Las escuelas chárter, una experiencia con limitaciones

La llegada de Adolfo Rodríguez Saá a la presidencia de la Nación reactivará seguramente en el ámbito educativo el debate sobre las llamadas escuelas chárter, un sistema que promueve la concesión de la gestión pedagógica y administrativa de escuelas públicas a asociaciones civiles.

El ex gobernador lanzó en marzo del año último en su provincia esta experiencia novedosa, tomada de un modelo nacido en Estados Unidos en 1991. Hoy se aplica en diez escuelas de enseñanza básica y polimodal de la provincia y llega a 5000 alumnos y 500 docentes, menos del 10% del sistema educativo puntano.

Por el momento, el sistema se aplica sólo en colegios nuevos. Como respuesta a las airadas protestas que la iniciativa cosechó en sectores gremiales y políticos -consideran el sistema una puerta de acceso a la "privatización de la escuela pública"- el gobierno de San Luis desechó la idea original de reconvertir el sistema educativo y trasladar la experiencia a todas las escuelas en funcionamiento.

"Por ahora es una experiencia acotada. Pero la idea es extenderla si la gente está de acuerdo y la comunidad (docentes, padres) lo pide, como una idea para mejorar la calidad educativa", dijo ayer Héctor Torino, que acompañó a Rodríguez Saá como ministro de Educación entre 1996 y enero de 2001 y que en diciembre último completó un mandato en el Senado de la Nación.

Compromisos y exigencias

Las escuelas chárter surgieron en 1991 en Minnesota y crecieron rápidamente: en seis años se crearon más de 800 en Estados Unidos. Las exigencias y requisitos establecidos en las legislaciones varían en cada Estado.

El modelo aplicado en San Luis las define como escuelas públicas gratuitas, que no pueden establecer mecanismos selectivos de ingreso.

Cada escuela recibe un financiamiento por alumno -1400 pesos anuales- y se le impide cobrar aranceles. Con esos recursos se encarga del pago a los docentes, la gestión pedagógica y los gastos de mantenimiento, entre otras obligaciones.

Una de las particularidades es que la relación con los maestros y profesores no se rige por el estatuto docente, sino por la ley de contrato de trabajo, como todo acuerdo particular. Sin embargo, hay reglas precisas que deben cumplirse: por ejemplo, un maestro no puede cobrar un sueldo inferior al de los docentes de escuelas tradicionales. Pero tampoco pueden superar esas retribuciones en un 50 por ciento. Además, quienes llevan adelante la gestión deben mantener el pago de incentivos por capacitación y desempeño.

A eso se suman exigencias que las escuelas deben cumplir, como mantener un determinado rendimiento en las pruebas nacionales de evaluación.

El gobierno de Rodríguez Saá encomendó a una fundación -el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)- que evalúe la marcha del sistema. El responsable del programa, Antonio Cicioni, no duda de los buenos resultados. En toda ocasión destaca "la libertad de los docentes para crear" en el aula. Así, explica que la autonomía escolar permite a los maestros definir desde la hora del recreo hasta los contenidos locales que pueden enriquecer el programa oficial. Además de la satisfacción de varios padres, reflejada en encuestas, los primeros números indican que el ausentismo docente -uno de los problemas crónicos de las escuelas oficiales- se mantiene en niveles muy bajos.

Como admitió Torino, hasta el momento la experiencia de las escuelas chárter no pasó de escuelas nuevas, creadas especialmente para funcionar con este esquema. Se prevé que cualquier intento por extender su aplicación a colegios que ya funcionan con el sistema tradicional tropezará con un un sinfín de dificultades.

Los primeros choques se vinculan con la relación laboral de los maestros y los conflictos con los gremios docentes. Se trata de una instancia que en la propia provincia de San Luis obligó a bajar las pretensiones de expansión del ambicioso programa de renovación educativa.