Los prestadores de salud plantearon al Presidente sus problemas de financiamiento

En medio del aumento en la cantidad de casos diarios de Covid-19 y de versiones sobre una eventual estatización del sistema privado de salud, el presidente Alberto Fernández se reunió hoy con los representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud, que agrupa a ocho cámaras y asociaciones del sector prestador de la medicina privada, cuyos miembros atienden al 77% de la población argentina.

Varias instituciones sanitarias habían reprogramado la atención al público y habían parado tres horas el último 28 de diciembre a modo de reclamo por la falta de fondos. Hoy se reunieron con las autoridades, según los voceros del sector, para plantear "los problemas y urgencias" que están teniendo que afrontar.

La Federación, que agrupa a 5500 empresas, reclamó que "se encuentran en una situación frágil" dados los aumentos de costos, la presión tributaria, la cancelación del programa de ATP y los ingresos congelados debido a que las instituciones financiadoras, como las empresas prepagas, que también están formulando sus planteos, solo pudieron aumentar un 10% sus cuotas el año pasado. La falta de incrementos en las financiadoras provocaría que no se puedan actualizar los aranceles que éstas pagan a los prestadores.

La resolución de la reunión, por parte del Gobierno, fue comprometerse a convocar una mesa de trabajo a partir del lunes próximo. Se reunirían equipos técnicos de ambas partes para evaluar cómo generar una solución a los problemas financieros del sector en el corto plazo.

"Agradecemos al Presidente y a su jefe de Gabinete por escucharnos, por querer entender las causas de la grave crisis de financiamiento que enfrenta el sector y por mostrarse predispuestos a buscar soluciones en un contexto muy difícil que atraviesa el país", declararon los prestadores en un comunicado.

Fuentes del sector indicaron La Nación que la reunión "fue muy productiva". A su vez, aseguraron que no se mencionó nada respecto de la reforma sanitaria que algunos funcionarios de Gobierno impulsan y a la que se refirió el mes pasado la vicepresidenta Cristina Kirchner.