Suspenden a la empresa que controla el SUBE

El Gobierno decidió suspender el contrato con la empresa encargada de controlar el sistema SUBE , boleto electrónico para el transporte. La firma en cuestión está formada por un polémico consorcio, encabezado por la compañía inglesa Global Infrastructure (GI) y ex funcionarios de la Secretaría de Transporte , y había sido beneficiada con una licitación de 65 millones de pesos.

A través de un comunicado, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, anunció también que le había dado intervención a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que analizara todo el proceso licitatorio.

Una investigación de LA NACION había revelado, entre otras irregularidades, que GI no tenía domicilio fijo en Buenos Aires y que, en la dirección de la empresa en Inglaterra, funcionaba una peluquería.

La licitación para controlar el SUBE quedó bajo la lupa de la Justicia: el fiscal Carlos Stornelli le pidió el miércoles al juez Julián Ercolini –a cargo de la causa– que cite a declarar al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por haber autorizado la contratación.

LA NACION reveló el 21 de mayo pasado que el control del boleto electrónico le cuesta al Estado casi 10 millones de pesos más como consecuencia de un sugestivo proceso de licitación ganado por un consorcio compuesto por ex asesores de la Secretaría de Transporte, según consta en el expediente.

La auditoría de la SUBE, clave para controlar el funcionamiento del boleto electrónico, se gestó entre aparentes irregularidades. En el concurso, Transporte no eligió la propuesta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una oferta 25% más barata por la tarea. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, el Estado no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.

El concurso fue ganado por el consorcio integrado por GI, Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados (GFA). La UTE debía auditar la puesta en marcha y la operación del SUBE (a cargo de la empresa Nación Servicios SA), que consistía en supervisar el montaje de las máquinas, inspeccionar la transferencia de datos y verificar la cobertura de entrega de tarjetas, entre otras tareas.

Stephen Chandler, dueño de GI y máximo responsable del control del SUBE, desembarcó en el país a comienzos de 2009. Estuvo con los funcionarios de Transporte que meses después recomendaron contratar a su empresa y también se reunió con el presidente de Nación Servicios SA, empresa a la que Chandler debía controlar.

LA NACION informó el 21 de junio que GI no tiene casa matriz en Gran Bretaña. Su domicilio era 78 York Street, en Londres, una dirección alquilada por 60 dólares mensuales. Meses después de su inscripción en Inglaterra, la empresa cambió su domicilio. Según informó al registro oficial británico, en la nueva dirección funciona una peluquería llamada Fnky-Hair Salon. El local, decorado en su ventana con banderas Unión Jack, ofrece también tatuajes y piercing.

Sobre un costado se puede tomar un callejón para acceder al contrafrente de la peluquería, donde funciona el estudio Baxter Payne & Haigh: la firma de contadores que Chandler registró como su domicilio profesional.

A pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no tiene sede en el país: en Tucumán 1, 4° piso –dirección señalada en su página web–, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero, según expresaron, ya no mantiene ningún vínculo con ella. Ese todavía es su domicilio legal en la Argentina.

Pese a que no tiene sede local, los sueldos de los empleados extranjeros de GI –pagados por el gobierno argentino– superan los dos millones y medio de dólares.

Chandler cobra, o mejor dicho cobraba, 40.000 dólares mensuales por un contrato de cuatro años. Aunque su trabajo requiere ocupación full time, el consultor inglés alterna su estadía entre la Argentina y Gran Bretaña, su lugar de residencia.

Los sueldos representan el 70% del contrato. La Secretaría de Transporte estimó haberes por 43 millones de pesos para los cuatro años de contrato.

Chandler no es el único contratado en dólares por la Secretaría de Transporte. También Marcela Ashley y Steve Beer, sus asistentes para controlar la SUBE, fueron empleados en las mismas condiciones, según consta en el expediente.

Sin embargo, Ashley denunció ayer ante LA NACION que nunca trabajó en el boleto electrónico y no cobró "ni un peso" de sus 247.860 dólares de contrato.

ESCONDER LA CORRUPCIÓN
Marcela Ashley, supuestamente contratada por GI para supervisar el funcionamiento de la tarjeta SUBE, con un sueldo de 24.300 dólares por mes que ella dice no haber percibido nunca, contó una anécdota surgida durante una de sus últimas reuniones con Stephen Chandler, máximo responsable del consorcio ahora suspendido. "Le dije que estaba muy contenta de trabajar en la Argentina con una empresa inglesa porque no eran corruptos. Me miró y me respondió: «No te creas. Los ingleses somos iguales de corruptos que los argentinos, pero lo escondemos mejor»". Ashley también sostuvo que se enteró por La Nacion de su supuesto vínculo con la cuestionada empresa.