Un futuro de negociaciones y oscuro para Burzaco y los Jinkis

La primera sugerencia que Alejandro Burzaco recibió de sus abogados fue que dejara de pensar en ideas locas: llegar a la Argentina de manera clandestina –por avión, por barco, vía África– ya no era opción. Era mejor que escogiera dónde salir a la superficie, se presentara ante un juez de manera voluntaria y aceptara su extradición a Estados Unidos. Para, a partir de entonces, ver las pruebas en su contra y jugar la siguiente carta: ir a juicio o negociar. Será negociar.

Del otro lado del Atlántico, los Jinkis, Hugo y Mariano, también miran hacia Nueva York. Continúan prófugos de la Justicia argentina, que debe arrestarlos y someterlos al proceso de extradición. Pero mientras esperan, dentro de la Argentina, que la Cámara Federal porteña los exima de quedar detenidos, sus abogados Jorge Anzorreguy y Francisco Castex ya contactaron a colegas estadounidenses para que los representen allá.

El horizonte se avizora complicado para Burzaco y los Jinkis, según reconstruyó LA NACION durante la última semana, en base a las estadísticas cotejadas, el análisis de expertos y de allegados directos a los tres empresarios. Es muy probable que les toque perder… o perder.

"Alejandro tiene claro que, salvo un milagro, es muy probable que no vuelva durante varios años a la Argentina", confió a LA NACION un colaborador de Burzaco que estuvo con él en Italia hasta el miércoles.

Las cifras oficiales anticipan qué les espera. Cada año, cerca de 18.000 personas afrontan acusaciones por delitos federales en Estados Unidos, de las que más del 90% terminan condenadas. Y de ellas, el 95% se registra tras una negociación con los fiscales y una admisión de culpabilidad a cambio de una reducción de la condena, según los datos de la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia.

Más simple: 18.000 acusados federales cada año –como lo son ahora Burzaco y los Jinkis–, de los que 16.200 terminan condenados –de los que 15.390 se debió a una negociación previa con los fiscales–, mientras que los 810 condenados restantes optan por ir a juicio y les va peor. Apenas 1800 son declarados inocentes o se caen los cargos en su contra.

"Burzaco puede optar por declararse culpable –«plead guilty»– o defenderse en juicio. Para declararse culpable no es necesario que aporte información, simplemente acordar una pena con el fiscal., y las posibilidades de negociar son amplias", explica Guillermo Jorge, uno de los mayores expertos argentinos en legislación internacional contra el lavado de activos y la corrupción. Pero, añade, "si el fiscal presume que Burzaco tiene información útil para su investigación, es probable que obtenga una reducción de pena mayor".

Tras lograr que Burzaco acepte su extradición de Italia a Estados Unidos –lo que podría tomar meses de papeleos–, el nuevo objetivo de sus abogados es que el ex CEO de Torneos continúe en libertad cuando sea entregado al Departamento de Justicia. Más sencillo: evitar el traje naranja. Y que allá pueda evaluar sus opciones sin esposas y grilletes.

Para eso, Burzaco contrató al estudio del argentino Mariano Mendilaharzu, que a su vez convocó al buffet Kobre & Kim, liderados por dos ex fiscales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Michael Kim –coreano de nacimiento, ex oficial del ejército, experto en casos de cuello blanco–, y Steven Kobre.

Dentro de ese estudio, otros dos ex abogados con pasos previos por las fiscalías de Nueva York y Miami, y la Comisión de Valores (SEC), Sean Casey y John Couriel, tomaron el caso y ya contactaron a las autoridades en nombre de Burzaco.

Sin embargo, los investigadores que sacudieron al mundo con lo que desde entonces se conoce como FIFA-gate, mantienen bajo llave las pruebas contra Burzaco, que sólo podrá acceder a ellas desde el momento en que aparezca en una Corte en Estados Unidos, donde se lo acusará por la violación de la "ley RICO", con una pena de hasta 20 años de prisión.

Hasta ahora, Burzaco sólo sabe aquello que las autoridades estadounidenses querían que él y el resto del mundo supieran. "Los fiscales de Estados Unidos se esfuerzan por obtener evidencias que expongan que aquellos a quienes acusan sabían que estaban actuando mal, lo cual los deja peor parados y, por tanto, quizá más proclives a sentarse a negociar", explica a LA NACION el director del área de Fraude, investigaciones y Disputas de la firma BDO Argentina, Fernando Gamiz, con más de 300 pesquisas en el país, Estados Unidos, América latina y hasta Sierra Leone.

Burzaco ya corroboró esa táctica. En el documento que difundieron, los fiscales incluyeron una cita suya en la que, sin saber de los micrófonos plantados, el ex CEO de Torneos discutió con los Jinkis el esquema de las coimas para quedarse con los derechos de cuatro ediciones de la Copa América y, el 1° de mayo de 2014, afirmó: "Todos podemos salir heridos de esto. Vamos todos presos".

Con otros protagonistas del FIFAgate que ya colaboraron con las autoridades, ¿cuánto pueden influir, recíprocamente, las decisiones que a partir de ahora Burzaco y los Jinkis en sus respectivos futuros judiciales?

"Pueden influir bastante", sostiene Jorge, que recuerda que las "guías para fiscales federales, o Guidelines for Federal Prosecutors, le otorgan valor a la cooperación con las autoridades, incluyendo entregarse (porque no los hacen gastar recursos en buscarlos); confesar (no los hacen gastar recursos en investigar) y dar información útil para la investigación".

¿Qué tipo de información? ¿Cuánta información? Ese puede ser el desafío clave para Burzaco, admiten sus colaboradores a LA NACION. Porque si abre esa compuerta, los fiscales y el FBI podrán preguntarle lo que deseen y si descubren que les retacea datos o que les miente, la negociación se caerá en el acto. Por tanto sólo le quedaría responder sin límites. Sea sobre el FIFA-gate, sobre la Conmebol… o sobre sus negocios con el fútbol local y el Gobierno argentino.

Interpol decidió suspender un acuerdo con la FIFA

LYON, Francia (DPA).- Tras una reunión efectuada ayer en su cuartel general de esta ciudad, la Interpol suspendío el acuerdo de cooperación que mantiene con la FIFA desde 2011. Por el convenio, la entidad mundial del fútbol donó 20 millones de euros para un programa de integridad en el deporte, que duraría 10 años. Pero Interpol explicó que hay una cláusula en el acuerdo según la cual la fundación y sus actividades deben ser compatibles "con los principios, los objetivos y las actividades" de esa oficina. La FIFA lo tomó mal: "Este exitoso programa no está vinculado con los actuales problemas de la FIFA. Creemos que esta decisión unilateral tendrá un impacto negativo en la lucha contra las actividades criminales".