Acuerdos demasiado caros

El "arte del acuerdo", que pregona el gobierno de Mauricio Macri, contiene una mezcla de virtud y también de necesidad. Con minoría en las dos cámaras legislativas, una herencia económica compleja y 1 de cada 3 argentinos debajo de la línea de pobreza, se vio obligado este año a "comprar" gobernabilidad y/o paz social. Pero los acuerdos con la oposición, dentro o fuera del Congreso (gobernadores, CGT, sectores empresarios y, últimamente, movimientos sociales), significan más gasto público o menos ingresos. Más que arte, es cuestión de plata.

Esta estrategia de negociación caso por caso suele tener un doble costo. La Casa Rosada debe aceptar concesiones para aprobar sus propios proyectos y también para moderar otros presentados por el peronismo "dialoguista", con mayores o menores dosis de realismo, oportunismo, voluntarismo o hipocresía política. Es saludable que el Congreso haya dejado de ser una escribanía como en la era CFK, cuando la mayoría kirchnerista votaba leyes a libro cerrado y sin debate. Pero este año se invirtieron los roles: LA NACION contabilizó que hasta hace dos semanas se habían sancionado 83 leyes, de las cuales sólo 23 fueron promovidas por el Poder Ejecutivo, 7 por Cambiemos y 53 por la oposición.

Sin ir más lejos, el esquema de negociar votos por reparto de gastos o de cuotas de poder, se repitió en la última semana; esta vez con resultados inciertos.

Por un lado, Macri aceptó incluir en extraordinarias la ley de "emergencia social" que planeaba frenar o vetar, extendiéndola a tres años sin la cláusula de crear un millón de puestos en cooperativas de trabajo manejadas por organizaciones sociales. No obstante, el acuerdo eleva en 70% el número de planes de trabajo (de 300.000 a 510.000), a ser administrados conjuntamente por un Consejo Salarial de la Economía Popular (CSEP). A un costo fiscal de 30.000 millones de pesos (casi 2000 millones de dólares), el programa apunta a asegurar la paz social para las fiestas de fin de año. Pero a más largo plazo no deja de ser una incógnita: los sueldos de $ 4000 mensuales no alcanzan para sacar de la pobreza a sus beneficiarios, ni está claro qué tipo de capacitación recibirían para acceder en el futuro a empleos de mayor calidad.

Por otro, el meneado proyecto oficial para subir módicamente el mínimo no imponible y las escalas de Ganancias a partir de 2017 (sin mecanismo de actualización posterior) debió ser presentado de apuro para contrarrestar la movida de Sergio Massa, que "primereó" al Gobierno con otro mucho más seductor para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos. La gran diferencia está en el costo fiscal: Hacienda prevé sacrificar $ 27.000 millones anuales y el Frente Renovador $ 48.000 millones, a cubrir con nuevos impuestos, aunque en el oficialismo duplican esa estimación. Este escenario sugiere que se negociarán promedios a cambio de votos legislativos. Es paradójico, pero el principal apoyo para el Gobierno está en los gobernadores; como el impuesto es coparticipable, las provincias perderían recursos.

Aun así, la Casa Rosada quedó más lejos de la recompensa política que esperaba a cambio. La boleta única electrónica (BUE) para las legislativas de 2017 ya fue frenada en el Senado a instancias de los gobernadores del PJ, salvo tres excepciones. No sólo eso. Además, la Cámara alta introdujo como cuña la regulación del mercado de alquileres y el senador neuquino Guillermo Pereyra (MPN), con un proyecto para derogar un decreto de 2015 que permite la libre importación de combustibles y discretamente el Gobierno utiliza para evitar nuevas subas de los precios, mientras decide el futuro del "barril criollo". A más proyectos legislativos, más para negociar.

Si no prospera la BUE, tampoco sería la única oportunidad que pierde el Gobierno para avanzar en otros cambios de fondo y achicar costos menos visibles. Cuando acordó con los gobernadores la devolución en cuotas del 15% de coparticipación, podría haber negociado a cambio una reducción gradual de Ingresos Brutos para aliviar el peso impositivo provincial sobre muchas actividades económicas. Y cuando lo hizo con la CGT para pagar la deuda estatal con las obras sociales sindicales (casi $ 30.000 millones, en cuotas) y desactivar la amenaza de un paro nacional, un replanteo de los convenios colectivos de trabajo que conspiran contra la productividad. Ahora la CGT se opone a esta última intención y al proyecto para reducir el costo de juicios y honorarios por accidentes laborales, que las ART trasladan a las empresas con primas que hasta triplican las que se pagan en otros países.

Por más que el costo de estos acuerdos se distribuye en más de un ejercicio, agrega presión al déficit fiscal, presente y futuro. A esto se suma que la urgencia del Gobierno por empujar la reactivación de la economía antes de las elecciones, lo lleva a acelerar el gasto público, que en octubre alcanzó cifras récord. Una desagregación del Estudio Broda muestra que, frente a una inflación de 40% interanual, hubo subas nominales de 55% en el gasto primario, 69% en subsidios a energía y transporte, 111% en transferencias a provincias, 80,3% en obras públicas, y 73,7% en bienes y servicios.

En los primeros 10 meses del año el gasto creció 32,2% y los ingresos 25,9%, con lo cual el déficit primario lo hizo 69%. Poco que ver con el "salvaje ajuste fiscal" que proclaman dirigentes y medios K. Más bien, con la arraigada idea de que el Estado dispone siempre de fondos en abundancia o tarjeta de crédito sin límite.

El problema es que el déficit fiscal es financiado mayormente con endeudamiento externo y el costo de 5% anual en dólares al que aspiraba el Gobierno como techo, pasó a ser un piso por el "efecto Trump". Y que la perspectiva de gasto público y deuda en ascenso no sólo aleja en el tiempo la posibilidad de una reforma integral para eliminar o reducir impuestos distorsivos y promover el crecimiento a base de inversión, salvo en nichos de alto potencial. También es incompatible con la necesidad de reducir las altas tasas de interés de Lebac y evitar un dólar barato. El economista Miguel Ángel Broda grafica con una metáfora esta inconsistencia entre una política fiscal expansiva y una política monetaria restrictiva: dice que se asemeja a encender simultáneamente la calefacción y el aire acondicionado para climatizar un ambiente.

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