Genera resistencia la decisión de eliminar la cartera de Educación

Especialistas dicen que peligran los planes para garantizar la calidad y equidad educativas Hoy se reunirán los ministros provinciales del PJ Habrá un abrazo al Palacio Pizzurno
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27 de diciembre de 2001  

Mientras el ex ministro de Educación Andrés Delich terminaba ayer de levantar los papeles de su oficina a la espera de un interlocutor del Gobierno –que no llegó– para transferirle la gestión, algo quedó claro en los primeros días de la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá: la educación no figura dentro de la agenda prioritaria.

Urgido por la cuestión económica y ayudado por la falta de conflictos docentes por las vacaciones de verano, hasta anoche el oficialismo no había definido quién se hará cargo del área. Tampoco si efectivamente el ministerio quedará reducido a un área de coordinación nacional o si se transformará, como mínimo, en una secretaría.

Fuentes allegadas al gobierno entrante y al saliente afirmaron que la incertidumbre que provocó preocupación entre especialistas, académicos y los gremios podría tener hoy algún tipo de definición.

Habrá varias reuniones que fijarán el tema en la agenda del Gobierno. Por un lado, los gremios docentes y los rectores de las 37 universidades nacionales públicas reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya pidieron a Rodríguez Saá que los reciba hoy. Por otro, los ministros de Educación provinciales del PJ se reunirán en el Palacio Pizzurno para analizar la situación e impulsar la idea de una coordinación nacional.

También el personal del ex ministerio nacional prepara su ofensiva: mañana, a las 10, habrá un abrazo simbólico al Palacio Pizzurno.

Pero más allá de quién será el sucesor de Delich, la desaparición del Ministerio de Educación –y como consecuencia, su falta de participación dentro del gabinete nacional– despertó críticas y temores.

Las opiniones

Especialistas consultados por La Nacion dijeron que la ausencia de una cartera en el nivel nacional podría redundar en una falta de planificación de políticas para mejorar la calidad educativa, así como la falta de planes de equidad para balancear las diferencias económicas y sociales entre las provincias.

“Es un retroceso para la Argentina –dijo a La Nacion Guillermina Tiramonti, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)–. Simbólicamente, la destrucción del ministerio es fuertísima”, agregó. Según Tiramonti, con esta decisión surge la figura de un Estado que “se desentiende del problema educativo y de ser el garante del derecho a la educación de un determinado nivel, con un determinado grado de equidad. Si esto no lo hace el ministerio, ¿quién lo hará?”, se preguntó.

Para la especialista, “es riesgoso para una idea de nación que en el futuro se renuncie a establecer pautas generales que orienten la socialización de las nuevas generaciones”.

El rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Horacio Sanguinetti, no salía ayer de su asombro: “No puedo creer que esto sea definitivo –dijo–. Debo decir que es un poco descorazonador que el área educativa, que es la estrategia más importante para salir de la crisis moral y social en la que estamos, desaparezca”.

Por otro lado, el politicólogo Roberto Cortés Conde sostuvo que la función del Estado nacional es buscar una mejora de la calidad educativa, con equidad, pero que eso “no necesariamente se tiene que hacer desde un Ministerio de Educación”. Advirtió que se debería evitar que el aparato burocrático nacional se repita en 24 jurisdicciones provinciales.

“Creo que hay que suprimir el exceso de burocracia, pero no el ministerio –afirmó el ex ministro de Educación de Carlos Menem Antonio Salonia–. La definición de la política educativa debe ser una responsabilidad compartida con las provincias.” En este sentido, el ex funcionario afirmó que el Consejo Federal de Educación (CFE), que reúne a los ministros de educación provinciales, debería adquirir un nuevo rol, de mayor relevancia.

Alfredo van Gelderen, de la Academia Nacional de Educación, prefirió no opinar sobre medidas que el Gobierno aún no terminó de definir.

Pero sí recordó que la existencia del Ministerio de Educación figura en la ley federal de educación y en la ley de educación superior. “Creo que las normas vigentes, que marcan las funciones con respecto al control de la calidad, la administración y la distribución de los recursos, señalan deberes que la nación debe cumplir”, dijo Van Gelderen.

El secretario general del CFE, Sergio Palacio –que hasta ahora, aunque con un mandato independiente, dependía del Ministerio de Educación–, afirmó que ese organismo de concertación debería tener ahora “una resignificación”. Debería ser, dijo, el lugar donde se definan “las principales políticas educativas, independientemente de que algunas otras se ejecutaban en el ministerio nacional”.

En el medio de la discusión quedaron atrapados varios programas impulsados por Delich que necesitan definición urgente para no desaparecer. Entre ellos figuran la licitación para conectar escuelas a Internet, la provisión de energía eléctrica a 1700 establecimientos del país, el fondo de garantías para el pago de salarios docentes y créditos que se gestionaban en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Voces en contra

Horacio Sanguinetti

  • “No puedo creer que esto sea definitivo. Debo decir que es un poco descorazonador que el área educativa, que es la estrategia más importante para salir de la crisis mora y social en la que estamos, desaparezca.”
  • Alfredo van Gelderen

  • Sostuvo que la existencia del ministerio está prevista por la ley federal de educación y la ley de educación superior. Son funciones –como el control de la calidad y la administración de los recursos– que la nación debe cumplir.
  • Sergio Palacio

  • El secretario general del Consejo Federal de Educación apuesta a que el organismo de concertación tenga mayor relevancia. Debería ser el lugar donde, de aquí en más, se “definan las principales políticas educativas” del país.
  • Antonio Salonia

  • “Creo que hay que suprimir el exceso de burocracia, pero no el ministerio –dijo el ex ministro de Educación de Carlos Menem–. La definición de la política educativa debe ser una responsabilidad compartida con las provincias.”
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