AES retiró su demanda en el Ciadi y se acelera el acuerdo

El convenio para que Edelap suba las tarifas será avalado por la bicameral el martes
Laura Serra
(0)
15 de abril de 2005  

Ayer fue un día de buenas noticias para el Gobierno y su política respecto de las empresas privatizadas: AES, el dueño norteamericano de Edelap, suspendió su demanda contra el país ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial de resolución de controversias referidas a inversiones.

Al mismo tiempo, la Comisión Bicameral, que monitorea las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las compañías, anunció que la próxima semana emitirá un dictamen avalando el acuerdo alcanzado entre la distribuidora de electricidad y la Unidad de Renegociación de Contratos.

Se trata del primer acuerdo firmado entre la Uniren y una de las principales empresas del sector, que cumplió con todos los pasos legales que requería el Gobierno, invocando la ley de emergencia. Ayer, ingresó en el Ciadi la suspensión de la demanda que AES había presentado ante ese tribunal.

La demanda se encontraba en una etapa preliminar y no figuraba por escrito el monto de la indemnización que pretendía la empresa. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que el reclamo alcanzaba los 750 millones de dólares.

AES tiene otras demandas presentadas ante el Ciadi por sus otras dos distribuidoras, Eden y Edes, y sus generadoras Alicurá, Paraná, Central Dique y Río Juramento, que continúan por ahora.

En la oficina del procurador general del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, confirmaron que ayer también se conoció que el ex Banco del Interior y Buenos Aires desistió, finalmente, de un juicio ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en el que reclamaba 850 millones de dólares al Estado nacional.

"AES suspendió su demanda, lo cual interpretamos como algo más que una tregua; es el primer paso hacia el desistimiento definitivo", dijeron fuentes de la Procuración del Tesoro.

Las otras dos compañías que anunciaron que retiraban sus demandas ante el Ciadi son la productora de petróleo y gas natural Pioneer Natural Resources y la distribuidora de gas de zona norte, Gas Natural BAN. Sin embargo, todavía no fueron presentados los documentos formales. Otros demandantes son Telefónica de Argentina, Edesur, Edenor, Aguas Argentinas, CMS Gas, Azurix y Camuzzi, entre otras.

El acuerdo en el Congreso

El pacto entre el Ejecutivo y Edelap establece un incremento tarifario del 15% para la industria a partir del 1° del mes próximo, y una revisión integral de tarifas, que alcanzará a las casas de familia, en 2006. También se prorratea el pago de las multas ($ 48 millones) que adeuda la empresa: 24 millones se abonarían en 15 cuotas semestrales y otros 4,4 millones en 20 cuotas semestrales. Se aplicaría un waiver para el resto de las multas adeudadas, se explicó.

El justicialismo adelantó ayer que el martes próximo presentará el dictamen favorable. Por el contrario, la oposición ratificó que rechazará el acta acuerdo, aunque no podrá imponer su posición debido a su inferioridad numérica, tanto en la Comisión Bicameral -que preside la radical Silvina Leonelli (Córdoba)-, como en ambas cámaras.

El oficialismo estima que a fin de mes, o a más tardar en los primeros días de mayo, el dictamen de Edelap podría quedar definitivamente aprobado por ambos recintos. El dictamen de la comisión ya es una primera señal favorable, ya que se emitirá pocas horas antes de la audiencia pública convocada para discutir los contratos de Edenor y de Edesur.

El PJ avanzará con el dictamen convencido de que constituye una herramienta clave para la renegociación de los futuros contratos. Así lo anticipó la diputada Graciela Camaño (PJ-Buenos Aires), tras lo cual el senador Jorge Capitanich (PJ-Chaco) indicó que el acuerdo preserva los ingresos de los sectores medios, afecta el costo de vida sólo en un 0,37% y resguarda los niveles de inversión para mantener la calidad del servicio.

En cambio, desde el radicalismo y ARI arreciaron las críticas. Leonelli insistió en que este acuerdo "otorga un cheque en blanco" para la revisión tarifaria integral, que regirá en 2006. Por su parte, el senador Ernesto Sanz (Mendoza) cuestionó que el acta de entendimiento se hubiera suscripto sin los dictámenes previos de la Procuración del Tesoro y de la Sigen.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Comunidad de negocios

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.