Analistas creen que se busca evitar otro default

El escrito presentado ayer por la Argentina no mejora sustancialmente las chances de que la Corte Suprema de Estados Unidos tome el caso del pari passu, pero refuerza la sensación de que el Gobierno buscará postergar una definición hasta 2015 para eludir otro default.

Ésta fue la lectura que abogados y economistas hicieron al ser consultados por LA NACION luego de que se conociera la presentación ante el máximo tribunal norteamericano. El abogado Marco Schnabl, socio del estudio Skadden, dijo desde Nueva York que "por primera vez se le dice a la Corte Suprema que se obedecerán sus dictados, pero que no se tienen los medios para pagarles a todos lo que supone que deben ser pagados. Esto implica que la Argentina está dispuesta a defaultear los bonos reestructurados de 2005 y de 2010 y no pagarle a nadie". Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, sostuvo que "los argumentos de la Argentina aumentan las chances para que la Corte pregunte la opinión del procurador general, pero no alcanzan para ganarlo; ahora sí es clave ver qué pasa con el caso del Discovery en un par de semanas". Otro abogado que optó por hablar off the record dijo: "En la Corte hay mucho malestar por el incumplimiento del fallo de British Gas, que, según el Tratado de Uncitral, debería haber sido cumplido en forma inmediata" tras haber sido perdido por el Gobierno.

El ex secretario de Finanzas Daniel Marx consideró que el escrito de ayer "no alterará el estado de situación de la causa" y no descartó que la Corte Suprema "rechace sin más el caso" el 12 de junio, aunque tampoco descartó algún "matiz" que extienda la definición.

"En el peor de los casos, el Gobierno buscaría una solución, no lo veo defaulteando", opinó. En esa sintonía, el diputado de Pro Federico Sturzenegger consideró que "la Argentina va a tratar de postergar cualquier definición hasta 2015 para poder negociar y el argumento del pari passu es válido, porque es ilógico obligarla a pagar un 100% a un grupo de acreedores".

Por su parte, el director de la consultora ACM, Maximiliano Castillo, sostuvo que "más allá de lo que uno desearía, si se confirmara el fallo, ya serían tres sentencias en contra y habría que pagar porque la Argentina siempre aceptó la jurisdicción norteamericana". De inmediato, opinó que cumplir con la sentencia de US$ 1333 millones ordenada por el juez Thomas Griesa "no provocaría un descalabro" y juzgó equivocada la percepción de que si se les pagara a estos demandantes habría que extender ese derecho al resto de los holdouts. Esta opinión es compartida por varios abogados que creen que si la Argentina se ve forzada a pagar no entraría a regir la cláusula RUFO, por la cual debe ofrecer una mejora a todo el resto de los acreedores, ya que no sería una decisión voluntaria.

Para el resto de los holdouts, según Castillo, el Gobierno debería reabrir el canje ofrecido en 2010 en forma permanente, "para que no los acusen de discriminación" y para mostrar voluntad de pago concreta, tal como se anunció el año pasado. En el mejor escenario -en el que la Corte se decida a tomar el caso luego de pedirle la opinión al procurador general-, "todo este caso pasaría a 2015 y ésa será una noticia relativamente positiva para el mercado, porque ya no estaría la cláusula RUFO", opinó Castillo.

En el mismo sentido opinó el analista bursátil Claudio Zuchovicki, al aclarar que "el mercado no está nervioso por un default". De prorrogarse la causa, los bonos subirían 20% -afirmó- "y el riesgo país debería estar en 600 puntos, pero si la causa fuese rechazada, podría saltar hasta los 1200 puntos ". En una calificadora de riesgo opinaron que si hubiera un default en EE.UU. y el Gobierno intentara pagar en el país a los bonistas reestructurados, tardaría un año en concretarlo.