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En las redes

Compromiso ciudadano: el debate marcó las leyes sociales de 2018

María Ayuso
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31 de diciembre de 2018  

Fue un año con movilizadores e inéditos debates, que atravesaron no solamente los recintos del Congreso , sino también a toda la sociedad. El 2018 marcó, en muchos aspectos, un punto de inflexión. De forma masiva, la ciudadanía se volcó a las calles y se valió -entre otros instrumentos- de las redes sociales para reclamar por sus derechos y poner en agenda un abanico de temáticas.

En algunos casos, este impulso comunitario se plasmó en nuevas leyes; en otros, sirvió para visibilizar realidades que hasta el momento habían permanecido en las sombras: desde la explosión de denuncias de casos de abusos sexuales hasta la reforma del sistema de procuración de órganos para aumentar el número de donantes.

Según un informe de la Fundación Directorio Legislativo, el año terminó con "la menor producción legislativa desde el retorno de la democracia". Durante el período ordinario de sesiones -entre el 1º de marzo y el 30 de noviembre-, el Congreso sancionó 36 proyectos de ley, mientras que en 2017 fueron 75. Sin embargo, la actividad legislativa estuvo en el foco de la escena, y el debate abierto y plural sobre la legalización del aborto fue uno de los motivos centrales, con lo que se transformó en un hito, al ser tratado por primera vez en el recinto de ambas cámaras.

"Los 2.000.000 de personas en la calle y que más del 80% de la sociedad estuviese pendiente de ese debate mostraron un enorme grado de compromiso con un tema que era tabú", reflexionó Diana Maffía, doctora en Filosofía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y referente del feminismo .

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (que obtuvo media sanción en Diputados antes de ser rechazado por el Senado) tuvo durante el plenario de comisiones en la Cámara baja 15 audiencias y participaron más de 700 oradores.

"Fue un debate largamente postergado. Por primera vez, tuvo lugar en audiencia pública en las dos cámaras, y eso es un logro. Aun cuando la ley no haya salido, participó toda la sociedad", sostuvo Maffía, quien consideró que ese fue "el" tema del año. "Hizo que el movimiento de mujeres esté mucho más atento a la vulneración sistemática de derechos. Al igual que pasó con el relato de la violación de Thelma Fardin, permitió que surgieran un montón de casos que habían sido silenciados", agregó la especialista.

El compromiso con las temáticas legislativas se reflejó también en la plataforma Change.org, en la que los ciudadanos inician campañas para impulsar a otros a firmar sus peticiones con el objetivo de incidir en los tomadores de decisiones. "En 2017, empezamos a encontrar una tendencia interesante: un gran porcentaje de usuarios pasaron de firmar peticiones individuales a involucrarse en otras de carácter legislativo, buscando generar presión y que los legisladores cambien cuestiones estructurales. Eso se profundizó en 2018", contó Gastón Wright, director de Change.org en la Argentina.

La plataforma terminó el año con un total de 19.000.000 de firmas sobre diferentes temáticas: el 14% (2.600.000) estuvieron vinculadas a temas normativos. Por otro lado, se subieron 6143 peticiones, el 19% de las cuales (unas 1167) fueron creadas por ciudadanos que "buscan o buscaban cambios o nuevas legislaciones a nivel nacional, provincial y municipal".

El debate sobre el aborto también tuvo su impacto. "Lo vimos reflejado en la cantidad de usuarios nuevos: fueron unos 200.000 que se sumaron para firmar a favor o en contra", explicó Wright.

El crecimiento de esta forma de participación fue exponencial: pasó de tener 4.000.000 de usuarios a comienzos de año a 6.000.000 en la actualidad. "Aunque no hubo elecciones, explotó porque hubo temas de debate público que movilizaron mucho a la sociedad por fuera de las discusiones políticas", resumió su director.

Acción comunitaria

Desde la Fundación Directorio Legislativo destacaron que la mayor cantidad de leyes en 2018 fue de carácter económico (el 30% del total). Sin embargo, se sancionaron cinco en materia judicial, entre las que se encuentran la modificación del Código Penal para considerar el abuso sexual delito de instancia pública y la llamada ley Brisa, que crea un régimen de reparación económica para los hijos de víctimas de femicidio.

Entre las leyes "con impacto social y en materia sanitaria" (fueron cuatro), el informe puso el foco en la modificación de la ley de trasplantes (ley Justina), la creación del régimen de urbanización de las villas y el plan nacional de reducción de desperdicios de alimentos (ley donal).

Según Wright, en 2017, una de cada cinco normas que se aprobaron tuvo peticiones en Change.org con más de 50.000 firmas: "En 2018 se mantuvo ese porcentaje, pero con una particularidad: hubo un incremento del 30% en la cantidad de firmas en cuestiones legislativas -detalló-. Uno de los temas que generaron un nivel de participación muy alto, que se convirtió en uno de los más fuertes del año, fue el pedido creado por Red por la Infancia para considerar el abuso sexual delito de instancia pública".

Por otro lado, el movimiento de mujeres tuvo un lugar protagónico en la agenda. El destape de los casos de abusos del último tiempo llevó a que se incluyera en el temario de las sesiones extraordinarias de diciembre y que se aprobara en menos de 24 horas la ley Micaela, que creó el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres para los integrantes de los tres poderes del Estado.

Para Maffía, "otro fenómeno que se vio fuertemente" fue "que los varones están trabajando otras maneras y modelos de masculinidad y esto también es muy promisorio" para el año que comienza. "Hay muchos que pretenden relaciones de igualdad y que están dispuestos a ceder privilegios, y ahí está el punto, no solo acompañar las marchas de las mujeres, sino renunciar a los privilegios y repensar la sociedad", concluyó.

Violencia de género: una reparación para las víctimas colaterales de los femicidios

Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

El 4 de julio, el Congreso aprobó la llamada ley Brisa (27.452), que establece una reparación económica para niños y niñas cuyas madres hayan sido víctimas de femicidio y sus padres, procesados o condenados por aquel. La norma, que contempla una suma de dinero mensual equivalente a una jubilación mínima y atención integral para la salud, fue promovida por La Casa del Encuentro, asociación civil que lleva años buscando poner en agenda la dolorosa realidad de estos chicos y sus familias.

El caso de Brisa fue tomado como bandera para impulsar el proyecto que busca dar respuesta a una situación que afecta a más de 3000 menores. Junto a sus hermanos mellizos, la nena era hija de Daiana Barrionuevo, asesinada a golpes por su expareja y padre de los chicos, en diciembre de 2014, en Moreno. El hombre fue condenado y el padre de Daiana, Osvaldo, quedó a cargo de los chicos, y tuvo que recurrir a los medios en busca de ayuda.

"En 2009 comenzamos a pensar qué pasaba con esos hijos e hijas, las víctimas colaterales de los femicidios: de eso no se hablaba", explicó Ada Rico, presidenta de La Casa el Encuentro. De a poco, comenzaron a sacar esas historias a la luz y a pensar en una reparación. "Nos costó mucho que se incorporara la palabra 'reparación' en vez de subsidio o pensión, porque tenía que ser compatible con otros beneficios que tuviera el menor, como la AUH, y acceso a atención psicológica. Esto es algo que les corresponde: el Estado tiene que hacerse cargo de esta niñez desamparada", subrayó Ada.

El legado de Justina: ampliar la cantidad de donantes y trasplantes de órganos

Fuente: Archivo

La historia de Justina Lo Cane, la chica de 12 años que murió en noviembre de 2017 esperando un trasplante de corazón, movilizó a todo el país. El pedido que le hizo a su familia que rápidamente se extendió a la sociedad fue claro: "Ayudemos a todos los que podamos".

La ley de trasplantes de órganos, tejidos y células (27.477), más conocida como ley Justina, fue sancionada el mismo día que la que lleva el nombre de Brisa. Su objetivo es fortalecer el sistema de procuración mediante la agilización y simplificación de los procesos. Entre otras cosas, establece que todos los mayores de 18 años son donantes a menos que dejen constancia expresa de lo contrario. "Las repercusiones superaron lo que imaginábamos: todos los días nos llegan mensajes de gente que recibe trasplantes y agradece la ley", contó Ezequiel Lo Cane, el papá de Justina, uno de los principales impulsores.

Gracias a esta norma, la Argentina alcanzó en 2018 su pico de donantes de órganos. Según el Incucai, en agosto, el mes en que entró en vigor, hubo un récord histórico, con 88 donantes y 212 trasplantes. "Capicúas los dos, una conexión con los juegos que hacíamos con Justina de buscar patentes capicúas cuando íbamos al colegio. Ella siempre está presente", aseguró Ezequiel.

Para 2019, el proyecto es abrir La Casa Justina en distintos puntos del país. "Van a tener la personalidad de ella sostuvo, alegre y con las puertas abiertas, para los profesionales, los trasplantados y los que están esperando, con espacios para hospedarse, así como para los que perdieron a sus seres queridos".

El egreso del hogar: contener a los chicos en su transición a la vida autónoma

Crédito: María Ayuso

Que el Estado apoye la transición a la vida adulta de los jóvenes que viven en hogares de acogida: ese es el objetivo de la ley de egreso asistido (27.364), que fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras del Congreso y reglamentada un año y medio después, el pasado noviembre. La ley otorga un subsidio mensual desde los 18 hasta los 21 años; además, a partir de los 13, cada chico podrá contar con un referente adulto con el que abordará cuestiones fundamentales para trabajar su autonomía.

Mariana Incarnato, directora ejecutiva de Doncel, explicó que al cumplir la mayoría de edad los jóvenes deben dejar las instituciones y enfrentarse al mundo solos, con el riesgo de quedar en la calle, sin trabajo y sin redes de contención.

Del proyecto participaron activamente un grupo de jóvenes que viven y vivieron en hogares y forman parte de la Guía Egreso, una iniciativa organizada por Doncel que se propone compartir consejos y brindar acompañamiento entre pares. Entre ellos, están Romina García (17), cuya prioridad es terminar la escuela, conseguir un trabajo y poder alquilar un lugar para ella y su hijo; Iván Figueredo (19), a quien le gustaría ser policía, y Milagros Pérez (18), que vive en un hogar en Núñez y sueña con ser trabajadora social.

Para Incarnato, hay varios desafíos en la reglamentación, porque plantea que para poder recibir el apoyo económico los chicos tienen que egresar de modo autónomo y que tienen que acceder al programa estando en el hogar. "Estos puntos se tienen que rever", aseguró.

Abuso sexual de menores: cambiar la cultura del silencio, el miedo y la impunidad

Crédito: Hernán Zenteno

Vigente desde el 26 de octubre de 2018, la ley 27.455 convirtió el delito de abuso sexual contra personas menores de edad en instancia pública. "Esto quiere decir que en los casos de abuso contra niñas y niños los fiscales siempre deben investigar de oficio, sin necesidad de que la víctima, el tutor o el guardador ratifiquen la denuncia, que era lo que ocurría antes, cuando era de instancia privada", explicó Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia y quien trabajó de lleno en el proyecto de ley que presentó la diputada Carla Carrizo. "Eso favorecía la impunidad, porque, como muestran las estadísticas, en el 80% de los casos el abusador es alguno de los familiares varones del chico", agregó Wachter.

Si bien no hay estadísticas oficiales a nivel nacional, los especialistas estiman que de cada 1000 casos de abuso 100 se denuncian y solo uno se condena. "Es uno de los delitos más masivos e impunes que existen. En los sectores más vulnerables está naturalizado que esto pase; en los sectores medios y altos, lo que se naturaliza es el silencio", describió Wachter.

La diputada Carla Carrizo opinó: "Esta ley echa luz sobre la opacidad del ámbito privado, que es un mundo silencioso, blindado por los prejuicios, los miedos y las asimetrías del poder". Según Carrizo, "eso es un gran cambio de enfoque. Ahora, es un delito de instancia pública: esa palabra mágica quiere decir que el Estado no admite límites cuando hay un delito, y el abuso sexual infantil es un delito".

Contra el hambre: evitar el desperdicio de alimentos y ayudar a comedores

Fuente: Archivo - Crédito: Banco de Alimentos

"Esta es una temática que permite ver los polos opuestos: por un lado, los desperdicios de alimentos; por otro, las cifras de la pobreza , que no dejan de crecer. Los dos índices explotaron este año y eso hizo que se tomara finalmente conciencia de que hay que trabajar para reducir ambos", dijo Natascha Hinsch, directora ejecutiva de la Red Argentina de Banco de Alimentos.

De esa forma, subrayó el esfuerzo de una lucha que los comedores, merenderos y otras organizaciones sociales vienen impulsando desde hace años, y que finalmente alcanzó su meta: el pasado octubre, se aprobó la modificación de la ley 25.989, más conocida como ley donal, reincorporando el artículo 9, referido a la responsabilidad de los donantes.

La norma había sido sancionada en 2004 y ese artículo establece que, en caso de ser entregados los alimentos en buena fe, cumpliendo con las exigencias bromatológicas y de inocuidad del Código Alimentario, el donante queda liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios.

"Son pocos los que se animan a donar; muchos prefieren desechar los alimentos para evitar problemas legales. Con el artículo 9, se busca cambiar esta realidad", dice Marisa Giráldez, directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Buenos Aires. "Las repercusiones fueron enormes y se generó mucha conciencia en la comunidad. Ahora falta la reglamentación de la ley", agregó.

La Red de Banco de Alimentos llega a 330.000 personas, mediante 2400 organizaciones comunitarias. En 2018, se donaron 11.000.000 de kilos de alimentos.

Urbanizar las villas: el camino hacia la inclusión de los barrios más vulnerables

Impulsada por las organizaciones sociales, en octubre el Senado aprobó la ley para la urbanización y regularización de dominio de terrenos en 4416 villas, asentamientos y barrios de emergencia de todo el país.

"Uno de los mayores logros fue conseguir la aprobación de manera casi unánime de un proyecto nacido de las organizaciones sociales y articulado con el gobierno nacional", señaló Virgilio Gregorini, director ejecutivo de Techo, ONG que participó activamente del proceso.

La norma permitirá a más de 85.000 familias -anotadas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)- acceder al título de propiedad de los terrenos que ocupan, incluyéndose la declaración de interés público y sujeto a expropiación. La expropiación estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que junto con el Ministerio Desarrollo Social deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la ciudad de Buenos Aires para transferir los bienes inmuebles.

Gracias a esta iniciativa, cada grupo familiar obtuvo un certificado de vivienda que les dio la posibilidad, por primera vez, de tener un domicilio fijo para realizar trámites ante la Anses o solicitar la conexión a servicios. Según Gregorini, otro punto fundamental es la suspensión de los desalojos por cuatro años.

El director de Techo subraya el "rol vital" que tuvieron las organizaciones sociales. "Construimos el relevamiento nacional de barrios populares, participamos activamente de la ley y por sobre todo, la militamos", aseguró, y agregó: "Es fundamental, para instrumentar esa ley, la asignación de presupuesto que no fue incluido en la partida 2019".

La actividad legislativa, en cifras

36 proyectos de ley: Fueron sancionados por el Congreso durante el periodo de sesiones ordinarias. Es el número más bajo de sanciones desde 1983. En 2017 y durante el mismo período, el Congreso sancionó 75; en 2016, 96; en 2015, 120.

23 sesiones ordinarias: Fueron las que se realizaron en el Congreso. 11 fueron en diputados y 12 en el Senado. En el mismo período del año anterior, hubo 29 sesiones en total.

30% de leyes con carácter económico: La mayor cantidad de leyes aprobadas en 2018 tuvieron carácter económico. También se destaca la sanción de cinco leyes en materia judicial y legislación penal, entre las que sobresale la modificación del Código Penal sobre delitos contra la integridad sexual.

El rol de Change.org

Las peticiones legislativas con más firmas en Change.org que se transformaron en victorias: ley de Prohibición de Carreras de Galgos (406.502 firmas); ley de Abuso Sexual como Delito de Instancia Pública (157.187 firmas); ley de Electrodependientes (87,960 firmas); ley de Trasplantados (65,316 firmas); ley de Víctimas (50.861). 1.167 peticiones sobre temas legislativos: fueron las que se subieron a la plataforma durante 2018. Ese número equivale al 19% de las que se crearon ese año (6.143 peticiones). Para ayudar a que la plataforma siga funcionando en 2019, Change.org inició una campaña de recaudación de fondos. Aquellas personas que puedan colaborar, ingresar en: https://argentina.donarchange.org/

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