Aguas pretende irse "en el menor plazo posible"

Pide la devolución de las garantías
Pide la devolución de las garantías
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29 de septiembre de 2005  

Aguas Argentinas envió al Gobierno una dura carta de rescisión de su contrato, en la que exige que el traspaso de la operación se haga "en el menor plazo posible", se reserva el derecho de continuar y ampliar la demanda presentada ante los tribunales internacionales por US$ 1700 millones y solicita que se le devuelvan los 145 millones de pesos depositados en garantía, ya que adjudica al Estado la responsabilidad por el fin del contrato. Fuentes oficiales se negaron a hacer comentarios sobre cómo continuarán los pasos de la negociación.

En la carta, firmada por el director general, Jean Bernard Lemire, y por el presidente, Yves Thibault de Silguy, la empresa insiste en que el poder concedente no hizo ninguna "propuesta idónea" para restablecer su equilibrio económico financiero, y esgrime que "teniendo en cuenta que, como quedó demostrado, este concesionario se encuentra ante la razonable imposibilidad de continuar con la prestación del servicio a su cargo", solicita que el traspaso de la operación "se realice en el menor plazo posible".

La firma pide que el plazo de transición sea el previsto en el contrato, es decir, 90 días, durante los cuales el concesionario "adoptará todos los recaudos para garantizar la prestación del servicio". También aclara que, si se produjeran demoras en el traspaso, esto "eximirá de responsabilidad al concesionario".

La carta retoma el argumento que esgrimió Aguas Argentinas en una nota del 26 de julio de este año, en la que hizo valer la cláusula 14.9.5 del contrato para señalarle al Gobierno que, si en 30 días no resolvía la situación económica de la concesión, podría pedir la rescisión del contrato, argumentando que la culpa es del concedente, es decir, del Estado nacional.

Esa nota fue rechazada por el ente regulador del sector, el Etoss, y por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación, por considerar que había sido hecha fuera de término y que era el concesionario (Aguas Argentinas) y no los socios (Suez) los que debían hacer el reclamo. "A pesar de los rechazos infundados realizados por la Subsecretaría y el Etoss, esta concesionaria intentó por todos los medios arribar a una solución consensuada... efectuando múltiples y extensas reuniones entre sus máximos ejecutivos y funcionarios del gobierno nacional", responde la nota.

De esta manera, la empresa busca demostrar que hasta último momento trató de mantener la negociación con la Unidad de Renegociación, dependiente de los ministerios de Economía y de Planificación, acuerdo que se frustró, entre otros puntos, por el ajuste de tarifas pretendido por la empresa, del 49 por ciento.

Hasta ahora, la postura del Gobierno ha sido que la empresa abandonó la mesa de negociación en forma unilateral, lo que podría llevar a una demanda por abandono de la concesión. La empresa, en tanto, especifica en la nota que mantiene su derecho de seguir el juicio que por 1700 millones de dólares presentó ante el Ciadi, o ampliarlo, además de por la pesificación de las tarifas, por la rescisión del contrato.

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