Una jueza obligó a maestros a dar clase

PARANA.- En una medida inusual, la Justicia ordenó ayer a los maestros de esta ciudad volver hoy a clase y suspender la huelga que mantienen desde el inicio del año escolar debido al retraso en el pago de salarios.

A pedido de siete defensores de Pobres y Menores, la jueza de Instrucción Susana Medina de Rizzo ordenó al Estado proveer los recursos necesarios para que miles de alumnos puedan volver a las aulas, y a las empresa de transportes trasladar a los docentes sin cargo, para luego cobrar el boleto al gobierno provincial.

La medida judicial -abarca sólo a los maestros de Paraná, donde la magistrada tiene jurisdicción- será acatada hoy por los docentes, según informó la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

En lo que va de 2003, más de la mitad de los 320.000 alumnos entrerrianos perdió 30 días efectivos de clase. El conflicto gremial se arrastra desde el año pasado, cuando los maestros impulsaron otras 54 jornadas de paro. En los hechos, esto implica que desde marzo de 2002 miles de alumnos perdieron casi la mitad del año escolar, estimado en 180 días.

Los chicos de esta provincia dicen que están cansados de las vacaciones interminables. Todos los estudiantes consultados por LA NACION responden casi lo mismo: ya no saben qué inventar para pasar el tiempo. No van a clases desde diciembre de 2002 y sus padres se sienten impotentes -especialmente los más humildes- porque tampoco saben cómo crear un ámbito en casa para suplir la ausencia de educación formal, y muchos terminan dejándolos a merced del televisor.

El pedido

La orden de la jueza Medina de Rizzo respondió ayer a una medida cautelar presentada por los defensores de Pobres y Menores, Luis Franchini, Marcela Piterson, María del Pilar Mestres, Alicia Olalla de Sacrispanti, Mario Gómez del Río, Marta Gervasutti de Del Barco y Mario Franchi, del departamento Paraná. Ellos, a su vez, elevaron las quejas de varios padres.

"Es numerosa la cantidad de padres que han concurrido a las defensorías para hacer planteos de manera verbal, pidiendo la intervención -expresó Franchi-. Tratamos de preservar el derecho a la educación, asumiendo un rol de representantes junto a los padres de los menores afectados y que se ven privados de tener educación", aseguró.

Según Franchi, la anterior decisión del gremio entrerriano de prolongar el paro docente hasta el 23 de mayo "afecta fuerte y seriamente la posibilidad de que haya una efectiva educación" durante 2003. "Creemos que el daño que puede producir es irreparable. Hay derechos que entran en conflicto; el derecho a la huelga es legítimo, los maestros tienen el legítimo derecho de percibir sus haberes. Entendemos también que es el gobierno provincial el que está en mora, pero se plantea una situación en la cual el conflicto afecta de una manera grave la educación".

Los defensores accionaron contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, el Consejo General de Educación, Agmer y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet). Otros defensores de menores se disponían a hacer presentaciones similares en otros departamentos.

Aunque acataron la medida, los gremios evaluarán los próximos pasos. La secretaria general de Agmer, Marta Madoz, consideró que la jueza actuó de manera "arbitraria y discriminatoria" y convocó de urgencia a un congreso extraordinario para mañana. "La irresponsabilidad del gobierno de Montiel (Sergio) hace que los justos reclamos de la comunidad educativa sigan sin resolverse", dijo la sindicalista.

Y agregó: "El gobierno nacional no puede soslayar el rol indelegable del Estado nacional en garantizar el sistema educativo, por lo que venimos exigiendo su compromiso en la resolución de la crisis educativa".

Críticas gremiales

La gremialista apuntó principalmente a Montiel: desde Agmer insisten en que el gobierno provincial es el "patrón" directo de los docentes y que les está debiendo un total de $ 94 millones. Pero no obvió al gobierno de Eduardo Duhalde, que -según dijo- debe un promedio superior a los $ 2600 a cada uno de los docentes entrerrianos; la mora incluye 24 meses del pago del incentivo docente y un plus determinado por ley nacional.

El gremio sostiene -en conjunto con otros sectores sociales en una multisectorial no oficialista- que, aparte del incentivo, la Nación debe a la provincia $ 500 millones.

En tanto, los gremialistas acudirán hoy, a las 17.30, a una audiencia de conciliación con representantes del gobierno provincial, convocada por el director nacional en Relación del Trabajo, Jorge Shuster, en la sede porteña de la cartera laboral.

Por otra parte, hoy, a las 16, en el Colegio Don Bosco, representantes de la Asociación Padres por la Educación mantendrán una reunión con Lidia Pizzini, enviada del defensor del pueblo de la Nación, ante quien plantearán su preocupación por la falta de clases en las escuelas de Entre Ríos.

El conflicto docente genera mucha preocupación en el territorio provincial. "El docente intenta la resistencia pero no con un sentido revolucionario sino como una actitud de reclamo para subsistir", expresó al ser consultado por LA NACION Pedro Aguer, un veterano educador de reconocida trayectoria.

"Tenemos que replantearnos la situación por la que atraviesa la educación, no tanto la situación del docente, que es una consecuencia de que a la educación no se le lleve el apunte", concluyó.