La Legislatura porteña sancionó la ley de emergencia edilicia de los establecimientos educativos públicos, que establece la urgente reparación de los 765 colegios de la ciudad, y que destina, para ese fin, la mitad del presupuesto total que tendrá la Dirección de Infraestructura Escolar. Si bien en el macrismo estiman que la inversión será de 150 millones de pesos, el presupuesto para el año próximo sólo sería aprobado el miércoles que viene.
El proyecto, presentado por el ex diputado Marcos Peña (Compromiso para el Cambio), fue aprobado anteanoche por 43 diputados en favor y dos en contra. La ley regirá hasta el 31 de diciembre del año próximo.
Desde la oposición señalaron que la medida es arbitraria y que será un cheque en blanco, porque todavía no existe un listado que priorice las escuelas que están en situación más crítica.
Pero en el macrismo aseguraron que por eso se creó una Comisión de Seguimiento Legislativo, integrada por dos representantes de la primera minoría, dos de la segunda y uno de la tercera, que controlará las contrataciones directas.
"La ley consiste en un sistema más flexible para hacer reparaciones. Hoy los plazos son largos y, dada la emergencia, necesitamos que se acorten. Pero con los mismos controles", explicó a LA NACION Marcelo Godoy (Compromiso para el Cambio), quien añadió que, de los 550 colegios relevados, casi 300 presentan graves problemas de infraestructura. Y continuó: "La idea ahora es preparar un listado con el orden de prioridades. Los más graves se harán durante el receso escolar y, los otros, durante el año".
Según el macrismo, el monto estimado de inversión será de 150 millones de pesos. "La idea es ejecutarlo en su totalidad. Pero sólo después del 10 de diciembre [fecha prevista para la asunción del gobierno electo] veremos cuántas escuelas podremos reparar con esa asignación", dijo Godoy.
El legislador señaló que la ley de emergencia -y en consecuencia el dinero destinado- sólo abarca las refacciones hechas a establecimientos ya existentes y no a la construcción de nuevas escuelas. La ley establece, además, que las obras cuyos montos no excedan el millón de pesos podrán ser licitadas en forma privada y que podrán ser contratadas en forma directa cuando esa suma no supere los 300.000 pesos.
Desde la oposición, si bien reconocieron las malas condiciones de infraestructura de las escuelas, rechazaron la falta de un listado previo que fundamente las prioridades. "Es absolutamente indiscriminado y arbitrario. Ellos decidirán qué escuelas arreglar. No veo que se pueda monitorear la transparencia de la que hablan", dijo a LA NACION Liliana Parada (ARI), que votó en contra.
"Es una habilitación para hacer negocios, y montado sobre algo absolutamente sensible. Sin fundamentos, declararon la emergencia en toda la ciudad", sentenció la legisladora, para quien la zona sur está en peores condiciones que la norte.
