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La empresa afirma que no ha cometido delito alguno de ninguna naturaleza y tampoco ha incurrido en infracciones tributarias ni ha estado vinculada con operaciones de lavado o infringido normas que penalicen este delito
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29 de mayo de 2003  

Por orden de la jueza federal María Servini de Cubría, durante un sorpresivo procedimiento realizado en la sede de SA LA NACION, las autoridades de esta empresa entregaron la documentación societaria y comercial solicitada.

Sin perjuicio del contenido de las actuaciones, que la empresa examinará, SA LA NACION afirma que no ha cometido delito alguno de ninguna naturaleza y, por cierto, tampoco ha incurrido en infracciones tributarias ni ha estado vinculada con operaciones de lavado o infringido normas que penalicen este delito.

Los representantes legales de LA NACION se presentarán ante el juzgado interviniente a fin de interiorizarse del contenido del expediente en el que se dispuso el secuestro de libros contables que nunca antes le habían sido requeridos por el tribunal, en una causa de cuyo desenvolvimiento SA LA NACION no tenía noticia.

El proceso se originó por una denuncia presentada por un particular a partir de una publicación hecha en noviembre último por el semanario El Guardián, cuya propiedad e inspiración se atribuyen en medios políticos, empresarios y periodísticos a Raúl Moneta, que fue vicepresidente primero y accionista del Banco República.

En aquella nota se imputaba a la sociedad editora de LA NACION realizar maniobras de evasión tributaria y de lavado de dinero a través de empresas constituidas en el exterior.

Tras aquella publicación, dos particulares, de identidad hasta ahora desconocida para LA NACION, recogieron lo consignado e hicieron sendas presentaciones ante la Justicia.

Una de ellas, efectuada en sede policial, hace imputaciones sobre presuntos delitos de evasión tributaria y lavado de dinero, y quedó radicada ante el juzgado federal número 1, a cargo de la doctora María Servini de Cubría, mientras que la segunda presentación fue efectuada ante el juzgado federal número 12, a cargo del doctor Sergio Torres, quien la remitió al primer tribunal.

En un primer momento, el fiscal Eduardo Freiler, por entender que se estaba ante la denuncia de un presunto delito de carácter económico, pidió que la magistrada se declarase incompetente y que la causa pasara a manos del fuero en lo penal económico.

La sala II de la Cámara Federal confirmó que es la justicia federal la competente para entender en este expediente.

La jueza Servini de Cubría dispuso entonces la intervención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que conduce la contadora Alicia López.

Ayer, a las 10.30, el comisario Roberto Pérez Hernández, de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, encabezó un procedimiento en las oficinas comerciales y del directorio del matutino, acto durante el que también estuvo presente la doctora López.

El personal autorizado por la doctora Servini de Cubría revisó documentación y se retiró con los libros requeridos. Contrariamente a lo difundido en versiones periodísticas, no fue allanado el domicilio de ningún directivo de la empresa.

Tan pronto fue tomando estado público el allanamiento ocurrido, personalidades de diversos ámbitos políticos, incluido el Gobierno, y de la prensa nacional se comunicaron con LA NACION para expresar su preocupación por lo que acababan de notificarse.

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