Se complica financiar la educación

Uno de los logros más importantes que tuvo la educación argentina en los últimos años corre peligro: la ley de financiamiento educativo (LFE), que llevó el presupuesto para educación, ciencia y tecnología al 6,4% del PBI, terminó su vigencia el año pasado y, sin ella, se perdió un instrumento legal para obligar a las provincias a invertir en educación.

El pasado año legislativo se fue en otras urgencias y no parece que el tema sea, por ahora, parte de la agenda prioritaria. Políticos y asesores coinciden en que un año electoral no es apropiado para discutir leyes educativas, técnicamente complejas para transformar en eslóganes de campaña y con capacidad de convocar a protestas en las calles.

Sancionada a fines de 2005 -y celebrada entonces por oficialistas y opositores como una herramienta fundamental de política educativa-, la LFE estableció que la inversión en educación, ciencia y tecnología debía incrementarse hasta llegar al 6% del PBI en 2010, el objetivo que plantea la Unesco. Esa meta se sobrecumplió: según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la inversión educativa alcanzó en 2009 el 6,4% del PBI y llegó a unos $ 74.000 millones, un crecimiento sobre los $ 60.000 millones de 2008. Hoy la Argentina es el país que más invierte en educación en la región, según datos de la Unesco.

Pero, además, en sus 21 artículos, la LFE se dedicó a otros temas relevantes. Por ejemplo, estableció un pormenorizado mecanismo de inversión para las provincias y de "penalización" si no destinaban los fondos correspondientes; habilitó las paritarias docentes nacionales; creó el fondo de compensación salarial -que hasta el año pasado aportaba recursos para 11 provincias que no alcanzan a pagar los salarios docentes mínimos-, y los convenios por los cuales la Nación enviaba dinero a las provincias para hacer mejoras específicas en las aulas. Todo eso hoy entró en territorio incierto.

Desde el oficialismo aseguran que la meta de inversión en educación está asegurada. "La ley tiene vigencia. Una ley se deroga con otra ley y, como no se derogó, es un resguardo de la inversión del 6% como mínimo que tiene que hacer el Estado", afirmó a La Nacion la diputada Adriana Puiggrós (Buenos Aires-Frente para la Victoria), que preside la Comisión de Educación de la Cámara baja, donde, según dijo, "la discusión fue si la ley vence o no y se llegó a la conclusión de que no era necesario prorrogarla".

El senador oficialista Daniel Filmus, que era ministro de Educación cuando se sancionó la ley y uno de sus mayores impulsores, coincidió: "No hace falta una nueva ley. Está vigente la ley de educación nacional, que supera a la ley de financiamiento y establece un mínimo de inversión del 6% sólo para educación", dijo. "Lo que no está vigente es la capacidad del Estado de retener fondos coparticipables si una provincia no cumple con la inversión. Eso se había incluido en la ley de presupuesto, que no se aprobó", añadió.

Sin garantías

Según la ley, la inversión de las provincias en educación supera a la de la Nación. Según datos de Cippec, el Gobierno financió casi el 32% de la inversión educativa, con unos $ 21.000 millones en 2009, mientras las provincias aportaron ese año casi $ 53.000 millones en conjunto y, aunque la mayoría de las jurisdicciones alcanzó las metas de inversión previstas, cuatro no lo hicieron.

"Hoy no hay instrumentos concretos para garantizar la inversión provincial", apuntó Axel Rivas, director del área de Educación de Cippec. "Hay un vacío, cuyo efecto real es el desplazamiento del tema educativo en la agenda política. Queda en un lugar secundario lo que una ley había puesto en primer lugar desde lo político y lo institucional", dijo.

"¿Qué pasa si las provincias no cumplen con algo que caducó? ¿Qué va a pasar con las negociaciones paritarias nacionales?", se preguntó ante La Nacion la diputada Virginia Linares (Buenos Aires-GEN), quien dijo que en la Comisión de Educación de Diputados, que integra, "no se discutió nada" sobre el tema en 2010.

Linares presentó en noviembre pasado un proyecto de ley de financiamiento que, entre otras medidas, propone crear un fondo de uso exclusivo para mejoras educativas (y no gastos corrientes), aumentar el porcentaje de inversión de la Nación sobre el de las provincias y crear un mecanismo para monitorear en qué medida la inversión logra objetivos visibles en las aulas.

La LFE, de hecho, estableció objetivos, como universalizar el acceso a la sala de 5 años, lograr que el 30% de alumnos de educación básica vayan a escuelas con jornada completa -hoy son el 6%- y garantizar 10 años de escolaridad obligatoria, entre otras. En buena medida siguen pendientes, porque en el nivel inicial faltan vacantes y en el nivel medio el abandono es preocupante.

Para muchos la pregunta central es por qué el crecimiento de la inversión en educación no se trasladó a los resultados de las aulas. La desigualdad en la inversión provincial no se mitigó con más recursos. Dice el Cippec que mientras Tierra del Fuego invirtió en 2009 cerca de $ 13.700 por alumno estatal, Salta no alcanzó los $ 2800. Y mientras Misiones paga un salario promedio de $ 2077 a los docentes, Santa Cruz abona $ 4900. La causa, se afirma, está en desigualdades en el reparto de la coparticipación federal, que castiga a algunas provincias y beneficia a otras. Santa Cruz recibe $ 16.200 anuales por habitante -y por eso invirtiendo poco porcentaje en educación es mucho dinero-, y Buenos Aires recibe $ 2780 y debe destinar el 42% de sus fondos a educación.

"La ley no revirtió cosas que ahora hay que discutir, como un mecanismo de distribución más justo de recursos a las provincias y cómo usarlos para alcanzar metas educativas", apuntó Rivas. "En los próximos cuatro años prevemos un crecimiento del 4% del PBI, en un escenario moderado, lo que va a dar muchos recursos para educación. Hay que discutir cómo usarlos estratégicamente para que no se pierdan en el flujo diario de quienes tienen más poder para negociar fondos", señaló.

Los tiempos electorales no son propicios. Un asesor del Ministerio de Educación lo describió así: "Si la oposición pide aumentar mucho el presupuesto, tenemos que decir que no, y vamos a aparecer queriendo recortar fondos para educación".