Fabiana Túnez: “Es un error decir que destinamos 11 pesos por mujer”

Para la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), recientemente distinguida como una de las 100 personas más influyentes en materia de género por la red global Apolitical, el principal desafío que tenemos como país para terminar con la violencia hacia las mujeres sigue siguiendo "el cambio cultural". Este implica, entre otras cuestiones, "el que tiene que hacer una Justicia que todavía es patriarcal y sexista". Trabajar en las capacitaciones que prevé la Ley Micaela (sobre formación en temáticas de género para los integrantes del Estado) y en transformaciones educativas, es para ella clave. "Necesitamos combatir la desigualdad entre varones y mujeres, que se basa fundamentalmente en esta cultura que todavía coloca a la mujer del lado del objeto y no del sujeto", asegura.

–Cada vez se está hablando menos de "refugios" y más de "hogares de protección integral" para mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué?

–Está cambiando el parámetro. El refugio es un concepto antiguo que se tenía como un espacio para que la mujer estuviera justamente refugiada, asilada. El hogar de protección integral seguro está mucho más adecuado a los nuevos tiempos, donde a la mujer se la protege, se la alberga, se la potencia y se la capacita, pero también cuenta con otras herramientas que en un refugio se complicaban. Por ejemplo, una mujer que hoy está en un hogar puede, con acompañamiento, llevar a sus hijos e hijas a la escuela. Además, el concepto de hogar se contrapone a decir "estamos culpabilizando a la víctima", o sea, a la que estamos aislando es a la mujer, e implica un cambio de paradigma: empezar a controlar al agresor y sí garantizarle a la víctima, sus hijos e hijas, las seguridades necesarias. Por eso se incorporaron las tobilleras electrónicas como un mecanismo de monitoreo para controlar en tiempo real al agresor, no solo a la víctima. Es un sistema dual por el cual si él se llega a acercar a la mujer, no solo se lo va a detener sino que a ella le va a llegar un aviso por geolocalización de que el agresor se encuentra cerca, generando así una protección un poco más completa. Las distribuye el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a las provincias.

–¿Hay provincias que actualmente no tiene refugios ni hogares?

–La única forma de proteger a la mujer no es con un edificio: si le das un subsidio para que pueda alquilar un lugar o le brindas la posibilidad de estar en un albergue u hotel, la provincia estaría cumpliendo con la función de proteger a la víctima. Hay jurisdicciones que no firmaron la adhesión al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2017-2019, como Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, San Juan y Santiago del Estero. Algunas de ellas no tienen refugios, pero otras sí.

–En el plan se preveía la construcción de 36 hogares de protección integral. Hasta ahora se finalizaron nueve. ¿Qué pasó?

–Por un lado, son nueve los que se finalizaron en las provincias de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y Salta, pero hay otros más que se iniciaron en la de Buenos Aires que a fin de año se prevé que estén terminados. Por otro, se cambió el paradigma. Cuando iniciamos el plan hicimos un diseño, pero en la evaluación que se hizo en el Consejo Federal de las Mujeres, algunas plantearon otras cuestiones que había que atender. En función de eso se decidió armar la Red Nacional de Hogares de Protección Integral, porque antes cada provincia que tenía un hogar se veía renuente a que una mujer de otra jurisdicción lo pudiera utilizar. Se decidió no seguir construyendo y apostar al fortalecimiento de los hogares existentes en cada provincia y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia. Hay provincias que tienen hoy algún hogar de medio camino y, gracias al programa de fortalecimiento, lo están transformando en uno de protección integral.

–¿Alcanza el presupuesto destinado?

–Hay un error cuando en algunos medios se comunica que el mismo equivale a 11 pesos por mujer. Eso es porque toman el presupuesto del INAM y lo dividen por la cantidad de mujeres que hay en el país. Pero la realidad es que a partir de un trabajo que se empezó a hacer hace dos años y que tiene que ver con un presupuesto con perspectiva de género, estamos hablando de 57 partidas de diferentes organismos, con un monto muy distinto a lo que se conoce por los medios. Son 568.494 millones de pesos: equivale al 13% del total del gasto nacional en políticas vinculadas al cierre de las brechas de género. Por ejemplo, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en salud sexual y procreación responsable, pasó de un presupuesto de 245.506.000 de pesos a 560.344.000 en 2019, aumentando un 69%. El programa de fortalecimiento de Educación Sexual Integral, pasó de 21.000.000 a 102.000.000 de pesos. Lo que quiero mostrar con estos ejemplos es que el presupuesto es mucho más que el INAM que, por otro lado, desde que asumí hasta la actualidad tuvo un aumento del 500% en su presupuesto.

–Algunas organizaciones de la sociedad civil plantean la necesidad de un subsidio económico específico para mujeres víctimas de violencia. ¿Desde el INAM consideran que es una prioridad?

–Desde el INAM lo que hemos hecho fue que en el programa Ellas Hacen, que luego fue absorbido por el Hacemos Futuro, se les dé prioridad a las mujeres trans, a aquellas que están en situación de prostitución y a las víctimas de violencia de género. Por otro lado, está el programa de los microcréditos, o sea, que toda mujer que es capacitada dentro de los hogares de protección integral puede acceder después a uno para realizar su emprendimiento. Creo el subsidio económico específico es algo que se tiene que definir en una legislación que sea debatida en el Congreso. Por otro lado, a partir del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos hay muchos puntos que tienen que ver con el fortalecimiento económico o políticas de cuidados. Para poder hablar de violencia son una multiplicidad de estrategias y medidas las que hay que tener en cuenta.

–¿Por qué no logramos bajar como país los números de femicidios?

–El principal desafío es el cambio cultural, que es el que más tiempo lleva. Teniendo planes estratégicos, leyes y toda la batería de cuestiones que se están dando, evidentemente va a llegar un momento en que se va a producir. En España se tardó mucho tiempo en reducir los índices de femicidios. El Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia es una política de Estado y debe seguir siéndolo a lo largo de los años para que deconstruyamos esta cultura que sigue siendo machista.