Particulares y empresas podrán financiar a la Ciudad

Con la intención de fomentar más cantidad de eventos y a la vez disminuir los gastos del Estado, la Legislatura porteña sancionó ayer la creación de un régimen de patrocinio que habilita la participación de particulares y empresas privadas en el financiamiento de actividades públicas.

Los interesados podrán patrocinar distintos programas, eventos y actividades culturales, educativas, turísticas, sociales, tecnológicas, comerciales, deportivas y recreativas; las restauraciones de entornos urbanos, edificios, monumentos, fuentes ornamentales, esculturas y toda clase de bienes muebles o inmuebles de interés histórico o artístico, y campañas de comunicación, concientización y prevención en materia de salud, educación, cultura, seguridad vial y medio ambiente.

El patrocinio podrá generarse por dos vías: una contribución en dinero o mediante los bienes y servicios que la empresa pueda aportar y que guarde una relación directa con el evento en cuestión. A cambio de su contribución, los patrocinadores conseguirán la difusión del nombre de su marca.

Fuentes del gobierno porteño explicaron a LA NACION: "Se propone trabajar en equipo con el sector privado para mejorar la vida del vecino. Creemos que esto genera un triple beneficio: nos permite realizar más actividades, y edificios y monumentos más cuidados; la Ciudad deberá destinar menos presupuesto y las empresas pueden generar un mayor desarrollo económico".

"Esta es una ley muy transparente, la Ciudad va a publicar un plan anual de todas las actividades que quiere realizar y que puedan estar sujetas a este régimen de patrocinio. Esto va ser accesible para cualquier empresa que quiera participar del programa y, una vez que ellas presenten su intención de patrocinar, se generará un acuerdo que será publicado en el Boletín Oficial", afirmaron.

La norma fija limitaciones sobre quiénes pueden ser patrocinadores y prohíbe la participación de partidos políticos y candidatos a cargos públicos electivos nacionales, provinciales o locales, así como de agentes y funcionarios públicos.

La ley fue aprobada con votos del oficialismo exclusivamente. El radical Marcelo Guouman cuestionó que "le otorga poder de discreción al funcionario y al empresario disminuyendo la capacidad de control y planificación del Estado", mientras el socialista Roy Cortina la consideró un "retroceso importante".