Cuestión de poder

Hace poco tuve la oportunidad de coordinar un seminario del BID, que reunió a varios viceministros de Educación de América latina. Todos coincidimos en que el principal desafío para el crecimiento de la calidad educativa es mejorar el reclutamiento, la formación inicial y el proceso de ingreso a la carrera docente. Uno de ellos habló del círculo perverso: los alumnos secundarios de peores resultados académicos y muy bajo capital cultural, que cuentan una deficiente formación docente inicial y que ingresan a la profesión en una selección "burocrática", que sólo revisa "papeles" y no puede dar cuenta de las capacidades de un futuro docente para estar al frente de un aula, terminan atendiendo a los alumnos más pobres.

Nos debemos una discusión seria acerca de cómo alentamos a los mejores alumnos del secundario para que miren con interés la carrera docente, cómo transformamos su formación y garantizamos que tengan un estándar mínimo de competencias para educar a nuestros hijos.

La disputa por el ingreso a la profesión tiene dos planos que deberíamos diferenciar: el del poder y el de la política educativa. La ley de reforma de juntas ingresa directamente en un espacio de poder de los sindicatos y, en consecuencia, éstos la defienden para controlar y ser árbitros de una parte importante de la vida cotidiana del sistema educativo. La elección de los jurados de los concursos, los traslados de los docentes entre diferentes escuelas y otros trámites que deben realizar las juntas les otorgan a los sindicatos un poder inmenso frente a los docentes. En el plano de la política educativa, el que es estratégico para el futuro, no se puede mejorar la calidad de nuestras escuelas si no establecemos un sistema de ingreso a la profesión docente que garantice las competencias de los aspirantes a los cargos y recupere este rol para el Estado. Es el primer paso.

La decisión de la Legislatura establece el piso para una política de reclutamiento de docentes diferente a la actual. El Estado se hace cargo del trámite; debe hacerlo en forma transparente y eficaz, deberá volver a revisar el sistema de puntos que se le otorgan a los docentes por cada curso de capacitación y establecer jurados creíbles para los concursos.

El sistema educativo recupera así un equilibro que había perdido por la propia desidia del Estado, no ejerciendo su responsabilidad por el ingreso a la profesión. Los docentes deben tener un rol central de control del proceso para garantizar transparencia y justicia en los nombramientos.

El resultado de esta reforma se verá en dos años, según lo señala la ley; para ese entonces, el Ministerio de Educación porteño deberá tener en marcha no sólo una nueva oficina de trámites sino una nueva política de ingreso a la profesión docente. En caso contrario habrá sido una discusión de poder, no de política educativa.

Ex ministro de Educación

Andrés Delich