En Corrientes: tras la muerte de un chico, investigan abusos sexuales y maltratos en dos hogares de niñas y niños

La muerte de un chico de 14 años en un hogar de niños de Corrientes, ocurrida un mes atrás, desató en los últimos días una ola de denuncias por abusos sexuales y otras violencias cometidas hacia niñas, niños y adolescentes. La Justicia de esa provincia avanza en la investigación contra Sonia Prystupczuk, la directora de los dos hogares de gestión estatal de la ciudad de Gobernador Virasoro −Rincón de Luz (de niñas) y María de Nazaret (de niños)− donde habrían ocurrido los maltratos, así también como contra otras personas que estarían involucradas.

El fiscal de instrucción a cargo de la investigación, Julio Cazarré, dijo a LA NACION: “Estamos en plena investigación. Realizamos muchas entrevistas a testigos y víctimas (aproximadamente, 30 en total). Tenemos que procesar mucha información”, e indicó que, por el momento, prefiere no hacer otras declaraciones. El viernes último, la Justicia ordenó una restricción de acercamiento por la cual Prystupczuk no puede aproximarse o tener contacto con las niñas y los niños de los hogares.

Eduardo Etchegaray Centeno, abogado y quien está patrocinando la denuncia de una joven por abuso sexual y asesorando a otros chicos que pasaron por ambos hogares, contó: “Todo empezó luego de que C., un chico de 14 años, apareciera muerto en una de las habitaciones del hogar María de Nazaret. Fue el 21 de febrero. En la semana del 8 de marzo fui contactado por Patricia Ramos, que era su madrina del corazón y que vino acompañada de D., un hermano mayor del chico que falleció y de una excuidadora, Leandra Alves. A Patricia había muchas cosas que no le cerraban y empezó a juntar testimonios de chicos víctimas de maltratos”.

El magistrado sostuvo que la muerte de C. se trataría “de un suicidio” (aunque se está investigando) y detalló que el chico fue encontrado por uno de sus hermanos, de 11 años. Por otro lado, agregó que Alves, la excuidadora, le contó que en abril de 2021 había realizado una denuncia por distintas “irregularidades” en los hogares. Cuando el abogado accedió al escrito se encontró con “hechos terribles”. Entre ellos, que Prystupczuk, la directora del hogar, “mandaba a trabajar a un local comercial de la zona a Rocío [su nombre fue cambiado en esta nota para preservar su identidad], una adolescente que en ese momento tenía 14 años y que era abusada sexualmente por un hombre de unos 30″, a cargo del comercio.

Tras tomar conocimiento del caso, Etchegaray Centeno se presentó como abogado querellante del hermano de Rocío, ya que la joven (hoy de 19 años) se encontraba viviendo en el hogar hasta hace unos días y se negaba a denunciar por temor, “porque seguía al cuidado de la directora de la institución”. Sin embargo, este lunes la chica ratificó la denuncia contra Prystupczuk por “corrupción de menores agravado por su condición de encargada de guarda y educación en concurso real con el delito de facilitación a la prostitución” y contra el hombre que abusó sexualmente de ella. Etchegaray Centeno sostuvo que “el Estado debería haber investigado de oficio el caso de Rocío, por tratarse de uno de abuso sexual contra una menor” y que si la Justicia hubiese actuado “la muerte de C. podría haberse evitado”.

“Los torturaban con agujas”

Hace varios años, Patricia Ramos creó junto a un grupo de amigos El Faro Solidario, un grupo de Facebook donde buscaban donaciones y otras formas de colaborar con los hogares Rincón de Luz y María de Nazaret. Contó a LA NACION que cada voluntario apadrinaba a una niña o un niño, y que su ahijado era C., a quien conocía desde que tenía cuatro años. “Estuve con él en enero, quería un cajón peruano y me contó que estaba por empezar rugby. Estaba lleno de sueños. A mí me dijeron que se suicidó, pero después de conocer todos los maltratos que ocurrieron, tengo dudas”, aseguró Patricia. Agregó que el chico “estuvo 10 años esperando una familia, pero nunca se declaró su situación de adoptabilidad”.

Ella se enteró de la muerte de C. por una vecina del hogar, y cuando llamó a la directora de la institución, no recibió ninguna respuesta. Entonces, publicó en su Facebook una foto de C. preguntando si alguien sabía qué había pasado y el posteo “explotó”. Recibió muchos mensajes de chicas y chicos que contaban distintos abusos: “Me encontré con casos de tortura. Una chica me contaba que como no le daban de comer, comía la comida de perros. El hermano mayor de C. me contó que lo torturaban con agujas, chicos que eran sistemáticamente golpeados y chicas que habían sido abusadas, que cuando le pedían ayuda a Sonia ella les decía: ‘seguro que es mentira’”.

Patricia conoció además a una médica voluntaria y una asistente social de la institución que en 2016 se habían presentado en el juzgado de Virasoro para realizar una denuncia por “el estado de abandono en que se encontraban los chicos”, pero el caso no prosperó. Señalaban, entre otras cosas, que no tenían acceso a la salud y que “se los encerraba en habitaciones sin luz”.

“A mí me abusaron ahí adentro”

El caso de Amparo (su nombre también fue cambiado en esta nota), una adolescente de 17 años que declaró en los últimos días en Cámara Gesell y contó las violencias de que fue víctima por parte de la directora y otras trabajadoras de la institución, es otro de los que está asesorando Etchegaray Centeno. La joven había difundido su testimonio en un video por redes sociales, en el que contó con la voz quebrada: “Tengo 17 años y viví en el hogar dos años, porque no podía estar en mi casa por muchos temas. Me llevaron ahí. Pasé cosas adentro que ningún chico debería pasar y que no está bien. A mí me abusaron ahí adentro del hogar. Hice una denuncia y nunca la tomaron. También recibí sanciones, encerrada en mi pieza, solo bajaba para comer”.

La adolescente detalló a continuación: “Sonia me había pegado una vez, lo cual en ese momento no supe qué hacer y me escapé, fui a la casa de una abuela, fuimos juntas y le hicimos una denuncia, la cual no me la tomaron (...). También recibí maltratos de otras orientadoras, todavía me puedo acordar que una me jaloneaba el cabello, me decía cosas y adentro del hogar me quise suicidar tres veces (...) porque viví situaciones que me estaban cansando y creo que a cualquier chico le debe cansar y más porque nadie me contenía, no recibí terapia psicológica, nadie nunca me hizo caso de lo que dije. Quiero que todo esto termine”.

Una problemática estructural

Días atrás y a raíz de lo ocurrido en los dos hogares de Virasoro, unas 20 organizaciones sociales que conforman la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de la Provincia de Corrientes (REDNNAJ) presentaron un documento donde enumeran otros antecedentes de denuncias de abusos y violencias en hogares de la provincia. Mencionan diferentes presentaciones que se hicieron ante organismos del Estado y reclamaron que “es urgente el ejercicio de una fuerte y sostenida autocrítica respecto a la organización, estructura, capacidades y herramientas existentes a nivel provincial para proteger, restituir y garantizar derechos” a niñas, niños y adolescentes.

“A nosotros nos interesa saber qué acciones se piensan desarrollar a partir de lo ocurrido y ofrecernos para colaborar como una red con experiencia en temáticas de niñez para pensar alguna intervención en conjunto”, señaló a LA NACION Sebastián Carrano, sociólogo e integrante de la red. Y añadió: “Nosotros creemos que hay una situación estructural de fondo en la provincia en cuanto a las políticas de niñez y el sistema de protección, y que es urgente que se haga una autocrítica a mediano y largo plazo. Esto que ocurrió es una explosión de una problemática de fondo”.

Además, Carrano subrayó que “no hay cifras oficiales públicas de cuántos hogares hay en la provincia” (estimó que entre unos 10 y 12) y que si bien Corrientes adhirió a la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, no cuenta con legislación propia que “garantice una estructura y un presupuesto adecuados”, lo que para la red es una deuda urgente. Mariana Incarnato, fundadora de la asociación civil Doncel (que lleva años trabajando por los derechos de las infancias y adolescencias privadas de cuidados parentales), coincide con su mirada. Sostuvo que “la situación de la provincia en términos de lo que sucede con estas infancias y adolescencias es muy grave”, y que si bien la sanción de una ley por sí misma nunca es suficiente, sí sería un primer paso para proteger a las chicas y los chicos cuyos derechos están siendo vulnerados.

“Lo que es urgente es la transformación del sistema de cuidado, que se garantice el derecho de las chicas y los chicos a vivir en familia. Las instituciones no son lugares donde deben vivir, pero esa es una transformación que hay que darla a nivel nacional, empujando hacia un cambio progresivo. Hay que priorizar a la familia extensa, a los vínculos preexistentes y financiar el sistema de acogimiento familiar para que las niñas, los niños y los adolescentes no tengan que crecer en hogares”, concluyó Incarnato.