Se comprometen a que la ciencia sea una cuestión de Estado

Ahora buscan evitar recortes al sector
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24 de agosto de 2001  

Por primera vez en su historia, la ciencia y la tecnología argentinas tendrán una ley que dará marco y regulará la investigación y los organismos que la llevan adelante.

En efecto, el proyecto que recibió anteayer media sanción en la Cámara de Diputados eleva la investigación científica al rango de política de Estado, ya que establece que cada año el presupuesto nacional debe ir acompañado por un plan nacional de ciencia que determine las prioridades de la investigación para ese período.

Además, el proyecto aprobado, que ahora debe ir al Senado -donde se descuenta su aprobación-, da status legal a organismos como el Conicet, el INTA o el INTI, que coordinarán sus actividades en un consejo común. También determina la creación de un banco de proyectos y un registro de investigadores.

Sin aumentos

El proyecto de ley inicial, consensuado por todos los bloques en la Cámara baja, y elaborado con aportes de la comunidad científica, disponía también aumentos progresivos del presupuesto nacional para el área, pero ese artículo fue eliminado. La Argentina destina actualmente casi el 0,4% de su PBI a la ciencia, contra el 0,8% de Brasil, el 2,8% de los Estados Unidos y el 3,1% de Japón.

Los recursos, sin embargo, no son un tema menor. Con la discusión por el presupuesto 2002 a punto de comenzar en el Congreso, la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva ya salió a pelear sus fondos para el año que viene. Quienes la conducen, con Adriana Puiggrós a la cabeza, tienen una aspiración de mínima -que se mantengan los $ 850 millones cedidos este año- y una de máxima, un aumento del 20%, que eleve los recursos a unos $ 1000 millones.

También quieren asegurarse de que la totalidad del presupuesto asignado se transforme en dinero real, porque, según comentó un funcionario de la secretaría a LA NACION, "este año recibimos la mitad del presupuesto. Hay créditos aprobados que siguen en el banco y no podemos usar".

Para eso ya comenzaron las reuniones en el Ministerio de Economía y con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. En ellas, los funcionarios insisten con su pedido de que la ciencia y la tecnología sean parte de un convenio de competitividad, como los firmados ya entre el gobierno nacional y otras industrias, que les dé beneficios impositivos y favorezca la inversión privada.

Las estrategias

Con la idea de que "es mejor mostrar en qué queremos gastar los recursos y no sólo solicitar más plata", desde la secretaría despliegan varias estrategias. Por un lado, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que trabajó durante los últimos tres meses una comisión de especialistas y funcionarios provinciales, con aportes de la comunidad científica.

De redacción clara, sintética y contundente, el informe, al que tuvo acceso LA NACION, presenta un diagnóstico crítico del estado del sector en el país: menciona el desconocimiento que tiene la sociedad del trabajo científico local, la emigración de los científicos y tecnólogos, la desarticulación del sistema -investigaciones similares en distintos organismos y sin conexión-, la escasa relación con las empresas privadas y la inversión insuficiente del Estado. Para cada problema el plan proyecta propuestas para el año que viene y las direcciones por seguir entre el 2003 y el 2006.

Entre ellas, organizar una feria nacional de ciencia y tecnología y actividades conjuntas con las escuelas, descongelar vacantes en el Conicet, desarrollar un sistema de contención para los becarios posdoctorales que finalizan su beca este año, financiar programas en los que participen varios organismos en forma conjunta e impulsar una ley de mecenazgo para aumentar la inversión privada.

Además, la secretaría acaba de aprobar cuatro Programas estratégicos, que se ocuparán de desarrollar soluciones para problemáticas locales, con el trabajo conjunto de varios organismos y que se financiarán con fondos propios.

Novedades

Orientación: el proyecto aprobado en Diputados establece la obligación del Estado de determinar las prioridades de la investigación, previa consulta con las provincias y los investigadores.

Status: reconoce a los organismos como el Conicet, el INTI o el INTA, crea un consejo en el que trabajarán en conjunto e institucionaliza el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, con representantes provinciales.

Previsión: cada año, el presupuesto nacional estará acompañado de un plan de prioridades para el sector.

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