El Estado quiere controlar la admisión a los estadios

Después del programa Fútbol para Todos, el Estado pretende ahora tomar el control del derecho de admisión a los estadios argentinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, prevé la creación de una base nacional de datos con las identidades de las personas que cuenten con antecedentes violentos o delictivos vinculados al fútbol. El listado estará mayoritariamente compuesto por barrabravas de todo el país.

Las estadísticas son irrefutables y tal vez sirvan como argumento para entender la reacción del Gobierno: desde que el kirchnerismo está en el poder fallecieron 85 personas, según el relevamiento de la ONG Salvemos al Fútbol, integrada por familiares de víctimas y cuyo titular es el ex juez Mariano Bergés.

Hasta ahora, el derecho de admisión es aplicado por cada club. En algunos casos, en los que la pelea por el control de la barra está latente, los dirigentes optan por incluir en el listado a los referentes de un solo sector, trazando un trato con el resto. Así, surgen las barras oficiales y las disidentes, que son las excluidas. La intención del Ministerio de Seguridad es replicar lo que se hizo en el último Mundial, tras un convenio con Brasil, aunque puertas adentro. Es decir, restringir el acceso de los barras e intentar neutralizar su poder de influencia.

Darío Ruiz, subsecretario de Seguridad y el hombre de Sergio Berni para la lucha contra la violencia en el fútbol, explica desde hace semanas los alcances del proyecto de ley que presentó el organismo en la comisión de Deportes del Congreso. A largo plazo, la intención es obligar a los clubes a que inviertan en infraestructura y tecnología, modernizando los accesos (se evalúa un sistema electrónico con identificación) y colocando cámaras de seguridad.

El dinero para las eventuales obras saldría de los millonarios fondos que recibe la AFA provenientes de Fútbol para Todos. Esto no figura en el borrador que el Ministerio de Seguridad hizo circular entre los legisladores, pero se reconoció que el financiamiento es un tema que aún está en debate. Hubo funcionarios y dirigentes que señalaron a las apuestas deportivas como otra posible fuente de ingresos.

Los dirigentes de los clubes conocen de refilón el proyecto, aunque desde el ministerio prevén informes periódicos antes de que la iniciativa pueda convertirse en ley. Un presidente de un club bonaerense que está en Primera sigue de cerca la reforma que se estudia desde el Gobierno. Al dirigente hubo un hecho que lo empujó a enfrentarse sí o sí con los barras: denunció amenazas y probó que los referentes de su hinchada trabajaban a sueldo en el municipio donde está radicado el club. Como su caso, hay más.

Tras la presentación del proyecto de ley en el Congreso, hubo otros legisladores que impulsan su propia iniciativa, que sería bastante similar, aunque con agregados. Una de las diferencias es la creación de un organismo nacional y de una fiscalía especializada en temas de fútbol y barras. En el Ministerio de Seguridad creen que esto sería inviable porque las fuerzas policiales dependen de cada distrito y habría que modificar las legislaciones provinciales. Otro punto no sería menor: las distancias harían difíciles las reuniones de los representantes provinciales en caso de un órgano nacional. "¿De qué serviría el representante de Jujuy para sancionar a Laferrère?", cuestionan allegados a Berni.

Como en cada año electoral, el Congreso disminuye notablemente su carga laboral. Hay menos sesiones y los temas que únicamente se abordan son impulsados por la mayoría oficialista. Pero nada es garantía: hace un mes, el kirchnerismo más duro le cayó encima al sciolista Martín Insaurralde, que intentó sin éxito impulsar un proyecto para tipificar la figura de barrabrava en el Código Penal. "Es una estigmatización. No estamos de acuerdo", lo cruzó Diana Conti, una de las espadas principales del oficialismo en Diputados.

En Chile, igual plan que en Brasil.