Un "apagón" de la cultura porteña contra la suba de tarifas
Funcionarán un rato a oscuras 800 establecimientos que piden ayuda financiera para afrontar los aumentos de hasta 700%
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Primero fueron los clubes de barrio los que encendieron la alarma. Luego llegaron los reclamos de los centros de jubilados y los cuarteles de bomberos, entre otras entidades. Ahora, la cronología del tarifazo suma nuevos protagonistas: los centros culturales, los teatros independientes, las milongas y otros espacios artísticos porteños se subieron al pedido de una ayuda financiera por los aumentos en los servicios públicos, de hasta 700%.
Se trata de unos 800 establecimientos sumergidos en una situación apremiante que podría llevar a muchos de ellos a un cierre obligado. Ayer, anunciaron que realizarán una serie de medidas, que incluye un apagón simbólico mañana, a partir de las 20, en todas las salas de teatro y espacios artísticos de la ciudad. La creación de una "tarifa cultural" a nivel nacional y de un fondo de ayuda son las dos propuestas del ambiente artístico independiente.
Una hora después, el Ministerio de Cultura de la ciudad anunció que abonará a los teatros independientes un subsidio extraordinario de $ 50.000 pesos para "contribuir con las necesidades actuales que atraviesan". No obstante, el reclamo fue ratificado ya que la medida no alcanza a todos.
En tanto, la Legislatura porteña aprobó una especie de salvataje económico para todos los clubes de barrio mediante la adhesión a la ley nacional N° 27.098, que pone en funcionamiento el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, mediante el cual las instituciones barriales tendrán acceso a la tarifa social, entre otros beneficios. Los espacios culturales esperan obtener un beneficio similar.
"No podemos absorber un aumento que llegó de forma muy salvaje. Los teatros independientes cobran entradas muy accesibles, de $ 130 a $ 200, según el espectáculo. El nuevo escenario nos pone en una situación de riesgo porque los aumentos no se pueden trasladar a las entradas", explicó a LA NACION Liliana Weimer, de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (Artei), que agrupa 90 salas de entre 50 y 300 localidades. Los teatros privados apoyan a los independientes. Aunque tienen otro respaldo económico, también deben afrontar grandes aumentos en los servicios públicos.
Salas que pagaban $ 1800 de luz recibieron facturas por $ 8000; en el caso del agua, pasaron de $ 1000 a $ 6000, informaron.
"Tenemos diferencias con los clubes de barrio. La principal es la cantidad de energía eléctrica que necesitamos", dijo Claudio Gorenman, del Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA). "Los espacios culturales necesitan una puesta en escena de luces y sonido que demanda mayor cantidad de consumo. Con los aumentos, estamos en una situación de extrema vulnerabilidad porque se alteró la ecuación", agregó.
Por eso, el sector solicita la instrumentación de una "tarifa cultural" a nivel nacional para espacios independientes. Y le plantean a la Ciudad que active un fondo de ayuda para superar la situación en el corto plazo. Algo similar propone el diputado por el Frente para la Victoria Juan Cabandié, que presentó un proyecto para aplicar un tarifa diferencial.
En lo que va del año, 3.250.000 usuarios se adhirieron a la tarifa social de energía eléctrica y 1.600.000, a la de gas, en todo el país.
Lo que ocurrió ayer en la Legislatura podría ser una bisagra para solucionar la problemática. La ley a la que adhirió la Ciudad establece que la Secretaría de Deportes debe "coordinar la asignación de la ayuda económica al club de barrio y de pueblo".
Según voceros del Ministerio de Energía de la Nación los espacios artísticos ya pueden solicitar beneficios por la resolución 3784/2016. La norma establece que los centros asistenciales públicos, entidades educativas públicas, entidades religiosas, asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones sindicales, gremiales o mutuales que realicen actividades de índole social (institutos, comedores comunitarios, centros de recuperación) y entidades públicas, están en condiciones de integrar el registro de beneficiarios de la tarifa social de gas; cada pedido será evaluado en particular. Para el caso de la luz, dijeron, aún se debe esperar la reglamentación de una ley que protege a las entidades de bien público.
