Un supuesto caso de discriminación. La Justicia autorizó a un docente chileno a dictar clases en el país

Había sido rechazado para ejercer en el distrito bonaerense

13 de enero de 2004

MAR DEL PLATA.- Chileno, con casi 14 años de residencia en el país y recientemente con un título de docente bajo el brazo, Ulises Garay Véliz debe conformarse con ser beneficiario de un plan social y dar clases de apoyo en una biblioteca barrial.

Desde hace algunos días siente que el futuro puede depararle una sonrisa. Un fallo judicial le reconoce el derecho a ejercer la docencia en el sistema público oficial, oportunidad que las autoridades y un estatuto le niegan por su condición de extranjero.

La resolución fue dictada por el juez Pedro Federico Hooft, a cargo del Tribunal de Transición N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata. El estatuto que regula la actividad docente en el territorio bonaerense señala que para desarrollar la actividad se debe ser argentino, nativo o por opción. Pero en su escrito, el magistrado ordena a la Dirección General de Cultura y Educación (Dgeyc) aceptar al docente en el listado de cargos "sin exigir más que la idoneidad para acceder a la citada inscripción".

"Las constituciones nacional y provincial dicen claramente que tenemos el derecho de enseñar y aprender y es justamente eso lo que estoy reclamando en mi planteo", dijo Garay Véliz a LA NACION. Agregó que el mes próximo, cuando se reabran los listados, intentará ganar un lugar entre los aspirantes a dictar clases en establecimientos públicos bonaerenses.

Ahora queda por determinar la reacción de la provincia frente a este fallo. Puntualmente, si aceptará la resolución o si la apelará.

Los inconvenientes para Garay Véliz comenzaron cuando había aprobado el 70% de las materias de profesorado para educación polimodal que cursaba en el Instituto Superior de Formación Docente N° 19 de esta ciudad, dependiente de la Dgeyc. En esas condiciones ya podía inscribirse para tomar horas cátedra y ejercer en carácter provisional o como suplente. "Pero la Secretaría de Inspección del distrito me lo impidió por mi condición de extranjero", recordó el damnificado, sobre lo ocurrido en noviembre último.

A la Justicia

Así fue como recurrió a la Justicia con apoyo legal de Poder Ciudadano. Antes de la feria judicial, el juez Hooft hizo lugar a su recurso de amparo. Simultáneamente, Garay Véliz puso en marcha los trámites de ciudadanía, en los que vuelve a encontrar incongruencias y situaciones que considera absurdas. "Es paradójico -dijo-, que a mí no me dejen dar clases por ser extranjero, cuando para acceder a la ciudadanía argentina una de las alternativas es haber ejercido la docencia en el país."

El titular local del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Raúl Calamente, también acompañó el fallo de Hooft. "El estatuto no puede entrar en colisión con derechos constitucionales que están por encima de todo", respondió a LA NACION cuando lo consultó sobre el tema.

Si bien no tendrá problemas para convertirse en ciudadano argentino -está casado con una argentina con la que tiene tres hijas de nueve, cuatro y tres años-, Garay Véliz sabe que estas idas y vueltas le juegan en contra. "Cada certificado tarda tres meses, lo que me hace perder tiempo que podría favorecerme como antigüedad en los listados para conseguir un cargo", explicó.

Entusiasmado, esperanzado ahora con que la provincia no apele y dilate la resolución de su caso, el profesor chileno quiere creer que el fin de la pesadilla está cerca.

Consultado sobre el caso, el ministro de Educación, Daniel Filmus, dijo que hay provincias que mantienen este tipo de restricciones y se reconoció partidario de no apelar frente a casos que estén atendiendo situaciones de discriminación.

Darío Palavecino

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