La responsabilizaron de un aborto y fue presa

La existencia de reglas claras sobre los estándares de recolección, valoración y conservación de las pruebas en nuestro país es uno de los reclamos de los especialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, la evidencia se preserva, lo que no ocurre en la Argentina, donde se destruye cuando está firme la condena (por lo cual, si hay un avance científico -como ocurrió en su momento con el ADN- mientras la persona está cumpliendo la pena, la prueba no se puede revisar).

Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, agrega que los métodos de investigación que suelen usarse pueden ser muy precarios: "Las pruebas científicas son raras. Los criterios de producción de pruebas generalmente se basan en testigos, que pueden incurrir en errores o ser amenazados".

Uno de los casos en los que intervino Innocence Project Argentina fue el de Belén (ese no es su nombre real), una joven de 25 años que el 21 de marzo de 2014 fue a la guardia del Hospital Avellaneda de Tucumán, acompañada por su mamá, porque le dolía mucho la panza.

Allí, le diagnosticaron un "abdomen agudo". Pero luego tuvo un sangrado y la trasladaron a ginecología, donde los médicos indicaron que se trataba de un "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones" y le hicieron un raspaje, explicándole a la madre de Belén que era un embarazo de entre 15 y 18 semanas.

La joven no sabía que estaba embarazada. Cuando recuperó la conciencia, se encontró rodeada de policías: en el ínterin habían encontrado un feto -del que en la autopsia se diría luego que tenía 32 semanas- en uno de los baños de la institución, dentro de un inodoro, y se acusó a Belén de que era su hijo.

Cuando le dieron el alta, la trasladaron a la Unidad Penitenciaria Femenina Nº 4 sin escalas. La condenaron a ocho años de cárcel por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía". Su caso tomó rápidamente alcance mediático.

Ver que muchas mujeres luchaban por mi libertad me ponía fuerte. No perdí la esperanza

Estuvo detenida casi dos años y medio. No había ninguna prueba que la vinculara en términos de filiación con el feto encontrado (nunca se les hizo un ADN); tampoco de que ella se hubiese provocado un aborto o matado a su hijo recién nacido arrojándolo por la cañería, como se la acusaba. Según denunciaron varias organizaciones sociales, la joven había tenido, además, una defensa negligente.

La abogada tucumana Soledad Deza se enteró de su historia por medio de la psicóloga que había atendido a Belén en el hospital. La primera vez que fue a la cárcel a buscarla no la dejaron pasar y le dejó una notita: "Te quiero ayudar". "Me recibió un domingo: era un día triste, frío, lluvioso, no me voy a olvidar más", recuerda.

Conmovida, Deza decidió saltar a escena. Tomó el caso, logró el cese de la prisión preventiva y, finalmente, su absolución el 27 de marzo de 2017. A la causa se sumaron 17 amicus curiae (una figura que se traduce como "amigo del tribunal" y permite acercar nuevos argumentos ante la corte), entre ellos el de Innocence Project, además de los pedidos de organizaciones internacionales para su liberación.

"Una de las cosas más llamativas de este caso es que el feto al que Belén le adjudicaron como hijo se perdió. Cuando el fiscal pidió que se le hiciera un estudio de ADN, desde el hospital dijeron que no estaba", explica la abogada. "La autopsia también había sido sumamente irregular: tenía serias contradicciones que por momentos indicaban que el feto tenía menos de 15 semanas de gestación y por otros, 32".

Deza sostiene que toda la causa se armó sobre la base de prejuicios: "Es llamativo que la fiscalía no haya investigado de dónde provenía ese feto, que puede haber sido de una mala praxis. No sé por qué ocurrió eso, pero sí que Belén cumplió el rol de perejil".

Por mensaje de texto, Belén cuenta: "Mi vida hoy es difícil. Pero tengo a mi pareja y juntos salimos adelante". Y agrega: "Hay que luchar para que no haya otra Belén".