Replantear la adopción

Cuando hablamos de adopción de niños vienen a nuestra mente dos partes interesadas en el proceso: el niño a adoptar y los futuros padres adoptivos. Sin embargo hay una tercera parte que muchas veces se la ignora, se la oculta o se la desmerece: son las progenitoras de esos niños que se adoptan, que son madres que en forma voluntaria los entregan, generalmente recién nacidos, así como aquellas que son separadas del cuidado de sus hijos por el abandono, negligencia, violencia y otras formas de grave vulneración de derechos.

Hay mujeres que claramente quieren dejar a su niño recién nacido, y una mal entendida protección hacia ellas lleva a que sean sometidas no sólo a actividades de orientación para saber cómo actuar, sino a verdaderas presiones para que no dejen al hijo. Ello ocasiona que la parturienta entregue a su hijo a la primera persona de buena voluntad que se ofrezca a ayudarla o le proponga alguna recompensa.

Para evitar maniobras en las entregas de niños se han dictado normativas a nivel nacional y local, cuyo resultado no está siendo del todo efectivo.

Nada positiva es la demora a que se ve sometido el niño, en general institucionalizado, cuando se debe decidir sobre su futuro y los servicios de protección de derechos y el propio servicio de justicia, dilatan la definición de los casos.

La excusa de que se esperan modificaciones en el comportamiento de ciertos progenitores o se está indagando sobre familiares del niño con posibilidades de hacerse cargo son meros pretextos que encubren las deficiencias del sistema.

Replantear la adopción, entonces, requiere analizar diversas cuestiones. En primer lugar, la adopción no implica un desconocimiento del derecho que deriva del vínculo de sangre entre padres e hijos, sino un reforzamiento de la idea de que la maternidad y la paternidad no se reducen al hecho biológico de la concepción, sino que requieren el acto voluntario de querer ser madre y padre.

La segunda reside en entender que decidir si un niño nacido en circunstancias de pobreza pueda ser dado en adopción por considerarlo en situación de abandono o desamparo –si no se cuenta con la decisión de entrega de la madre– es una tarea compleja, y para ello se requieren políticas sociales activas con programas de fortalecimiento familiar, seguimiento y promoción social.

Por último corresponde recordar que ese derecho a la familia se debe asegurar no sólo a los niños recién nacidos, sino a otros algo mayores. En efecto, la adopción de niños mayores debe ser promovida desde las políticas públicas.

Alejandro Molina