presupuestos mínimos ambientales para el uso del suelo", indicó Pedro del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana.
En el Senado, el proyecto estaba siendo discutido en la Comisión de Ambiente, que preside Fernando "Pino" Solanas, pero el oficialismo indicó que debía girarse a la Comisión de Agricultura, conducida por el representante del campo Alfredo De Angelis. Hoy, el debate está frenado.
"La ley de humedales fue prometida por el presidente de la Nación, Mauricio Macri", escribió Solanas en Twitter. Pero agregó que "existen presiones del lobby del agronegocio, que pretende que no exista ninguna normativa, por mínima que sea, que proteja los humedales".
Uno de los conflictos respecto de la redacción de esta norma radica en el momento en el que se impone para que los humedales no sean explotados. El inventario demandaría cinco años y solamente después comenzaría el ordenamiento, un plazo demasiado extenso para seguir con un desarrollo descontrolado, según los expertos.
