Aduana: siete años de silencio

Cortina de humo: el Gobierno resolvió alentar la investigación de un contrabando millonario por temor a otras denuncias.
Mariano Obarrio
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10 de noviembre de 1996  

El Gobierno expuso al público el escándalo del multimillonario contrabando en la Aduana, tras siete años de gestión, sólo cuando obtuvo la información fehaciente del estallido inexorable de casos resonantes de corrupción y drogas que instalarían la sospecha sobre familiares y amigos del presidente Carlos Menem.

Como una espesa cortina de humo, la denominada "Aduana paralela" restaría centimetraje a informaciones más incómodas. También desviaría la atención periodística hacia los ex interventores de la Aduana Gustavo Parino y Walter De Fortuna, incondicionales del ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Pero la Sindicatura General (Sigen) y la Auditoría General habían descubierto irregularidades en exportaciones e importaciones y las había informado a Economía y a la Presidencia en 1994 y 1995, tal como anticipó anteayer La Nación.

Por datos de la inteligencia menemista, la Casa Rosada contó hace más de dos meses con la certeza de que un importante matutino porteño -que no es La Nación- publicaría un informe bancario que vinculaba a un ex cuñado presidencial, el empresario Emir Yoma, con la venta ilegal de armas a Ecuador y con el fraude por las exportaciones de oro.

En las profundidades del poder, se conocía, además, que el juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, estaba tras los pasos de Guillermo Cóppola en la causa por tenencia de estupefacientes para su comercialización. La caída de Cóppola resultaría perjudicial para Menem, entre otras cosas, por la vinculación común con el secretario privado presidencial, Ramón Hernández.

Resultaba además público y notorio que Cóppola, representante de Diego Maradona, tenía ingreso libre en la residencia de Olivos. Cóppola, Maradona y Hernández se fotografiaban en las revistas del corazón como inseparables compañeros de parrandas nocturnas.

Instrucciones

Ante la urgencia, Menem instruyó al titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, para que acelerara la investigación de los estragos en la Aduana. Hace unos 45 días se lanzó a rodar en los medios la noticia del gran contrabando desbaratado. El martes 8 del mes último, a la tarde, el jefe del Estado, con reflejos de felino, organizó un gran anuncio: la Aduana y la DGI se fusionarían y Carlos Silvani conduciría ambos organismos. De ese modo, Menem advirtió con pompas que se colocaba "al frente de la lucha contra la corrupción y las mafias".

Nervioso, Cavallo observó por televisión lo que creyó una amenaza. "Mafias", era lo que había denunciado él mismo, en agosto de 1995, pero respecto del empresario postal Alfredo Yabrán y sus contactos con el poder. En la Aduana, en cambio, reinaron los cavallistas.

Menem lanzó apurado su cruzada contra la corrupción. Sabía que al día siguiente, el miércoles 9, las tapas de dos diarios colocarían a Emir Yoma en el candelero, como ocurrió.

Maduraba, además, la caída de Cóppola: se produjo ese miércoles y la imagen de su detención negociada encabezó todos los medios gráficos y televisivos del jueves 10.

El Gobierno actuó también para calmar demandas de saneamiento administrativo que crecen, tanto en factores de poder internos como externos. El cavallismo reaccionó y dejó trascender que su líder se lanzaba al ruedo político, no sin antes comunicárselo amablemente al Presidente, en Olivos.

Con ese escenario, Cavallo tuvo la excusa perfecta: comenzar a mencionar a José Steimberg y a Aldo Elías, hombres de negocios allegados al bando contrario. Luego denunciaría historias de servilletas y jueces, y cargaría contra Carlos Corach, Elías Jassan y Alberto Kohan. En realidad, lo que había estallado era un nuevo capítulo de la guerra entre Menem y su ex ministro de Economía.

Temor de la UIA por la venta ilegal

Perjuicio: Blanco Villegas advirtió que, de confirmarse, el robo de mercaderías de depósitos de la Aduana golpearía a la industria.

El titular de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas, advirtió ayer que, de confirmarse la venta ilegal de la mercadería de contrabando incautada en el marco de la investigación de la llamada "aduana paralela", la industria nacional sufriría graves perjuicios, con el consiguiente efecto negativo sobre el empleo.

Haciéndose eco de denuncias de particulares y comerciantes vecinos de Quilmes (donde se encuentran los depósitos que albergan la mercadería de contrabando, en su mayoría textiles y electrodomésticos), el diputado justicialista Humberto Roggero presentó un proyecto de resolución para que la Aduana investigue si esa mercadería está siendo robada y luego revendida a precios irrisorios en el circuito comercial. Según sus informantes, se habría descubierto la venta de televisores por 100 o 150 pesos.

En declaraciones a Radio Mitre, Blanco Villegas dijo no tener información concreta sobre esas operaciones, pero alertó que, de ser así, sería "lamentable" porque, además de los perjuicios para la industria, el Estado estaría dejando de recaudar el dinero correspondiente al remate de esos elementos.

De comprobarse el delito, subrayó el empresario, "habría menos actividad para la industria instalada, porque todo lo que se vende en esas condiciones afecta al mercado".

Según su apreciación, el impacto que ya ha producido la existencia de la denominada "aduana paralela" sería tan severo que, "cuando se termine la investigación, va a quedar demostrado que se ha producido un daño inconmensurable, y que nuestras denuncias no eran al voleo".

Gendarmería está lista

Por su parte, el titular de la Gendarmería, Timar Musumeci, confirmó que en poco tiempo más, cuando se concrete el acuerdo que está por firmar con la Aduana, esa fuerza de seguridad colaborará en el control del tránsito de mercaderías que ingresen en el país.

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