Amparo contra el ajuste de cuotas de las prepagas

Alentada por diputados de Afirmación para una República Igualitaria (ARI), el partido de Elisa Carrió, una asociación de defensa del consumidor presentará hoy un recurso de amparo para evitar la aplicación de los incrementos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Por otra parte, autoridades del Ministerio de Salud se reunirán con funcionarios de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor para tratar de acordar los ejes de una propuesta de la postergada regulación de la actividad.

A diferencia de las medidas cautelares con las que esa subsecretaría había ordenado frenar los aumentos de cuotas que iban a aplicarse en febrero, la presentación judicial usa como argumento una acusación de conducta de "cartelización" para la fijación de precios del sector. En aquella oportunidad, en cambio, se había cuestionado la supuesta falta de correcta información a los usuarios respecto de las subas.

El texto de la acción judicial sostiene que "la decisión de aumentar las tarifas del servicio de la medicina prepaga no ha sido tomada simultáneamente en forma espontánea o azarosa", por lo que, según se entiende, se estaría violando la ley de defensa de la competencia.

Representación de afiliados

La presentación cita a 42 compañías: AMSA, Consolidar Salud, Galeno Life, Medicus, Omint, TIM, Provincia Salud, Swiss Medical, OSDE y los hospitales Británico, Español y Francés, entre otras.

Aun cuando el pedido para suspender las subas ya está redactado, hasta ayer no estaba claro qué entidad se arrogará la representación de los afiliados. Entre las asociaciones posibles están Deuco, la Unión de Consumidores Argentinos y Proconsumo.

Las empresas privadas habían anunciado incrementos en sus precios de entre el 5 y el 15%, que se iban a aplicar desde este mes. Tras el dictado de medidas de suspensión por parte de Defensa de la Competencia, las partes firmaron un acuerdo por el que las subas se reducen en un 10% y se demoran 30 días.

También se acordó la integración de una comisión para proponer una ley de regulación del sector, algo en lo que, en rigor, trabajó Salud el año pasado, cuando un proyecto obtuvo media sanción en el Congreso.

Ese proyecto dispone crear un registro de entidades, fijar un mecanismo de traspaso de los afiliados de firmas que quiebren y habilitar a las empresas a vender planes parciales, modificando la obligación de que todos los planes incluyan como mínimo el Programa Médico Obligatorio.

Este último punto es considerado de fundamental importancia por los empresarios del sector, que señalan que, con ese cambio, se les permitiría ofrecer planes accesibles para que una mayor cantidad de personas puedan estar en el sistema. Por ejemplo, podría haber planes sólo para atención ambulatoria.