Un reclamo imperioso

Pablo Morosi
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28 de agosto de 2001  

LA PLATA.- El acuerdo alcanzado ayer permitirá, en primer lugar, que unos 2,5 millones de alumnos vuelvan a clase. Lejos de cualquier otra especulación éste es un logro importante del Gobierno, que atendió una necesidad imperiosa de la sociedad en su conjunto. Que la inactividad escolar no podía seguir era algo que admitían hasta los propios impulsores de la huelga.

Si se observa con atención la letra del acta firmada por las partes -a la que hoy adheriría el Suteba- no quedan dudas de que el gobierno debió resignar para otra instancia algunas actitudes que había exhibido apenas unos días atrás, cuando el propio gobernador consideró ilegales las medidas de fuerza y amenazó con descontar los días no trabajados.

Por cierto nada de eso ocurrió. Al contrario, las autoridades provinciales se comprometieron a pagar íntegros los salarios y sin retrasos, además de otras concesiones como la de abrir la puerta para poder revisar los efectos de la ley de emergencia que permitió la aplicación de ajustes salariales y el pago con bonos.

Más aún, la garantía de las partidas para comedores escolares y de otros adicionales y el explícito respeto del estatuto docente parecen ítem dictados por los sindicatos.

Al adherir a estos puntos el gobierno prácticamente firmó la intangibilidad de la educación provincial en relación con el ajuste planteado sobre las distintas esferas del Estado bonaerense.

El conflicto también dejó al descubierto las desavenencias palaciegas que distancian a los máximos conductores de la provincia. El vicegobernador Solá llegó a pedir públicamente mayor sensibilidad y comunicación con los afectados por el ajuste aplicado por su jefe inmediato, el gobernador Carlos Ruckauf.

Por ello anoche los gremios celebraron un triunfo que, además les devolvió, sobre todo al Suteba -protagonista de masivas movilizaciones-, un rol principal en la discusión de las políticas públicas de la provincia y un renovado respaldo de parte de los afiliados.

El conflicto dejó plasmada una rara paradoja: la educación provincial se lleva alrededor del 35% del presupuesto bonaerense. Ese porcentaje alcanzó tal dimensión al producirse la reforma educativa provincial durante la gestión del gobernador Eduardo Duhalde, a quien, sin embargo, los gremios estatales acusan de ser el principal causante del déficit que llevó a la provincia a la crítica situación fiscal.

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