Darán continuidad a los docentes suplentes

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25 de febrero de 2004  

LA PLATA.- Los docentes provisionales y suplentes del nivel inicial (jardín de infantes) y del primer y segundo ciclo de la educación general básica (de primero a sexto grados) tendrán asegurada la continuidad laboral, de acuerdo con una ley aprobada en la Legislatura bonaerense, que modificó el Estatuto del Docente.

Los gremios están de acuerdo con la medida -que alcanzará a unos 42.000 maestros- pero cuestionan que los legisladores hayan aprobado la norma cuando en algunos distritos ya se realizaron actos públicos para la designación de cargos. Esto, afirman, podría provocar inconvenientes.

La ley fue impulsada por la senadora justicialista Nora Estrada, titular de la Comisión de Educación del Senado, y extiende la aplicación del criterio de la continuidad laboral, que ya existía a partir de séptimo grado.

En virtud de la norma sancionada, cuando la ley sea promulgada, en los próximos días, los maestros ya no deberán concurrir a los actos públicos para acceder a un puesto. Sólo tendrán que hacerlo si aspiran a obtener un cargo titular.

"Además de resolver una cuestión de discriminación, la ley contribuye a que los docentes estén consustanciados con el proyecto educativo institucional. Esto no es posible si el educador cambia de escuela cada año. También es una forma de motivarlos para que participen de la capacitación y el perfeccionamiento", explicó Estrada.

La norma establece, además, que a partir del próximo año los docentes deberán contar con el título habilitante para el cargo. Quienes no lo poseantendrán la posibilidad de capacitarse durante el actual ciclo lectivo.

Críticas de los gremios

La reciente reforma del Estatuto del Docente fue cuestionada por los gremios. Roberto Baradel, secretario general del Suteba, dijo: "La continuidad laboral fue un reclamo histórico nuestro. Pero nos pareció desprolijo que la ley se haya aprobado sobre tablas y sin discusión".

Por su parte, Jorge Martín, presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), consideró que se trata de una norma "autoritaria e inconsulta". Y puso en duda los beneficios de la ley, dado que "puede perjudicar a unos y favorecer a otros".

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