Integrar: es el desafío social frente a la diversidad

El valioso trabajo cotidiano de las organizaciones no alcanza para mitigar el desconocimiento generalizado del problema. Hacen falta políticas que terminen con la marginación de quienes tienen otras necesidades

15 de octubre de 2005

Si pusiéramos una gran lupa para conocer la situación de las personas con discapacidad en cada una de las provincias de nuestro país, la imagen nos devolvería realidades con algunos rasgos en común: víctimas de discriminación, violación de sus derechos, desempleo, pobreza y exclusión.

Afortunadamente, aunque en una escala mucho menor, se observarían aspectos positivos como experiencias de inclusión, equiparación de oportunidades, accesibilidad y respeto por este sector de la sociedad.

Actualmente en la Argentina se dispone (luego de interminables años de espera) de datos oficiales sobre esta población.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI) 2002/2003, complementaria del Censo 2001 del Indec, muestran que 2.176.123 personas tienen al menos una discapacidad, y que representan el 7,1% de la población total.

En realidad son más, ya que la encuesta se hizo sólo en conglomerados urbanos de más de 5000 habitantes.

Este relevamiento "constituye la primera experiencia de este tipo en el país", dijo el director nacional de Estadísticas Sociales y de Población, Enrique Amadasi.

El valor de los números

"Hay una tendencia internacional por mejorar cada vez más las estadísticas de las personas con discapacidad -agregó-, y seguramente nosotros también debemos seguir ese camino. Por ejemplo, dentro de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas hay un programa específico sobre estadística de la discapacidad. El Indec sigue esas recomendaciones y lidera en lo que hace a censos y encuestas en esta materia."

El ENDI también establece que uno de cada cinco hogares alberga una persona discapacitada, cifra que expresa más claramente la magnitud de la situación en nuestro país.

La encuesta, que aporta información tanto sobre el total de la Argentina como sobre sus regiones, permite conocer mejor el escenario propio y así convertirse en una herramienta para diseñar políticas públicas eficaces.

Como dice la socióloga Liliana Pantano, investigadora del Conicet: "Los datos estadísticos, si bien reflejan una realidad descriptiva por indicadores demográficos, son un medio y no un fin en sí mismos y deben ser leídos con auténtica decisión política, para buscar las verdaderas certezas detrás de las cifras: la discapacidad afecta a la persona, la familia y la comunidad".

Construcción compartida

Los niveles del Estado deben producir políticas públicas que contribuyan a la integración de las personas con discapacidad en los diversos aspectos de la sociedad.

Sin embargo, según un estudio reciente realizado por la Fundación Par, organización que promueve laboralmente a personas con discapacidad motora o sensorial, la realidad de nuestro país está lejos de cumplir con este objetivo indelegable.

Marina Klemensiewicz, directora de Comunicación y Desarrollo de esta organización, expresó que las principales conclusiones de la investigación manifiestan que el Estado debe instalar el tema en la agenda pública y tener una mayor presencia por medio de la promoción de políticas públicas proactivas.

Con objeto de ser un verdadero aporte, este estudio -que confirma que uno de los grupos históricamente marginados en las sociedades es el que constituye las personas con discapacidad- contiene, además, propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de este sector de la población y sus familias.

Todas sugerencias que tienen como base el diseño de estrategias de manera transversal a todas las áreas de acción, y no por compartimientos estancos que suelen ser ineficientes.

Por su parte, Hugo Fiamberti, secretario de la Asociación para la Defensa del Discapacitado y el Usuario de Salud, destacó: "Es fundamental que la sociedad civil en su conjunto participe y se comprometa en la construcción de esas políticas".

Evidentemente, se habla mucho de la discapacidad, pero no se hace lo suficiente.

Es necesario generar una mayor conciencia por parte de la población en general acerca de la importancia de la no discriminación y de la generación de iguales oportunidades para todos, con la conciencia puesta en el respeto a la diversidad.

Falta el cumplimiento estricto de las leyes

Uno de los puntos más negativos que se percibe rápidamente cuando se analiza la situación en nuestro país es la falta de cumplimiento de las leyes sobre discapacidad.

"Mientras no se produzca un paulatino pero profundo cambio cultural -decisión política de todos los sectores-, la situación seguirá siendo la misma de hoy, aunque se perfeccione la legislación", establece el informe de Par.

Por citar un ejemplo, se menciona el transporte público colectivo de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires.

Según lo previsto, hoy ya debería haber casi un 60% de transporte público accesible a los discapacitados y sólo existe en alrededor de un 14%, lo que muestra la brecha entre lo planeado y la realidad.

También preocupa el hecho de que el 40% de las personas con discapacidad carece de cobertura social, y que el estudio de diagnóstico revela que existe una disminución de la participación directa del Estado en las intervenciones de rehabilitación: antes de 1971, las instituciones públicas dedicadas a este tema constituían el 54%, entre 1971-1990 representaban el 41,3%, y en 1991, 23%. Para esa misma fecha, las organizaciones privadas constituían el 60 por ciento.

Alejandra Noseda

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