Críticas de la SIP a la ley de medios

ARUBA.- La asamblea semestral de la Sociedad Intermericana de Prensa (SIP), que deliberó hasta ayer en esta ciudad, dio a conocer tres resoluciones sobre la Argentina, en las que le solicita al gobierno nacional que "cese" en las actitudes de "hostilidad y violencia" contra la prensa, que "respete" las resoluciones judiciales que suspenden la ley de medios y que "ponga fin al plan sistemático de hostigamiento" contra Papel Prensa.

En relación con la Argentina, la SIP marcó en primera instancia las actitudes de "hostigamiento" de los gobernantes, "como los de la Argentina, Bolivia y Ecuador, siguiendo el ejemplo de Venezuela", como parte de una "tendencia de crear e imponer legislación y normas restrictivas a la libertad de expresión, al derecho de informar y de ser informado".

La Argentina fue el país con más resoluciones aprobadas en la reunión de la entidad. Las tres resoluciones se refirieron a las agresiones a medios y periodistas, a la ley de medios y a Papel Prensa.

Entre los considerandos de la primera resolución, se afirma que "la escalada contra los medios de comunicación ha incluido, de manera reiterada, la discriminación de periodistas para acceder a las fuentes de información, las trabas en el acceso a la información pública, el maltrato a profesionales en ruedas de prensa y la estigmatización de los mismos en relación al medio al que pertenecen".

Por eso, señala la importancia de "alertar y propiciar el cese de las actitudes de hostilidad y violencia por parte de sectores del Gobierno y el partido oficial contra editores, periodistas y medios de comunicación de la Argentina".

En este sentido, la asamblea exhorta "al Gobierno a que cese el uso arbitrario y discrecional de recursos y medios públicos destinados a una burda estrategia de propaganda oficial y de agravio permanente a periodistas y editores independientes".

Respetar la ley

En la segunda de las resoluciones sobre la Argentina, y tras considerar que "la polémica ley de servicios de comunicación audiovisual, aprobada en septiembre del año pasado, en un trámite de sanción denunciado por irregular, ha sido suspendida en virtud de varios fallos de la justicia argentina", la declaración final de la SIP insta al "gobierno argentino a respetar las resoluciones judiciales vigentes que suspenden la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, en una clara muestra del reconocimiento de la división de poderes del Estado".

Del mismo modo, exhorta al "Poder Ejecutivo a no avanzar en la implementación y aplicación de una norma que se halla suspendida por vicios en su sanción y por afectar en su contenido derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y la libertad de elección de los consumidores".

Solicita al "Congreso argentino la modificación de la citada ley, promoviendo el debate de una normativa de medios audiovisuales que incluya un análisis profundo de sus contenidos, con el aporte de los sectores involucrados y que busque articular armónicamente valores centrales de la democracia, como la libertad de expresión; la independencia, sustentabilidad y diversidad de los medios y la no discrecionalidad del poder político en su aplicación".

La tercera resolución considera que "las acciones de hostigamiento oficial contra los medios de comunicación también ponen en riesgo su sustentabilidad a través de la afectación de insumos y que en este marco debe mencionarse la escalada gubernamental contra la empresa Papel Prensa, principal productora de papel para diarios en la Argentina, que abastece al 95% de los periódicos del país".

Insta a poner fin a este hostigamiento, al tiempo que pide "velar por el mantenimiento de la política de libre comercialización del papel que rige en la Argentina, teniendo en cuenta que dicho insumo nunca puede ser considerado un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo".

La aprobación del Informe sobre Libertad de Prensa en la Argentina tuvo un agregado de importancia: la nota publicada ayer sobre la negativa del gobierno a informar sobre gastos de publicidad oficial. "En el día de hoy [por ayer], se conoció, a través del diario LA NACION, que el Gobierno se negó por escrito a difundir los gastos en publicidad oficial, alegando que esa información involucra «datos personales» y, por lo tanto, queda exceptuada del decreto de acceso a la información pública."