Un intento por lesionar el capital moral de un diario

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31 de mayo de 2003  

La autoridad moral es el capital más preciado de un medio periodístico. Quizá por eso, precisamente, no faltaron en los últimos tiempos jueces –largamente cuestionados ellos mismos– que han recurrido a espectaculares medidas, dirigidas a todas luces a sembrar la suspicacia pública sobre la honestidad de algunos medios o de sus propietarios.

El allanamiento realizado por orden de la jueza María Servini de Cubría en las oficinas de LA NACION parece ser un claro ejemplo de esa política y de la arbitrariedad que rige algunas veces la gestión de ciertos jueces.

El allanamiento debería ser en todos los casos una medida extrema de un juez, justificada sólo cuando no halla otro medio de obtener pruebas genuinas sobre el delito investigado o de que los presuntos culpables están tratando de esconder las pruebas o borrarlas.

El allanamiento de un diario tiene, además, un enorme valor simbólico, que agrava aún más la decisión de la jueza. Nada le prohíbe a un juez allanar un diario, pero se supone –o se espera– que el magistrado lo haga sólo cuando todas las puertas se le han cerrado para profundizar la investigación. No ha sido el caso de LA NACION, porque sencillamente la empresa nunca fue notificada de la causa abierta ni se le requirió la documentación que la jueza mandó buscar por la fuerza.

Denuncia en una comisaría

La causa sobre presunto lavado de dinero la abrieron, en noviembre del año pasado, dos particulares que se respaldaron en una nota sin firma publicada por el semanario sensacionalista El Guardián, cuya propiedad –o influencia en él– se le adjudica al empresario Raúl Moneta, un empresario que conoció el éxito en épocas de su amigo Carlos Menem y que aspiró en la última década a encabezar el más grande multimedio de la Argentina, proyecto que se frustró.

Uno de esos particulares interpuso la denuncia apenas 24 horas después de la publicación. Tal premura llevó a ambos, incluso, a presentar la demanda en una comisaría policial, donde por lo general se denuncia sólo a atracadores de baja estofa. ¿Lavado de dinero en una comisaría? ¿Tiene ese delito el calibre de un robo de carteras?

Toda pregunta tiene una respuesta. Un delito federal denunciado en una comisaría asegura que determinado juez se hará cargo del caso. El nombre del magistrado es conocido en el ámbito judicial con anticipación. En cambio, si la denuncia hubiera sido presentada en sede judicial, como corresponde en un caso de la gravedad que se le imputa a LA NACION, la Cámara correspondiente debía proceder a sortear el nombre del juez que se haría cargo.

Para ser precisos: la denuncia se presentó en una comisaría para que llegara a un juez preciso y no a otro.

Durante meses, la jueza no hizo nada, más allá de litigar con los fiscales sobre problemas de competencia. Es una vieja estrategia de Servini de Cubría, que casi nunca cierra ningún caso importante, a la espera seguramente de retomarlo en algún momento. De hecho, aún no decidió cerrar una denuncia sobre la compra oficial de guardapolvos, hecha en los tiempos inaugurales del menemismo.

Tras los meses de inmovilismo, sobre mediados de abril repentinamente la jueza comenzó a inquietarse. Por ejemplo, le dio un plazo de cinco días hábiles al jefe de la AFIP, Alberto Abad, para que respondiera sobre las declaraciones juradas de los propietarios de LA NACION, pero antes de que venciera el plazo lo volvió a intimar. No hay argumentos judiciales que expliquen semejante ansiedad.

En una respuesta cortés, pero firme, Abad le recordó que el plazo no se había cumplido y que respondería a sus requerimientos "en tiempo y forma". La jueza pidió al mismo tiempo la intervención de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), conducida por la contadora Alicia López, una funcionaria que cuenta también con prestigio.

Métodos similares

Así las cosas, es imposible no hacer un paralelo sobre los métodos que usó otro juez federal, Roberto Marquevich, un amigo muy cercano de Servini de Cubría, que a fines del año último ordenó la detención de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, también sin convocarla previamente a dar su testimonio y negándole de manera implícita el derecho a la defensa.

Del mismo modo, es imposible no consignar la añeja vinculación de ciertos sectores de la Justicia con intereses y personajes concretos de la política de la década pasada ni se puede dejar de subrayar el momento que atraviesan muchas empresas argentinas, entre ellas las periodísticas, acechadas por recursos financieros de dudoso origen para hacerse de sus prestigios, de sus nombres y de sus propiedades.

En ese marco debe inscribirse el intento de lesionar el capital moral de un diario, su caudal más importante e intransferible.

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