La protesta social tiene un nuevo rostro

Para el sociólogo argentino, se pasó de las huelgas obreras a reclamos más acuciantes de desocupados
(0)
29 de junio de 2002  

De las huelgas en las fábricas a los cortes de ruta y ollas populares. De los obreros industriales a los desocupados, las mujeres y los chicos. De pedir aumentos salariales a reclamar puestos de trabajo y rechazar la corrupción. De la Casa Rosada a las gobernaciones provinciales.

Así se transformaron los rostros, los motivos y los lugares de la protesta popular en el país durante la década del 90, tal como los retrata el sociólogo argentino Javier Auyero en su último libro “La protesta”, editado por el Centro Cultural Rojas.

Afirma allí que la “beligerancia popular” que hoy es parte del paisaje cotidiano en el país no es un fenómeno novedoso.

Por el contrario, gracias a una beca Guggenheim ganada en 2000, Auyero rastreó sus antecedentes en el Santiagazo de 1993 –la toma y saqueo de edificios públicos y residencias de políticos–, los cortes de ruta en Cutral-Có y Plaza Huincul en junio de 1996 –que reunieron a unas 20.000 personas durante una semana– y la Plaza del Aguante Correntino, en 1999, en la que acamparon maestros y empleados públicos durante cinco meses, y que terminó en diciembre, cuando la Gendarmería desalojó el puente General Belgrano y dejó dos muertos y decenas de heridos.

Un proceso de diez años

Profesor de sociología en la State University de New York-Stony Brook, es autor de “La política de los pobres. Las prácticas clientelísticas del peronismo” (Manantial) –publicado en inglés como “Poor People’s Politics” (Duke University Press) y premiado en los Estados Unidos–. Desde Nueva York, la ciudad adonde el ex presidente Carlos Menem exportó el cacerolazo, Auyero –hijo del recordado dirigente Carlos Auyero– respondió a las preguntas de LA NACION.

-La “beligerancia popular” se hizo más visible desde el 20 de diciembre. ¿Es un fenómeno novedoso?

-El 20 de diciembre de 2001 representa el punto álgido de un proceso de movilización popular que lleva casi una década. Las cacerolas, cortes de calles, marchas y “escraches” no son desconocidas para quienes venimos observando el desarrollo de la protesta en el país.

-¿Cómo ha cambiado la fisonomía de la protesta durante la década del 90?

-La década del 90 está marcada por el desplazamiento del conflicto laboral del área industrial al sector público. Además, disminuyen los reclamos por aumentos salariales y crecen las demandas por el pago de salarios adeudados y por despidos; también la reducción de huelgas y el incremento de cortes de ruta, ollas populares y huelgas de hambre como modos de acción colectiva. Finalmente, se ve el aumento de la frecuencia de la protesta en las provincias, y el creciente protagonismo de los gremios provinciales y municipales en el conflicto.

-¿Esta movilización popular responde a una violencia instalada desde el Estado?

-Sí, la protesta debe ser entendida en el contexto de la violencia. No sólo de la violencia de los mercados que privan a cientos de miles de personas de su trabajo, sino de la violencia estatal represiva (desde 1995 hasta diciembre de 1999, cientos de manifestantes fueron heridos y ocho murieron durante enfrentamientos con la policía o Gendarmería), la violencia del abandono oficial (por ejemplo en Tartagal y en Cutral-Có, que tras la privatización de YPF aún siguen en peligro de extinción), y la violencia simbólica de la corrupción gubernamental, que es una suerte de insulto público.

-En su libro usted describe tres procesos que explican el crecimiento de la protesta.

-Sí, creo que el crecimiento de las acciones de protesta debe analizarse en el contexto de tres procesos: la explosión del hiperdesempleo, la retirada del Estado en su función de bienestar (mas no en su función punitiva) y el proceso de descentralización de servicios, sobre todo salud y educación. Así surgen nuevos actores (desempleados) y nuevas demandas (puestos de trabajo o subsidios de desempleo) y cambia el blanco de las demandas: de reclamarle al Estado nacional la protesta se traslada al ámbito provincial. Pero también se protesta contra la generalizada corrupción.

-¿Qué impacto inmediato cree que puede tener la movilización popular en la crisis argentina?

-Es difícil saberlo y como sociólogo prefiero evitar el profetismo. Va a depender de las respuestas del Estado (si atiende las demandas o si no, si reprime o si no), de las conductas que los dirigentes adopten, pero también de la capacidad que tengan las organizaciones que conducen las protestas de articular políticamente las acciones colectivas. El registro histórico nos enseña que la protesta incide de manera positiva en la trayectoria democrática, en el funcionamiento de las instituciones, y en la extensión de los derechos ciudadanos.

-¿Puede crecer la violencia por factores internos en las protestas?

-Mucho se ha hablado de la presencia del proverbial agitador entre la multitud. La violencia colectiva, cabría recordar, es producto de una relación entre Estado y ciudadanos, más que de intenciones individuales. Hasta donde nos muestra la evidencia, la mayor parte de la violencia física en estos diez años –muertes y heridas físicas en acciones colectivas– ha sido producida por agentes del Estado. Si crece la represión, crecerá la violencia.

Agitación

“La violencia colectiva es producto de una relación entre Estado y ciudadanos, más que de intenciones individuales. La mayor parte de la violencia física en estos diez años ha sido producida por agentes del Estado.”

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?