Los ministros del PJ quieren más recursos
CORDOBA.- No sólo el gremio docente está en contra del nuevo Pacto Federal Educativo que propone la cartera de Juan Llach. Los ministros de Educación de las provincias justicialistas también rechazan el proyecto que presentó la Nación: cuestionan, entre otras cosas, el monto de los fondos destinados a las jurisdicciones y el plazo de vigencia que tendría el acuerdo.
Después de tres reuniones dedicadas exclusivamente al análisis de la cuestión, los 14 ministros justicialistas aprobaron una propuesta alternativa que le entregarán a Llach en los próximos días. En principio, pretenden que el acuerdo tenga una vigencia de cinco años (hasta 2004) y no de siete, como propone la Nación, y que las provincias reciban 600 millones por año, en lugar de 400.
Ese fondo de 3000 millones que Educación debería garantizar a las jurisdicciones durante los cinco años del pacto debería destinarse, según los funcionarios justicialistas, a infraestructura escolar, equipamiento y capacitación docente.
Uno de los objetivos más ambiciosos del pacto alternativo es "escolarizar a todos los jóvenes de 15 a 18 años para 2004". En relación con la educación inicial, se propone "escolarizar a todos los niños de 5 años para el año 2002, y al 75 % de los niños de 4 para 2004".
También fijan como prioridades la erradicación de todas las escuelas precarias y la disminución del analfabetismo y la repitencia en un 50% para cuando finalice el pacto. En ese plazo debería garantizarse que todas las escuelas del país estuvieran equipadas con material informático.
Aunque la propuesta del PJ hace referencia a "mejorar la calidad de la formación docente", no menciona ningún cambio en el estatuto de los maestros. En lugar de plantear la obligatoriedad de obtener un post- título para los docentes, como pretende la Nación, sólo propone "capacitación con propuestas presenciales, semipresenciales y virtuales de calidad, próximas y gratuitas".
En términos generales, los ministros consideran que el nuevo acuerdo debe ser la continuidad del pacto federal firmado en 1994, durante la administración menemista, para consolidar los objetivos de la ley federal de educación.