Defensores de los niños: "No hay registro de las microviolencias, hay mucho por concientizar"

El panorama no podría ser más desafiante. Tras haber sido ratificados en sus cargos en febrero, la Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), Marisa Graham, y sus dos adjuntos, Facundo Hernández y Fabián Repetto, tienen por delante una tarea sumamente compleja agudizada por el contexto de la pandemia.

¿Cómo está cambiando el COVID-19 la agenda en materia de niñez y adolescencia? ¿Cuál será a mediano y largo plazo el impacto de la cuarentena en los más jóvenes? En diálogo con LA NACION a través de videollamada –el medio en que los defensores están canalizando la catarata de reuniones que tienen por estos días–, Graham, Hernández y Repetto subrayan que el aislamiento social por el coronavirus puso de un modo crudo sobre la mesa problemáticas estructurales de largo arrastre, desde el hambre hasta la desigualdad en el acceso a una vivienda digna y a servicios básicos como el agua. Pero, además, trajo aparejado "un tsunami" –como lo llama Graham–, que profundizó otras vulneraciones de derechos vinculados a la coyuntura.

Con su designación comenzó a saldarse una deuda con la infancia que llevaba más de una década: el cargo que hoy ocupa Graham fue creado en 2005 por la ley 26.061 de protección integral de la infancia, pero nunca había sido ocupado.

–Para muchos menores, sus hogares están lejos de ser el sitio más seguro durante la cuarentena y quedaron mucho más vulnerables frente a violencias atroces como el abuso sexual ¿Cómo puede prevenirse?

–Graham: Si bien hay personas a las cuales no les gusta hablar de peores formas de maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, y está bien porque la violencia es la violencia, debemos aclarar que hay microviolencias cotidianas y desde ahí otras que van hasta el abuso sexual infantil. No tienen el mismo tratamiento. Las microviolencias son malos tratos que no están percibidos como tales por la mayoría de la población. Por ejemplo, cuando los padres, las madres o en la escuela se utilizan el castigo corporal con la excusa de "la corrección o educación" de chicos y chicas: el chirlo, el zamarreo, humillarlos mandándolos al rincón delante de sus compañeros o insultar a los adolescentes. En eso tenemos que trabajar mucho porque el no registro de esa violencia genera después los desbordes que llegan hasta los delitos más atroces y siniestros, lo que llamo la crueldad hacia los niños y las niñas.

–¿Registrar esas microviolencias es un primer paso?

–Graham: Si yo no registro que mi hijo o hija es un sujeto, un otro igual a mí al que debo respetar y que no puedo avasallar sus cuerpos, es más probable que luego se generen otras vulneraciones. La única manera de promover y prevenir las violencias más atroces tiene que ver con concientizar sobre que los cuerpos adultos no pueden avasallar los de los niños y las niñas. Hay que concientizar a los padres y las madres sobre el buen trato y enfatizar sobre el mismo, porque cuando se habla de violencia en general la gente piensa en una chico o chica golpeado brutalmente o abusado sexualmente, y la mayoría de los papás o las mamás por suerte no se identifican con eso, pero tampoco ven sus propias violencias hacia los niños.

–En este contexto, sin la presencia de la escuela y con los servicios de salud muy limitados, el abuso sexual queda aún más en las sombras.

–Graham: El tema del abuso sexual infantil es un tema complejo, muy asociado a la violencia contras las mujeres. Sabemos que los agresores tienen un modus operandi que es el aislamiento de sus víctimas. Si a eso le sumamos el aislamiento obligatorio, es tierra fértil para que se profundicen estas vulneraciones.

–Repetto: Ante la ausencia del centro de atención primaria o la escuela, los detectores naturales institucionales están en retracción coyunturalmente. Ahí juegan un rol importante las organizaciones comunitarias. Nosotros venimos pensando fuertemente en el papel que pueden tener, aunque sea de un modo más artesanal, en la detección de este tipo de situaciones, por ejemplo, los comedores comunitarios. Hay que movilizar el tejido social que está sensibilizado sobre el tema pero por ahí no tiene los instrumentos para una detección temprana como los protocolos educativos o sanitarios. El rol comunitario es fundamental no solamente en la emergencia, sino también a futuro. Cuando vuelva todo a la "normalidad" es fundamental que se puede monitorear y mejorar los mecanismos preexistentes y desde la defensoría vamos a estar muy atentos, porque evidentemente no estaba todo bien hasta que la escuela se cerró o el centro de salud no atendió, sino que había una asignatura pendiente.

–Desde hace unos años el abuso sexual contra niños y niñas es un delito de acción pública, lo que implica que todos podemos y debemos denunciar. ¿Qué conciencia hay a nivel social sobre este deber?

–Graham: Esta pregunta hace diez años no era posible. Avanzó muchísimo el tema con el movimiento Ni Una Menos, pero también desde 2005 con la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo que pasa es que nuestro país vive en un eterno corsi e ricorsi. A veces estamos mejor y otras retrocedemos. Falta muchísimo por recorrer, pero también es necesario reconocer que hemos transitado mucho.

–Hernández: Debemos recordar que hasta 2015 el Código Civil permitía el castigo físico y el trato humillante a los chicos y las chicas. Hubo un movimiento mundial para eliminar eso.

–Graham: Es cierto, éramos uno de los pocos países que no teníamos una norma que prohibiera expresamente el castigo corporal. Ese año, en la Argentina derogamos el artículo del código que le permitía a los padres ejercer el deber de corrección "en forma moderada", lo que era muy subjetivo. Introducimos una norma que prohíbe expresamente el maltrato corporal y en general hacia los niños y niñas en aras de su educación y crianza.

–Durante la cuarentena creció el tiempo que los chicos y las chicas dedican a las pantallas y también el alerta por los peligros vinculados a las redes sociales, como el grooming. ¿Cómo disminuir los riesgos?

–Hernández: Existe un consenso sobre la necesidad de crear una ruta de protección de los derechos en Internet. Pero antes de eso, hay que trabajar fuertemente en lo que es la alfabetización digital y en la prevención, entendiendo que las redes tienen cosas maravillosas (de hecho, ahora son un mecanismo de educación alternativo al presencial), pero que también conllevan peligros. Es importante que las madres y los padres entiendan eso, sin generar temores, pero estando atentos. En lo que implica la ruta de protección, es fundamental que exista una coordinación de los distintos actores que trabajan en la persecución de los delitos. En la ciudad de Buenos Aires las fiscalías especializadas son muy buenas y sería importante que las haya en todo el país. Por otro lado, es clave no solo buscar al responsable de esa violación de derechos, sino tener en cuenta que atrás de las denuncias hay chicos y chicas que, como víctimas, requieren un acompañamiento muy importante en la Justicia y no deben ser revictimizados.

–En la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) también hubo avances, pero sigue habiendo muchas disparidades entre las provincias y hacia el interior de cada una. ¿Será una prioridad garantizar este derecho?

–Repetto: Definitivamente. Pero yo le pondría un marco más grande. Hay una necesidad de que los estados provinciales y municipales tomen en serio abordajes integrales en materia de adolescencia, que tiene un montón de problemáticas irresueltas desde el punto de vista de las políticas públicas: la terminalidad educativa de la secundaria es un ejemplo muy emblemático, así como los consumos problemáticos. En la familia de esos problemas se inscribe la salud sexual y reproductiva. Las asignaturas pendientes en ESI son enormes. Hay mucho trabajo por hacer en todas las franjas etáreas y con distintos actores de la políticas pública, por ejemplo en materia de educación inicial y en los espacios de primera infancia, donde hay más de 100.000 niños y niñas. Sino tenemos abordajes comunes en materia de ESI desde ese momento hasta la adolescencia, tendremos consecuencias muy dramáticas.

–¿El mayor desafío será lograr acuerdos entre las provincias respecto a su implementación?

–Repetto: Vamos a tener que hacer muchos esfuerzos de conversación política, técnica e institucional con las provincias: en algunas, las asignaturas pendientes son muy evidencias y a veces pasa que el problema no es a nivel de la gobernación sino con el efector, ya que los responsables del sistema educativo guardan en algunos casos en la gaveta los materiales que les llegan del Ministerio de Educación de la Nación. La defensoría va a tener que desplegar sus alianzas territoriales para bregar porque esto no suceda.

–La línea 102 de atención gratuita a NNyA tiene cada vez una presencia más extendida en todo el país. Sin embargo, algunas provincias todavía no cuentan con la misma. ¿Se va a trabajar para implementar otros canales de atención que sean más accesibles para los chicos y las chicas?

–Hernández: Estamos teniendo permanentemente reuniones con distintas redes de la sociedad civil y ya nos juntamos con un centenar de organizaciones de forma virtual. Lo que escuchamos de varias es que con el 102 no alcanza. Hay que dotar a la línea, por un lado, de mayores servicios, de lo que está atrás. Como defensoría hicimos un pedido para que todos los servicios de atención a la infancia sean declarados esenciales. La novedad es generar mecanismos accesibles para niños o niñas: al 102 los chicos no llaman. Tiene que acceder de otra forma. Estamos trabajando con los defensores provinciales fuertemente para pensar propuestas innovadoras. Otro tema que discutimos mucho es la importancia de alertar a la población, porque como las niñas y niños más pequeñas no tienen voz, o incluso los adolescentes en el estado de indefensión que se encuentran en la situación de abuso o maltrato, deben ser otros los que puedan hacer esa denuncia, los que están físicamente más cerca y puedan llegar a escuchar o sospechar. Ellos tienen la responsabilidad de denunciar.

–Graham: Apelamos a la sociedad, a todo el mundo adulto. Lo que decimos es: "él y ella no pueden denunciar porque tienen a su agresor al lado, pero vos que escuchas o sabes, sí". Por que en el edificio, se sabe; en el pueblo, se sabe. Muchas veces se sabe. El que tiene el dato, por favor debe denunciar y saber que los NNyA están en una situación de absoluta indefensión y con mucho miedo, porque están viviendo con su agresor permanentemente.

–¿Cuáles serán los principales desafíos que dejará la pandemia y la cuarentena respecto a la vulneración de derechos de los NNyA?

–Graham: La pandemia generó como una especie de tsunami. Hay problemáticas muy estructurales y otras que se profundizan. El tema de la vivienda digna es una de las deudas de la democracia. No lo hemos logrado resolver ni en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, ni en la provincia, ni en muchas de las jurisdicciones con mayor o menor presupuesto. Lo que hizo el COVID-19 fue poner sobre la mesa déficits estructurales que venimos arrastrando: lo que está pasando hoy en las villas tiene que ver con no haber podido saldar el tema de las viviendas dignas y que tengamos sectores populares que sigan viviendo en el hacinamiento, sin luz, sin agua. Hay que resolver el tema de la vivienda como uno de los derechos de los NNyA. Con respecto a las villas, sobre todo en este momento de pandemia, exhortamos a que los temas coyunturales se resuelvan lo antes posibles.

–Repetto: El efecto tsunami de la pandemia del que habla Marisa deja muy en evidencia, además de esas cuestiones estructurales como la vivienda, la desigualdad. Puso blanco sobre negro las enormes desigualdades no solo de ingresos sino de acceso a Internet y al capital cultual de los hogares, por ejemplo. Estamos trabajando en un documento sobre el día después y esbozando una especie de decálogo de temas fundamentales que estaban presentes, pero que se agudizan actualmente. En este contexto de desigualdad un rol fuerte de la defensoría se vincula con el tema del presupuesto, no solo nacional sino provinciales. Aproximadamente tres cuartos de la inversión que se hace en niñez y adolescencia son presupuestos provinciales y en menor medida municipales, por lo cual ahí tenemos una tarea muy fuerte de seguimiento. El de septiembre va a ser un presupuesto muy asociado a la reconstrucción de cómo se blindan los recursos necesarios para que se potencien y fortalezcan los derechos de los NNyA, en un contexto que por supuesto va a ser de muchísimas restricción fiscal.

–Hernández: Una de nuestras prioridades será lo que llamamos la rejerarquización o fortalecimiento del sistema de protección integral de derechos, que es este conjunto de instituciones federales, nacionales, provinciales y municipales, que por un lado atienden los casos específicos de niñez vulnerada pero también tienen todo el trabajo de promoción y articulación con otros grandes efectores como la salud, o educación. Muchas veces el sistema de protección queda como olvidado, y más que nunca va a tener que tener un rol destacado. Todo indica que la vuelta a clase va a ser escalonada y sabemos que la escuela es un canal de transmisión y contacto entre el Estado y los chicos, donde muchas veces nos enteramos de un montón de cosas que pasan en el seno de la familia. Va a haber un debate muy fuerte del sistema de protección respecto a cómo se va a acompañar toda esta vuelta a la escuela.

–Las muertes por desnutrición de chicos y chicas en el norte del país ocuparon un lugar central en la agenda durante el verano, pero el riesgo es que el tema vuelva a caer en el olvido. ¿Será una prioridad para ustedes?

–Hernández: Antes y durante la pandemia tuvimos varias reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos recabando información propia de las poblaciones más afectadas para ver cómo están evolucionando las intervenciones del Estado, sabiendo que es un problema estructural y complejo. También tuvimos dos encuentros virtuales con autoridades de la provincia de Salta y es un tema que seguramente nos va a llevar bastante tiempo.

–Graham: El hambre era el tema principal de nuestros tres planes de trabajo cuando participamos del concurso para asumir el cargo de defensor. Para nosotros, era prioritario antes de la pandemia, que lo que hizo fue agudizar el problema de la emergencia alimentaria. Tenemos un gran reconocimiento a los esfuerzos que se han hecho desde el Gobierno Nacional y los provinciales con la Tarjeta Alimentar y con el Ingreso Familiar de Emergencia, por ejemplo. Pero seguramente, más allá de esto, vamos a tener mayores problemas en relación a NNyA con hambre, ni hablar en sectores que ya lo padecían como los pueblos originarios. Además, seguramente vamos a tener mayor malnutrición, una problemática que atraviesa a todos los estratos sociales.

–Repetto: El reto de la defensoría es ser muy capaz de dialogar y controlar lo que haga el Estado en los distintos niveles respecto a las políticas públicas para atender las consecuencias inmediatas que van a tener una pandemia a fideo y harina. Tenemos previstas reuniones con distintos especialistas sobre este tema, para un plan de continencia nutricional que hay que hacer con múltiples aristas para el día después. La malnutrición en la Argentina es un tema tan estructural como la vivienda. Aunque por supuesto los sectores más vulnerables requieren una atención prioritaria, como defensoría nos propusimos trabajar en temas que crucen a todos los sectores sociales y la malnutrición es uno de ellos.